La tercera semana de agosto será recordada como la de los escándalos detonados por los videos en los que se exhibe a operadores y a funcionarios implicados en corruptelas y dádivas que salpican por igual a expresidentes, exlegisladores… y a Pío, hermano de Andrés Manuel López Obrador.
Las imágenes son ampliamente conocidas: bolsas y sobres con ingentes cantidades de billetes de varias denominaciones pasan de mano a mano. Quedaron registradas en videos difundidos la semana pasada.
En el primer video se observa a presuntos funcionarios de Pemex del sexenio pasado cuando entregan en el Senado bolsas transparentes cargadas de dinero a dos operadores panistas, quienes las colocan en maletas.
El segundo reúne tres episodios en los que el director del Sistema Nacional de Protección Civil, David León Romero, entrega sobres con efectivo a Pío, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así, la tercera semana de agosto quedó enmarcada por los dos videoescándalos: el primero, difundido el lunes 17 en la red social Twitter por medio de una cuenta a nombre de Jesús Lozoya Austin que, según sus abogados, es falsa; el segundo fue expuesto el jueves 20 en el portal Latinus, a cargo de Carlos Loret de Mola.
En el primer video aparecen Rafael Caraveo (vinculado con Jorge Luis Lavalle, exsenador panista), cuando era secretario técnico del Senado, y Guillermo Gutiérrez, asesor del entonces senador Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, quien el lunes 17 lo cesó como su secretario particular apenas difundidas las imágenes.
Fue el presidente López Obrador quien comparó el video aparecido el lunes 17 con el videoescándalo de 2004 –protagonizado por René Bejarano, quien en esa época era el secretario particular de López Obrador, entonces gobernante capitalino–, al reclamar que no tuvo la misma difusión y pidiendo, como había hecho en días previos, que se difundiera en todos los medios de comunicación.
La referencia era inevitable respecto a 2004, el año en el que durante el programa de Televisa El Mañanero, conducido por Víctor Trujillo en su papel de Brozo, mostró una entrega de dinero a Bejarano. Ese video inició la saga que avanzó con la exhibición de quien fuera delegado en Tlalpan, Carlos Ímaz. En ambos casos las manos del empresario Carlos Ahumada estuvieron detrás.
Coronó el periodo de los llamados “videoescándalos” con la grabación de Gustavo Ponce, entonces secretario de Finanzas del gobierno de la ciudad, apostando enormes sumas en el Casino Bellagio, en Las Vegas.
López Obrador inscribió siempre lo ocurrido en 2004 en un ataque fraguado por Carlos Salinas de Gortari, en complicidad con el panista Diego Fernández de Cevallos, quienes fueron señalados por Ahumada, pareja sentimental de la dirigente nacional del PRD de ese tiempo, Rosario Robles, a la postre secretaria de Desarrollo Social y luego de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Robles está en prisión bajo proceso penal desde hace un año, originalmente acusada de omisiones en un desvío superior a 4 mil millones de pesos de ambas dependencias mediante un esquema de triangulación de fondos a empresas fantasma. De hecho López Obrador fue cuestionado respecto al eventual papel de testigo colaborador, como en el caso de Lozoya, lo que respondió en general diciendo que es bienvenida toda colaboración.
Lo ocurrido a partir de los videoescándalos, el desafuero para bloquear su postulación presidencial y el resultado de la elección de 2006, lo trajo a cuento López Obrador el martes 18 en su conferencia de prensa matutina, sin pregunta de por medio:
“No quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando porque me robaron la Presidencia, que estoy molesto y no lo he superado, el que ellos nos hayan robado la Presidencia, porque no sólo fue a mí, fue a todo el pueblo; o porque nos hayan impuesto las reformas energética, fiscal, educativa… las llamadas reformas estructurales… ya le dije al expresidente Calderón que, en lo que a mi corresponde, ya lo perdoné por el fraude de 2006, que él sabe que hubo fraude.”
En su alocución del martes 18 en torno al video de los panistas, López Obrador reiteró lo dicho sobre la forma en que “se compró la Reforma Energética”, inclusive dio pie a recordar –también sin pregunta de por medio– un desplegado que se tituló “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, emitido por 30 intelectuales y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil el 15 de julio último, en el que llamaron a quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena, con el alegato central de restablecer los contrapesos.
