La red de corrupción que construyó César Duarte desde el gobierno de Chihuahua contó con la colaboración de su círculo cercano, sobre todo de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong. Ella aparece implicada en varias de las denuncias, investigaciones y carpetas de investigación contra Duarte, pero hay indicios de que a su vez generó otros desvíos con ayuda de su propia gente de confianza.
Chihuahua, Chih.- Bertha Olga Gómez Fong amasó su fortuna con el erario de Chihuahua de la mano de su esposo, César Duarte Jáquez, el exgobernador que se encuentra preso desde el pasado 8 de julio en Miami, Florida, con solicitud de extradición a México.
La expresidenta del DIF de Chihuahua tiene por lo menos tres propiedades millonarias en El Paso, Texas, a su nombre. Tales inmuebles se suman a las que se han localizado de su esposo y sus hijos, adquiridas desde el sexenio de Duarte, de 2010-2016.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se localizó una residencia a nombre de Gómez Fong en la calle Morning Star Drive, adquirida el 31 de agosto de 2011, con un valor de 490 mil dólares.
La segunda propiedad se encuentra en el fraccionamiento privado The Retreat at Sky Island, valuada en 454 mil dólares, con una extensión de más de mil metros cuadrados. La compraron en 2013.
Otra residencia lujosa se encuentra en uno de los fraccionamientos más exclusivos de esa ciudad estadunidense: Morning Star Estates, con valor de 1 millón 500 mil dólares.
Adicionalmente, la FGE investiga por lo menos 36 propiedades en Chihuahua a nombre de César Duarte, la mayor parte de ellas adquiridas en sociedad conyugal con Gómez Fong.
Ella también es socia de empresas investigadas por desvío de recursos públicos de Chihuahua en Parral y la capital del estado, junto con algunos de sus colaboradores.
La esposa de César Duarte promovió, el 20 de agosto pasado, un amparo contra cualquier orden de detención y extradición. El juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Mateo Brieba Castro, le negó la suspensión definitiva pero le concedió el derecho de conocer si hay órdenes de aprehensión.
La FGE informó al juzgado federal que sí hay una orden de aprehensión y el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, confirmó a Proceso que hay más órdenes contra Gómez Fong, porque aparece involucrada en varias de las 21 carpetas de investigación que le esperan a Duarte en México y Chihuahua, una vez que el gobierno estadunidense autorice su extradición.
El consejero jurídico del gobierno estatal, Jorge Espinoza Cortés, informó que el círculo cercano de César Duarte, que incluye a su esposa y sus tres hijos, ha perdido entre 80 y 100 amparos.
El funcionario anunció que el 31 de agosto se conocería en Miami la calendarización del proceso contra el exgobernador, que incluye la audiencia final de extradición. Esperan que ésta se concrete para noviembre.
Respecto de Gómez Fong, el 8 de octubre de 2019 la FGE de Chihuahua detuvo en Durango a Mayra Julieta Urbina Arzola, quien fue jefa de la oficina del DIF estatal y una de las principales colaboradoras de Gómez Fong, expresidenta del organismo.
Urbina Arzola es viuda del exdiputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, uno de los operadores más destacados de César Duarte y con quien éste se asoció para el desvío de dinero, por lo que lo colocó en puestos estratégicos en su gobierno.
Hermosillo Arteaga murió en un accidente automovilístico en la carretera de Parral a Chihuahua, el 20 de marzo de 2017, con varios procesos en su contra, cuando aún era diputado federal.
A Urbina Arzola se le imputa el delito de enriquecimiento ilícito porque no comprobó 60 millones de pesos obtenidos, presuntamente de manera ilícita, durante el gobierno de Duarte.
De acuerdo con el Ministerio Público, Urbina Arzola y su esposo incrementaron sus bienes de manera sospechosa desde que ella era jefa de oficina del DIF (20 de octubre de 2010-15 de marzo de 2012) hasta 2014.
