Lejos de resolverse a satisfacción de los socios disidentes de la Cooperativa La Cruz Azul, el caso Billy Álvarez –quien junto con algunos de sus antiguos aliados es prófugo de la justicia– está complicando las cosas, al punto que hoy la cementera tiene dos consejos de administración, dos de vigilancia –ambos con reconocimiento legal– y dos voceros. Y por lo que atañe al club de futbol, Carlos Hermosillo busca ocupar la vacante que dejó Billy, quien desde la clandestinidad sigue moviendo los hilos de la cooperativa.
Al cumplirse 10 años de escándalos, la lucha por el control de la Cooperativa La Cruz Azul representa el final de la era de los Álvarez en el club deportivo de la empresa, el Cruz Azul FC. Hoy el director general de la cementera, Guillermo Héctor Billy Álvarez Cuevas, es prófugo de la justicia y desde la clandestinidad aún mueve a un grupo de socios cooperativistas.
La trayectoria de Billy Álvarez alcanzó su punto más crítico hace un mes, cuando varios agentes acudieron a la sede del corporativo, en Gran Sur, alcaldía Coyoacán, con una orden judicial para registrar la oficina del director general y otras.
En el despacho de otro de los protagonistas de esta trama, Alfredo Álvarez Cuevas –vicepresidente del club de futbol–, los agentes localizaron esquemas jurídicos, estrategias y minutas de reuniones entre él y Víctor Manuel Garcés Rojo –cuñado de Billy– para fabricar acusaciones contra los socios que fueron disidentes.
De aquella imagen ejemplar que inspiraba en jugadores, cuerpo técnico del equipo y sus aliados, Billy Álvarez pasó del reconocimiento y respeto al rechazo. Por mandato judicial, la actual dirigencia de la cementera, tras asumir el pleno control de la cooperativa, propietaria de equipo de futbol, ya le busca remplazo en el club.
Una de las primeras acciones del grupo que ostenta la responsabilidad de la cooperativa fue prohibirle a los futbolistas la exhibición de pancartas de apoyo al defenestrado directivo, como ocurrió en las primeras jornadas previo a cada partido del torneo Guardianes 2020.
El pasado 30 de julio un juez federal con residencia en el Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad número 1, El Altiplano, giró una orden de aprehensión contra Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, presidente del club de futbol y director general de la Cooperativa La Cruz Azul, SCL; Eduardo Borrell, director jurídico; Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico, y el abogado externo Ángel Junquera, a quienes se acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La incertidumbre
El exjugador Carlos Hermosillo aparece entre los aspirantes a ocupar la vacante de Billy en el club, confirma a Proceso Guillermo Barradas, abogado del nuevo Consejo de Administración de la cooperativa.
Máximo goleador en la historia del equipo de la cementera, Hermosillo es también uno de los mayores detractores del exdirectivo, por lo que se perfila como su sustituto natural; sólo su inconclusa administración en la Conade parece estorbarle.
En su fugaz paso como funcionario en la Conade, el futbolista timó a los atletas que ganaron medallas en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, al premiar sus logros deportivos con cheques que fueron “rebotados” por falta de fondos.
A su vez, la Auditoría Superior de la Federación detectó un sobreejercicio en “servicios personales” por más de 6 millones de pesos en la Cuenta Pública de 2008, además de calificar de improcedente la transferencia de recursos de la Conade –que entonces presidía Hermosillo– al Comité Olímpico Mexicano, pues para entonces su titular, Felipe Tibio Muñoz, cumplía una inhabilitación de 10 años, lo que le impedía recibir dinero del erario.
En entrevista con Proceso el abogado Barradas sostiene que el inacabado mandato de Hermosillo en la Conade “es un tema que hace muchísimo ruido” a la actual dirigencia de la cooperativa. “Hay opciones con gente muy valiosa. Por eso estamos siendo muy cuidadosos”.
Guillermo Álvarez enfrenta un momento de evidente declive. Y la causa es la pérdida de confianza de los socios cooperativistas que durante años fueron sus adeptos. Hoy, la incertidumbre prevalece en la cementera.
Esa tensión es generada por dos motivos, según Eugenio Olvera, representante legal de la Coalición de Socios Cooperativistas.
Uno es que la asamblea ordinaria del pasado 26 de agosto fue organizada por un segundo grupo disidente en las afueras de la sede de la cementera, pese a que el juez sexagésimo civil de la Ciudad de México ordenó que no se celebrara, por incumplir con los requisitos legales. Por consiguiente, ordenó que esa junta no se inscribiera en el folio del Registro Público de la Propiedad.