“No eran el contrapeso, ¡eran los pesos! –dijo– y es lo que ellos promovían en su escrito y lo que promueven los conservadores corruptos, porque es un régimen en decadencia, con una corrupción generalizada.”
De inmundicias
y videos comprometedores
El martes 18, al referirse al video de los panistas, López Obrador dijo que no lo había visto y pidió que lo pusieran ahí, en la conferencia matutina. Luego expresó: “Es bastante fuerte. Muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba”.
En el contexto de los casos que se siguen con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin –en su calidad múltiple de imputado, testigo colaborador y denunciante–, la semana pasada registró otras revelaciones, aunque sin video de por medio.
El mismo martes 18 el mandatario dio a conocer que el Puerto de Veracruz, es decir, la Administradora Portuaria Integral, se había concesionado por un siglo a un particular, al emitirse una extensión del periodo –iniciado en 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas– 10 días después de las elecciones presidenciales de 2018.
Aunque el asunto no tuvo la exposición pública del caso Lozoya ni del video de las bolsas de dinero, se trata de otro escándalo en progreso: el beneficiario de la concesión del Puerto de Veracruz es Juan Ignacio, el hermano de José Antonio Fernández Carvajal, presidente de Grupo Femsa.
José Antonio ha sido identificado como opositor al gobierno, entre otros momentos, el 9 de junio, cuando López Obrador dio a conocer en su conferencia de prensa matutina un documento en el que denunciaba la existencia del Bloque Opositor Amplio.
El nombre de Juan Ignacio Fernández fue mencionado por López Obrador en su conferencia matutina del miércoles 19, pero quedó desplazado al difundirse la denuncia interpuesta por Emilio Lozoya el martes 11. El documento, de 63 fojas, relata diversas reuniones, acuerdos, cantidades entregadas como soborno, relaciones presumiblemente corruptas entre el entonces presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, quien fue secretario de Hacienda y después de Relaciones Exteriores en la pasada administración.
Presentándose siempre como víctima de presiones, intimidaciones y extorsiones, Lozoya relata en su denuncia la relación de Felipe Calderón con la trasnacional brasileña Odebrecht, que a su vez habría aportado fondos a la campaña de Peña Nieto; detrás de muchas de las “presiones” menciona a Carlos Salinas de Gortari, cuyos mensajes se hacían llegar por conducto de José Antonio González Anaya.
Lozoya también se refiere al interés de Peña Nieto por agilizar –y la forma en que negoció Luis Videgaray– la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a Altos Hornos de México para favorecer al empresario Alonso Ancira, sobre lo que, dice, sólo había un caso que lo superaba en el interés presidencial: el de Grupo Higa.
De manera destacada, el documento menciona la entrega de sobornos a los entonces senadores panistas, todos cercanos a Felipe Calderón: Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez –hoy gobernador de Querétaro– y Francisco Javier García Cabeza de Vaca –gobernador de Tamaulipas, a quien el lunes 17 también le estalló un escándalo por la presunta recepción de recursos de organizaciones criminales, por lo que está bajo investigación de la DEA.
Fue el mismo miércoles 19 cuando se difundió el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en el que se perfilaba una sanción contra el partido México Libre, aún sin registro, creado por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, por haber recibido donativos de procedencia inexplicable (que se votó el viernes 21, en la que, por cierto, se le impuso una sanción de 2.3 millones de pesos, así como la recomendación del consejero Ciro Murayama de valorar, en ese y otros casos, otorgar o no el registro, que sigue en trámite).
La jornada del jueves 20 se inició con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de una inhabilitación para Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, SA de CV, empresa editora de la revista homónima, cuyo director, Héctor Aguilar Camín –y parte del directorio de la publicación– apareció entre los firmantes del desplegado del 15 de julio último, al que se había referido López Obrador dos días antes.
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a esa editorial por el falseo de un documento, presuntamente un acta de cumplimiento de obligaciones con el Infonavit, durante un proceso contractual de 2018 con el IMSS. La sanción: dos años de inhabilitación y una multa en torno al millón de pesos. Nexos acusó ser víctima de “hostilidad”, “explícito veto” (pues no ha celebrado contratos de publicidad en lo que va de la administración) y “estigmatización” por su perfil crítico al régimen, mediante un “proceso burocrático”.
