El abogado que asesoró a Raúl Tercero Arreola, tío de uno de los tres civiles que fueron ametrallados por tropas de la Sedena en Nuevo Laredo el pasado 3 de julio, reprocha que el titular de la dependencia, general Luis Cresencio Sandoval, diga que “se está investigando”, cuando es evidente que “se trató de una agresión excesiva por parte del personal castrense”. Raúl, tío de Damián Genovés Tercero, cuenta que un soldado le entregó una memoria USB con el video del ataque y de cómo fue ultimado su sobrino.
Durante más de 20 días Raúl Tercero Arreola tuvo en su poder una memoria USB sin conocer su contenido ni saber qué hacer con ella. Se la dio un soldado que estaba fuera de un vehículo militar frente a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El pasado 6 de julio, Tercero Arreola, de 43 años, se acercó a ese soldado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el propósito de pedirle ayuda económica para sepultar a su sobrino Damián Genovés Tercero –a quien consideraba un hijo–, cuyo cuerpo estaba en la funeraria Valdez, a donde llegan los fallecidos en la vía pública en esa ciudad fronteriza.
Damián, de 18 años, era uno de tres jóvenes atados de pies y manos que estaban en una camioneta en la que viajaban otras nueve personas, presuntos integrantes del crimen organizado, quienes, de acuerdo con la Sedena, la madrugada del 3 de julio presuntamente dispararon contra un convoy militar que patrullaba la zona conurbada de Nuevo Laredo. En el operativo los 12 ocupantes resultaron muertos.
“Yo le dije al soldado que mi hijo era de los que estaban secuestrados y en el tiroteo habían muerto; se conmovió. De la bolsa de su pantalón sacó un billete de 20 pesos y me dijo: ‘Tenga, busque ayuda profesional de licenciados de confianza’. ¡Nunca me imaginé que una USB estaba enrollada en el billete!”, dice Tercero Arreola.
Cuenta que el soldado le confesó que él había estado en el operativo del 3 de julio, tras el cual los 12 fallecidos –incluidos los tres jóvenes que estaban cautivos– fueron presentados como integrantes del crimen organizado, de acuerdo con la carpeta de investigación 1271/2020 abierta por la delegación de la FGR y que se integró sólo con la versión de los militares.
Cuenta: “No me dijo su nombre ni le vi el rostro, porque llevaba un pasamontañas. Era güero, alto. Me dijo que ellos no estaban mucho tiempo aquí, que ellos nomás estaban de 10 a 15 días, que venían en apoyo de Nuevo Laredo.
“Él estuvo en el enfrentamiento. Me dijo: ‘No me gustó lo que hicieron mis compañeros; no estoy de acuerdo en eso’. Habían matado a un ciudadano inocente que les estaba pidiendo auxilio; en vez de ayudarlo lo mataron ellos mismos.”
Después de recibir el billete y desenrollarlo, Raúl se encaminó nuevamente a la funeraria Valdez, para estar cerca de su sobrino Damián.
Raúl llegó a Nuevo Laredo en enero de 2019 procedente de Tapachula, Chiapas; un año después lo alcanzaron su esposa y su hijo Alejandro Tercero Meza, de 16 años; también los acompañaba Damián. La familia iba en busca de una mejor calidad de vida.
La doble tragedia de Raúl
Raúl Tercero carga la angustia también por la desaparición de su hijo Alejandro, quien el 24 de junio salió con Damián en busca de trabajo. Desde entonces no sabe de él. Comenzaba su búsqueda cuando, el 5 de julio, supo que su sobrino Damián era uno de los 12 muertos en el tiroteo ocurrido dos días antes cerca del aeropuerto de la ciudad.
En la funeraria Valdez “una muchacha” le facilitó el número de Martín Alvarado García, abogado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), quien acudió a darle asesoría legal para interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Lo hizo el 9 de julio y también reportó la desaparición de Alejandro; dos días después presentó una denuncia formal ante la FGR contra los elementos castrenses por homicidio doloso y uso excesivo de la fuerza contra Damián.
Diez días después el CDHNL documentó el caso de Arturo Rubén Garza Navarro, de 19 años, quien fue visto por última vez el 27 de junio, de acuerdo con el reporte de desaparición interpuesto por su padre, Héctor Rubén Garza Gutiérrez. Arturo Rubén es otro de los jóvenes que estaba en la camioneta. Estaba amarrado de pies y manos y tenía huellas de un tiro mortal hecho a corta distancia.
El 27 de julio, después de que Raúl consiguió con prestamistas 40 mil pesos para pagar a la funeraria y sepultar a Damián, recordó la memoria USB que le había dado el soldado. Decidió entregársela a Martín Alvarado, quien la integró como prueba en la carpeta de investigación 1346/2020. El video comenzó a ser divulgado en las plataformas del diario El Universal a partir del lunes 24.
El video mostraba la persecución del convoy militar a la camioneta en la que se desplazaban los presuntos criminales. Cientos de tiros fueron disparados desde cuatro vehículos militares prácticamente durante los poco más de 4 minutos que dura el video.
