La comunidad indígena de Canoas se opone al proyecto Rufus 5, mediante el cual la minera canadiense Hematite pretende explotar un yacimiento de hierro durante 16 años. Y aunque el ayuntamiento morenista de Manzanillo, organizaciones ecologistas y varias dependencias federales respaldan la defensa de los recursos naturales de los que depende la población, la empresa tiene el apoyo del gobierno del estado, que encabeza el priista José Ignacio Peralta.
MANZANILLO, COL.- A menos de un año de la sucesión gubernamental en Colima, el mandatario priista José Ignacio Peralta Sánchez opera para que la minera Hematite, SA de CV, de capital canadiense, pueda extraer más de 2 millones de metros cúbicos de hierro durante 16 años, aún con el riesgo de que se contamine el río que abastece a la comunidad indígena de Canoas y seis poblados más de la región.
En tanto, autoridades municipales, ejidales y federales, se mantienen contra el proyecto minero Rufus 5, cuya viabilidad es actualmente evaluada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En el pleito entre el gobierno estatal priista y el federal morenista, sólo respalda el proyecto la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuya directora es Blanca Elena Jiménez Cisneros; las restantes dependencias federales con voto en el Consejo Estatal Forestal emitieron opinión desfavorable.
La delegación de la Semarnat ofreció a los habitantes de Canoas realizar una “consulta pública”, pero ésta fue rechazada de manera tajante.
El pasado 20 de octubre, Raymundo Campos Muñoz y Salud Valencia Ramos, integrantes de la directiva ejidal, y Lourdes Ochoa Figueroa, comisaria municipal, advirtieron mediante oficio a la titular de la dependencia, María Luisa Albores González: “Ya realizamos nuestros propios procesos de autoconsulta en los que decidimos un rotundo no a la minería en Canoas”.
Añadieron: “Lamentamos que en el gobierno se estén coordinando para validar proyectos de muerte y pretendan que, por medio de las ya maltrechas y violentadas consultas que este gobierno impone, sean la vía que posibilite la entrada de este tipo de proyectos”.
Al gobernador Peralta Sánchez, quien fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, le quedan 11 meses para entregar el poder a quien resulte electo el próximo 6 de junio. En tanto, el ayuntamiento de Manzanillo, encabezado por Morena, respalda al comisariado ejidal y a los habitantes de Canoas en contra del proyecto minero.
Canoas se encuentra en los límites del municipio de Manzanillo con el de Minatitlán, donde opera desde hace casi 50 años la minera trasnacional Peña Colorada, que extrae de esa zona más de 30% del hierro que se utiliza en el país y ha sido objeto de numerosas denuncias de daños ambientales en Colima y Jalisco.
Datos de la Secretaría de Economía ubican a Colima como el estado con la mayor proporción de territorio concesionado a la minería en el país, con una superficie cercana a 40%.
En 2013 y 2014 los habitantes de Canoas detuvieron proyectos extractivos en los lotes Eva y Tinajas, pese a que el primero ya tenía permiso de la Semarnat. Desde entonces, en una asamblea, la comunidad se declaró Territorio Libre de Minería.
A partir de agosto pasado, esta comunidad de menos de 400 habitantes empezó nuevas movilizaciones, ahora contra el proyecto Rufus 5, con el apoyo de organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Frente en Defensa del Maíz, Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, Verde Colima, Red Manglares de Colima, Ciencia para el Pueblo y Coordinadora Socialista Revolucionaria, entre otras.
Entre las primeras acciones, la comunidad de Canoas realizó una asamblea en la que integrantes del ejido y vecinos reiteraron su rechazo a la actividad minera y aprobaron enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidieron intervenir para detener el proyecto.
Firmado por Raymundo Campos, presidente del Ejido; Salud Valencia, secretaria, y Manuel Rodríguez, tesorero, así como la comisaria municipal, Lourdes Ochoa, el documento dirigido al mandatario federal establece:
“Apelamos a lo que usted siempre ha dicho, que no se autorizan nuevos proyectos. Solicitamos su apoyo para echar abajo Rufus 5 y cualquier otro proyecto minero en el ejido.”