Sin embargo, el jueves 20 la atención de los principales espacios noticiosos se mantenía en las reacciones de los implicados en hechos de corrupción por Emilio Lozoya, hasta que, por la tarde, el portal Latinus exhibió un video que, editorializado al inicio con diferentes referencias a los llamados de López Obrador a evidenciar la corrupción y hacer públicos los videos que ha ofrecido Lozoya, continuó con la exhibición de otros videos, editados en un mismo contenido.
Se trata de los videos en los que aparece David León, quien fue director del Sistema Nacional de Protección Civil en este gobierno y recientemente había sido nombrado titular de la nueva paraestatal que se creará para la distribución de medicinas en el país.
León y Pío López Obrador aparecen con sobres con dinero en efectivo. En los dos videos y un audio se escucha que hablan de apoyar actividades con miras a la elección de 2018, y de que al hoy mandatario se le haga saber de las aportaciones.
Deseos cumplidos
Desde el pasado 2 de julio las referencias de López Obrador al caso de Lozoya han sido amplias, luego de que el 30 de junio el fiscal general Alejandro Gertz Manero dio a conocer que habían alcanzado un acuerdo para la extradición del exdirector de Pemex –imputado por el adquisición de la planta de Agronitrogenados–, quien colaboraría en las investigaciones.
Una y otra vez el mandatario reiteró su deseo de que todo lo relacionado con el caso se hiciera público, expresando como prioridad de su gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo, al margen de la búsqueda de justicia que compete a la fiscalía y al Poder Judicial, la publicidad del proceso y la recuperación de “lo robado”.
El lunes 17 el mandatario insistió en que se trataba de un tema de derecho a la información y, como lo había hecho en las dos semanas previas, llamó a hacer público el video presentado por Lozoya en su denuncia.
“Considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar. Le tengo confianza el fiscal general, al presidente de la Suprema Corte, pero –sin entorpecer las investigaciones ni tener una actitud injerencista, respetando la división de poderes– creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad.”
Añadió: “Que se pueda ver en redes sociales, en televisión, el video que se asegura entregó el señor Lozoya. Conocer todo, porque eso es sano, ayuda a purificar la vida pública. Nada de ocultar la verdad. Transparencia completa, que es regla de oro de la democracia”.
Horas después el video empezó a circular.
Lo mismo ocurrió con la denuncia divulgada el miércoles 19, pues ese día insistió: “Sí, hay que guardar los requisitos del debido proceso. Pero considero que se trata de un asunto de interés público nacional. Entonces, se debe conocer toda la denuncia del señor Lozoya”.
Tanto en la difusión del video de los operadores panistas como de la denuncia, la Fiscalía General de la República (FGR) y López Obrador, respectivamente, rechazaron haberlas filtrado; incluso pidieron investigar quién lo hizo.
La coincidencia entre los llamados presidenciales y la filtración del video y la denuncia de Lozoya fue observada por varios columnistas, como el propio Loret de Mola.
Luego, tras el video que muestra a su hermano Pío y a su colaborador David León, el presidente reaccionó desde Aguascalientes. Aseguró que no era dinero para la campaña de 2018, que desconocía si esos recursos se reportaron al Instituto Nacional Electoral, pero, dijo, eran aportación de “la gente” para fortalecer el movimiento.
Para el mandatario, se trató de una reacción de sus “adversarios” y de quienes están viendo afectados sus intereses. Explicó que desde hacía cuatro o cinco días (es decir, por la fecha de la filtración del video de sobornos a los operadores panistas) sabía que se iba a publicar.
“Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya que ha implicado a expresidentes, legisladores, funcionarios públicos, y como también se está ventilando el caso de García Luna en Estados Unidos, quien es acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, pues nuestros adversarios buscan equiparar las cosas diciendo que todos son lo mismo… esto es bastante usual, recurrente, cuando se está llevando a cabo una transformación.”
Consideró que no sólo hay diferencias cuantitativas en los montos, sino en el destino: uno era de extorsión, mordidas, corrupción, y el otro, el de su hermano Pío y David León, de aportaciones “del pueblo” para fortalecer su movimiento.
El punto final a la semana de escándalos lo puso ahí el mandatario, sin pregunta de por medio, al recomendar que los videos se entreguen a la FGR para que se inicie la investigación que corresponda, que acudan los implicados y que él mismo estaría dispuesto a declarar.
A su vez Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo el viernes 21 que se investigará a las personas que aparecen en los videos revelados por LatinUs, en los que se observa a David León, funcionario del gobierno federal, entregando dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente.
