El mejor ejemplo de medio público a imagen y semejanza de los mejores estándares internacionales es Radio Educación. Se trata de un caso singular. Desde el punto de vista jurídico, es formalmente un medio del gobierno, carece de autonomía legal, de personalidad jurídica propia y ha sido desde su creación un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y ahora de la nueva de Cultura.
A pesar de esta frágil estructura normativa, en Radio Educación se dio vida a la pluralidad, a la diversidad, a la crítica, con su acento peculiar en la formación ciudadana, de ahí que su apellido de Educación tuvo sentido para ampliarlo a lo cultural; es decir, a cuestionar el por qué de la cosa pública, a pensar y creer en la duda. Esas virtudes democráticas fueron desde su creación parte de una isla en un mar autoritario, de la práctica del “sí Señor”.
El anterior régimen permitió su existencia a cambio de que sólo fuera testimonial, de bajo impacto, una muestra de la clásica expresión del ideólogo del PRI, Jesús Reyes Heroles: “lo que resiste apoya”. Siempre acotada, empero, a su mínima dimensión para guardar las formas de la simulación tan propia de los gobiernos del PRI y del PAN.
El desarrollo tecnológico tuvo como efecto secundario no deseado que Radio Educación dejara de ser una sola emisora de AM con sede en la colonia Del Valle, de la capital del país, y se convirtiera en un sistema regional que ha roto su aislamiento formalmente. Las cosas, con todo, siguen en esencia igual. Veamos.
Primero. En el pasado, una de las estrategias del régimen para encapsular la resistencia democrática fue mantener a raya a Radio Educación, nombrando como titular de ese organismo desconcentrado a alguien que pudiera hacer una labor de intermediación con los espacios de toma de decisiones. Se le veía como un territorio perdido y se actuaba en consecuencia. En esa lógica no fue de extrañar que la figura del defensor del radioescucha naciera en esa emisora bajo la dirección de Virginia Bello, como una iniciativa de autorregulación muchos años antes de que estuviera establecida en la ley. La continuó el siguiente director, Antonio Tenorio Muñoz Cota, que, paradojas de la vida, hizo causa común con la comunidad de esa emisora y se convirtió en su representante para ampliar el papel del medio, aprovechando las posibilidades del avance tecnológico que permitió eliminar el mito de la “saturación” de frecuencias radiofónicas en la capital del país porque ahora se requiere un ancho de banda menor que en el pasado para transmitir sin interferencias entre estaciones.
De esa suerte, hoy Radio Educación se ha convertido, por lo menos de manera aspiracional, en el Sistema Nacional de Comunicación Cultural. Cuenta, además de la clásica 1060 AM con la que llegó en su tiempo a ser escuchada en el centro del país, con una estación de FM en la Ciudad de México; otra en Mérida, Yucatán; una más en Morelia, Michoacán; y también con una concesión en Hermosillo, Sonora.
A simple vista parecería que las cosas han cambiado y que México asiste a un esquema, al menos de facto, de medios públicos. No es el caso. Ya el papel que jugó Antonio Tenorio no existe más y ese vacío fue llenado por el Sindicato de Trabajadores de Radio Educación que genera –o intenta hacerlo– una interlocución con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y con la Cámara de Diputados, un papel inédito para esta agrupación, que ha debido innovar sus habilidades en esas lides que no habían sido las suyas, al menos como ahora sucede.
Segundo. El Sistema Nacional de Comunicación Cultural es, en la realidad, una frase retórica. La potencia de la frecuencia AM ha debido bajar porque su transmisor no ha sido actualizado y su alcance, por ende, se ha reducido. Sus estaciones FM no sólo fueron aprobadas con lo mínimo; es decir 3 mil watts, sin ninguna disposición constitucional ni legal que justifique ese reducido alcance si se compara con los más de 40 mil watts de potencia de las emisoras comerciales.
Ya no hay ningún Granados Chapa o un Antonio Tenorio que defiendan con la ley en la mano el interés público sobre cualquier otro. El mundo de los pretextos para explicar por qué no se hacen las cosas goza hoy de cabal salud. Además, a pesar de esa capitulación al aceptar en silencio el reducido alcance potencial otorgado a la emblemática radio cultural mexicana por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se agrega, para hacer más grave el panorama, el hecho de que Radio Educación no tiene los equipos técnicos mínimos necesarios para que el talento y la imaginación de quienes hacen día a día la barra programática del sistema se traduzca en el fomento de pautas de recepción crítica de medios, de alfabetización mediática y de contagio de las prácticas democráticas, como era la razón de su existencia.
En síntesis, hay un círculo perverso que lastima a la sociedad toda sin que nadie diga ni haga nada.
A pesar de todo el ambiente en contra, quienes trabajan en Radio Educación no han cejado en su compromiso de hacer periodismo cultural de calidad. En efecto, sólo durante el primer semestre de este año se generaron 19 mil 406 contenidos que se proporcionaron a 128 instituciones en 26 estados del país. La fonoteca de este sistema aloja 163 mil 222 grabaciones producidas a lo largo de más de medio siglo. Ese acervo, al no haber nadie que se haga cargo del sistema, sufre las inclemencias de la falta de digitalización, de la ausencia de renovación incluso de los contratos elementales para la preservación de ese patrimonio histórico.
Tercero. La inercia está ganando la partida. Es entendible que sin la presencia de una polea de transmisión efectiva entre la comunidad de este Sistema y los tomadores de decisiones, las cosas se van por lo más fácil; es decir, por la ruta, acaso por desconocimiento, seguida en los gobiernos anteriores.
En el presupuesto de egresos de la Federación para 2021, Radio Educación tiene previsto un presupuesto de 77 millones de pesos, con los que garantiza que no muera ni viva el sistema cultural, sino que tan sólo sobreviva, con sueldos base de 7 mil pesos. El sindicato afirma que “hoy se paga por la producción de un programa 700 pesos, por un reportaje 550 pesos, por una asistencia de producción 400 pesos; tabuladores de pagos que no han aumentado desde hace más de 11 años”.
Y, por si lo anterior no fuera suficiente, buena parte de los prestadores de servicios, a pesar de lo exiguo de sus ingresos, tienen retrasos significativos en los pagos.
Es increíble hasta dónde se ha llegado por esa ausencia de compromiso mínimo con los medios públicos. Es verdad que Radio Educación tiene una abultada plantilla de trabajadores, pero también lo es que el sindicato ha puesto sobre la mesa un esquema de retiro anticipado que permita que sus afanes persistan para bien del interés público, lo que no es poca cosa, sobre todo cuando se trata del dinero de las personas. Pero ahí se ve, en los hechos, quién es quién.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
