Un informe de las autoridades españolas detalla las conversaciones entre Francisco Javier Rodríguez Borgio, pieza clave de la operación fraudulenta de la Caja Libertad, y Fernando García Alonso, presunto contacto del representante de Los Zetas en Europa, El Mono Muñoz.
Madrid.- Para evadir a la justicia mexicana, el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio se instaló en España donde recurrió a los servicios del mexicano Fernando García Alonso, quien presumía de contactos en la policía de ese país, para que le informara si aquí estaba vigente una ficha roja de la Interpol para detenerlo y extraditarlo a México.
En sus comunicaciones telefónicas y por mensajería, Rodríguez Borgio alardeaba ante García Alonso del enorme poder que tenía su abogado mexicano –quien también buscaba información de la ficha roja–, al que se refería familiarmente como “Juanito” o como Juan Collado, que es muy “importante aquí y allá (México)”, porque también es el abogado “del Águila”, en alusión al entonces presidente Enrique Peña Nieto, por el águila de la bandera mexicana en la banda presidencial.
Lo que desconocía era que la policía española tenía intervenidas las comunicaciones de García Alonso, porque lo consideraba el hombre de confianza de Juan Manuel El Mono Muñoz Luévano, el prominente enlace de Los Zetas en Europa que fue seguido meticulosamente desde 2013 hasta su captura en Madrid en marzo de 2016.
Las comunicaciones entre García Alonso y Rodríguez Borgio, intervenidas por orden judicial, están en un informe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la red del Mono Muñoz y sus operaciones de narcotráfico, fechado en julio de 2014, al que este semanario tuvo acceso.
En aquel momento, sobre Rodríguez Borgio y su hermano Óscar pesaba una orden de aprehensión en México por la falsificación de una licencia de la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para apropiarse de los casinos de otro empresario y sumarlos a su holding Big Bola.
En marzo de ese año, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había ordenado congelar las cuentas de su Grupo Gasolinero México (GGM) –de la que los hermanos eran propietarios junto con Martín Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz– por la compraventa de hidrocarburo robado a Pemex.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada sospechaba que las ganancias de la venta del hidrocarburo robado eran lavadas a través de los casinos Big Bola y de Libertad Servicios Financieros, la polémica Caja Libertad.
Mediante sus sociedades, estos empresarios entraron al accionariado de Oceanografía, de Amado Yáñez, la compañía favorecida por los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón con jugosos contratos de Pemex.
Sin embargo, con el regreso del priismo la PGR los investigó y persiguió porque mediante Oceanografía defraudaron a Citibanamex por 5 mil millones de pesos. Su socio Amado Yáñez fue detenido en 2014 y estuvo en prisión hasta abril de 2017, para seguir el proceso en libertad condicionada, mientras Rodríguez Borgio se ocultaba en España.
Se investigaba si esos recursos defraudados a la institución financiera habrían pasado de Oceanografía a la también llamada Caja Libertad, a Casinos Big Bola y a GGM.
De ninguna de las conversaciones del informe policial conocido por Proceso se desprende que Rodríguez Borgio estuviera involucrado en las actividades del narco o blanqueo en la red del Mono Muñoz.
Lo que sí queda en evidencia es su urgencia por obtener ilegalmente esa información de la policía española para saber si había una ficha roja de la Interpol en su contra, y a cambio habría pagado lo que en sus contactos denominaron una “propina” de 8 mil euros.
En un pie de página del informe, los investigadores españoles refieren que Rodríguez Borgio ya había estado “implicado en delitos de corrupción y blanqueo de capitales (en México), habiendo estado reclamado hace varios años por Interpol”.
Los nombres de Rodríguez Borgio y de su abogado volvieron a cruzarse, cuando el 9 de julio de 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Juan Ramón Collado al salir de un restaurante en la Ciudad de México, y lo vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada, transferencias con recursos de procedencia ilícita y fraude a través de Libertad Servicios Financieros.
El denunciante por el caso de Caja Libertad, Sergio Hugo Bustamante, declaró ante la FGR que Rodríguez Borgio acordó con José Antonio Rico, entonces presidente de la financiera, comprar ésta por completo en 850 millones de pesos. Aunque pagó la mitad, esa transacción no prosperó por el congelamiento de sus cuentas a causa del desfalco a Citibanamex (Proceso 2228).
