A causa del abandono ancestral de los pueblos indígenas, que persiste en esta administración, ni las medidas de emergencia sanitaria ni los programas sociales contra la crisis económica llegan a este sector de la población. Uno de los grupos que más resiente esta situación es el de los jornaleros agrícolas que migran temporalmente para trabajar en los campos del centro y norte del país sin ningún tipo de seguridad.
A finales de mayo el médico de una empresa agrícola de Navolato, Sinaloa, consideró que la salud del jornalero Silvestre, indígena nahua de 66 años, le permitiría realizar el largo viaje de regreso a Zoquiapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero.
Silvestre y otros 44 pasajeros viajaron en autobús rumbo a la región guerrerense de La Montaña. En el trayecto, el indígena se sintió mal y se desmayó. Sus paisanos avisaron al chofer, quien detuvo la marcha en Toluca, donde un médico lo atendió y le suministró unas pastillas para normalizar su glucosa. Nadie advirtió en qué momento Silvestre expiró, y el 31 de mayo, al llegar a un filtro sanitario en Tixtla, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Salud de la entidad confirmaron su deceso.
Horas después Silvestre fue sepultado y días más tarde sus familiares fueron notificados de que murió por covid-19.
Esta fue una de las cuatro muertes por coronavirus ocurridas entre mayo y junio que la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas documenta a través de testimonios directos de los trabajadores indígenas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas que migran temporalmente al norte del país para realizar “trabajos esenciales”.
Sin más datos oficiales que los testimonios de esos jornaleros que trabajan en Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Guanajuato, los integrantes de la organización civil han registrado 109 contagios de covid-19 entre mayo y junio pasados.
“Desde el discurso oficial se ha romantizado el concepto de trabajadores esenciales durante la pandemia, porque gracias a los jornaleros agrícolas llegan los alimentos a las mesas de la población en las ciudades, pero no ha cambiado en nada sus condiciones precarias de trabajo y de vida”, señala Margarita Nemecio Nemesio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas.
Destaca que en respuesta a la pandemia, las secretarías del Trabajo y de Salud publicaron la Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el covid-19, mismo que integrantes de la red nacional revisaron en una reunión con el Grupo Intersectorial de Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Competitividad.
La guía está dirigida a empleadores de al menos 3 millones de jornaleros que migran con sus familias, lo que, en cifras conservadoras, representaría al menos a 9 millones de personas que se mueven por el país realizando trabajo agrícola.
“Sin existir un padrón de empresas agroindustriales, la guía está pensada en las grandes empresas agrícolas que cuentan con albergues para los jornaleros agrícolas. No es que sean la gran cosa, pero esas son las que menos contratan a jornaleros que migran de los estados del sur; las mayoría son empresas medianas y pequeñas que están en la zona centro y norte del país, que también son exportadoras”, dice Nemecio.
Si bien esas agroindustrias no proveen de las mejores condiciones laborales, al no contar con albergues ni estancias para infantes, “son las que ofrecen mayor flexibilidad al admitir el trabajo infantil o al menos que las niñas y niños acompañen a sus padres a los surcos”, agrega.
Los jornaleros recurren a la renta de espacios como contenedores de trenes abandonados, tostadoras de chile en desuso o bodegones en obra negra, sin ningún tipo de servicios, por los que pagan entre mil 500 y 2 mil pesos al mes. Para aminorar costos, habitan cada uno de esos espacios al menos dos familias de cinco integrantes. Para abastecerse de agua, la acarrean de los pozos.
Esas condiciones precarias no son contempladas en la guía, lo que llevó a la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas a formular recomendaciones para corresponsabilizar a los empresarios y a los tres niveles de gobierno de garantizar la seguridad integral de los jornaleros. Pero no se integraron esos cambios a la versión oficial divulgada en la página de la Secretaría del Trabajo.
“Para los jornaleros y jornaleras la pandemia vino a agudizar sus condiciones; ante la falta de trabajo en las ciudades, la oferta laboral ha aumentado, ajustándose los salarios a la baja, pero las rentas de viviendas y alimentos se han incrementado”, comenta Nemecio.
Despojados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de los 300 millones de pesos que anualmente se destinaban al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, por conducto de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, para enfrentar la pandemia –Proceso 2227–, el gobierno federal únicamente instrumentó mensajes informativos en lenguas originarias, divulgados en la página de internet del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a la cual no tienen acceso.
“Más que tener información, lo que necesitan los jornaleros y jornaleras es que se les garantice la entrega de mascarillas, gel, acceso a agua, servicio médico, pero al final prevalecen las mismas condiciones de precarización, porque tampoco tienen acceso a los nuevos programas sociales de Bienestar y el trabajo agrícola no entiende de pandemias”, sostiene Margarita Nemecio.
Sin información
ni servicios de salud
La crisis económica aparejada al covid-19 ha provocado en las comunidades indígenas de La Montaña el éxodo masivo hacia el norte en los últimos cuatro meses. Situación inusual, si se considera que es temporada de siembra en la región.
“Sembrar las tierras se ha convertido en una actividad muy cara. Los precios han aumentado y, ante la falta de alternativas, las familias indígenas están saliendo de sus comunidades hacia los campos agrícolas sin ningún tipo de garantía, confiando en la palabra de los contratistas”, sostiene Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Ante el abandono institucional, Tlachinollan registra la migración de familias completas de campesinos indígenas que pagan mil 500 pesos por persona, sin ningún tipo de garantía, por el pasaje de autobús hacia los campos agrícolas del centro y norte del país.
