Los operativos estatales y municipales desplegados en Guanajuato después de la masacre del anexo de Arandas, Irapuato, no consiguen garantizar la seguridad de los internos. Tampoco las autoridades de los tres niveles, encargadas de vigilar el funcionamiento de esos centros de tratamiento de adicciones, han cumplido plenamente su función. El resultado: la población afectada tiene menos opciones legales a donde acudir, y mayores riesgos para su integridad.
IRAPUATO, Gto.– El asesinato de 27 internos del anexo Buscando el Camino a mi Recuperación, en la comunidad de Arandas, Irapuato, cometido el 1 de julio y atribuido al cártel de Santa Rosa de Lima, desató en las semanas posteriores operativos de autoridades estatales y municipales contra estos centros de tratamiento para personas con adicciones.
Ninguno de esos niveles de gobierno atina a resolver de fondo la operatividad de las asociaciones y la calidad de los servicios que ofrecen. Tampoco el federal, que sólo tiene certificados o reconocidos 13 establecimientos, de los 234 que hasta marzo contaban con el “aviso de funcionamiento” en la Secretaría de Salud del estado, requisito inicial que prevé la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios de esa dependencia.
Fuera de estos padrones se encuentra un número indeterminado de anexos y centros de tratamiento, cuya existencia fue puesta en la mirada pública luego de lo ocurrido en Irapuato.
La matanza en Arandas se considera el peor acto de aniquilamiento en el país cometido en estos centros para la rehabilitación de personas con adicciones. El crimen mostró que muy poco ha cambiado la operación de estos lugares de internamiento al paso de los sexenios y programas gubernamentales, ya sean federales o estatales.
La abrumadora mayoría de estos establecimientos opera en la clandestinidad o con mínima supervisión y vigilancia de autoridades municipales y estatales, tanto en materia de seguridad y protección civil como de sanidad.
Directores de algunos de estos centros admiten que prevalece un desconocimiento de las políticas federales para el combate a las adicciones y del acceso a recursos para capacitación a cargo de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
El despliegue de operativos de revisión de estos centros, particularmente en Irapuato y León, fue evidente pocos días después de la ejecución masiva de los internos en Arandas, y particularmente tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado, el 15 de julio último.
En ellos se advirtió la participación de autoridades sanitarias, municipales (en materia de desarrollo urbano) e incluso de Fuerzas de Seguridad Pública del estado, puesto que en algunos casos derivaron en detenciones y aseguramiento de armas en varios centros.
Al preguntarle a la vocería de seguridad del gobierno estatal sobre la naturaleza de estos operativos y sus resultados, la respuesta fue: “Es una acción directa de los municipios al verificar usos de suelo y permisos. El estado apoya en las verificaciones, pero quien encabeza las acciones son los municipios”.
Sin embargo, al pedir la misma información al gobierno municipal de León, la Dirección General de Desarrollo Urbano respondió que “los programas operativos de visita y supervisión a los Centros de Rehabilitación (se realizan) al lado de otras instancias municipales y estatales, convocado por la Secretaría de Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública en León”.
Por lo pronto, en León esta dirección ha iniciado 64 procedimientos administrativos a centros de rehabilitación o anexos por la operación sin las autorizaciones correspondientes, dentro de las atribuciones de esta dependencia: permiso de uso de suelo y autorización de uso y ocupación.
En León, la Conadic sólo reconoce cuatro establecimientos residenciales de atención privados y enlista en su página oficial dos centros de atención primaria en adicciones.
En estos procedimientos administrativos se han ordenado clausuras, “concediendo un acceso y salida para garantizar la libertad de tránsito, o que puedan ser trasladados a otros centros o por sus familiares a sus domicilios. Lo anterior, hasta en tanto el particular logra la regularización del giro o la reubicación de la población”.
No obstante, se aclaró que las autorizaciones que extiende esta dirección “son independientes de las que otorgan otras autoridades, como la Secretaría de Salud, mediante la Jurisdicción Sanitaria; así como el visto bueno de Protección Civil y la autorización de Impacto Ambiental”.
Tras la matanza en el anexo de la comunidad de Arandas, la Secretaría de Salud cerró toda la información relativa a la situación de los centros que reconoce.
