El caso Odebrecht no sólo está centrado en el principal imputado, Emilio Lozoya Austin, y en quienes fueron sus superiores jerárquicos. El expediente incluye también una indagatoria contra 18 directivos en activo y exfuncionarios de Pemex implicados en la autorización de los contratos preferenciales otorgados al consorcio Braskem-Idesa. Coincidentemente varios de ellos recibieron inusuales depósitos bancarios…
En la investigación del caso Odebrecht en México, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una línea de investigación contra 18 empleados activos y exfuncionarios de Pemex que entre 2010 y 2015 avalaron y firmaron los contratos que le reportaron a Emilio Ricardo Lozoya Austin beneficios por 10.5 millones de pesos derivados de los presuntos sobornos que recibió durante su desempeño como director de la petrolera gubernamental.
De acuerdo con un informe técnico que forma parte de las causas penales judicializadas contra quien también fue coordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, los empleados y exfuncionarios que son indagados participaron en los procesos de adjudicación y contratación de la Constructora Norberto Odebrecht para realizar obra pública en tres instalaciones de Pemex durante la administración de Lozoya Austin.
Además autorizaron los contratos preferenciales para el abasto de gas etano al consorcio Braskem-Idesa en el caso del complejo petroquímico Etileno XXI, así como la compra a sobreprecio, por parte de Pemex, de una planta chatarra de fertilizantes en el caso Agronitrogenados.
La investigación del área financiera de la FGR localizó un pago directo de una empresa contratista de Pemex –diferente a Odebrecht y a Altos Hornos de México– a un funcionario activo de la compañía por más de medio millón de pesos. Aun así, el funcionario se mantiene en su cargo.
Entre los investigados se encuentran seis excolaboradores de Lozoya Austin, que buscan acogerse a un criterio de oportunidad para obtener los mismos beneficios procesales que su exjefe.
De acuerdo con el informe técnico, del que Proceso tiene copia, los 18 funcionarios en activo y los exfuncionarios de Pemex recibieron transferencias por cantidades que van de los 50 mil a los 2 millones de pesos, por lo que la FGR decidió elaborar una red de vínculos para conocer a las empresas y particulares que les hicieron los depósitos.
Los funcionarios en activo o exempleados de Pemex también tienen propiedades en zonas de mediana y alta plusvalía, en colonias como Lomas de Chapultepec, Lomas del Pedregal y Las Águilas, entre otras.
Hasta el momento, los bienes y cuentas bancarias de los funcionarios citados en la indagatoria no han sido bloqueadas por las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ni por alguna autoridad judicial.
El reporte de la FGR indica que el actual subdirector de Proyectos Industriales en Pemex Transformación Industrial (PTI), Leonardo Cornejo Serrano, recibió en julio de 2015 un depósito por 550 mil pesos de la empresa Pesado Transport, compañía especializada en la transportación de carga pesada.
De acuerdo con la indagatoria, Cornejo Serrano se desempeñaba como coordinador de Proyectos de Modernización cuando se firmaron los contratos que Pemex le otorgó a Odebrecht para la modernización de la refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, Hidalgo.
Este funcionario fue uno de los que avalaron y firmaron los contratos de Pemex con la empresa brasileña para realizar obras de modernización que incluían instalar en la refinería de Tula cuatro calderas de coque, las que llegaron a México en abril de 2016.
Pesado Transport fue la compañía encargada de trasladar los cuatro tambores o calderas de coque, con un peso superior a 500 toneladas, desde el puerto de Altamira hasta las instalaciones de la refinería en Tula. Las maniobras concluyeron en marzo de 2017, es decir un año después.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, las obras en Tula ocasionaron un daño al erario por mil 191 millones de pesos, de los cuales 936.8 millones corresponden a sobrecostos de obra, 240.8 millones a sobreprecios en materiales e insumos y 13.6 millones a pagos indebidos.
Presuntos implicados
El actual subdirector jurídico de Contratos y Convenios de Pemex, José Samuel Sánchez Reyes, recibió en 2015 cuatro pagos por 728 mil pesos de las empresas Alios Bufete Servicios para la Construcción y Grupo de Asesores Legales y Técnicos de la Construcción. Ambos despachos privados brindan asesoría y asistencia técnica a contratistas del gobierno federal en materia de obra pública.
En el caso del Grupo de Asesores Legales y Técnicos de la Construcción, hay registros de que ha fungido como contratista de Pemex para auditar contratos de Pemex Refinación.
Cada uno de los cuatros pagos fue por un monto de 182 mil pesos; al momento de recibirlos, Sánchez Reyes se desempeñaba como gerente jurídico de Convenios y Contratos de Pemex.
En el caso Odebrecht, él participó en la firma y revisión de los contratos asignados por la petrolera mexicana a la constructora brasileña en las obras de las refinerías de Tula, Hidalgo, y Salamanca, Guanajuato.
La lista de la FGR incluye al actual gerente de Proyectos Industriales de PTI, André Arthur Glorieux González, quien en 2012 reportó la adquisición de un inmueble con un valor de 4.5 millones de pesos, cifra que pagó de contado, según la declaración patrimonial que presentó este año.
El reporte técnico de la FGR indica que Glorieux González, empleado de Pemex desde 1996, recibió en 2010 tres transferencias de dinero por 350 mil pesos, dos de ellas por 250 mil pesos de una mujer que en 2013 se convirtió en beneficiaria del seguro de desempleo de la Ciudad de México.
El gerente de Proyectos Industriales de PTI fue el administrador del proyecto en el contrato otorgado por Pemex a Odebrecht para la construcción de accesos, obras externas y aprovechamientos residuales en la refinería de Tula.