Se oyen gritos ordenando que cesen los disparos; luego, la orden de ejecutar a uno de los sobrevivientes, quien, dice Raúl, era su sobrino Damián, cuyo cuerpo tenía sólo un tiro, disparado desde uno o dos metros de distancia, que entró por la nuca y le destrozó el cráneo.
La difusión del video, comentado el mismo lunes 24 por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina –en la que dijo que había ordenado una investigación al titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval–, alentó a José Martín Núñez López a denunciar que el 30 de julio su hijo, Ángel Agustín Núñez, de 25 años, salió de su casa y que el 3 de julio por la tarde lo localizó en la funeraria Valdez.
La primera carpeta de investigación –la 1271/2020– contiene sólo los testimoniales de 13 de 22 soldados que participaron en el operativo. De acuerdo con el expediente, consultado por Proceso, los interrogados afirman haber salido de la base Laguito entre la 01:50 y 2:15 horas del 3 de julio, comandados por el teniente de caballería José Israel Leyva Juárez.
Aseguraron también que viajaban en las camionetas con números económicos 0916311, 0916320, 0916309 y 0916572 o 0916573 (no hay precisión en este último número); coinciden en que fueron atacados por ocupantes de tres camionetas –dos blancas y una gris plata– en el fraccionamiento Fresnos, rumbo al aeropuerto de Nuevo Laredo.
Las unidades blancas, según los testimonios, huyeron de sur a norte, recibiendo disparos de los ocupantes de la camioneta gris, cuyos tripulantes “brincaron el camellón” para continuar el ataque a las tropas. Agregaron que tras la orden de alto al fuego por parte del teniente, personal de sanidad le informó a su superior que los ocupantes “ya no contaban con signos vitales”.
Cuando el agente del Ministerio Público preguntó a los 13 militares implicados en la matanza del 3 de julio sobre las cámaras en vehículos y cascos, algunos respondieron desconocer si estaban operando; otros dijeron que estaban apagadas.
Los otros agravios
Con los hechos ocurridos el 3 de julio suman cinco ejecuciones arbitrarias documentadas por el CDHNL durante 2020, por las que se han abierto carpetas de investigación y se han presentado las quejas correspondientes ante la CNDH.
Las tres víctimas del 3 de julio no “resultaron negativos en las pruebas de rodizonato”. Además, la CDHNL registró la muerte de Francisco Javier la Fuente de la Rosa, de 27 años, ocurrida el 26 de marzo, atribuida a elementos de Fuerzas Especiales del Ejército y el homicidio de David Eleazar Ramírez Vázquez, de 27 años, quien recibió dos disparos en la espalda cuando huía de los militares que intentaban detenerlo.
De acuerdo con la organización, en ninguno de los casos hay avances sustanciales encaminados a localizar y sancionar a los responsables.
Pese a que el lunes 24 López Obrador ordenó esclarecer las muertes de Damián Genovés, Arturo Rubén Garza y José Ángel Agustín Núñez, Martín Alvarado resalta que hasta el jueves 27 el agente del Ministerio Público Federal no había citado a los soldados que participaron en los acontecimientos ni había realizado las diligencias solicitadas por la representación de los familiares de las víctimas.
“Hemos solicitado que pongan a disposición las armas homicidas, que informen de cada uno de los soldados que participaron el día 3 (de julio), que soliciten medidas cautelares al juez de control para que arraiguen a todos los soldados para que no se sustraigan de la justicia y, para los deudos, atención médica y psicoemocional, que se gire oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sobre la denuncia interpuesta.
“Hasta ahora lo que se ha hecho con la entrega del USB es embalarlo y mandarlo a la Ciudad de México a Servicios Periciales de la FGR, pero las indagatorias de fondo no se han realizado”, destaca Alvarado.
El abogado reprocha que el titular de la Sedena haya declarado que la Fiscalía General de Justicia Militar está investigando los hechos que aparecen en el video, “cuando es más que evidente que se trató de una agresión excesiva por parte del personal castrense”.
Y advierte: durante los cuatro minutos que dura la grabación, las tropas “no paran el fuego; se observa que sólo uno de los tiradores pide cintas de metralleta, y en esos cuatro minutos se gasta cuatro cintas, y cada una tiene 350 balas; es decir, sólo ese tirador disparó mil 500 tiros, sólo hay que multiplicar (el número de disparos) por los demás vehículos militares que participaron en la persecución”.
Al recordar que el vehículo en el que viajaban los jóvenes secuestrados y los presuntos integrantes del crimen organizado recibió casi 250 tiros, el abogado sostiene que el exceso de uso de la fuerza es evidente en el video.
En él se observa que “aunque tenían neutralizados a los supuestos atacantes y tres veces se llama a parar el fuego, los soldados no paran de tirar. Peor aún, cuando confirman que hay al menos un sobreviviente, se ordena matarlo. Aquí queremos ver a responsables encerrados”, dice Alvarado.
Después de la difusión del video, militares acudieron en dos ocasiones a la vivienda de Raúl Tercero y su esposa en horas de la noche y la madrugada. Ambos hechos fueron denunciados ante la delegación de la FGR.
“No sé si los guachos (soldados) quieren meterme miedo, pero conmigo no van a poder, porque yo nomás estoy pidiendo que paguen los culpables, que metan a la cárcel a los que mataron a mi hijo”, advierte Raúl Tercero.
