Desde que Miguel Ángel Osorio Chong estuvo al frente del gobierno de Hidalgo varios de sus colaboradores fueron acusados de tener vínculos con el crimen organizado –en particular con Los Zetas, que se posicionaron en la entidad–. Y ahora que Frida Martínez Zamora –la principal operadora del exmandatario hidalguense– está en la lista de los 19 exfuncionarios federales acusados de desvío de recursos, el nombre del hidalguense vuelve a ser salpicado por presunta corrupción.
Durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo (2005-2011), el grupo de Los Zetas no sólo controló el tráfico de droga, el secuestro y la extorsión en la entidad, sus integrantes también incursionaron en el robo de hidrocarburos. Pese a ello, los jueces que valoraron los expedientes sobre la operación del crimen organizado en territorio hidalguense se limitaron a emitir veredictos que dieron protección e impunidad a los delincuentes.
Hoy, 19 funcionarios que laboraron en la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Osorio Chong son investigados por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada con el fin de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 500 millones de pesos.
En la lista se encuentra Frida Martínez Zamora, considerada “el cerebro” de ese saqueo de recursos mediante compras irregulares de aeronaves, patrullas, tecnología y software de espionaje. La carrera de Martínez Zamora está ligada a la del exgobernador hidalguense desde hace casi 20 años.
De hecho ella es una de sus principales operadoras. El 24 de junio de 2002, cuando él era secretario de Gobierno de Hidalgo, el entonces gobernador Manuel Ángel Núñez Soto le asignó a esta abogada la patente de notaria adscrita a la Notaría 13 de Pachuca.
Ya como gobernador, Osorio Chong la hizo directora de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor.
Y los ascensos de Martínez Zamora continuaron con Osorio en el gobierno federal, primero como titular de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y después en la Policía Federal, dependencia a la que llegó en 2014.
Hasta el cierre de esta edición sólo uno de los 19 señalados, Eleuterio Enrique Pérez Romero, había sido detenido. Se trata de un contador público encargado del manejo de recursos de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Pérez Romero ingresó a la administración pública en enero de 1993 como subcoordinador de servicios en la Agencia Federal de Investigación y se allegó, como parte de un equipo formado en contabilidad y finanzas que operaba el dinero de la PFP, al denominado Grupo Hidalgo.
Y aun cuando no es parte del grupo de políticos hidalguenses que llegaron al gobierno federal de la mano de Osorio, Pérez Romero integra un equipo formado en contabilidad y finanzas que operaba el dinero de la PFP y contra cuyos integrantes se libraron las órdenes de aprehensión.
Posicionamiento del “Lazca”
No es la primera vez que Osorio Chong se ve implicado en casos de presuntos ilícitos. Desde que era gobernador, gente cercana a él –como su secretario de Seguridad Pública, Damián Canales Mena– fue señalada por tener presuntos vínculos con Los Zetas, la organización que lideraba el hidalguense Heriberto Lazcano, El Lazca.
Cuando Osorio llegó a la Secretaría de Gobernación (Segob) llevó a Canales y lo nombró jefe de Inteligencia de la Policía Federal.
Hoy la dependencia investiga a Canales por la presunta compra a sobreprecio de un sistema de “Análisis, Diseño e Implementación del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia” a la empresa Advance Defense Systems Ltd, en Tel Aviv, por el que se pagaron 133 millones de dólares el 23 de diciembre de 2015.
Cuando Osorio fue gobernador, Los Zetas no sólo expandieron su presencia en los municipios hidalguenses, también ampliaron su ámbito de influencia en otras entidades y penetraron la fuerza policiaca y el aparato de justicia de Hidalgo.
El posicionamiento de ese grupo criminal no hubiera sido posible sin la permisividad y el respaldo de las autoridades estatales, según se desprende de las carpetas de investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (antes SIEDO, hoy SEIDO), consultadas por Proceso.
Esos cientos de fojas contienen testimonios de policías municipales, estatales y ministeriales –detenidos por supuesta protección a Los Zetas– que afirman que gente cercana al entonces gobernador estaba relacionada con ese cártel.
Por ejemplo José Augusto Vega Pacheco, El Pino, quien admitió ser reclutador de Los Zetas, declaró: “El comandante Milly (entonces jefe de plaza en Tula) fue quien me dijo del comandante Juan Cristóbal Orozco Priego, alias El Escualo, y supe que estuvo jalando hasta que se vino para Pachuca, ya después supe que se fue a la ayudantía del gobernador Miguel Osorio Chong y ahora está con el gobernador Francisco Olvera Ruiz y ya no sé si siga jalando. Ya no lo he visto. A él, además, yo lo vi en las fiestas que se hacían en la organización delictiva de Los Zetas”.
Según El Pino, Orozco Priego colaboró con el narcotráfico cuando era comandante en la Coordinación de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, cargo que ocupó hasta enero de 2012.
Cuando Osorio Chong llegó a la Segob nombró al Escualo director de Seguridad y Protección Civil de esa dependencia, en febrero de 2013, cargo que ocupó hasta mayo de 2018.