La segunda causa, dice el litigante, fue el error en el “uso indiscriminado” de 250 cartas-poder de los socios cooperativistas y que fueron utilizadas para efecto de la votación en la referida junta.
Cooperativistas divididos
A la asamblea del 26 de agosto asistieron 305 de los 716 cooperativistas, mientras que otros 250 votaron por medio de carta-poder. Olvera revela que de momento 300 socios siguen creyendo en Guillermo Álvarez “y 250 están a la expectativa de decidir por qué lado jalan, mientras que 150, quienes representan a la disidencia número uno, están en contra del director general”.
El asesor legal de la Coalición de Socios, integrada por 250 personas, confirma la ruptura del grupo que representa con los que aún simpatizan con Billy Álvarez. Aclara que sus clientes no avalan ni reconocen la asamblea, porque “fue ilegal”, y que ha orientado a sus representados a no firmar ningún documento oficial ni recibir dinero que signifique la compra de voluntades.
En la cuestionada asamblea fueron electos Federico Sarabia Pozo como presidente del Consejo de Administración de la cooperativa y Alberto López Morales quedó al frente el Consejo de Vigilancia. Ellos fueron nombrados para ocupar los cargos que actualmente ostentan los disidentes del movimiento contra Billy, José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, quienes asumieron el control de la cementera por mandato judicial en la primera semana de agosto.
Y mientras los principales actores de los últimos años en la cooperativa están prófugos, la cementera tiene en los hechos dos consejos de administración y dos de vigilancia. Los que encabezan José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez cuentan con el reconocimiento legal, aunque no de forma definitiva. Los otros consejos todavía pretenden la validez oficial. Y para fines “prácticos”, la cooperativa también dispone de dos voceros para dar cuenta de los informes de cada bando en disputa.
Más aún, en entrevistas por separado, Guillermo Barradas y Eugenio Olvera delatan que las planillas de la cuestionada asamblea del 26 de agosto fueron ordenadas por Guillermo Álvarez y Víctor Garcés, días antes de que se librara la orden de aprehensión en su contra.
“Las planillas fueron formadas por Billy, quien había considerado a Jorge Fernández, pero con el libramiento de la orden de aprehensión fue sustituido por Sarabia. Es gente que Billy Álvarez y Garcés han movilizado y son personas que han estado involucradas en problemas legales muy graves, como el caso de Federico Sarabia”, acusa Barradas.
Nuevas órdenes de captura
El 24 de agosto pasado, un juez de Control de la Ciudad de México libró nueva orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez Cuevas y otras nueve personas, entre ellas Guillermo Robin Álvarez Álvarez –hijo de Billy, quien no tiene cargo en la cooperativa–, el abogado Ángel Martin Junquera Sepúlveda, Noé Calvo Morales (director de Recursos Humanos), Raúl Antonio Enríquez López (coordinador comercial) y Jorge Fernández (gerente general de Grupo Azul, propiedad de los Álvarez) por el delito de administración fraudulenta por 2 mil 257 millones 411 mil pesos.
En opinión de Olvera, el status de Billy Álvarez en la cooperativa es la de un director general prófugo “que cedió sus poderes generales a una ilegal junta de gobierno”.
Y acusa a Álvarez y a su cuñado Garcés de seguir operando al grupo de aliados. “¿Cuál es la evidencia?: (mis clientes) me informaron que Federico Sarabia y Ramsés Dolores –jefe del Taller Eléctrico de Nuevos Proyectos– se reunieron el lunes 31 de agosto con Garcés y les están prometiendo que se esperen, que se aguanten, que vienen sorpresas. Tengo un mes escuchando el mismo show de que ‘vienen sorpresas y sorpresas’, y lo único que están logrando es dinamitar la legalidad de la cooperativa”.
Por su parte, Barradas admite que también tiene reportes del referido encuentro. “Es justa la información que tengo. Por eso creemos que Garcés sigue en el país y que está moviendo a toda esta gente. Respecto a Billy, no sé sí logró salir del territorio nacional. No tengo la certeza”.
A finales de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de los hermanos Guillermo Héctor y Alfredo Álvarez Cuevas (todavía vicepresidente del club), así como de su cuñado Víctor Garcés, por el presunto delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Según las investigaciones de las autoridades federales, las operaciones financieras involucran movimientos inusuales en el sistema financiero por más de mil 200 millones de pesos presuntamente desviados a Estados Unidos y España entre julio de 2013 y marzo de 2020.
