Los programas sociales son utilizados por los “superdelegados” para promoverse a sí mismos con fines electorales. Todos ellos cuentan con las herramientas para asentar su poder en los estados donde operan: salarios brutos mensuales de 126 mil 617 mil pesos, una imponente infraestructura física y humana –cada uno tiene bajo su mando a varios subdelegados y cientos de “servidores de la nación”– y una fuerte exposición mediática. Además, sus perfiles son políticos: 21 tuvieron algún cargo de primer nivel en Morena y siete acaban de renunciar para ser candidatos a gobernadores en las entidades donde repartieron los recursos de los programas de Bienestar.
En los tiempos de la Cuarta Transformación perdura la vieja práctica priista que convierte las estructuras de programas sociales en plataformas electorales.
Así, siete de los delegados de Bienestar –también llamados “superdelegados”– ya presentaron sus renuncias al presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de competir por las gubernaturas de los estados donde administraron respectivamente los programas en los últimos dos años.
Después de separarse de su cargo, Víctor Manuel Castro Cosío se alistaría como candidato para Baja California Sur, Indira Vizcaíno Silva buscaría el gobierno de Colima, Juan Carlos Loera de la Rosa se presentaría en Chihuahua, Pablo Almícar Sandoval Ballesteros pelearía por Guerrero, Lorena Cuéllar Cisneros se lanzaría en Tlaxcala y Manuel Peraza Segovia buscaría el poder en Nayarit.
Aparte, Hugo Éric Flores Cervantes, el fundador del Partido Encuentro Social (PES), renunció a su cargo de superdelegado en Morelos para presidir su organización política –que acaba de recibir su registro como partido, con todo y una bolsa de recursos públicos de más de 169 millones de pesos para 2021–, y el superdelegado Roberto Pantoja Arzola expresó su deseo de ser gobernador de Michoacán, aunque hasta el momento permanece en su puesto.
Con el precedente de Jaime Bonilla Valdez –quien fue superdelegado en Baja California y posteriormente ganó la gubernatura del estado bajo la bandera de Morena–, la reciente ola de renuncias confirma que la “Coordinación General de Programas para el Desarrollo”, una estructura creada en el gobierno actual y dirigida por Gabriel García Hernández, es una fábrica de candidatos.
No es sorpresa: aparte de su amistad de dos décadas con López Obrador, García Hernández es un profesional de las elecciones: fue apoderado legal de la organización Honestidad Valiente, en 2012 coordinó la campaña del tabasqueño, y antes de las elecciones de 2018 era secretario de Organización de Morena, con lo que supervisó toda la estructura del partido en vistas a los comicios.
Todos los “superdelegados” también tienen perfiles orientados al juego electoral: 21 tuvieron algún cargo de primer nivel en Morena, algunos fueron candidatos a gobernadores –como Delfina Gómez, en el Estado de México–, muchos son o fueron legisladores federales, y algunos llevan amistades añejas con López Obrador.
Aparte, López Obrador y García Hernández ofrecieron a estos “superdelegados” las herramientas necesarias para asentar su poder: unos salarios brutos mensuales de 126 mil 617 mil pesos; una imponente infraestructura física y humana –cada uno tiene bajo su mando a varios subdelegados y cientos de “servidores de la nación”–, y una fuerte exposición mediática, derivada de la operación de los programas sociales y del respaldo popular a López Obrador.
El presidente dejó claro que su interés principal en materia de política social es que los beneficiarios de los programas reciban los recursos de manera directa, es decir, a través de las llamadas “tarjetas del Bienestar” y sin intermediarios que cobren “comisiones” de por medio. Pero el mandatario no ve con malos ojos que sus representantes tengan perfiles electoralistas.
En la conferencia matutina del 3 de diciembre de 2019, por ejemplo, se le sugirió que sustituyera los delegados por “verdaderos ciudadanos que no estén metidos en la política y que no tengan claras intenciones electorales”; inmediatamente, el mandatario reviró que “la política es un oficio noble, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla si la política se entiende como el oficio que permite al ser humano servir a los demás”.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las secretarías al frente de programas sociales también sirvieron de “trampolín” electoral para una serie de funcionarios, así como de delegados estatales y locales, y el propio José Antonio Meade Kuribreña aprovechó su breve estancia en la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para impulsar su candidatura presidencial de 2018 (Proceso 2080).
Polémicas
Una revisión a la actividad pública reciente de los siete “superdelegados” que renunciaron recientemente revela características similares al proselitismo: multiplicaron las apariciones públicas para entregar tarjetas o hacer reuniones públicas, refrendaron su cercanía con López Obrador y la Cuarta Transformación, y varios expresaron su apoyo a Mario Delgado Carrillo para la presidencia de Morena.
