El nuevo presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, tiene más de 20 años de experiencia electoral, pero arrastra una cauda de caprichos, desatinos y una irrefrenable pasión por los viajes. Su polémico nombramiento por un solo voto de diferencia provocó ya una división en el seno del tribunal, donde algunos magistrados critican la forma en que resuelve los diferendos. Consultados al respecto, Javier Martín Reyes y Eduardo Huchim, dos especialistas en el tema, advierten sobre los riesgos que implica tenerlo al frente de la máxima instancia electoral del país.
Al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que resolverá las impugnaciones de los comicios de 2021 e intentará dar estabilidad política y unidad al país, cunde la inestabilidad y el encono, dos de los sinos de su nuevo presidente, el magistrado José Luis Vargas Valdez.
Con más de 20 años de experiencia electoral, Vargas despegó su carrera en los gobiernos del PAN, pero se afianzó en los del PRI –donde litigó en materia electoral a favor de ese partido a través de su despacho privado– y ahora con el de Morena –cuyas causas ha apoyado recientemente–, en que logró su objetivo de encabezar el máximo organismo electoral del país.
Vargas asumió su nueva encomienda el miércoles 4 de noviembre. Y lo hizo con un pleno partido en dos y sin la unanimidad de la que gozaron sus predecesores más recientes.
Ganó sólo por un voto de diferencia: lo apoyaron tres magistrados, mientras que otros dos optaron por su adversario Reyes Rodríguez Mondragón.
Al día siguiente, en su columna política Zoom en el diario Milenio, Ricardo Raphael destacó que su nombramiento se pactó en una comida a la que asistió el bloque afín de magistrados, el que suele votar prácticamente todos los asuntos de forma idéntica. La decisión, escribió el columnista, fue un “acto fraudulento”, desaseado.
A ese bloque pertenece Vargas, su antecesor Felipe Fuentes Barrera, así como Mónica Aralí Soto y Felipe de la Mata Pizaña.
Hubo sorpresa de los otros tres juzgadores que integran el tribunal: Janine M. Otálora, exmagistrada presidenta, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante González, quienes se enteraron de una supuesta votación sin una convocatoria ni sesión previas.
Horas después vino la formalidad. En la sesión privada en la que los juzgadores hicieron oficial la elección de Vargas, la mitad del pleno estaba en su contra. Así, el tribunal responsable de garantizar la legalidad y estabilidad políticas de 2021 inició una nueva era: la de la presidencia cuestionada de Vargas Valdez.
Los desatinos
Las actuaciones y criterios del abogado del Instituto Tecnológico Autónomo de México en sus cuatro años como magistrado del TEPJF son las que ponen en duda su perfil como juzgador electoral.
El “berrinche” que protagonizó para exigir la renuncia de Otálora, en enero de 2019, distingue su polémica magistratura, consideran estudiosos de la materia electoral, entre ellos el catedrático Javier Martín Reyes, coordinador de la licenciatura en derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y Eduardo Huchim, periodista especializado en temas electorales.
Lo anterior, así como los enfrentamientos con magistrados y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y sus criterios al resolver, les preocupan.
Está, por ejemplo, el caso de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, El Bronco”, de 2018, cuando se ordenó al INE la inclusión del regiomontano en la boleta como candidato presidencial independiente, con la hipótesis que, de habérsele respetado su derecho de audiencia, hubiera podido recabar el número de firmas requeridas.
El fallo puso en evidencia que el INE le había invalidado 355 mil 707 supuestos “apoyos” falsificados, pues estaban soportados con fotocopias de credencial y simulaciones de credenciales de elector; además, el representante del Bronco ejerció 12 veces el derecho de audiencia.
También está el fallo de 2017 que dio el triunfo al PRI en Coahuila, al ordenar al INE descontar, para efectos de rebase de tope de campaña, 1.4 millones de pesos pagados a Facebook, ante las dudas sobre el periodo comprendido en el pago. El tribunal ordenó carpetazo y no pidió clarificar los montos.
O la elección de gobernador de Puebla en 2018, que Vargas buscó anular por violaciones a la “cadena de custodia”, como lo exigía Morena, pese a que en siete casos precedentes ese tipo de alteraciones fueron consideradas por él “cuestiones de procedimiento” no causales de anulación.
Fue por ese caso que el juez electoral acusó presiones externas y demandó públicamente la renuncia de Otálora, por presuntas irregularidades en el manejo de expedientes judiciales.
A esa cadena de decisiones, todas a propuesta Vargas, se suma la del pasado 14 de octubre, que confirmó la negativa de registro como partido a México Libre (ML), de Margarita Zavala y Felipe Calderón, por “fallas” en la comprobación del origen de poco más de 1 millón de pesos.