De acuerdo con ese registro, entre el 1 de febrero y el 31 de julio, migraron a esos campos 7 mil 116 indígenas de La Montaña, entre ellos 2 mil 295 niñas y niños de menos de un año a 17 años.
Sólo 30 de esas personas han tenido acceso a programas de Bienestar, 24 al Benito Juárez, cinco al de fertilizante y uno a Sembrando Vida.
“El problema es el abandono, y que los programas sociales no están siendo la panacea para los más pobres, como dice el gobierno federal”, dice Barrera Hernández.
Para quienes se quedan en La Montaña la situación no es mejor. El director de Tlachinollan advierte que, sin información a su alcance, sin pruebas de laboratorio, médicos, enfermeras, medicinas ni insumos en el Hospital Regional de Tlapa o en las clínicas de salud, los contagios y las muertes parecen invisibles:
“Hay un gran número de muertes en las comunidades indígenas que no está siendo registrado y que es un etnocidio silencioso, en el sentido de que no hay forma primero de que se les diagnostique y se les atienda, ni que se apoye a las comunidades.
“La gente se está muriendo en sus casas sin que nadie la registre. Las instituciones se dan cuenta cuando van a solicitar un acta de defunción o mueren en el hospital de Tlapa, pero en comunidades como Chiepetepec, donde viven menos de 2 mil personas, se habla de 17 muertos, y en Acatepec de 12”, dice el defensor.
Las muertes no sólo no se contabilizan, sino que no hay apoyo para los gastos funerarios, como se había comprometido el DIF federal, agrega Barrera Hernández. Y comenta la respuesta que al respecto le dio el delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
“Es muy difícil comunicarse con Amílcar. Cuando pude hacerlo, le comenté las dificultades que estaba pasando la gente de La Montaña para cubrir los gastos funerarios, y me respondió que en verdad era muy fácil acceder al apoyo del DIF federal, que la gente nomas tenía que llenar una solicitud por internet. ¿En qué mundo vive? ¡Cómo le puedes pedir a población que no tiene acceso a internet, que si acaso sabe leer, y con su dolor, que se meta a internet a llenar una solicitud de una oficina que está en la Ciudad de México! ¡Ni siquiera para las muertes de covid están apoyando a la población indígena!”
La situación no es distinta en Chiapas, advierte Pedro Faro Navarro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organización que ha recabado testimonios de fallecimientos en municipios indígenas:
“Más de 100 en San Andrés Larráinzar, 130 en Chenalhó, 55 en Simojovel y 40 en Venustiano Carranza; números que no son verificables, pero por los síntomas que presentaban los fallecidos y por registrarse un incremento inusual de muertos, sospechamos que fueron por covid-19”.
Para Faro, la falta de documentación de los contagios en las zonas indígenas es preocupante y a ello se suma el abandono a más de 2 mil personas que se encuentran en desplazamiento forzado en Aldama, Chalchihuitán y Chilón. Estos pobladores, dice, “en el ámbito de la pandemia se ponen en riesgo extremo por los contagios, viviendo de manera hacinada; se están desplazando en cada momento, (esto) ni siquiera te permite la sana distancia, pasa a un segundo término la pandemia”.
Para ellos no hay el respaldo mínimo indispensable para garantizar su seguridad ni su salud, y lo peor es que los ataques de grupos de corte paramilitar no han cesado.
Faro resalta que en Chiapas, como en otros estados con población indígena, en los primeros meses de la pandemia se recurrió a los controles sanitarios para entrar a las comunidades, medida que mientras pasa el tiempo ha sido difícil de sostener, por la crisis económica.
El abandono de las comunidades, el subregistro de casos, los conflictos agrarios y de las dificultades para mantener los controles de movilidad se repiten en otros territorios indígenas, coinciden Claudia Ignacio Álvarez y Sara Méndez Morales, coordinadoras respectivamente de la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán y del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), de Oaxaca.
Además, en esas entidades los gobiernos de Silvano Aureoles y Alejandro Murat emitieron decretos para castigar a los ciudadanos que no portan cubrebocas. Por ese motivo ambas organizaciones interpusieron amparos contra decretos punitivos y el litigio se mantiene en Oaxaca, donde en primera instancia un juez de Distrito dio la razón a Código DH.
“Las medidas de sanción no son las previstas por la federación. No necesariamente si tienes una sanción te va a hacer caso, no se trata de sancionar sino de proveer servicios de salud. Pero además se excedió el gobierno del estado, porque el federal no dispuso sanciones”, apunta Méndez.
Ante el decreto que Aureoles publicó el 30 de julio para sancionar con 36 horas de cárcel y más de 2 mil pesos de multa a quien no porte cubrebocas, Ignacio Álvarez alerta que la medida va a fomentar la corrupción policiaca, ya que con el decreto anterior del gobernador de Michoacán, por el que sancionaba la movilidad, “aumentaron las detenciones arbitrarias, los despojan de dinero, celulares, y los ciudadanos nunca son presentados ante el Ministerio Público”.
