Sobrevivientes de la Guerra Sucia, los octogenarios Victoriano Flores de la Cruz y Justino Fierro Hernández, originarios de El Quemado, Guerrero, han luchado durante décadas por tener justicia. Fueron torturados y encarcelados por el Ejército; los acusaron de haber emboscado a militares. Ambos ancianos, junto con otras 51 víctimas, ganaron un amparo en 2017 que obliga al Estado a reparar el daño que les fue causado. Un tribunal colegiado confirmó la resolución en mayo de 2019. Pensaron que la 4T acataría dicha sentencia. No obstante, nada ocurre. “San Pedro ya nos está llamando y quisiéramos que, si nos van a compensar, nos compensen”, dice uno de ellos.
Victoriano Flores de la Cruz y Justino Fierro Hernández, ambos rebasan los 80 años, comparten una historia en común desde hace casi 50 años. Originarios de la comunidad de El Quemado, en Atoyac, Guerrero, fueron detenidos y torturados por soldados en septiembre de 1972 durante la Guerra Sucia.
Después de años de lucha por la verdad, justicia y la reparación del daño, los dos ancianos y otras 41 víctimas directas e indirectas de la violencia de Estado contra habitantes de El Quemado, así como otras 10 personas de la comunidad vecina llamada San Juan de las Flores, fueron reconocidos como beneficiarios de un amparo que data de 2017 y que obliga a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a compensarles por el daño que les infligieron. Sin embargo, nada ha pasado, pese a que la resolución fue ratificada en mayo de 2019.
Junto con unos 90 hombres, jóvenes y adolescentes de su comunidad, y 16 de pueblos cercanos, Victoriano y Justino fueron acusados de haber participado el 23 de agosto de 1972 en una emboscada contra miembros del Ejército mexicano en el poblado conocido como Arroyo Oscuro, ataque atribuido al movimiento guerrillero encabezado por Lucio Cabañas.
Entre el 2 y 6 de septiembre de ese año los soldados tomaron El Quemado, de donde se llevaron a decenas de personas que fueron trasladadas en helicóptero hacia las bases militares de Atoyac y Acapulco, para después ser procesados.
“Ni siquiera tuvimos la dicha de conocer a Lucio Cabañas y nos sentenciaron a 30 años de cárcel”, dice Victoriano.
Como cientos de víctimas de este periodo conocido como la Guerra Sucia, Victoriano y Justino buscaron justicia, primero denunciando sus casos de manera particular ante la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada y desaparecida en el gobierno de Vicente Fox.
“Empezamos cuando estaba el fiscal (Ignacio) Carrillo Prieto, después dijeron que esos papeles que hizo no sirvieron; más tarde vinieron a interrogarnos otras personas y siguen viniendo y no pasa nada… Apenas vinieron los de la CEAV, pensamos que ya no vamos a declarar nada, el tiempo se va en puros papeles. Lo que queremos es que nos cumplan”, expone Justino.
En entrevista, ambas víctimas coinciden en que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República les dio esperanza de ser resarcidos por el daño que el Estado mexicano les causó.
“De El Quemado fuimos 24 los sentenciados a 30 años sin haber cometido algún delito. Algunos compañeros ya fallecieron, sólo 10 sobrevivimos y seguimos esperando justicia”, dice.
“En lo personal, quisiera que esto llegara a los oídos del presidente: ya estamos para irnos, San Pedro ya nos está llamando y quisiéramos que, si nos van a compensar, nos compensen. Yo les decía a unos de la CEAV que vinieron que no es una limosna lo que estamos pidiendo, es lo justo porque nosotros fuimos víctimas sin tener culpa”, agrega Victoriano.
El resolutivo
El amparo ganado fue promovido en 2016 por José Enrique González Ruiz, Pilar Noriega García y Nicomedes Fuentes García, quienes integraron la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad), dos años después de que el organismo concluyó sus funciones el 15 de octubre de 2014, cuando entregó su informe final a los tres poderes de la entidad.
El documento de la Comverdad contiene 409 expedientes relacionados con 515 víctimas de violaciones graves de sus derechos, cometidas en Guerrero durante la Guerra Sucia, y fue remitido a la CEAV el 4 de noviembre de 2014, explica Fuentes García en entrevista.
“Consideramos que el trabajo de la Comverdad no podía quedarse solamente en un informe. Después de que entregamos a la CEAV –nos reunimos en abril de 2015 con el entonces comisionado presidente (Jaime) Rochín, para pedirle que registrara a las víctimas contenidas en el informe–, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pidió que se abriera una queja, pero no vimos resultados.
“Entonces, decidimos interponer amparos con nuestros propios recursos. El de El Quemado fue uno de varios más, pero fue el que se ganó”, cuenta.
Exintegrante del movimiento armado en Guerrero, Fuentes reconoce que tiene un apego personal con las víctimas de El Quemado: “Fui detenido en agosto de 1972 y, después de estar en manos de la Policía Judicial, me llevaron a la cárcel y ahí llegaron campesinos de la sierra; los de El Quemado eran el grupo más grande, más de 50 personas, parecían esqueletos vivientes, vestidos en harapos, sucios, greñudos, barbudos; muy golpeados, heridos de las muñecas y tobillos… Habían sido muy maltratados por el Ejército”.
