De indudable importancia, la aprehensión del cabecilla del Cártel de Santa Rosa de Lima –que ya está en el Altiplano– desató una disputa entre el gobierno federal y el estatal por atribuirse el mérito. Pero más allá de eso, analistas de seguridad señalan que ahora falta ver qué impacto tiene ese hecho en el conflicto de cárteles (entre ellos los de Jalisco y Sinaloa) que sigue ensangrentado a Guanajuato.
GUANAJUATO, Gto.- La captura de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, y el operativo realizado para lograrla fueron presumidos ampliamente por los gobiernos federal y de Guanajuato, cada uno por su lado y arrogándose la intervención inicial que llevó a la captura del hombre al que las autoridades estatales presentan como “el principal generador de violencia” en esa entidad.
Mientras El Marro comparecía ante autoridades judiciales de Guanajuato, desde el gobierno federal los secretarios de Seguridad Ciudadana, Arturo Durazo Montaño, y de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, coincidieron en solicitar que el líder delictivo fuera entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ésta lo lleve ante la justicia federal.
Durazo daba por hecho desde el mismo día de la detención de Yépez Ortiz –el domingo 2 en la casa identificada como Las Galleras, de la comunidad Franco Tavera, municipio Juventino Rosas– que éste sería trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano.
Eso ocurriría una vez cubiertas “las formalidades jurídicas” para ponerlo a disposición del juez federal que le dictó orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de combustible.
El lunes 3, Durazo habló de “elementos suficientemente sólidos para garantizar la acción total de la justicia” contra El Marro.
Tanto José Antonio Yépez como los cinco hombres que fueron detenidos con él (Raúl Alberto, Diente; Silvestre; Saulo Sergio, El Saulo; Guillermo y José Cruz) permanecieron desde la noche del lunes 3 hasta el viernes 7 –cuando fue trasladado el líder del cártel– en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Puentecillas.
Desde ahí, por videoconferencia, sentados en fila ante una computadora, asistieron a la audiencia en la que un juez de control penal del estado calificó de legal su detención, que la Fiscalía General del Estado (FGE) adujo ocurrió en flagrancia cuando éstos mantenían secuestrada a una mujer de 52 años originaria de Apaseo el Alto.
Pero inmediatamente después de esta resolución la audiencia continuó cuando la FGE solicitó de una vez formular la acusación por el secuestro y un delito más que inicialmente no fue mencionado y tampoco lo consideró el gobierno federal: homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos.
Esta imputación la añadió la fiscalía estatal señalando como víctimas a agentes de las corporaciones del estado que participaron en el operativo de captura en Juventino Rosas, el domingo 2, en el que existió el riesgo de que se desatara un enfrentamiento.
Pero en la narración que el secretario de la Defensa hizo sobre este operativo sólo aludió a “una leve resistencia”, tras la cual uno de los escoltas de El Marro resultó herido en un pie.
Méritos en disputa
En videos difundidos en redes sociales, la FGE ha subrayado reiteradamente que el operativo de captura del Marro se derivó de “las ininterrumpidas operaciones conjuntas que se mantienen entre el estado y la federación en todo el territorio de Guanajuato, por lo que esta captura representa el resultado de un trabajo coordinado y un gran golpe a la delincuencia organizada”.
La participación de las fuerzas estatales y la propia FGE fue profusamente elogiada y destacada en cientos de mensajes en redes sociales de funcionarios y dirigentes del PAN estatales y municipales, comenzando por el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Sin embargo, el general Crescencio Sandoval adjudicó este logro a indicios obtenidos específicamente por la inteligencia militar: “Esta operación se inició o se ha seguido desarrollando desde hace tiempo con el análisis de información, la inteligencia, la obtención de información; la semana pasada se tuvo algunos indicios por inteligencia militar y se puso en vigilancia cuatro inmuebles”, declaró el titular de la Sedena en la presentación del operativo que hizo junto al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina del martes 4 en Nayarit.
Esta versión sólo cita la intervención de la FGE en dos momentos: la obtención de las órdenes de cateo para los cuatro inmuebles ubicados en Juventino Rosas que eran vigiladas, y la participación de células de agentes y un grupo especial de esa misma instancia en las acciones desplegadas en la madrugada del domingo 2.
“Inteligencia militar, personal militar que estaba dentro de la operación, tiene la necesidad, para poder garantizar el debido proceso y el respeto al estado de derecho, de pedir el apoyo, el acompañamiento de la FGE para generar esas órdenes de cateo; de ahí que acompaña a las fuerzas militares esa autoridad”, acotó Sandoval.
Desde la conferencia, el secretario de la Defensa hizo un llamado a autoridades de procuración de justicia (es decir, las fiscalías de Guanajuato y General de la República) y a los jueces, “tanto de nivel estatal como federal”, para que “cumplan con la responsabilidad que les toca en estos momentos”.
