Las investigaciones del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Cultura (SC) del actual gobierno, en torno al proyecto Museo de Museos que se planeó desde que Rafael Tovar y de Teresa ocupó por segunda vez la presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, concluyeron este lunes 9 de noviembre cuando se hizo pública la inhabilitación, por un periodo de 10 años, de la exsecretaria María Cristina García Cepeda.
Por conductas “presuntamente irregulares” al haber entregado al organismo Puerto Cultura, AC (encabezado por el etnólogo Sergio Raúl Arroyo y su socio Jorge Sevilla Camacho), dos donativos para la realización de dicho museo por un monto que suma 59 millones 313 mil 461 pesos, a la exfuncionaria se le impuso asimismo una multa por 19 millones 771 mil pesos.
El museo se alojaría en el edificio del Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, ubicado en Argentina 12, Centro Histórico, pero no se materializó.
Por las mismas presuntas irregularidades fueron imputados los exfuncionarios Francisco Raúl Cornejo Rodríguez y María Eugenia Araizaga Caloca, quienes se desempeñaban como oficial mayor y directora general de Administración, respectivamente.
Se recordará que, en el análisis de la Cuenta Pública de 2018 de la SC, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló la entrega del primer donativo por 9 millones 313 mil 500 pesos a la asociación civil, para la producción museográfica, materiales digitales, multimedia y videos.
En febrero de este año, la ASF puso el dedo nuevamente en la asociación civil Puerto Cultura, al entregar el balance de la cuenta correspondiente a 2019. Para entonces se habían entregado a la AC los 59 millones de pesos. Y destacó en su informe:
“Es importante señalar que el proyecto fue autorizado directamente por la C. Secretaria de Cultura sin que se evidenciara el método de selección utilizado para determinarlo como elegible, así como la forma en que se determinó el monto del apoyo, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y cláusulas tercera y sexta del Contrato de Donación número. SC/DGA/CD/02756/18”, del 31 de julio de 2018”.
Los señalamientos a los funcionarios no se refieren al desvío de esos recursos, porque sí se entregaron al organismo civil, sino al hecho de haber cumplido “de manera deficiente el servicio encomendado, toda vez que suscribieron los documentos ‘Formato de autorización de donativos’ del 6 de marzo de 2017 y 31 de julio de 2018, con los cuales García Cepeda autorizó, Cornejo verificó y Araizaga revisó y validó de manera continuada e irregular los dos donativos a Puerto Cultura”.
En aquel momento, la secretaría tenía la facultad –si bien discrecional– de otorgar ese tipo de apoyos, como lo indica la propia Auditoría en el informe presentado a principios de 2020; desde su fundación en 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgaba recursos adicionales a su presupuesto con el fin de fortalecer objetivos de políticas culturales y educativas “en beneficio de los diversos sectores de la sociedad”.
A su llegada al poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden de suspender donaciones a las asociaciones civiles que recibían recursos públicos, por considerar que podrían prestarse a corruptelas.
El expediente del OIC (CULTURA-R-0011/2020) hace notar que la dependencia visitó el edificio que albergaría el Museo de Museos y pudo constatar que no existe y que el inmueble está cerrado. Consigna, además, que el proyecto no contó con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Si bien –hay que recordar– éste ocupaba parte de él con el Archivo Nacional Arqueológico que retiró y lo traslado a otras instalaciones, en medio de la protesta de varios de sus investigadores.
El pasado jueves, en Canal Once, se hizo un resumen de los funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto que son investigados por presuntos casos de corrupción, y se metió a García Cepeda en el mismo saco que a Emilio Lozoya, Luis Videgaray y Rosario Robles. Pero la nota destacó como motivo, en el caso de la extitular de Cultura, la falta de autorización del INAH.
La solicitud de licencia para intervenir en el Marqués del Apartado fue hecha por la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la SC, a la Coordinación de Monumentos Históricos del INAH, encabezada entonces por el arquitecto Arturo Balandrano, ahora titular de Sitios y Monumentos. El oficio respectivo lleva marcada una copia para García Cepeda, como titular de la SC, superior jerárquico del director general del INAH, Diego Prieto, quien hasta la fecha ocupa ese cargo.
Los días 20, 21, 26 y 27 de agosto pasado, los imputados rindieron su declaración por escrito y presentaron las pruebas para su defensa. Puerto Cultura tuvo oportunidad de presentar los productos, planos y carpetas del proyecto y al final sus socios resultaron exonerados.
El 22 de marzo pasado, en entrevista con este semanario (Proceso 2264), Arroyo explicó que, en efecto, la obra no contaba con las autorizaciones del INAH, por lo cual la obra en el Apartado no se concluyó y la asociación civil tuvo que entregar sus productos a funcionarios de la SC que “indebidamente los recibieron” y los llevaron al Museo Nacional de Antropología, que pertenece a la red de museos del INAH.
Aseguró contar con todos los comprobantes del gasto que se hizo en la producción de bienes y servicios del proyecto museográfico con los donativos recibidos, pero el problema fue que, al no terminarse el edificio, no hay museo.
En ello coincide el OIC que advirtió la realización de bienes y/o servicios “como son la producción de prototipos (mobiliario museográfico especial) y producción de mobiliario museográfico modular, producción de elementos museográficos y reproducciones, así como producción de audiovisuales”. En ese sentido no se hicieron imputaciones a los socios de Puerto Cultura.
En cambio, señala que esos productos debieron contratarse mediante la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Público, pero “se utilizó la figura de donativo cuando se trataba de una prestación de servicios”.
Proceso buscó a García Cepeda, quien remitió a su cuenta de Twitter, donde dijo que se trata de sanciones “notoriamente infundadas” que impugnará ante las autoridades competentes “dentro de los plazos que me concede la ley para el efecto”. l