Con tres depósitos que suman más de 1 millón de pesos, todos recibidos en 2011, otro de los investigados es el actual gerente de contrataciones en la subdirección de Abastecimiento de Pemex, Armando Hiram Hinojosa González,
Hinojosa fungía como subgerente de Ingeniería Legal y Normativa en Pemex Refinación al momento en que la petrolera mexicana otorgó tres contratos al consorcio de Norberto Odebrecht para diversas obras en las refinerías de Tula y Salamanca.
Otra línea de investigación apunta al exdirector de PTI, Arturo Arregui García, funcionario que recibió 11 transferencias bancarias entre junio de 2012 y junio de 2014, incluyendo dos que están por encima de 1 millón de pesos provenientes de particulares. El resto oscila entre 100 mil y 800 mil pesos, todas provenientes de particulares, a pesar de que el empleado de Pemex negó tener otros ingresos.
Arregui es de los funcionarios que participaron en el proceso de adjudicación de Etileno XXI y su testimonio ya se encuentra dentro de la carpeta de investigación. Actualmente es gerente en PTI.
En el caso de otros dos funcionarios de Pemex presuntamente vinculados a los contratos de Odebrecht –Aarón Marrufo Ruiz y Sylvia Uribe Arredondo–, la FGR no localizó transacciones sospechosas. Ambos se encuentran activos, Marrufo como gerente de Proyectos 2 en PTI y Uribe como subgerente corporativa.
Más mandos bajo sospecha
Uno de los exfuncionarios de Pemex que más depósitos recibió en sus cuentas bancarias es el exsubdirector de Administración y Finanzas de Pemex Refinación y exsubdirector de Desarrollo de Negocios, Armando García Espinosa, quien se separó de su cargo el 1 de enero de 2018.
De acuerdo con el informe técnico de la FGR, mientras Armando García Espinosa se desempeñó como subdirector –entre 2014 y 2017–, recibió 17 depósitos bancarios por 6 millones 548 mil pesos provenientes de particulares y otros funcionarios o exfuncionarios de Pemex.
Pemex informó en 2019 que García Espinosa firmó y avaló los contratos otorgados por la petrolera mexicana a la Constructora Norberto Odebrecht para realizar obras en la refinería de Tula por mil 436 millones de pesos.
Las indagatorias incluyen al exsubdirector de Ductos de Pemex, Víctor Domínguez Cuéllar, quien salió de la empresa productiva del Estado en marzo de 2014.
Domínguez Cuéllar es uno de los funcionarios que avaló y firmó el contrato para abastecer con gas etano al complejo Etileno XXI que construyó el consorcio formado por Braskem (filial de Odebrecht) y Grupo Idesa, empresa petroquímica en la que participa Margarita Gutiérrez, esposa del exsecretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú.
Entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016, ya sin ninguna responsabilidad gubernamental, ella también recibió 17 depósitos de las compañías Aploem –creada tras la escisión de una empresa textilera– y Club Social y Deportivo Cuautitlán.
En 2014 Gutiérrez fundó la consultora DM Integración Energética junto a su socia Malinalli Molina, compañía en la que ofrece su experiencia en Pemex para asesorar y concretar negocios en el sector energético.
Relacionado con el complejo Etileno XXI también aparece Fernando Amor Castillo, exsubdirector de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos de Pemex, quien recibió entre agosto de 2010 y enero de 2011 1 millón 300 mil pesos del entonces diputado federal del PRI Moisés Gerardo Balderas Castillo y de su hermano Alejandro Balderas Castillo.
Gerardo Balderas también es dirigente de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros en Reynosa, Tamaulipas. Entre 2016 y 2019 fue diputado local del PRI, aunque tejió una alianza legislativa con el gobernador del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo nombre también aparece en el expediente Odebrecht-Lozoya.
Además, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) había iniciado un acta circunstanciada en su contra para investigar una imputación que se le había realizado en 2009. Sin embargo, la acción judicial contra el exfuncionario de Pemex jamás prosperó.
Una ficha en Pemex
Entre todos los involucrados en el expediente Odebrecht destaca el caso del subdirector de Pemex Gas y Petroquímica, Armando Ricardo Arenas Briones, quien intervino en el caso de Etileno XXI.
De acuerdo con el informe técnico de la PGR, Arenas Briones estaba siendo investigado antes del caso Odebrecht por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude, daño en propiedad ajena, ejercicio indebido del servicio público, violaciones al Código Penal Federal y otros delitos cometidos por servidores públicos.
Las seis averiguaciones previas en su contra están radicadas en la antigua PGR. Arenas Briones salió de Pemex el 31 de mayo de 2005. Las primeras acusaciones en su contra comenzaron desde 2010 y se fueron acumulando hasta 2014, año en que se jubiló.
Además se han analizado las cuentas bancarias y los bienes del exsubdirector de Proyectos de Pemex Refinación, Jesús Lozano Peña; del exgerente de Contratos de Obra Pública, Conrado Claudio Cristian Nava Aguilar; del exsubdirector de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción, Gustavo Escobar Carré; del exsubdirector de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial, José Luis Gómez Góngora, y del entonces gerente de Proyectos de Ampliación del Aeropuerto, Carlos Vinicio Morales Azpiroz.
Todos los involucrados ya han declarado y lo que se espera con las indagatorias sobre sus vínculos financieros y propiedades es saber si también pudieron ser beneficiarios de presuntos sobornos de la Constructora Norberto Odebrecht.
Hasta el momento, la investigación sigue centrada en Lozoya, quien ya presentó su primera imputación contra sus superiores jerárquicos; es factible que el curso de la indagatoria cambie.