Esto, consideran Reyes y Huchim, reflejó una dureza contra ML que contrastó con la extrema flexibilidad hacia otros tres nuevos partidos –afines a Morena– que cometieron “claras violaciones constitucionales”;
Es el caso de Redes Sociales Progresistas (RSP), de Elba Esther Gordillo, hoy aliada del presidente Andrés Manuel López Obrador; Fuerza Social por México (FSM), vinculada a Pedro Haces, senador suplente de Morena, y Encuentro Solidario (PES), de Hugo Eric Flores, exdelegado de programas del Bienestar en Morelos.
“Me dio gusto que el tema de los dineros y la fiscalización sirva para negar registros, el problema es que frente a lo que hicieron los otros tres ahí sí hubo criterios flexibles, laxos; pareciera que la intención era quedar bien con Morena, abrir paso a aliados y cerrarlo a la oposición”, sostiene Huchim.
Por eso, a su juicio, el futuro del TEPJF es de más desprestigio. “La banda de los cuatro tomó la peor decisión y ya tiene a su presidente; es lamentable. Es un TEPJF que no garantiza ni seriedad ni honradez ni apego a la Constitución”.
Reyes, del CIDE, coincide en la doble vara al juzgar a ML. “Con un criterio homogéneo no hubiera pasado ningún partido, pero hubo una lógica política que no es propia de un tribunal que se respete”.
El TEPJF debe pacificar los conflictos políticos y resolver problemas concretos, “pero no lo hace y se suma la conflictividad interna del tribunal, dice.
Por eso, en referencia a los ejes de trabajo expuestos por Vargas al asumir el cargo: “transparencia, unidad, institucionalidad”, asegura: “con todo respeto, (Vargas) es la antítesis: ha sido particularmente opaco. Es la figura que mayores divisiones genera y ¿cuál institucionalidad? Ha hecho auténticos berrinches en el pleno”.
Además, insiste, de esos ejes, bajo el nuevo mandato está por verse el ejercicio de los recursos públicos y las políticas de ahorro.
Apenas el 23 de julio pasado Vargas sostuvo una agria discusión en defensa de 10 camionetas blindadas con valor de 27.5 millones de pesos, con cargo al erario, lo que no prosperó.
Con ingresos anuales netos de 2 millones 900 mil 609 pesos –entre percepción mensual y aguinaldo– por magistrado, y un pago por riesgo de 379 mil 894 pesos este 2020, ahora cada magistrado que quiera un vehículo nuevo, incluido Vargas, tendrá que pagarlo de su bolsa, pues el tribunal ya les compró autos en 2017.
La Comisión de Administración del TEPJF –que integran Vargas y Fuentes, más tres miembros del Consejo de la Judicatura– rechazó la propuesta, pese a las advertencias del ahora presidente.
“A mí no me preocupa que sea un escándalo mediático, lo asumo… Nos vamos a tragar esta nota negativa”, dijo, y advirtió que la delincuencia podría poner en riesgo su vida y la de sus pares.
“Yo no estoy dispuesto, insisto, a acabar siendo el Pípila de la democracia y en algún supuesto hipotético –no digo que me va a pasar, aclaró– sólo porque alguno de estos actores se enoje con alguno de nosotros; hoy puedo ser yo, mañana puede ser alguno de mis pares el que acabe acribillado porque (a alguien) no le gustó mi resolución”, expresó Vargas.
Aseguró también que se está infiltrando la delincuencia organizada, sobre todo en las elecciones de ayuntamientos, por lo que propuso destinar una camioneta para los 18 magistrados de las seis Salas Regionales del país –los del riesgo– y dejar a la Sala Superior 10 vehículos, uno para cada uno de los siete magistrados y tres de reserva.
Un viajero VIP
En agosto de 2019 Vargas enfrentó dos quejas por responsabilidades administrativas de los servidores públicos presentadas por la coalición Por Puebla al Frente y por el PAN, por nueve presuntas irregularidades.
Se le señaló de violar el reglamento del TEPJF al “filtrar” su proyecto de sentencia en el que propuso anular las elecciones en la entidad; dar un “golpe” político y mediático a la magistrada Otálora para obligarla a renunciar por supuesto daño a la imagen institucional del tribunal, conflicto de intereses, notoria ineptitud, abuso o ejercicio indebido del cargo.
En esa ocasión cinco magistrados resolvieron que, si bien Vargas “confesó” la difusión de su proyecto de sentencia, esto no era sancionable; las otras faltas nunca se comprobaron.
En voto disidente, los magistrados Reyes Rodríguez y Otálora coincidieron en no sancionar, pero, dijeron, hubo una “mala práctica que pudo dañar la imagen institucional del tribunal y podrían constituir violaciones al Código de Ética”.
Así como ese, Vargas ha librado o enfrentado otros señalamientos, como el que la evolución de su patrimonio esté bajo sospecha, lo que él rechaza con el argumento de que es fruto de su trabajo y el de su esposa, Mónica Bauer, vicepresidenta de Asuntos Corporativos para Latinoamérica de PepsiCo.