Además de la familia Álvarez, también se giraron órdenes de arresto contra el director financiero Mario Sánchez, el director jurídico Eduardo Borell y el abogado externo Ángel Junquera.
Barradas afirma que ellos tampoco reconocen al Consejo de Administración presidido por Federico Sarabia. “Nadie está reconociendo esa asamblea y no surtió efecto legal alguno. No fue una situación bien cuidada, en la que hubieran convocado debidamente. Por otro lado, hubieran tratado de llevarla a cabo de manera limpia para tratar de contabilizar los votos”.
–¿Cuál es la situación actual de la cooperativa? –se le pregunta.
–Es complicado tratar de tomar las riendas correctamente. Primero, porque las auditorías se están tardando porque comprenden los últimos 10 años, pero el daño patrimonial es enorme. Cada día sigue incrementándose…
Expone que “al margen de los temas relacionados a los fideicomisos, el daño patrimonial a la empresa en los últimos cinco años supera los 15 mil millones de pesos, cuando apenas se ha contabilizado 10% de las auditorías. Serán cifras de escándalo y todas sustentadas con transferencias, facturas y muchas empresas factureras. Sólo en lo que va de la auditoría del actual semestre la cifra rebasa los mil 500 millones de pesos”.
¿Hacia la concordia?
Barradas sostiene que Billy Álvarez, Garcés y el abogado Junquera “no tienen escapatoria”. Junquera, dice, cobró dos millones y medio de pesos por la desincorporación del fideicomiso de los bienes de la cooperativa.
Y confirma que, con excepción de los cooperativistas, toda la nómina de empleados –estimados en 10 mil– se maneja a través de la empresa outsourcing Grupo Azul, cuyos accionistas son Guillermo y Alfredo Álvarez, según la carpeta de investigación de la UIF. “Eso es incorrecto. Eso no debería de pasar”.
Barradas relata que dos días antes de que sus clientes tomaran la administración de la cooperativa por orden judicial, la tesorera (Beatriz García, también prófuga) escapó con los tokens bancarios de la empresa –por instrucciones de Jorge Fernández– y transfirió 420 millones de pesos de la cementera a Grupo Azul.
“Dimos vista de inmediato a las autoridades. Ese dinero ya se congeló y recuperó, pero no se lograron recuperar los 23 millones que transfirieron a la empresa Leverage Consulting, cuyos accionistas son Esmeralda Badillo y Mauricio Soto Caballero.
A este último, vinculado a Billy Álvarez, se le señala por encabezar la movilización de la asamblea del 26 de agosto, según acusaciones de la nueva directiva, que tiene a Mauricio Soto como el principal sospechoso de haber recibido los 23 millones de pesos.
En entrevista, Federico Sarabia Pozo asegura que los nuevos consejos de la cooperativa son legales y legítimos. Y afirma que ya iniciaron los procesos legales en su afán para que los tribunales avalen el registro de la asamblea del 26 de agosto en el Registro Público de la Propiedad.
Es el socio 2112 con 32 años de antigüedad en la cooperativa. Se ufana de pertenecer “a la base cooperativa”, y de haber iniciado en los tabuladores más bajos… hasta que Billy Álvarez lo designó coordinador de Recursos Humanos en la planta de Hidalgo.
Sarabia se dice consciente que hay muchos detractores y que han crecido los simpatizantes, pero que llegará el momento que sean más los detractores que los simpatizantes. “Lo he visto: Mis grandes amigos se han convertido en mis peores enemigos”.
Y niega ser amigo de Billy Álvarez y de Garcés: “Mi acercamiento con el señor Guillermo siempre fue de jefe a trabajador, pero como amigo no podemos decir que hayamos tenido una relación cercana o amistosa”. En cuanto a Garcés: “hace muchos años que salió de la cooperativa. Realmente, nunca tuvimos relaciones cercanas con él”.
Jorge Sarabia estuvo preso en el Reclusorio Norte en 2013, acusado de fraude en el que estuvo involucrado su amigo Ramsés Dolores en el caso de Tecno Azul. “La acusación fue un fraude procesal que no pudieron comprobar. Salimos libres en automático. Nos dieron el no ejercicio de la acción penal, aunque sí nos dieron un susto. Vivimos algunas cosas desagradables. Lamentamos muchas cosas. Pero no queremos venganza, no queremos desquites. Buscaremos la paz y concordia en la cooperativa”.
