Pese a que el Departamento de Justicia se desistió de los cargos por narcotráfico contra el general Salvador Cienfuegos y éste regresó a México, el gobierno de López Obrador le perdió la confianza a Washington en materia de cooperación sobre seguridad y combate al narcotráfico y mantiene su determinación de restringir las operaciones en el país de las agencias estadunidenses de seguridad e inteligencia, afirman tres importantes funcionarios que trabajan en Palacio Nacional. Comentan además que las pruebas contra Cienfuegos enviadas por Estados Unidos no parecen suficientemente sólidas para imputarle delitos al general.
Washington.– Ante la pérdida de confianza con Estados Unidos en la cooperación sobre seguridad y combate al narcotráfico por el caso del general Salvador Cienfuegos, se restringirá el marco de operación en México de la DEA, el FBI, la CIA, el ICE y otras agencias estadunidenses, aseguran funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El hecho de que el Departamento de Justicia estadunidense no compartiera con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) era objeto de investigación bajo la Operación Padrino, abrió un tajo en la relación bilateral.
“Tras el arresto del general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles y de que transmitimos nuestra posición, el procurador general de Justicia, William Barr, propuso ir a México para tener una reunión, pero dijimos que no era el momento”, cuenta a Proceso una de las fuentes.
Por tratarse de un “tema delicado”, el funcionario pide no revelar su identidad y bajo ese acuerdo agrega: “Barr no esperaba una negativa a su propuesta de viajar a la Ciudad de México”.
La molestia del gobierno de AMLO por el arresto de Cienfuegos en California el pasado 15 de octubre, acusado por la DEA de narcotráfico y lavado de dinero, se transmitió a Barr al día siguiente de la captura.
“Barr habló de ir a México acompañado del administrador (interino) de la DEA, Timothy Shea, y la contestación del gobierno del presidente López Obrador fue que se esperaran hasta que concluyeran sus elecciones presidenciales (del 3 de noviembre)”, agrega el funcionario.
El triunfo de Joe Biden sobre el presidente Donald Trump enterró la petición de Barr sobre viajar para reunirse con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Nueva cooperación
El secretismo con que la DEA y el Departamento de Justicia manejaron la Operación Padrino provocó una incisión en la cooperación bilateral en seguridad y combate al narcotráfico. Tras la detención y encausamiento de Cienfuegos, el presidente López Obrador decidió someter a revisión la cooperación con la DEA y otras agencias estadunidenses, tal como lo publicó Proceso en su edición 2295 del pasado 25 de octubre.
“Ya no será nada igual”, sentencia otro alto funcionario del círculo de asesores del presidente López Obrador, quien al igual que su colega fue autorizado para hablar con este semanario con la condición de que no se le citara por nombre ni puesto en el gobierno.
“La renuncia a procesar en Nueva York al general Cienfuegos casi fue inmediata cuando le informamos al Departamento de Justicia que cambiaría la relación con la DEA y con todas las otras agencias de inteligencia y de seguridad que trabajan en México”, subraya la fuente.
–¿Se decidió expulsar a los 54 agentes de la DEA? –se le pregunta.
–No escatimamos. Este no es un gobierno como los anteriores. Habrá una nueva relación en materia de seguridad para intentar restablecer la confianza que se perdió. La nueva cooperación afectará a todas las agencias de Estados Unidos. Y México pedirá reciprocidad sobre el trato a los criminales involucrados en el narcotráfico”, responde.
El asesor presidencial no tiene empacho en hablar sobre qué obligó a Barr a retirar los tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero que la dependencia a su cargo imputaba al general Cienfuegos:
“Se le notificó que se suspenderían las extradiciones de personas de México a Estados Unidos, el intercambio de información de inteligencia y de seguridad, las operaciones bilaterales contra el narco; que se prohibirían las maniobras y desplazamientos de agentes de todas las dependencias estadunidenses y que se cerrarían oficinas creadas bajo la Iniciativa Mérida; al igual que (se suspenderían) trabajos conjuntos con el Ejército y la Marina, y que no habría más visas para personal asignado como political attaches en su embajada en la Ciudad de México.”