Sin embargo, maniobró para que al frente de la financiera quedara su socio Martín Díaz Álvarez y, aunque Rodríguez Borgio desapareció “en el papel”, siguió operando, según el denunciante, blanqueando dinero.
En 2015, el abogado Juan Collado tomó el control de Caja Libertad. El denunciante lo señaló como testaferro de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, así como del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y Mauricio Kuri, líder de la bancada del PAN en el Senado de la República.
El brazo derecho del Mono
Los policías que seguían al representante de Los Zetas en Europa tenían documentado su ostentoso ritmo de vida sin tener una actividad productiva lícita, sus viajes por España y Europa, la atención que daba a las visitas que recibía de México, la operación de su organización, las medidas de contravigilancia que adoptaba y el frecuente uso de terceras personas en algunas transacciones para mantenerse alejado de la primera línea.
En esas labores Fernando García Alonso jugaba un papel central, y entre el jefe y su brazo derecho había un trato de familiaridad (“paisano” de uso común entre ellos), como demuestran las transcripciones de sus conversaciones. Por ejemplo, El Mono Muñoz le pidió a Fernando que apareciera como propietario de un auto exclusivo modelo de Jaguar rojo que el capo deseaba; en otra ocasión negoció para el capo la compra de un avión, si bien la operación no se concretó.
Los investigadores escriben: “En los últimos días, Fernando García Alonso ha llevado a cabo una serie de conversaciones con una persona que se ha identificado como Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien ha solicitado a Fernando que a través de sus contactos averigüe si tiene antecedentes o asuntos pendientes en España, para poder moverse con libertad. Fernando, ante tales hechos, acude a Sotero Pintado, quien afirma tener un contacto en la policía de España que le consigue toda la información necesaria sobre los asuntos pendientes, reclamaciones, antecedentes, etcétera, que pudiera tener el señor Rodríguez Borgio”.
El informe, remitido al magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, recoge los primeros mensajes de texto que se intercambian.
En uno de ellos García Alonso le dice al empresario, el 5 de julio de 2014, a las 18:57 horas: “Necesito hablar contigo. Es un tema de tu seguridad. Tengo aquí al jefe de i/n/t/e/r/p. Quiere hablar contigo y te conviene”, escribe en alusión a un posible jefe de la Interpol.
Media hora más tarde, en conversación telefónica, García Alonso dice al empresario que está con una persona que “te puede echar una mano en lo que a ti te convenga”. Enseguida le explica que el intermediario tenía en su poder “el dossier policial, pero que no hay nada”, es decir, ninguna reclamación. Es cuando le dice que le costaría una “propina” de 8 mil euros.
“Él te va a dar todo el dossier de todo lo que está aquí en España, de todo lo que él maneja. Aparte no sólo eso, todo lo que llegue del otro lado del charco (México), tiene que pasar por sus manos, entonces inmediatamente que él sepa”. A lo que Rodríguez Borgio le explica: “No me quiero estar exhibiendo. Lo que me interesa hoy es saber si hay algo ahorita”, insiste.
Fernando le aclara que “hay cosas ahí que aparece(n), pero no te están solicitando güey, ¿ok?”. “Eso es lo que quería saber”, responde Rodríguez Borgio con cierto alivio. Y García Alonso asegura que su contacto en la policía podría incluso “cambiar de nombre, de persona, o sea para que tú estés más tranquilo, vale”.
El abogado del Águila
En varias conversaciones con su interlocutor, Rodríguez Borgio se refiere a las reuniones que paralelamente mantenía en Madrid con Juan Ramón Collado Mocelo, su abogado en México. Es “gente muy importante de aquí (España) y de allá (México)”, afirma.
En uno de sus contactos el empresario le dice a García Alonso: “Estoy a dos minutos de estar con él (Collado) y te hablo. Ha habido cambios muy buenos en México, ya me descongelaron todo”.
Sin embargo, en términos muy coloquiales le explica que de todos modos quieren saber si hay alguna reclamación en España contra él, porque “si las cosas (la solicitud de detención con fines de extradición) tardan en llegar aquí a España de lo de México, no me vayan a dar un susto de los que ‘qué hueva, ¿no?’”.
A las 22:04 horas del mismo 5 de julio, Rodríguez Borgio le dice en conversación telefónica a Fernando que acaba de reunirse con su abogado, quien “es el mismo del Águila”. En el informe los investigadores no hacen una interpretación de esta última expresión, pero una fuente de la indagación dice al corresponsal que posteriormente interpretaron que la referencia al “del Águila”, es una clave para hablar del abogado del presidente Peña Nieto.
