La probable ilegalidad de la Presidencia durante todo un sexenio es una de las posibles consecuencias de las aportaciones de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 (a quien apoyó entonces el Partido Verde, ahora aliado de Morena en el Congreso), a decir del exconsejero electoral Alfredo Figueroa. De comprobarse los hechos que denunció el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, tendrían que sumarse al expediente sobre el presunto rebase de topes de esa campaña, que sigue abierto y está relacionado con la indagación del mismo delito en la campaña de Alfredo del Mazo para gobernador del Estado de México…
Las revelaciones sobre el caso de Emilio Lozoya Austin y la trama de sobornos de Odebrecht ponen en duda la legalidad de la Presidencia de la República durante el periodo 2012-2018, la de Enrique Peña Nieto; la denuncia apunta hacia “una Presidencia fraudulenta” financiada con dinero negro, lo que la autoridad electoral aún puede indagar, pues el expediente sigue vigente.
Además, documentos del Instituto Nacional Electoral (INE) revelan que desde 2017 la institución mantiene abiertas indagatorias sobre presuntas aportaciones ilegales a la campaña de Peña Nieto mediante la empresa Blunderbuss Company de México, las empresas fachada creadas por Odebrecht: Constructora Internacional del Sur y Research Enginnering and Development LTD, así como la suiza Latin America Capital Holding.
En su informe del 12 de febrero de 2020 el INE reporta que se encuentra en “sustanciación” la denuncia por la “probable aportación de entes prohibidos” en la campaña presidencial de Peña Nieto; esto significa que el expediente no se ha cerrado.
Alfredo Figueroa, exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), explicó que la denuncia contra el PRI y el PVEM, que postularon a Peña Nieto a la Presidencia de la República, no está cerrada. En caso de comprobarse las acusaciones de Emilio Lozoya Austin, indica, estaríamos ante una “Presidencia fraudulenta”.
Además Figueroa llama la atención sobre la investigación que tiene hoy el INE sobre el posible vínculo entre el modus operandi de la elección presidencial y la local del Estado de México de 2017, cuando resultó electo el actual gobernador, Alfredo del Mazo Maza.
Advirtió que la sanción máxima que debieron recibir el PRI y el PVEM por el rebase de tope de campañas y permitir que empresas privadas extranjeras y mexicanas aportaran recursos económicos a la campaña de Peña Nieto es la pérdida del registro:
“Eso lleva no solamente a sanción. Son partidos que han sido reincidentes plena, absoluta y claramente en términos de estas conductas. ¿Y qué consecuencias puede haber: la cancelación del registro, porque lo que corresponde ahora es poner un alto a este tipo de cosas.”
Aseguró que el INE, por encontrarse en un proceso de sustanciación, “está obligado a solicitarle a la Fiscalía General de la República la denuncia de hechos y pruebas que aporte Emilio Lozoya, para que como autoridad electoral investigue y aplique la sanción en caso de corroborar los dichos del exdirector de Pemex”.
Figueroa dijo contar con evidencia de que el INE ha estado solicitando información y destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría General de la República de la pasada administración, no proporcionaron los datos que se le requirieron: “Mi pregunta es qué hizo el instituto si la fiscalía no le dio información. Debió denunciarlo y hacerlo público, puesto que el secreto bancario ya no opera para la autoridad electoral”.
¿Presidencia espuria?
El pasado 11 de agosto el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que, de acuerdo con la denuncia de hechos que Lozoya interpuso esa mañana, la empresa brasileña Odebrecht aportó 100 millones de pesos a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.
“En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña de 2012 para la Presidencia de República.”
El 25 de junio de 2012 el PAN denunció que la alianza PRI-PVEM llevaba 700 millones de pesos gastados en la campaña de Enrique Peña Nieto, e interpuso una denuncia en su contra.
Sin embargo, durante una controvertida sesión del 23 de enero de 2013, el entonces IFE exoneró a los partidos de incurrir en el rebase al tope de la campaña presidencial, fijado en 336 millones 112 mil pesos, e incluso dijo que Peña Nieto sólo había gastado 327 millones 527 mil pesos.
Las revelaciones de Lozoya se relacionan directamente con ese expediente, pues aceptó haber solicitado a Odebrecht, por orden de Peña Nieto y del entonces coordinador de campaña, Luis Videgaray, 6 millones de dólares, aunque Luis Weyll –entonces director de Braskem, filial de Odebrecht en México– le dijo que sólo podía apoyar con 4 millones.
“En la reunión mencionada que sostuve a principios de 2012 con Luis Weyll, en Prado Sur, es decir, en la que le pedí la cantidad de 6 millones de dólares, éste me mencionó que la cantidad que podría aportar la empresa Odebrecht a la campaña del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, para posicionarme mejor con dicho partido político, sería de 4 millones de dólares, de los cuales 2.5 serían íntegros para la campaña, situación que evidentemente le comuniqué tanto a Enrique Peña Nieto como a Luis Videgaray Caso”, dice Lozoya Austin.