Si se permite la actividad minera en esta zona, advirtieron, “tendríamos una contaminación catastrófica e irreversible, ya que el proyecto está en los afluentes del río El Cacao, que nos surte de agua potable a la comunidad y ejidos aledaños: desde Canoas, Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, Ciruelito, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo, que viven de la agricultura, ganadería y cafeticultura”.
Trasfondo partidista
De acuerdo con el Documento Técnico Unificado que Hematite entregó a la Semarnat en julio pasado, el yacimiento que busca explotar está en una fracción del predio El Agostadero, de donde planea extraer 2 millones 68 mil 469 metros cúbicos de hierro, mediante la apertura de un tajo dividido en cuatro secciones y con aprovechamiento gradual durante 16 años.
Aunque resultarían afectadas 28.59 hectáreas de vegetación de selva mediana subcaducifolia y bosque de encino, de uso totalmente forestal, la compañía ofreció que al final del proceso extractivo realizará la restauración progresiva del sitio, al que se integraría una plantación de café.
John William Brennan Bourdon, representante legal de Hematite, SA de CV, informa a Proceso que la inversión programada para el proyecto Rufus 5 es de alrededor de 400 millones de pesos.
Para el desarrollo de los trabajos, dice, la empresa firmó convenios con el dueño del terreno, John Theodore Patterson, y la propietaria de la concesión minera 234218, GX Minerales, SA de CV, que en total ampara un área de 8 mil 700 hectáreas, pero sólo se prevé explotar las 28.59 hectáreas señaladas.
Según el acta 10094 del Registro Público del Comercio de Jalisco, Hematite, SA de CV, fue constituida en 2015 con un capital social mínimo de 50 mil pesos, por los canadienses John Robert Lowndes y Sylvia Lowndes, que poseen 75% y 25% de las acciones, respectivamente.
La Delegación de la Semarnat solicitó la opinión técnica del Consejo Estatal Forestal (CEF), que el 3 de septiembre aprobó por mayoría el cambio de uso de suelo para explotar la mina; la votación fue dividida.
De acuerdo con el acta de la sesión, obtenida por el corresponsal, durante la discusión el representante de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) expresó su opinión no favorable, al considerar que con el proyecto minero “se compromete la biodiversidad, se provocará una mayor tasa de erosión y se provocará un deterioro en la calidad del agua”.
La representación del ayuntamiento de Manzanillo, que ante el CEF tiene voz pero no voto, hizo notar por su parte que en los tres ordenamientos vinculables (general del territorio, del estado y local) se promueve la protección, preservación y restauración de la región destinada al proyecto, por lo que “la minería es un uso incompatible para ese territorio”.
Agregó: “De acuerdo a una revisión de los perfiles de pendiente, la zona a explotar forma parte de la zona cerril que alimenta al río de Canoas, el cual ya ha presentado afectaciones de lodos y aportes sedimentarios por un proyecto minero que pretendió realizarse en predio adjunto al que se presenta actualmente”.
Aunque en el acta no quedó registro de que alguno de los miembros del CEF haya presentado argumentos para defender el proyecto, en la votación nueve consejeros se manifestaron a favor, seis en contra y dos se abstuvieron.
La alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, reveló que los votos a favor provinieron en su mayoría de representantes de instancias estatales, como las secretarías de Fomento Económico (Sefome), Desarrollo Rural (Seder), Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur), el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Colima (Cesavecol) y la Universidad de Colima, esta última en representación de la ciudadanía, pero vinculada políticamente al gobierno del priista Peralta Sánchez.
Votaron en contra los representantes federales, con excepción de la Conagua y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que lo hicieron a favor.
En consulta aparte, el ayuntamiento de Manzanillo envió posteriormente a la Semarnat su opinión técnica no favorable a la explotación de la mina, con argumentos similares a los expresados en la sesión del CEF.
La alcaldesa manzanillense dice en entrevista que además de vigilar el cumplimiento de las leyes y ordenamientos en materia ambiental, su administración apoya la decisión de la comunidad de Canoas, que no está de acuerdo con la explotación de una mina en su territorio.