En la administración de Andrés Manuel López Obrador, Orozco Priego es referido en una investigación interna en la Segob en la que se le señala por haber administrado dos contratos (SG/CPS/40/2018 y SG/CPS/41/2018) por 64.1 millones de pesos otorgados a la empresa Viajes Premier en un esquema “discrecional” en el que, al argumentar “seguridad nacional”, se omitió un procedimiento de competencia, y es observado por presunta corrupción.
Los expolicías que testificaron contra el grupo de Osorio Chong purgaron condenas de entre tres y siete años en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Varios de ellos desaparecieron; otros, como El Pino y el excomandante Esteban Javier Reyes Hernández, subdirector de la Policía Judicial de Hidalgo durante la gestión de Osorio Chong, fueron ejecutados poco después de recuperar su libertad.
“Mano dura”
La causa penal 124/2014 que implica a 27 exmandos de seguridad de Hidalgo incluye el testimonio de José Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso, un exagente de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca, quien fue detenido por secuestro y portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
Escobedo admitió ser reclutador del cártel. Se encargaba, dijo, de pagar la narconómina y ser enlace “con los altos mandos”. Fue él quien delató la supuesta red de corrupción de Los Zetas en el estado, lo que derivó en la detención de 124 policías estatales, municipales y ministeriales el 24 de junio y el 14 de septiembre de 2009.
Todos los elementos que mencionó en sus declaraciones fueron detenidos excepto Canales Mena, secretario de Seguridad Pública del entonces gobernador Osorio Chong y su “mano dura”.
En su declaración del 16 de junio de 2009, Escobedo afirmó que Canales Mena “se encuentra relacionado con Los Zetas y es el encargado de todos los operativos que se llevan a cabo, poniendo los puntos fijos en las salidas y entradas de Pachuca”; es decir, “asignaba patrullas para vigilar y estar informado de las autoridades policiacas que ingresaban al estado”.
No obstante, en una siguiente comparecencia se retractó: “Sólo lo referí porque en sus actividades realiza puntos fijos, pero no por ello quiero decir que esté actuando fuera de la ley o que trabaje para Los Zetas”, dijo.
Una fuente allegada al caso –que pidió omitir su identidad– revela que sólo dos de los expolicías detenidos –Escobedo Delgadillo y Jesús Garcés Jiménez, excomandante de la Policía Ministerial– no fueron a prisiones federales
“Es probable que El Oso haya pactado con Canales, por eso se retractó”, dice la fuente, de ahí que lo enviaran al Centro Preventivo de Santiaguito, en Almoloya, Estado de México, donde presuntamente le dieron protección.
El 1 de octubre de 2015, cuando emitió sentencia sobre la causa penal 124/2014, el juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, Francisco Javier Montaño Zavala, absolvió a 18 de los 27 exagentes y al resto los sentenció a 18 años de prisión, aunque después fue revocada la sentencia por vicios en el proceso y tortura; los procesados fueron liberados.
En su dictamen Montaño expuso que el cártel de Los Zetas “infiltró” a las policías de Hidalgo e incluso a corporaciones federales. Todo ello le permitió a la organización criminal un mayor margen de maniobra, “asegurándole impunidad, pues incluso los secuestros eran solapados por las mismas autoridades policiacas”.
Uno de los nueve procesados, el oficial José G.A., detenido el 29 de abril de 2011 como presunto responsable del ataque con armas de alto poder a las oficinas de la Policía Ministerial en Tula, ocurrido la víspera, declaró que fue golpeado para que se declarara culpable. Cuatro años después, recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 11, en Hermosillo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó la tortura.
Otro exagente detenido el 24 de junio de 2009 pasó cinco años en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 de Villa Aldama, Veracruz. En entrevista con Proceso revela que la frecuencia de radio la infiltraron Los Zetas; los policías incluso tenían prohibido el ingreso a la colonia El Tezontle, donde estaba una casa de seguridad del Lazca, que inteligencia federal ubicó en el número 107 de la calle Sabino.
El cártel que nunca se fue
Aunque Osorio Chong y Canales Mena afirmaron que erradicaron a Los Zetas, la organización no sólo no se fue, sino que sus integrantes intensificaron la ordeña de ductos de Pemex.
Para el Congressional Research Service –órgano de inteligencia del Congreso de Estados Unidos–, la Vieja Escuela y el Cártel de Jalisco Nueva Generación son los principales responsables del robo de crudo en el centro del país, donde Hidalgo es el epicentro de ese delito desde 2018, con 7 mil 595 tomas clandestinas.
Pero no son los únicos huachicoleros, también está el Cártel de Santa Rosa de Lima, que opera por medio del grupo La Sombra en Tula y las Huastecas potosina, hidalguense y veracruzana.
En el sexenio de Osorio, Los Zetas –que llegaron a Hidalgo en 2001, todavía como brazo armado del Cártel del Golfo, para reclutar a militares de la XVIII Zona, a unos metros de la casa de seguridad del Lazca– se extendieron por toda la entidad. En 2009, en el último tramo de la gestión de Osorio, ingresó La Familia Michoacana, según el informe PF/DA/DEJA/0065/2011 que elaboró la División Antidrogas de la Policía Federal.
Según la fuente anónima antes mencionada, el combate al crimen organizado fue una simulación. Sin bien fueron detenidos los supuestos responsables, ya están libres y el narcotráfico infiltró las corporaciones de seguridad y el poder político.