Y prosigue: “Es cuando me instruye de manera directa Luis Videgaray Caso que agilizara dichos recursos, pues ellos me refirieron que ya habían contratado a una serie de consultores y que 2.5 millones de dólares serían utilizados para cubrir los honorarios que se les adeudaban a dichos consultores electorales, pues se requería dinero para cubrir esos pagos a los consultores y que me concentrara en captar recursos”.
Finalmente Odebrecht sólo entregó 3 millones 150 mil dólares, según detalló Lozoya, de los cuales 1 millón 600 mil fueron para pagar a 12 casas consultoras localizadas en diversas ciudades de Estados Unidos y una en Frankfurt, Alemania.
“Tuve pleno conocimiento de que Odebrecht realizó las transferencias desde una empresa offshore denominada Innovation Research Engineering and Development LIT, por conducto de Meint Bank LTD, banco ubicado en Antigua (Caribe), por un total de $3,150,000 dólares. Aclarando que Odebrecht había acordado el pago de 4 millones, pero sólo se recibieron $3,150,000 dólares mediante transacciones financieras. Por otro lado, la cantidad de dinero que hacía falta para completar los 4 millones de dólares, es decir, los 850 mil dólares, los iba a poner Fabiola Tapia Vargas en efectivo.”
Lozoya sostiene que “los gastos de campaña eran mayores a la disponibilidad de recursos”, aclara también que su “encomienda” como “coordinador de asuntos internacionales” en la campaña electoral de Peña Nieto era “gestionar recursos de empresas extranjeras para financiar la campaña electoral. Esto era así puesto que había que cubrir muchos gastos en asesores extranjeros y nacionales, así como en otros rubros”.
En caso de comprobarse las acusaciones de Lozoya, la campaña de Peña Nieto habría rebasado el tope establecido por el INE por 22.2 millones de pesos en caso de que sólo se haya pagado con dinero de Odebrecht a los 12 asesores extranjeros; pero si como dice Lozoya, 2.5 millones de dólares fueron para la campaña, entonces el rebase habría sido de 34 millones 750 mil pesos.
En su declaración videograbada sobre el caso, Gertz Manero se refiere a que Lozoya habla en su denuncia de 100 millones de pesos que fueron principalmente a la campaña de 2012.
Hay que recordar que el INE exoneró a la dupla PRI-PVEM en el rebase de gastos de campaña para la Presidencia debido a que realizó “un prorrateo” del dinero entre los aspirantes a la diputación federal, lo cual hizo que disminuyera el gasto total.
Figueroa aclara que “el fraude no viene sólo del gasto, sino del origen, que es el que te condiciona el ejercicio del poder, como en el caso de Odebrecht”. Abunda: “El fraude se constituye por el origen, no por la cantidad. El fraude es que el dinero sea ilegal. Ninguna persona moral puede aportar a una campaña”.
Ante la pregunta de si, una vez corroborada la denuncia de Lozoya, se podría hablar de una “Presidencia espuria”, Figueroa responde: “Es interpretativo. Yo lo que diría es que hubo una acción coordinada, colectiva y continuada para violar de manera grave la legislación mexicana y acceder al poder”.
Lo que debió haber ocurrido en aquel momento, dice, fue anular la elección y convocar a otro proceso. Sin embargo, admite, no se tenía la información con la que hoy se cuenta.
Sin embargo señala que, de comprobarse los señalamientos, se puede hablar de que en México, entre 2012 y 2018, se tuvo “una Presidencia que llegó de manera fraudulenta”. Y advierte: “El problema es que si la declara ilegal, todos sus actos serian ilegales”.
Cuando Figueroa se refiere a una “acción coordinada, colectiva y continuada para violar de manera grave la legislación mexicana para acceder al poder”, es porque el INE ya indaga si en las elecciones del proceso 2016-2017 en el Estado de México, donde resultó electo Alfredo del Mazo, se utilizaron las empresas que hoy está denunciando Lozoya.
En 2017 el PRD denunció al PRI y al PVEM por la “probable aportación de ente prohibido a favor de la campaña del entonces candidato a presidente de la República, originando un rebase a los topes de gastos de campaña”.
Por esta razón, la denuncia contra el PRI y Peña Nieto en materia electoral no está cerrada. Y en su informe de febrero de 2020 el propio INE dice que ese recurso está en “sustanciación”.
Eso implica que el INE está obligado a solicitar a la FGR todas las pruebas que Lozoya presentó sobre los millones de dólares que la empresa Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Peña Nieto.
Además, el INE establece que “dicho procedimiento está relacionado con los procesos electorales de 2011-2012 y el 2016-2017; y por existir conexidad en la litis, se acumulan”.
La conexión en la litis significa que las empresas fantasma creadas por Odebrecht para sobornar a diversos países, entre ellos México, y la de Lozoya en Suiza, Latin American Asia Capital, aparecen en la denuncia que Morena interpuso por el proceso electoral del Estado de México que se inició en 2016.
El INE establece que, por dicha denuncia, se solicitó al entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz Sacal, “información de reportes de operaciones, relevantes o inusuales de las empresas Blunderbuss Company de México; así como si existen transferencias entre las empresas extranjeras Constructora Internacional del Sur y Research, Enginnering and Development LTD a las empresas Blunderbuss Company de México y Latin American Asia Capital Holding, respecto de los ejercicios 2010- 2016”.