En la misma llamada le dice que su abogado le informó que “no hay nada, pero sí quiero una protección o prevención”.
Paralelamente, Fernando habla con su contacto Sotero Pintado para explicarle cómo va la negociación con el empresario, con quien se reunirá horas más tarde en el restaurante madrileño Ramsés.
A las 22:33 horas Rodríguez Borgio y García Alonso vuelven a hablar, y el primero le dice que su abogado “Juanito” le informó “que no hay nada en mi contra en España”.
–¿Pero tiene acceso al secreto de sumario? –pregunta Fernando.
–Porque es el abogado del presidente de México –le dice riendo Rodríguez Borgio.
–Ah, ok.
–Es Juan Collado –alardea.
Los policías españoles citan una nota del periódico Tabasco Hoy que identifica a Collado como abogado del exgobernador Andrés Granier, quien señala: “Dicen que todo lo que se puede comprar con dinero –cuando se tiene– es barato” para evitar la cárcel. La publicación resalta que Collado es uno de los abogados “más influyentes de México y más caros del mundo”, lo que para los investigadores es un signo que “denota el alto nivel adquisitivo del que disfruta Francisco Javier”.
Cinco años después, el 9 de julio de 2019, Collado no pudo evitar la cárcel por el caso de la Caja Libertad, en la que también está implicado su representado, Rodríguez Borgio, a quien el denunciante Sergio Hugo Bustamante sigue mencionando como uno de los propietarios de la financiera.
Los socios de Sinaloa
Cuando García Alonso se entera de que Collado es el abogado del empresario, empieza a alardear de sus redes en México y de sus contactos en España, como sus “socios de Sinaloa” y del control que dice tener.
“Yo aquí con mis socios de Sinaloa tenemos controlada la situación, güey. O sea, no es choro (…) tenemos a todos aquí bien parados”, porque “aquí, los pinches españoles son muy putos, o sea como que les da mucho miedo meterse con nosotros, entonces, nos hacen todo, todo lo que les pidamos nos lo hacen, güey”.
Para los investigadores españoles la referencia a los socios de Sinaloa que hace el brazo derecho del Mono Muñoz, “pudiera estarse refiriendo a miembros del Cártel de Sinaloa”.
Asimismo, García Alonso le dice al empresario que el comisario de la policía que les está ayudando con su información está en lo que llama “punto cero”, que concentra la información del CNI (“el Cisen de aquí”), de Hacienda, de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Audiencia Nacional. “Entonces si tienes acceso a eso tienes acceso a todo, y sale todo, tus cuentas de banco, tus últimos movimientos, tus números de celular”, explica.
Incluso sorprende al zar de los casinos al adelantarle un dato que le dio el policía: “Me dijo que tenías una finca muy grande en Sevilla”. Se refiere a La Caprichosa, una espectacular finca de 152 hectáreas en Gerena, Sevilla, que Rodríguez Borgio compró en 2013 a familiares de Joanne Hearst Castro, nieta del magnate de la prensa estadunidense William Randolph Hearst. En 2018 puso la finca en venta por el triple de los 3.9 millones de euros que pagó por ella.
El 7 de julio, a las 13:07 horas, Fernando recibe la llamada de una mujer que la policía identifica como la pareja de Rodríguez Borgio. Ella le da indicaciones para reunirse con el empresario en el hotel Villamagna, y que espere ahí a que ella llegue con la primera parte del dinero que le dará por las gestiones de la información y por renovarle el DNI (tarjeta de identidad) y el pasaporte español.
Unas horas más tarde García Alonso le informa a Rodríguez Borgio que en el Juzgado del Decanato tiene aún la anotación de “búsqueda de Interpol por una cosa que pasó en el estado de Hidalgo y otra en el estado de Querétaro, ¿eso puede ser correcto?”.
“Sí –responde éste–, pero (esas) ya se terminaron (…) esas son de 2011, 2012”. Y agrega que tiene “todos los documentos” sobre esos casos.
Solo 17 días después de esta última conversación con García Alonso, el 24 de julio de 2014, Rodríguez Borgio apareció en una fotografía que se volvió viral, porque se aprecia relajado, en segundo plano, en una imagen que la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera y sus hijas se tomaron con el cantante Alejandro Fernández tras su concierto en el teatro Real junto a otros influyentes mexicanos afincados en España.
