De marzo de 2018 a la fecha las localidades del municipio de Aldama, en la región de los Altos de Chiapas, han vivido bajo fuego, lo que ha provocado el desplazamiento de más de 2 mil personas y una hambruna que, de no atenderse, puede convertirse en crisis humanitaria. Sus habitantes afirman que la violencia proviene de Chenalhó, cuyos pobladores a su vez se dicen víctimas de los ataques. Activistas y organizaciones pro derechos humanos piden al gobierno frenar esa violencia y desarmar a los grupos paramilitares que operan de manera impune.
ALDAMA, CHIS.- Desde marzo de 2018 algunas localidades de los Altos de Chiapas han vivido bajo las balas. En ese periodo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado más de 300 ataques a tiros que han provocado siete muertos y una veintena de heridos. Esa inestabilidad ya provocó el desplazamiento forzado de más de 2 mil personas y una hambruna generalizada en ese entorno.
La disputa entre pobladores de Chenalhó y Aldama por 60 hectáreas –pleito que data de mediados de los setenta del siglo pasado– es el origen de esta estela de violencia que el gobierno estatal no ha frenado pese a las reiteradas demandas de organismos defensores de los derechos humanos locales, nacionales e internacionales.
De 1975 a 2015 los pobladores de las comunidades de Aldama trabajaron esas tierras sin problema. Todo empezó cuando los habitantes de Chenalhó desconocieron un Convenio de Finiquito Agrario de noviembre de 2009 y reclamaron las tierras. Y a principios de 2018 se agudizó el conflicto y empezaron los ataques.
Los poblados de Xuxch’en, Koko’, Tabak, San Pedro Cotsilnam, Yetón, Ch’ivit, Tselejpotobtik, Juxtón, Ek’el, Nech’en y la cabecera municipal de Aldama han sido blanco de los disparos de sus vecinos de Chenalhó: Oxch’om, Slumka, Tok’oy, Tojtik, Curva Tontik, Alcantarilla, T’elemax, Vivero Colado, Chino, El Rancho, T’ul Vits, Vale’tik, Ontik, Xchuch te’, Templo, Sector Santa Martha y Chalontik Tijera Caridad.
La tarde del pasado 17 de julio ocurrió una agresión contra la comunidad de Koko’. En la refriega murió María Luciana Lunes Pérez, una niña de 13 años que fue alcanzada por las balas procedentes de Nech’en mientras trabajaba en un telar de cintura afuera de su casa.
Pero del viernes 14 al martes 18 el Frayba documentó más de 56 ataques a tiros; y aunque alega que todos venían de las montañas de Chenalhó, el único muerto en esta jornada violenta fue Javier Sántiz Pérez, de Santa Martha, Chenalhó.
Son 155 los comuneros de Koko’ que han abandonado sus tierras para evitar las balas de los francotiradores que en las noches disparan impunemente. Hoy sobreviven gracias a los programas asistenciales del gobierno federal que, dicen, son insuficientes; se quejan porque sus parcelas –donde cultivaban café, maíz, frijol y hortalizas– están yermas.
Chenalhó tiene su propia versión: sus habitantes afirman que los tiros vienen desde Aldama y que ellos sólo se defienden; alegan que ha habido 20 muertos de su lado durante estos años de conflicto. Y por vez primera en el país, un grupo civil armado de corte paramilitar se dio a conocer públicamente mediante un video, mientras sus autoridades municipales dialogaban con las estatales el pasado miércoles 19.
Tras el SOS lanzado por el Frayba, organizaciones civiles solidarias –entre ellas la fundación de la activista y actriz Ofelia Medina– han llegado a la zona para atender la hambruna entre los desplazados, algunos de los cuales provienen de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización que hasta el momento se mantiene al margen del conflicto.
Justicia parcial
Manuel Melesio Sántiz López, un joven campesino de Aldama, dice que aun cuando las agresiones se agudizaron a partir de 2018, desde 2014 y 2015 había amenazas contra quienes trabajaban esas tierras.
Refiere que al menos siete de sus compañeros han fallecido en los tiroteos procedentes de Chenalhó. Uno de los más terribles fue la emboscada a los hermanos Alonso y José Antonio Gómez Hernández, de 17 y 11 años, respectivamente, quienes cayeron el 2 de abril de 2018 cuando se dirigían con su padre, Manuel Gómez Pérez, a su milpa, en el camino a Tselejpotobtik.
Y en vez de perseguir y encarcelar a los agresores, las autoridades locales se han puesto contra los líderes de los agredidos, señalan los pobladores de Aldama.
Uno de esos líderes es Cristóbal Sántiz Jiménez, representante de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama, a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) acusa del homicidio de Juana Hernández López, ocurrido el 9 de enero de 2019. Después de detenerlo le abrieron un segundo expediente en el que le achacan otro homicidio. Hoy está preso en El Amate, penal ubicado en Cintalapa, muy lejos de su pueblo.
La FGE también busca a Cristóbal López Lunes, Mateo Jiménez López, Lorenzo Jiménez Sántiz, Emiliano López Álvarez y Reynaldo Hernández Pérez, todos de Aldama. Los habitantes de este municipio están molestos porque, dicen, no saben de ninguna orden de aprehensión contra sus agresores.
En este contexto, Ignacio Pérez Girón, quien fue electo alcalde de Aldama por usos y costumbres en mayo de 2019, fue levantado cuando iba de su localidad a San Cristóbal de Las Casas. Su cadáver –con varias heridas de bala– fue localizado poco después en una barranca en Zinacantán.
