La denuncia que interpuso el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, contra prominentes políticos del PAN y del PRI –legisladores, funcionarios federales, actuales gobernadores– revela cómo se movieron los intereses personales y de grupo en torno a la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. Curiosamente, se trata de los mismos personajes de los escándalos de las últimas décadas, incluidos los expresidentes Salinas de Gortari, Calderón Hinojosa y Peña Nieto.
Los responsables en el gobierno de Felipe Calderón de combatir la corrupción, Salvador Vega Casillas, y de cuidar el dinero público, Ernesto Cordero, así como otros tres senadores –dos de ellos actuales gobernadores–, miembros todos del PAN cuando ocurrieron los hechos, están bajo investigación por presuntamente recibir al menos 80 millones de pesos de sobornos para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Pero las pesquisas no son sólo por la imputación legal que ha hecho Emilio Lozoya Austin a Cordero y Vega Casillas, así como a Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca –estos últimos, gobernadores de Querétaro y Tamaulipas–, que todo lo niegan, sino por el rastreo de su dinero que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
La UIF, a cargo del exfiscal electoral Santiago Nieto Castillo, también investiga a los exsenadores del PAN Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, afines ambos a Calderón –y este último ligado por Lozoya al expresidente Carlos Salinas de Gortari–, cuyos movimientos financieros, según las pesquisas, son “incongruentes” con sus ingresos.
Un ejemplo: en un solo día Gil Zuarth, secretario particular de Calderón y subsecretario de Gobernación en su sexenio –con ingresos sólo como servidor público entre 2006 y 2018–, “movió” 31 millones de pesos, entre otras operaciones “extrañas” identificadas por la UIF.
“Los panistas de Calderón sí son de vergüenza”, dice Nieto Castillo sobre los senadores y gobernadores panistas, uno de los cuales, Gil Zuarth, fue esposo de Carla Humphrey Jordan, directora general adjunta de la UIF antes de ser electa consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) con el aval de Morena.
Así, los seis exsenadores del PAN no sólo enfrentan las acusaciones del exdirector de Pemex ante la Fiscalía General de la República (FGR) de recibir millonarios recursos procedentes, a su vez, de los sobornos que entregó la trasnacional Odebrecht –que también se destinaron a la campaña de Enrique Peña Nieto–, sino las investigaciones de Nieto Castillo.
Este escándalo, que no tiene precedentes históricos, involucra directamente a tres partidos políticos: al PAN, en el que aún militan o militaban los implicados –incluido en sobornos el excandidato presidencial Ricardo Anaya–, al PRI de Peña Nieto y a México Libre, de Calderón, que el viernes 21 fue multado por el INE por recibir financiamiento ilegal por más de 1 millón de pesos.
Todos los panistas y expanistas señalados por Lozoya rechazaron recibir los sobornos –lo llamaron “delincuente confeso”–, y Calderón calificó de “acusaciones ridículas” las de favorecer a Odebrecht con el contrato a Etileno XXI, que otorgó en su gobierno junto con José Antonio Meade, su secretario de Hacienda y Energía antes de ser, en 2018, candidato presidencial priista.
En el caso de Calderón no sólo enfrenta los señalamientos de Lozoya ante la FGR por el contrato de Etileno XXI a Braskem, filial de Odebrecht, sino que la UIF investiga también las operaciones financieras relacionadas con esa asignación.
“La UIF sí está investigando el tema de Etileno XXI, que ha sido una prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador”, confirmó al reportero días antes de la filtración de la denuncia de Lozoya, en un caso que Proceso ha documentado.
“Quiero dejar muy en claro que Odebrecht sí tuvo una participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa”, aseguró el exdirector de Pemex en su denuncia de hechos ante la FGR.
Enfatizó: “Por esa operación, muchos panistas dentro del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa recibieron fuertes sumas de dinero y con ello Braskem se posicionó tanto que incluso recuerdo que hicieron una parte de una sesión de su consejo de administración en Los Pinos, con la presencia de Felipe Calderón Hinojosa”.