Así, le bastaron 15 años de trabajo, dos como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), y empleos diversos, entre ellos como coordinador de asuntos jurídicos en la Subsecretaría de Gobernación (2000-2001), durante el sexenio del panista Vicente Fox; titular de unidad, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (2007-2010); asesor jurídico en el extinto Instituto Federal Electoral (IFE), y secretario instructor en el TEPJF para hacerse de bienes millonarios.
En 2011, cuando estaba al frente de la FEPADE y aún era soltero, adquirió su principal patrimonio, un inmueble en Lomas de Chapultepec por el que pagó 6.8 millones de pesos mediante un crédito.
En noviembre de 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando fue designado magistrado Electoral de la Sala Superior del TEPJF, Vargas estableció en su declaración de conflicto de interés no tener ninguno, pues dejó inactivos los casos que litigaba en su despacho JL Vargas y Asociados.
Pero sí ha tenido que excusarse de conocer de seis asuntos ante el TEPJF, todos relacionados con Peter Bauer, su exsocio y cuñado. Cinco sobre las elecciones en Colima, donde ambos litigaron a favor del PRI, y un caso en el que Bauer representó a Radiomóvil DIPSA.
En 2018, sin voto de Vargas, el TEPJF perdonó una multa por resistencia reiterada a dar información al INE, en el curso de una investigación por miles de llamadas telefónicas con apariencia de encuestas en contra de López Obrador.
Así, aunque mucho se habla de sentencias a modo, supuestos despachos que cabildean casos con magistrados y “tráfico de sentencias”, Huchim y Reyes admiten que hasta ahora son versiones no comprobadas, pero es el desapego a la Constitución y a la ley en las resoluciones, así como el vaivén de criterios los que mantienen las dudas.
Lo que no puede refutar el magistrado presidente es su encanto por los viajes, mismos que han implicado recursos millonarios.
Vargas acusó hace un año a Reyes Rodríguez de pretender viajar a Alemania para participar en un seminario, con viáticos por 1 millón de pesos con cargo al erario. El viaje se canceló.
Pero es él quien ha estado fuera del país 174 días, el equivalente a 5.8 meses, debido a sus constantes viajes en “comisiones internacionales”.
Estos han sido con cargo al erario, indirectamente 50.2 millones de pesos, el monto pagado en cuotas a organismos internacionales, y aunque Vargas no es el único magistrado que ha salido del país, rebasa a todos.
En total, ha realizado 35 salidas internacionales: seis a Venecia, Italia; siete a España, cinco a Estados Unidos, tres a Oslo y algunos más a Estrasburgo, Gran Bretaña, Francia, Lituania, Brasil y Argentina.
En contraste, en esos años Fuentes Barrera e Indalfer Infante han salido sólo una vez, según el TEPJF. Reyes Rodríguez, 17 veces; Felipe de la Mata, 16; Mónica Soto, 15, y Janine M. Otálora, 13.
Políglota, habla inglés, francés y portugués, desde que llegó al TEPJF Vargas pidió estar a cargo de los vínculos con el exterior.
Su ritmo de viajes, que no se detuvo ni en el año electoral de 2018, sólo se estancó este 2020 por la pandemia, que restringió los vuelos en todo el mundo. Este año sólo salió en febrero a Perú.
Aunque el magistrado rinde informes de sus actividades, los viajes aparentan ser de menor costo –pese a ir en First o Bussiness Class– y hasta se presume el reintegro de viáticos, de modo que “sólo” ha recibido 1 millón 50 mil pesos para sus gastos en el extranjero. Es el TEPJF el que financia de forma indirecta ese turismo electoral.
En contraste con el millón 117 mil pesos que los anteriores magistrados entregaron en cuotas a organismos internacionales en 2016, los actuales no han escatimado en esas membresías que en los hechos se traducen en invitaciones y viajes.
En cuatro años, el tribunal ha pagado, entre otros, a la Comisión Europea para la Democracia o Comisión de Venecia –uno de sus organismos internacionales favoritos–, 50 millones 236 mil pesos, de 2017 a este 2020.
En 2017 el TEPJF destinó 8 millones de pesos por concepto de membresías a organismos internacionales; al año siguiente se elevó a 23 millones 855 mil; en 2019 bajó a 10 millones 413 mil, y este año se redujo a 7 millones 968 mil.
En 2018 por ejemplo, de 16 viajes al extranjero realizados por Vargas, con viáticos por 430 mil 417 pesos, en 15 la transportación fue “sin cargo al erario”. Pero ese año las aportaciones a la observación electoral o cuotas del TEPJF a organismos anfitriones se dispararon el triple: 23.8 millones de pesos.
Así, sumadas las cuotas de cuatro años, los 10.1 millones de pesos en viáticos para viajes internacionales y 8.9 millones en pasajes aéreos al extranjero en ese periodo, en total el TEPJF ha destinado 69.2 millones de pesos en posicionarse, a través de su nuevo presidente, en el exterior.