“Cualquier información del tema es con la Fiscalía (General del Estado)”, fue la respuesta del área de comunicación de la dependencia cuando Proceso solicitó datos al respecto.
En Irapuato se desplegó una revisión similar. En esta ciudad, además del ataque al anexo de Arandas, de diciembre pasado a la fecha se registraron al menos otros cuatro a establecimientos del mismo rubro. El 6 de junio, 10 hombres fueron asesinados en otro anexo no registrado, en la colonia 24 de Abril.
En esta ciudad las revisiones derivaron en la suspensión de 33 centros de tratamiento; tres han sido clausurados; otros 22 fueron encontrados ya inactivos –varios cerraron después de las matanzas– y dos acreditaron que funcionaban regularmente.
En las inspecciones dos personas fueron detenidas, una de ellas por posesión de armas de fuego –dos armas y cartuchos– y otra fue denunciada por maltratar a internos.
También se encontró a una persona que contaba con una orden de aprehensión.
Otros crímenes
Registros hemerográficos e informes de corporaciones de seguridad pública y de la FGE indican que por lo menos cinco personas murieron en centros de tratamiento para adicciones entre finales de 2017 y de 2019. Se corroboraron homicidios en residencias de Silao, León y Valle de Santiago a manos de otros internos o de personal encargado de atenderlos.
Para Nicolás Pérez Ponce, representante de la organización Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), “lo que andan haciendo (la revisión y cierre de residencias) es algo ilógico. Se están yendo por el permiso de uso de suelo –una atribución del municipio–, pero esos centros sólo se cambian de domicilio y siguen trabajando”.
Pérez Ponce fue entrevistado en el centro Sagrada Familia, de Silao, que él fundó y dirige desde hace unos 14 años, después de haberse rehabilitado de una adicción que comenzó cuando tenía 11 años y pudo frenar a los 33.
“Esto que está pasando repercute no sólo en los centros de rehabilitación, sino en toda la sociedad. Están tapando el ojo al macho, hacen operativos muy aparatosos, pero es un show, como si fuéramos cárteles todos los que estamos en esta labor –se queja–. No necesitamos que nos intimiden; sabemos lo que el gobierno dice que está haciendo, aunque no esté haciendo nada.
“Estos lugares son antesalas para (evitar) que estas personas lleguen al delito o a la muerte. Es la labor de nosotros”, asegura el representante del CRUB, organización que agrupa a unos 50 de estos centros en el estado, cada uno de los cuales atiende entre 30 y 50 personas desde hace un par de años.
El CRUB forma parte de una coordinación nacional de establecimientos de este tipo.
Pérez Ponce y Juan Pablo Estrada –director del centro Cuatro Caminos, en León, que fue suspendido recientemente y donde se atendía a un promedio de 48 personas– afirman que han buscado reunirse con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y con su secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz, para dialogar sobre las condiciones de los centros y las posibilidades de regularización y capacitación.
También intentaron acercarse a la comitiva de López Obrador en su visita del 15 de julio a Irapuato.
“Le hemos ofrecido a las autoridades información sobre esos sitios, que fungen aparentemente como centros de rehabilitación, pero son “casas de pánico” (para venta y consumo de drogas). Tenemos dos donde robaban carros y los remarcaban. Evidenciamos a esos grupos que estaban en Irapuato”, asegura Pérez Ponce, quien cuenta con una certificación en consejería de adicciones otorgada por la SEP, a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
“Para evitar todo esto hemos buscado al gobierno del estado porque esta situación para los municipios es muy pesada. Estuvimos insistiendo con el gobernador para sentarnos a platicar y nunca lo hemos logrado; mientras, hay una simulación y se cierran los centros sin analizar lo que se viene después. A una persona adicta el gobierno no puede mantenerla encerrada
a menos que cometa un delito.”
Para Estrada, “la situación (con todas las personas que han tenido que abandonar los centros de tratamiento cerrados o suspendidos) puede colapsar. Porque además las nuevas drogas, como el cristal y el desafío que ahora nos representa el fentanilo, hacen a la gente mucho más violenta”.