Arrinconado por la decisión del gobierno mexicano, Barr habló con los jefes de las agencias de inteligencia y seguridad de su país para desechar las acusaciones contra el general Cienfuegos.
Pruebas escamoteadas
El pasado 16 octubre, un día después de que el extitular de la Sedena fue detenido en Los Ángeles, la FGR abrió una ‘averiguación de oficio’ por el caso Cienfuegos, luego de que el Departamento de Justicia estadunidense comenzó a abandonar al caso orquestado por la DEA.
Otro de los tres funcionarios del grupo de asesores del presidente, consultado por este semanario, expone más detalles de lo ocurrido en el desencuentro con el Departamento de Justicia estadunidense.
“No nos entregaron todas las pruebas que afirmaban tener para procesar y enjuiciar al general Cienfuegos”, destaca este otro funcionario.
–¿Les entregaron las grabaciones que la DEA obtuvo por medio de Operación Padrino y en las que, aseguran, se escucha la voz del general Cienfuegos haciendo negocios con narcotraficantes? –se le interroga.
–No, la carpeta de pruebas que recibió la SRE y que ya tiene en su poder la FGR no incluye grabaciones. Son puros papeles. Están las transcripciones de los intercambios de mensajes en teléfonos Blackberry, pero sin especificar entre quiénes ni a quién pertenecían los aparatos de comunicación”, dice.
–¿Solamente documentos?
–Si las grabaciones existen, no las mandaron. Les pedimos todos los elementos de prueba que tuvieran en su poder contra el general y recopilados bajo la Operación Padrino, pero, si nos están ocultando evidencias, tarde o temprano tendrán que salir.
Los tres asesores de Palacio Nacional coinciden sobre las evidencias que entregó el Departamento de Justicia: no son suficientes para determinar los ilícitos que le imputaban al general.
Como detalló Proceso en su edición del pasado 25 de octubre, Operación Padrino es una investigación que la DEA inició en México hace más de 10 años en la que descubrió los presuntos vínculos del general Cienfuegos con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Dicha investigación –en la que la DEA mantuvo al margen al gobierno de López Obrador– tiene bajo la lupa a otros miembros de alto rango de las fuerzas armadas mexicanas.
De acuerdo con el primer funcionario citado en este reportaje, la Operación Padrino sigue vigente: “No la van a cerrar, eso no está resuelto”, indica.
“No sabemos si tienen elementos de prueba contra otros militares mexicanos. Si cuentan con ellos tendrán que medir su manera de actuar porque el gobierno de México ahora juega con baraja nueva y habrá un esquema diferente de trabajo y cooperación con éste (el de Trump) y con el próximo gobierno de Estados Unidos (el de Biden)”, enfatiza la fuente.
Una vez que tome posesión el nuevo mandatario estadunidense (el 20 de enero de 2021), se informará a la Casa Blanca de las nuevas directrices para la operación de las agencias estadunidenses en México, adelantan los funcionarios del gobierno de AMLO
La OBI
Escondida en el memorando de entendimiento de la lucha militarizada contra el narcotráfico que firmaron los expresidentes Felipe Calderón y George W. Bush –y sobre el cual se fundó la llamada Iniciativa Mérida–, se creó y estableció en México la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI).
Con la OBI Estados Unidos consiguió lo que soñó por décadas: que a sus agentes de los servicios de espionaje y seguridad se les diera licencia para operar con total libertad e impunidad dentro de México.
Descrita en la edición de Proceso número 1776 del 14 de noviembre de 2010, la OBI se instaló en México para que las agencias de inteligencia estadunidenses
–principalmente las militares– operaran en el territorio mexicano sin encubrir a sus agentes como personal diplomático.
En la OBI el Pentágono tiene la presencia más significativa con su Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Le sigue el Departamento de Justicia, con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración Federal Antidrogas (DEA) y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Con dos servicios está el Departamento de Seguridad Interior: Inteligencia de Guardia Costera (CGI) y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE); mientras que el Departamento del Tesoro tiene agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI). La Agencia Central de Inteligencia (CIA) también opera desde ese centro de espionaje.