Dos meses después, Nicomedes salió de la prisión por el respaldo jurídico que recibió de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pero durante su paso por la cárcel pudo conocer las historias que documentó años después, como miembro de la Comverdad.
“La sentencia de amparo es muy favorable a los compañeros, esencialmente ordena a la CEAV que se repare el daño a los quejosos, que son 53 –no fueron más porque nos movimos con nuestros recursos–, y que se forme un comité para que vea y resuelva la reparación de todos los demás casos de la Comverdad.
“La CEAV se inconformó y el amparo se fue a revisión a un tribunal colegiado que confirmó en mayo de 2019 la sentencia que también ordena a la CNDH abrir un expediente de queja con el informe de la Comverdad”, agrega.
De acuerdo con el resolutivo, al que Proceso tuvo acceso, el tribunal colegiado ordena que en las medidas de reparación integral tendrán que considerarse “las situaciones particulares del caso, tal como la avanzada edad de los quejosos, su situación económica y el que los hechos ocurrieron en un lugar donde las condiciones de acceso a la ayuda asistencial, atención y reparación integral es difícil, debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación”.
También se instruye a la CEAV a “realizar una expresión pública de solicitud de perdón a las víctimas por los graves daños causados por su omisión”.
Sin avances con Encinas
Mientras el amparo estaba en litigio la CEAV elaboró planes de reparación colectiva para víctimas de la Guerra Sucia, poniendo a consideración de la comunidad de El Quemado, el 2 de octubre de 2018, un proyecto de acuerdo con la resolución CEA/CIE/0407/2018, que fue aprobado en febrero de 2019 por Jaime Rochín.
Con el reconocimiento de 70 víctimas (20 directas y 50 indirectas), el plan grupal considera la reparación individual, la rehabilitación de viviendas, instalar una procesadora de mango, así como colocar un memorial, cotizado en 9.6 millones de pesos, que incluye una construcción arquitectónica, un video y un proyecto virtual y documental.
El 11 de febrero de 2019, en una reunión en Atoyac, Rochín se comprometió con el Comité de Agraviados de la Guerra Sucia de El Quemado a saldar las reparaciones individuales entre marzo y julio de ese año, y que la CEAV depositaría apoyos emergentes mensuales por 4 mil 600 pesos “hasta que se realice el pago de compensación individual”, así como construir el memorial entre marzo y diciembre, según se lee en la minuta.
Norberto Morales Lozano, representante de las víctimas de El Quemado, dice que, de lo pactado, sólo se dio a cada una de las víctimas reconocidas por la CEAV aportaciones por 4 mil 366.33 pesos durante seis meses.
Tras la renuncia de Jaime Rochín, el 15 de junio de 2019, entre julio y septiembre de ese año representantes de las víctimas y los exintegrantes de la Comverdad se reunieron –al menos en tres ocasiones– con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en la Ciudad de México, en Tlapa de Comonfort y en Acapulco, para atender el caso. No hubo avances.
En septiembre de ese año los integrantes del Comité de Agraviados de la Guerra Sucia de El Quemado entregaron cartas al presidente López Obrador y a su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en las que expusieron la falta de cumplimiento de los acuerdos, entre ellos el que hizo Encinas el 29 de julio de tener consideradas 79 resoluciones para esa comunidad; 40 de las cuales se solventarían en agosto del año pasado.
El 15 de marzo último, durante una visita de López Obrador al municipio de Marquelia, Norberto Morales le pudo entregar al mandatario documentación con la exigencia de reparación integral. Como respuesta, uno de los integrantes del comité recibió una carta de la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia, en la que se da cuenta de la recepción de la exigencia.
El 18 de mayo, semanas antes de que Mara Gómez renunciara a la CEAV, sostuvo una reunión virtual con las víctimas directas e indirectas de El Quemado, en la que se le urgió a cubrir las compensaciones individuales antes que las colectivas, de manera particular las correspondientes al amparo ganado, recibiendo como respuesta el ofrecimiento de becas para estudiantes y atención médica y psicológica, como parte de un convenio con el gobierno de Guerrero. Le explicaron que la dependencia no tenía fondos suficientes y que había más víctimas que atender.
Norberto Morales expresa su molestia con la CEAV porque “le ha hecho caso a quien o a quienes más gritan. Y a estos señores (Victoriano y Justino) que son víctimas, que llevan casi 50 años esperando justicia, nomás les dan largas”.
Ante la resolución de la desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos el del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, operado por la CEAV, Nicomedes Fuentes evalúa que ello no impide el cumplimiento del amparo que ya han ganado 53 víctimas directas e indirectas, 43 de ellas de El Quemado.
“El cumplimiento del amparo no puede condicionarse a la existencia de ese fondo: Está documentado que la violencia política hacia el pueblo de Guerrero fue una decisión de Estado y el Estado no ha desaparecido, que es el responsable de la reparación integral del daño y de procurar justicia y verdad para las víctimas”, concluye.