El poder desmedido que estos funcionarios acumularon a lo largo de los últimos dos años en los estados donde probablemente competirán para la gubernatura despertó inquietudes, celos y molestias entre los demás actores políticos locales, incluso dentro de Morena.
Así, en febrero pasado, la diputada morenista Claudia Yáñez Centeno –hermana de César Yáñez Centeno, brazo derecho y hombre de toda confianza de López Obrador– presentó una iniciativa de ley que buscaba poner candados a las aspiraciones electorales de los delegados: el texto establecía periodos durante los cuales los superdelegados no podrían competir a una gubernatura después de renunciar a sus cargos –con un plazo de tres años– o a un cargo legislativo o una presidencia municipal –durante un año–.
Más allá de su carácter general, la iniciativa también respondía a una estrategia personal, pues la diputada Yáñez aspira a ser candidata de Morena a la gubernatura de Colima, y para ello tendrá que derrocar a su rival Indira Vizcaíno Silva, quien hasta finales de octubre era todavía superdelegada en ese estado. Es más: la propia Yáñez denunció a Vizcaíno ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) por hacer proselitismo con recursos públicos.
El protagonismo y la gestión de los superdelegados han sido cuestionados, e incluso denunciados, en reiteradas ocasiones, entre ellos por militantes y legisladores de Morena. Así, en julio pasado el diputado federal guerrerense Rubén Cayetano García interpuso una queja contra Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) –dirigida por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, su hermana–, y lo acusó de usar la entrega de programas para promocionarse como futuro gobernador.
En septiembre pasado, el diario El Universal reveló que la SFP de Sandoval Ballesteros recibió 97 denuncias contra delegados y exdelegados –entre ellos cuatro contra el hermano de la titular–; de ellas, la dependencia archivó 11 y dio trámite a 86, lo cual llevó el rotativo a resaltar que “a la fecha, no hay ni una sanción por parte de la SFP contra ningún delegado de Bienestar”.
Prácticamente ninguna delegación escapó a las denuncias, pero ninguna fue señalada tanto como la de Jalisco, que pasó en manos de dos titulares distintos –primero Carlos Lomelí Bolaños y, desde agosto de 2019, Armando Zazueta Hernández–: ambos fueron acusados de usar la institución con nepotismo y con posibles irregularidades (Proceso 2240).
De hecho, en septiembre de 2019 cuatro subdelegados de Jalisco mandaron una carta a López Obrador y a varias instituciones en la que denunciaron que Zazueta buscaba posicionar allegados en puestos clave; dos meses después, fueron despedidos –más bien, sus contratos de prestación de servicios no fueron renovados–.
Y no sólo esto: el pasado 8 de noviembre, Animal Político reveló que por lo menos 18 delegados –o ahora exdelegados, como es el caso de Loera, Vizcaíno y Sandoval–fueron denunciados por actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual; según el reportaje, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la SFP investigar el presunto delito de promoción política a través del uso indebido de recursos públicos.
En una resolución del 27 de diciembre de 2019 –apenas dos días después de Navidad–, el TEPJF determinó que estos funcionarios no guardaron su “deber de cuidado” y violaron el artículo 134 constitucional.
Se trata de Pablo Amílcar Sandoval (Guerrero), Emmanuel Ruiz Sánchez (Aguascalientes), José Antonio Aguilar Castillejos (Chiapas), María Cruz Cruz (Ciudad de México), Reyes Flores Hurtado (Coahuila), Delfina Gómez Álvarez (Estado de México), Mauricio Hernández Núñez (Guanajuato), Roberto Pantoja Arzola (Michoacán), Nancy Ortiz Cabrera (Oaxaca), Rodrigo Abdalá Dartigues (Puebla), Gabino Morales Mendoza (San Luis Potosí), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (Veracruz) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán).
Ambigüedad
Desde el arranque de la administración de López Obrador hasta la fecha, el papel formal de los delegados de Bienestar ha sido ambiguo.
En julio de 2019, García Hernández y María Luisa Albores González –entonces titular de la Secretaría de Bienestar– publicaron lineamientos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que les confirieron facultades amplias y vagas, como “apoyar en el combate efectivo a la pobreza, conforme a las instrucciones que reciban de la Coordinación General y de la Secretaría”, o “atender las políticas e instrucciones de la o el Titular de la Secretaría y de la Coordinación General”.