Se detectaron depósitos en sus cuentas bancarias, pagos a tarjetas de crédito, adquisición de bienes y aportaciones al capital de una empresa, por 64 millones 422 mil 773 pesos. De ese monto no se pudo comprobar la procedencia legal de 58 millones 743 mil 520 pesos, según la causa penal 3079/2019.
En el periodo que Urbina Arzola trabajó en el DIF estatal, ella y Hermosillo Arteaga obtuvieron ingresos comprobados por 5 millones 679 mil 625 pesos. No obstante, la FGE les embargó viviendas, vehículos y artículos de joyería con un valor aproximado de 25 millones. Además, el matrimonio adquirió 11 propiedades en cuatro años, cuatro de ellas con valor de 10 millones de pesos; ocho vehículos de lujo, un carro de golf y un remolque, entre otros bienes.
En los cateos la policía les aseguró joyas con diamantes y un centenario en arnés de oro, entre otros accesorios.
Otra denuncia en Estados Unidos
El gobierno de Chihuahua presentó una denuncia en el estado de Texas contra Duarte Jáquez, Gómez Fong y dos de sus hijos: César Adrián y Olga Sofía.
La denuncia también se interpuso contra la empresa CAD Construction Inc. y otros dos particulares por violación a las leyes de adquisición del gobierno mexicano, mientras Duarte fue gobernador de Chihuahua.
En el Tribunal de Distrito por el Distrito Occidental de Texas se expuso que Duarte ordenó convenios con contratistas que desviaron los pagos; también se le acusa de conspirar con su familia y asociados para fugarse con los recursos desviados que utilizaron para hacer inversiones, compras de casas y automóviles de lujo en Estados Unidos.
El gobierno de Chihuahua busca recuperar esos fondos, según la demanda, que fue actualizada el 14 de julio, la cual además le imputa a los acusados actos de confianza constructiva, conspiración civil y coyuntura, entre otros contemplados en el Código Penal de Texas.
El intento de tener un banco
Duarte y Gómez Fong crearon el fideicomiso 744743, registrado ante la notaría 6 de Chihuahua en noviembre de 2012. Le aportaron 65 millones de pesos a fin de que el Banco Mercantil del Norte (Banorte) efectuara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua.
El abogado Jaime García Chávez reveló esa operación en septiembre de 2015 e interpuso la denuncia ante la FGE y ante instancias federales, entre éstas la entonces Procuraduría General de la República.
Entre los acusados por esa operación, en la que se utilizó dinero público, se encuentran Carlos Gerardo Hermosillo y el exsecretario local de Hacienda, Jaime Herrera Corral, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones.
El 21 de marzo de 2014 fue aprobada, por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la creación del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, con la fusión de Unión de Crédito Progreso, SA; Akala, SA de CV; Sociedad Financiera Popular y Única Casa de Cambio, SA de CV, y Actividad Auxiliar del Crédito.
El gobierno estatal depositó más de 80 mil millones de pesos a Unión Progreso, hasta que fue descubierto.
García Chávez alertó que los 65 millones de pesos del fideicomiso contrastan con el sueldo que tenía el exgobernador, poco más de 120 mil pesos mensuales, y advirtió que no se podía justificar esa inversión, ya que antes Duarte Jáquez fue vendedor de autos usados, dirigente de la CNC, diputado local y diputado federal.
Otro socio del banco Progreso era Carlos Gerardo Hermosillo, con 10 millones de pesos, así como la asociación creada por Duarte y dirigida por Hermosillo, Unión Ganadera División del Norte, organismo que fue clave para el desvío de millonarios recursos, con 20 millones de aportación.
En junio de 2019 las autoridades estatales detuvieron a la excontadora de Duarte, Guadalupe Medina Aragón, por el presunto desvío de 20 millones de pesos del erario a la asociación Unión Ganadera División del Norte. Según el gobernador Javier Corral, la FGE tiene abiertas más carpetas de investigación por otros montos.