“Esta comunidad –refiere Martínez–tiene agua muy limpia, de la más pura que hay en el municipio, y con la minería van a contaminarla.”
Apoyo del gobierno estatal
El titular de la Sefome, Walter Oldenbourg, dice no conocer a fondo el asunto: “Lo único que sabemos es que se trata de un proyecto de minería sustentable; se acercaron avisándonos que tienen la intención de instalarse y que realizarán los trámites de permisos con las autoridades correspondientes”.
Cuestionado sobre las razones del voto de la Sefome a favor del proyecto en la sesión del CEF, el funcionario estatal dice que el propósito de la dependencia es fomentar las inversiones, siempre y cuando se atiendan los requerimientos legales, por lo que al votar se pidió que el proyecto cumpla todos los requisitos que solicitan las autoridades ambientales.
En un documento entregado a este semanario por el representante legal de la empresa, John Brennan, se afirma que en diversos medios de comunicación se ha dado a conocer “información errónea y malas interpretaciones” sobre la actividad minera que se pretende desarrollar.
“La mina –señala– está diseñada con la prioridad de proteger nuestra comunidad y el medio ambiente. Una evaluación objetiva permite demostrar que tiene un enfoque social y ambientalmente responsable. Estamos orgullosos de decir que Rufus 5 es el proyecto minero más innovador y sustentable de México.”
Sobre la importancia de este proyecto, resalta que luego de que en 2018 la manufactura superó al turismo como el mayor contribuyente al PIB, el país necesita para su desarrollo aumentar 30% la producción de acero, lo que “requiere un aumento de dos veces en la producción de mineral de hierro, crucial a medida que se agotan las minas existentes”.
En entrevista, Brennan Bourdon comenta que la empresa no ha dialogado con los representantes de Canoas porque a su juicio el proyecto Rufus 5 “no toca” a ese ejido, pues aunque se encuentra adyacente, el predio de explotación minera es propiedad privada y no está previsto utilizar ningún camino de servidumbre que cruce por las tierras de la comunidad, pero “si hay necesidad de platicar con ellos, claro que estamos dispuestos a hacerlo”.
Sin embargo, cuestionado sobre la preocupación de los habitantes de ese poblado ante el riesgo de que la minería dañe los ecosistemas y la zona boscosa, así como por la posible contaminación del río El Cacao, John William Brennan rechaza los señalamientos, pues “todo se está haciendo de la manera más ecológica y amigable que se pudiera hacer con el ambiente”.
El representante de Hematite precisa que con quienes sí ha dialogado la empresa es con los directivos del ejido Fernando Moreno Peña (El Arrayanal), por el municipio de Minatitlán, quienes accedieron a firmar convenios para permitir el uso de sus caminos y tierras para que los camiones y maquinaria de la empresa accedan al sitio de la explotación minera.
A cambio, dice Brennan Bourdon, Hematite pagará a ese ejido regalías por el paso de los camiones con mineral, cuyo monto total podría ascender a 2 millones de pesos anuales, además de que dará preferencia a los lugareños para la contratación laboral, entre otros beneficios.
Subraya que la empresa está dispuesta a acercarse a quienes están contra el proyecto “para ver si se puede platicar, hacerlos entender y proporcionarles la información que sea requerida; no estamos ocultos tratando de hacer algo por abajo del agua, todo está transparente, hacemos todo conforme a la ley, inclusive sobrepasando los requisitos que nos exige la ley”.
A su vez, la secretaria de la directiva ejidal de Canoas, Salud Valencia, dice que la comunidad está dispuesta a seguir luchando el tiempo que sea necesario para impedir la entrada de la minería.
Advierte: “Ya pedimos apoyo al presidente López Obrador, ya le dijimos que son varias comunidades las que pueden salir afectadas, pero si no vemos respuesta nos vamos a seguir movilizando; vamos a pelear con uñas y dientes, así nos cueste la vida, pero vamos a defender a nuestro pueblo”.