Del lado de Chenalhó, el alcalde Abraham Cruz Gómez –hijo de Agustín Cruz Gómez, uno de los líderes evangélicos y priistas del ejido Puebla, en el mismo municipio– es acusado de formar parte del grupo armado que perpetró la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997.
Un reporte del Frayba señala que Agustín Cruz, uno de los tristemente célebres pastores que bendijeron las armas de los paramilitares, “encabezó la agresión contra los miembros de Las Abejas aquel año”.
El propio Abraham Cruz sufrió una emboscada a la altura de un paraje en el municipio de San Juan Chamula cuando regresaba a Chenalhó procedente de Tuxtla. El alcalde resultó con algunas heridas leves, mientras su chofer falleció. Nada se supo de las investigaciones ni del móvil del ataque.
Proceso buscó al presidente municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, quien se comprometió a dar una entrevista para conocer su versión de los hechos. Pero antes de la celebración de la misma dejó de atender las llamadas del reportero.
Sin embargo, el miércoles 19, habitantes de Chenalhó encabezados por su alcalde llegaron a la capital estatal cargando un ataúd que pusieron en uno de los accesos del Palacio de Gobierno. Era el cuerpo de Javier Sántiz Pérez.
Ahí dijeron que ellos no son los agresores, que sólo se defienden de los habitantes de Aldama, y que prueba de ello era el cadáver que traían desde su comunidad para mostrarlo a las autoridades estatales.
Pero a la par que ellos dialogaban con el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, por vez primera un grupo civil armado de corte paramilitar se hizo público mediante un video en el que un grupo de encapuchados exhibió armas de grueso calibre y fue leído un manifiesto relacionado con el conflicto.
Desde la matanza de Acteal se sabía de la operación de grupos civiles armados de corte paramilitar en Chenalhó, pero esta fue la primera prueba palpable del hecho en video.
Acuerdo vulnerado
El 4 de junio de 2019, en presencia del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, las comunidades de Aldama y Chenalhó firmaron un acuerdo de no agresión.
Y aun cuando ambos funcionarios elogiaron el acuerdo, la paz duró tres meses. El 23 de septiembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 71/2019, dirigida al gobierno de Escandón Cadenas, en la cual urgió al mandatario atender el conflicto. El caso también ha llegado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según Pedro Faro, director del Frayba, organismo que ha documentado la ola de violencia en los Altos de Chiapas, los tres niveles de gobierno son responsables por omisión en torno a la violencia que sucede en ese entorno desde hace dos décadas y media.
Desde la masacre de Acteal, dice Faro, nunca hubo una acción real y efectiva para desmantelar a los grupos civiles armados. Por eso ocurrió la matanza. Y aunque 180 personas, entre indígenas, policías y funcionarios municipales y estatales fueron a la cárcel, nunca hubo un operativo de desarme en la región.
Faro insiste: es urgente que el gobierno adopte medidas efectivas para proteger la vida e integridad de los 2 mil tzotziles desplazados de las comunidades de Aldama; si se quiere avanzar en la resolución del conflicto, debe desarmar y desarticular a los grupos de corte paramilitar de Chenalhó.
Pero lo fundamental es investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la violencia en la región Altos, así como a los funcionarios del gobierno de Chiapas que la permiten, añade.
Mercedes Ozuna, Julieta Hernández y otros activistas solidarios crearon el Colectivo Palabra del Pueblo para sumarse al Frayba y otros organismos.
Según Ozuna, la ola de violencia pone en riesgo la vida y la seguridad de al menos cinco comunidades tzotziles que desde marzo de 2018 están en situación de desplazamiento forzado debido al asedio de grupos civiles de corte paramilitar procedentes del ejido Manuel Utrilla, de Chenalhó.
Según testimonios recogido por el colectivo, “desde trincheras les disparan ráfagas con armas de alto calibre a larga distancia y de manera constante, por lo que no pueden realizar sus actividades cotidianas, especialmente de siembra y cosecha para su alimentación”.
Ozuna insiste en que el gobierno de Chiapas debe hacer cumplir el acuerdo firmado entre las partes en 2019. Uno de los puntos del mismo es que los habitantes de Chenalhó conserven 27.5 de las 60 hectáreas a cambio de un rancho en Ixtapa, una región poco fértil.
Los pobladores de Aldama aseguran que los de Chenalhó no quieren las 27.5 hectáreas sino las 60.
Para Ozuna el fondo del conflicto no son las 60 hectáreas sino “el control geopolítico del territorio”: los habitantes de Chenalhó no pelean por las tierras sino por la forma de imponerse en la región, como lo han hecho desde antes de la matanza de Acteal.
“¿Y quiénes son los agresores ahora? Los mismos que perpetraron la masacre de 45 mujeres, hombres y niños. El gobierno, en sus tres niveles, ha fallado. Nunca desarmó a los paramilitares”, puntualiza Ozuna.
Al igual que Faro, ella urge al gobierno a detener la hambruna en Aldama y atender de manera urgente e integral la situación de desplazamiento forzado en las comunidades de Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop y Xchuch te’ y evitar con ello una crisis humanitaria de daños irreparables.
Pide que se apliquen de manera inmediata los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, así como acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada a causa de las agresiones armadas en la región.
También demanda que en las mesas de negociación los representantes de gobierno estatal se conduzcan sin discriminación y cesen las amenazas, intimidación, hostigamientos y vigilancia contra quienes defienden los derechos humanos de sus comunidades.