Según Lozoya, pese a que se comprobó que el contrato a Etileno XXI era muy ventajoso para Odebrecht, en el Consejo de Administración de Pemex “las voces que representaban los intereses de la nación fueron avasalladas por instrucciones de Calderón e instrumentadas por Meade, como secretario de Energía, Ernesto Cordero y José Antonio González Anaya, a través de la Secretaría de Hacienda en los años 2011 y 2012”.
“(Y) posteriormente entre el 2012 a 2014 dichos funcionarios siguieron en contubernio con Luis Videgaray Caso para satisfacer pretensiones en la continuación de dicho contrato en perjuicio de todos los mexicanos.”
“Extorsiones” panistas
Varios escándalos de corrupción en el PAN preceden a los señalamientos de Lozoya e involucran a facciones antagónicas. De hecho, antes de dejar la Presidencia, en 2012, Calderón y su grupo chocaron con el que le arrebató el control del partido, encabezado por Anaya, pero Peña los unió con el Pacto por México y, por las delaciones de Lozoya, también con millones de pesos en maletas, como las que exhibe el video que circuló el lunes 17, que precedió a la filtración de la denuncia de Lozoya.
Una facción y otra del PAN se disputaron la interlocución con Peña y su poderoso secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien Lozoya identifica como el operador para aprobar la reforma energética.
Ernesto Ruffo, el primer gobernador del PAN, conoció el comportamiento de sus compañeros senadores afines a Calderón, y aunque éste renunció a su militancia, sus allegados seguían en la disputa por la presidencia de ese partido.
En 2018, Marko Cortés, apoyado por Anaya, pactó hacer secretario general a Héctor Larios, impulsado por los gobernadores Domínguez, García Cabeza de Vaca, Carlos Mendoza Davis y Martín Orozco, todos ellos, según Ruffo, “bajo la coordinación de Gil Zuarth, representando los intereses de ese grupo que tienen en común haber sido plurinominales propuestos por Calderón”.
Ruffo denunció en Proceso: “Ahora se juntó la gavilla A con la gavilla B. ¿Qué consecuencias tiene para el PAN? Fatales. Esa unidad es una unidad de control para intereses particulares y son el contraste total con la decencia del PAN, que es el bien común. Ellos no, es sólo el bien de ellos. Así de claro. Es el PRIAN. Y viene desde Calderón”.
Con ese antecedente, a Ruffo no le sorprendió el video de colaboradores de senadores panistas ni los señalamientos de Lozoya. “Había un alineamiento con el PRI –recuerda–; entonces esto que está pasando no me sorprende”.
Y así como el propio Ruffo investigó la corrupción en el PAN, como los moches, que Gustavo Madero dejó impunes, otro panista, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó a Anaya de usar dinero de la Cámara de Diputados para su campaña por la presidencial del PAN y de servilismo: “Se le han hinchado las manos de aplaudir a Peña Nieto”.
Tales antecedentes de senadores y Anaya preceden a los señalamientos de Lozoya contra ellos de que lo extorsionaron: “No se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de los legisladores hacia mi persona, con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”.
Añadió en su denuncia ante la FGR: “El grupo que ejecutaba estas extorsiones era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle”.
Según la denuncia de Lozoya, entre 2013 y 2014 entregó 80 millones de pesos a los cinco senadores y a Anaya, así como al priista David Penchyna, con el fin de aprobar la reforma energética.
“Dichos recursos entregados en efectivo se liberaron conforme Luis Videgaray lo iba indicando y fueron entre 2013 y 2014, en diversas entregas, al operador enviado por dicho grupo de legisladores”, describe. Y luego detalla que fueron entregados en siete exhibiciones y en diversas ubicaciones.
El primer monto, de 10 millones de pesos, fue entregado el 11 de diciembre de 2013 en Torre Hares, en Avenida Ejército Nacional 225. Otros dos por 900 mil pesos y 13 millones en una sede alterna de Pemex, en Montes Urales 425, Lomas de Chapultepec.