En el caso de Unión Progreso están implicados otros socios, como Federico Duarte Medina, primo de Duarte y quien también lideró Unión Ganadera División del Norte en varios periodos del gobierno duartista. Él invirtió 12 millones.
Alma Delia Martínez Correjudo aportó 55 millones de pesos. Es la esposa de Olegario Guzmán Orquiz, compadre de Duarte Jáquez que desapareció el 22 de agosto de 2010. Ella aparece en una demanda en España, junto con Gómez Fong, Duarte Jáquez y empresas de ambos.
En octubre de 2016, el empresario español Ángel Cano Martínez, presidente de ACM Invernaderos, acusó a Duarte y a otros exfuncionarios de intentar pagar una deuda privada de la familia de Duarte con recursos públicos, con el apoyo del entonces secretario de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, y Carlos Gerardo Hermosillo.
El empresario aseguró que la deuda de Duarte y su familia es de 4 millones de dólares y aseguró que el exgobernador tenía inversiones de banco, compañías forestales, 15 cuentas de banco y 37 propiedades en municipios como Parral, Balleza y Juárez.
Duarte se defendió. Dijo que se trataba de una deuda pública de 2004 y que el empresario quería extorsionarlo. Cano respondió que la deuda pública era aparte, pero que el gobernador intentó pagar otro adeudo particular en partes. La primera tenía que ser de 1 millón 125 mil dólares, pero sólo se hizo una transferencia de 150 dólares.
En 2015 Duarte renegoció la deuda, pero incumplió, por lo que Cano Martínez acudió a la casa de gobierno de Chihuahua. En la reunión participaron funcionarios de primer nivel para arreglar el asunto personal.
Como prueba de sus señalamientos, Cano presentó audios que evidenciaron las negociaciones con funcionarios públicos para la compra de cuatro invernaderos a nombre de Industrial Parral Forestal.
El empresario presentó en Murcia, España, su demanda por los 4 millones de dólares contra Gómez Fong, las empresas Industrial Parral Forestal e Hidroponia de Chihuahua, SA de CV, así como Alma Delia Martínez Correjudo.
La letrada de Administración de Justicia del Juzgado de Primera instancia número 8 de Murcia, Concepción Martínez Parra, ordenó ejecutar en cualquier momento medidas cautelares contra los demandados.
Jaime García Chávez dijo que la cancillería española exhortó a México para atender el caso vía el Poder Judicial de la Federación, que a su vez lo canalizó a un distrito de Chihuahua. Las medidas cautelares 211/2016 consisten en embargar las acciones de Duarte, Gómez Fong y Martínez Correjudo en Unión Progreso.
Las propiedades que aparecieron en la demanda como sujetas de embargo son, además del Fideicomiso 744743, el hotel Soberano (hoy Sheraton); Hidroponia de Parral, SA de CV; Industrial Parral Forestal, SA de CV, e Hidroponia de Chihuahua.
Denuncia por depósitos
En 2015 Gómez Fong y el exsecretario de Salud del estado, Pedro Genaro Hernández Flores, fueron señalados por hacer depósitos importantes al banco Wells Fargo, en El Paso.
Por las redes sociales y correos electrónicos circularon imágenes de los cheques por 1 millón 345 mil dólares, en favor de Gómez Fong, y por 645 mil dólares a nombre de Rosa Isela Gaytán, quien era jefa del departamento jurídico de la Secretaría de Salud y hoy es diputada local.
Ambos documentos (folios 04392155 y 04392156) están fechados el 7 de septiembre de 2015.
A Pedro Genaro Hernández se le consideró uno de los “protegidos” de Gómez Fong durante el sexenio de Duarte.
Hernández aseguró que los cheques son apócrifos, pero se negó a entregar documentos que, aseguraba, él pidió al banco para demostrar la falsedad de los otros. También anunció que interpondría una denuncia ante la entonces PGR, pero no lo hizo.