Formalmente, los superdelegados tienen que administrar el padrón de beneficiarios, “coordinar e implementar” los programas, pero también “recibir las demandas y peticiones de la población que se relacionen con los programas”, “brindar asesoría”, y “vigilar y asegurar que los beneficios económicos y en especie (…) se entreguen de manera directa”.
Los delegados y las estructuras que encabezan responden a García Hernández, pero formalmente están adscritos a la Secretaría de Bienestar, y más particularmente a la Unidad de Delegaciones, dirigida por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, también experta en la operación electoral, pues fue diputada federal y en los comicios de 2018 fue comisionada de Elecciones en Morena.
Tras la incorporación de toda la estructura de “Servidores de la Nación” y de los delegados a su área, Reyes Sahagún se convirtió en una pieza clave de la maquinaria de García Hernández: la funcionaria tiene bajo su responsabilidad una nómina de más de 15 mil personas, por un monto total de 3 mil 233 millones de pesos en 2020, según el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.
Además de la funcionaria, García Hernández cuenta con otro aliado en la Secretaría de Bienestar, en la persona de Francisco Javier de la Huerta Cotero, el director de Análisis, Información y Estrategia Delegacional, quien además de militante de Morena fue su encargado de despacho en el Senado.
Bicéfala
Si bien las áreas centrales de la Secretaría de Bienestar no tienen control real sobre la estructura de los delegados, López Obrador dejó a la dependencia y a su titular, Javier May Rodríguez, la gestión del programa Sembrando Vida, particularmente enfocado al sureste mexicano y dotado de un presupuesto de casi 30 mil millones de pesos este año.
May, amigo de López Obrador, es empresario ganadero y cacique político en su bastión de Comalcalco, en Tabasco. El hombre, titular de un bachillerato, es senador con licencia –fue señalado por contratar a su esposa en el recinto legislativo– y fue presidente de Morena en Tabasco; se le atribuyen ambiciones de ser gobernador de Tabasco en 2024.
A principios de octubre, López Obrador mandó a May a Tabasco con el pretexto de atender a las personas afectadas por las inundaciones y entregarles apoyos federales de 10 mil 500 pesos, lo que partidos de oposición local, como el PRI, señalaron como una maniobra en vistas a 2024. El propio gobernador, Adán Augusto López Hernández, lo cubrió de elogios, y en entrevista con el medio local Telereportaje, May no descartó una futura candidatura. “Vamos a ver, pero falta mucho tiempo”, dijo.
Sea como sea, May tiene bajo control a los principales puestos de las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, excepto la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, dirigida por Ariadna Montiel Reyes. May entregó, por ejemplo, cargos clave a cuatro de sus socios en empresas –La Mercocha y Agroproductos El Tintal–, que ya habían trabajado para él en la Presidencia Municipal de Comalcalco.
A Víctor Manuel Correa Gutiérrez y José Medel Córdova Pérez –sus socios en Agroproductos El Tintal– les encargó la coordinación del programa Sembrando Vida en el sureste y en Comalcalco, respectivamente. Aparte, nombró a Edilia Pérez de la Cruz, su exsecretaria, en la Coordinación de Planeación y Operación Estratégica, y a Violeta Giorgina Abreu González, en la Coordinación de Estrategia Institucional.
Pérez y Abreu fueron socias de la empresa ganadera La Mercocha –que May fundó en 2010–, junto con otros altos funcionarios actuales de la Cuarta Transformación: Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, Elvira Daniel Kabbaz Zaga, directora general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), así como Marcos Manuel Herrería Alamina y Tomás Efraín Hernández Wade –ambos altos funcionarios de Pemex–.
Y no sólo esto: durante la administración de López Obrador en el entonces Distrito Federal, Abreu fue secretaria particular de la historiadora Raquel Sosa Elizaga, quien era titular de la Secretaría de Desarrollo Social; ahora, Sosa es responsable de las llamadas Universidades para el Bienestar Benito Juárez, otro programa prioritario del gobierno federal.
Otros políticos tabasqueños cercanos a May obtuvieron cargos importantes en la Secretaría de Bienestar. En la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, May nombró a Hugo Paulín Hernández, quien fuera su asesor en Comalcalco y, anteriormente, vicario pastoral en la parroquia “San Isidro Labrador”, que domina la plaza central de ese municipio.
Más allá de los funcionarios en las oficinas centrales, May dirige a los delegados de Sembrando Vida en los estados. Si bien varios de ellos tienen perfiles más técnicos y menos políticos que los “superdelegados”, algunos destacan por sus perfiles atípicos, como Dalila Rosas Medel, delegada en Palenque, Chiapas, quien es suplente de la diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del presidente López Obrador.