Además, la OBI abrió dos oficinas “satélites”: una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana, donde los agentes estadunidenses comandan “fuerzas de tarea” contra el narcotráfico con el apoyo de personal mexicano.
Desde que se inició el sexenio de López Obrador las agencias estadunidenses aglutinadas en la OBI se consideran parte del Grupo de Contacto de Alto Nivel en materia de seguridad. Su máximo representante estadunidense en México es el embajador Christopher Landau.
Los tres funcionarios del gobierno de AMLO hablan del futuro de los agentes destacados en la OBI y en otras entidades del país.
“Cambio, cambio en todo; reciprocidad o nada. Habrá una parálisis de sus agencias en México si no hay cooperación. Si quieren extradiciones, tendrán que extraditarnos a sus narcos. Ya les estamos preparando una lista con los nombres de delincuentes estadunidenses metidos en el narcotráfico, lavado de dinero y tráfico ilegal de armas”, subraya una de las fuentes.
–¿Cuándo se entregará esa lista?
–Pronto, cuando empiece la nueva etapa de relaciones, después de que se certifique el resultado de su elección presidencial.
–¿México pidiendo extradición de narcotraficantes gringos?
–Por supuesto, Proceso publicó lo que admite la DEA: que ya tienen sus cárteles domésticos. Y no sólo a esos, también a traficantes de armas, y pediremos detalles de sus instituciones financieras para saber si no están involucradas en el lavado de dinero que sale de la venta de las drogas.
–¿Confían en que Estados Unidos actuará conforme a estos pedidos?
–Tendrán que decidir qué les conviene. Si se hacen tarugos, ya saben lo que puede pasar, pero confiamos en que se van a abrir. No haremos más que lo que nos corresponde como gobierno que busca la seguridad nacional y la de los mexicanos. Así actúan ellos, ¿no?
Dice otros de los funcionarios del gobierno de AMLO: “Tenemos corroborado que la DEA pretendía acorralar al general Cienfuegos para que aceptara un acuerdo y no se arriesgara en un juicio”.
Añade: “Su plan era ofrecerle una sentencia máxima de cinco años de cárcel a cambio de información de inteligencia militar mexicana. Dudamos que el general Cienfuegos aceptara eso que podría significar traición a la patria, pero eso no cambia la intención de la DEA y del Departamento de Justicia”.
Por los cuatro delitos que Estados Unidos le imputaba y en caso de haberse celebrado un juicio en el que resultara culpable, Cienfuegos podría haber recibido una sentencia de cadena perpetua como pena máxima, o 10 años de cárcel como mínima.
Los funcionarios entrevistados dicen que en la administración de AMLO hay conciencia sobre un hecho: con el caso del extitular de la Sedena está en juego el prestigio del gobierno mexicano en materia de lucha contra la corrupción e impunidad.
“Al general Cienfuegos la FGR lo va a investigar sustentada en las pruebas entregadas por el Departamento de Justicia y en propias, si hay causa probable a perseguir. Por eso es importante que el gobierno de Estados Unidos haya sido totalmente transparente con nosotros. No se va a correr un riesgo de quedar como encubridores de nada cuando ellos perdonan graves delitos por cumplir caprichos de una de sus agencias (la DEA)”, suelta el asesor presidencial mexicano.
La decisión ya está tomada, insisten los tres altos funcionarios del gobierno de México involucrados en temas de seguridad, inteligencia y relaciones exteriores del país.
Uno de ellos admite: “Cedimos a muchas exigencias del gobierno estadunidense (de Trump específicamente) en materia migratoria, comercial y de seguridad porque no tuvimos alternativas ante ciertas amenazas que implicaban daños económicos muy graves para el país. Ahora es diferente. Empezará una nueva etapa de relaciones y México no agachará la cabeza ante nadie”.
–¿Ya está descartada totalmente una reunión en México con el procurador Barr y el administrador interino de la DEA? –se le consulta.
–Descartada. ¿Para qué? No tiene sentido. Se perdió la confianza y restablecerla me parece que ya no le tocará a él, responde.