Los cuatro restantes se hicieron, a inicios de 2014, en la misma oficina de Montes Urales: uno el 9 de enero por 12 millones 800 mil pesos; otro el 14 de febrero por la misma cantidad; el tercero, el 7 de marzo, por 6 millones 400 mil pesos, y el último por 12 millones 400 mil pesos el 2 de abril.
“Las exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética”, sostiene Lozoya, quien recuerda a los legisladores con “una actitud muy agresiva, ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían más sobornos”.
Según él, “la actitud de los panistas en obtener recursos era brutal” y, “además de extorsionarme, presionaban y extorsionaba a los grupos gasolineros y diversos contratistas de Pemex”.
Añade: “Yo no daba crédito al hecho que, cuando salió a los medios de comunicación el escándalo de Odebrecht y se decía que me habían dado dinero, todos los panistas, incluyendo Ricardo Anaya, pedían castigo, cuando ese dinero que se recibió, es decir, el recibido por la continuidad de Etileno XXI, por lo de Tula I y el remanente de lo que dieron durante la campaña fue para tener la disponibilidad de los recursos”.
Lozoya cuenta la reunión que tuvo, por instrucción de Videgaray, con Anaya, quien le confió que quería ser gobernador de Querétaro “y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez, por corrupto”, pese a lo cual, según el exfuncionario, recibió 6 millones 800 mil pesos:
“En la primera semana de agosto de 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor y fungía como mi jefe de escoltas, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández.”
Lozoya también describe una escena en Houston: “En el caso específico de Francisco Domínguez Servién, las exigencias de dinero llegaron al nivel de que, encontrándonos en un evento internacional en Estados Unidos y encontrándose dicho legislador en estado de ebriedad, tomó la bandera de México y la lanzó, gritando, que ‘esto era una traición porque no le cumplían con la entrega del monto pactado’”.
En su denuncia de hechos, Lozoya expone el origen de los recursos para los panistas: “Los recursos aportados por Odebrecht sirvieron para cubrir parte de las pretensiones de este grupo. Sin embargo, la extorsión era constante; pedían cita, se presentaban en mi despacho y exigían más dinero y extorsionaban con el argumento de que echarían abajo la reforma energética”.
Insiste: “Recuerdo específicamente los casos de Francisco Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y Francisco Domínguez, cuya actitud era exagerada. De no cumplir con esas expectativas, se podría caer la visión de que había un gran acuerdo nacional”.
Gil Zuarth y Salinas
En su denuncia, Lozoya describe los intereses de Carlos Salinas en el sector energético, a través de su hijo Emiliano, y la relación del expresidente con el senador Gil Zuarth, ligados ambos a Federico Martínez Urmeneta, director general de la constructora Tradeco, favorecida en el gobierno de Calderón.
Lozoya asegura que Salinas le envió un mensaje por conducto de su padre, Emilio Lozoya Thalmann, e inclusive lo mandó amenazar con José Antonio González Anaya, su concuño, para solucionar problemas de los negocios de Tradeco, ligada también a Emiliano Salinas.
En la descripción del exfuncionario emerge la relación de Gil Zuarth con Salinas y las gestiones para la reforma energética impulsada también por Martínez Urmeneta, quien le dijo a Peña, según Lozoya, que “él y su socio Carlos Salinas de Gortari estaban operando para sumar al PAN y conseguir votos para las reformas estructurales”.
El propio Gil Zuarth le confesó a Lozoya, en 2013, en una cena en la pizzería La Loggia de Polanco, que varios senadores del PAN “recibían apoyos para la aprobación de la reforma energética” y se presentó como gestor de Tradeco Infraestructura, la empresa de Salinas y Martínez Urmeneta:
“En este encuentro me entregó una lista que describía los mismos proyectos de la empresa Tradeco que estaban emproblemados con Pemex. Me dijo que el senador Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez le habían pedido que me insistiera en resolver estos problemas, ya que la empresa Tradeco les estaba facilitando apoyos económicos a cambio de sus votos.”