Sandoval apeló a esto para corresponder “al trabajo de gran esfuerzo, de gran riesgo, de dedicación, un tiempo muy grande invertido, el esfuerzo institucional de todo el personal de las fuerzas de seguridad del estado” en esta operación.
Del llamado cordial el gobierno federal optó por pasar a los hechos. Sorpresivamente en la madrugada del viernes 7 El Marro fue trasladado de Puentecillas al Cefereso número 1 del Altiplano. Y fue Durazo quien lo anunció la mañana de ese día en su cuenta de Twitter: “Ahí será puesto a disposición del juez federal que lo requiere por delincuencia organizada y robo de combustible. Expreso mi reconocimiento al trabajo conjunto de la @FGRMexico y la @SEDENAmx”.
Proceso pudo conocer que el jueves 6 llegó al Poder Judicial del estado el requerimiento de la FGR para el traslado de Yépez. La fiscalía estatal cedió y el juez estatal dio su autorización.
Correlación de fuerzas delictivas
Mientras los gobiernos federal y estatal se disputan los méritos y atribuciones legales para procesar y encarcelar a Yépez Ortiz, una sensación de paz llena a habitantes de la región Laja-Bajío, donde “el señor Marro” mantuvo su influencia y poder literalmente a sangre y fuego frente a los intentos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por arrebatarle la zona.
Más de 12 mil personas fueron asesinadas en Guanajuato entre 2016 y la primera mitad de este año, según datos recabados por la organización México Social en un análisis de las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Por lo menos 80% habrían sido víctimas de la discordia entre los grupos de la delincuencia organizada presentes en el estado; fundamentalmente entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG, dato en el que coinciden el gobierno estatal y el presidente López Obrador.
Paradójicamente, para las comunidades de la zona donde fue capturado El Marro –Franco Tavera, San Antonio de Morales, Torrecillas y otros vecinos– a lo largo del corto tramo carretero que une a Celaya con Cortázar, el Cártel de Santa Rosa de Lima representaba la oportunidad de recibir apoyos, tener mejores caminos y hasta equipamiento de escuelas, lo que aceptaban directores y maestros por puro temor.
“Nosotros tenemos aquí escondido al Marro”, susurraban alumnos de escuelas de educación básica de estas localidades a algunas maestras en los primeros meses del año, antes de que la pandemia de covid-19 cerrara las escuelas y los confinara en sus casas.
Eso lo sabían autoridades de todos los niveles, dice en entrevista el analista de seguridad David Saucedo, quien ha estudiado la presencia y fortalecimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima en esta región y de José Antonio Yépez como su líder, así como el narcoterrorismo que éste implantó en Celaya y los municipios vecinos para frenar a sus enemigos de Jalisco.
“Hay huecos en la explicación del secretario de la Defensa: ¿cómo, de manera virtuosa, te encontraste con los datos que permitieron su localización? Estoy convencido de que tuvieron apoyo externo, posiblemente de la DEA, a la que habrían pedido ayuda o fueron los acuerdos con el gobierno estadunidense” en la reciente visita del presidente a Donald Trump, sostiene.
Dos días después de la detención del Marro, la FGE capturó a El Tripa, presentado como jefe de plaza del CJNG en el sur de Guanajuato, entre los municipios de Uriangato, Moroleón y Yuriria, colindantes con Michoacán.
Saucedo resalta que “por motivos mediáticos, el gobierno federal y estatal están obligados a golpear al CJNG para equilibrar el marcador, pero parece que nos ofrecerán charales contra ballenas, como es el caso de El Tripa. Si detienes al Marro, tienes que detener al líder del CJNG en Guanajuato”.
Sobre todo, revela, porque el jefe de plaza capturado era hasta hace un par de años operador en la zona para el Cártel de Santa Rosa de Lima. El Tripa traicionó a Yépez para unirse al CJNG.
Además, es un hecho que en el estado hay otros grupos delictivos que han generado una violencia homicida con sus disputas, aunque no de tanto impacto como la desplegada por el Cártel de Santa Rosa de Lima con los incendios, bloqueos y ataques a negocios.
En este escenario se encuentra León, la ciudad más grande del estado, “que es la más violenta, pero todavía se circunscribe a enfrentamientos internos entre grupos que no suelen hacer propaganda, como El Marro”. El mes pasado 83 personas fueron asesinadas en el territorio leonés. En los primeros seis días de agosto ya se habían cometido 19 homicidios violentos.
“No termina la guerra, más bien estamos en una etapa diferente de la guerra –plantea Saucedo–. Lo que sigue es qué va a ocurrir al interior del Cártel de Santa Rosa, qué decisiones va a tomar el mando general del CJNG y qué harán los otros grupos locales y los aliados del Marro en este nuevo escenario. Tendrán que tomar una determinación.”
La mañana del jueves 6 se supo que en un puente vehicular en pleno centro de Pénjamo, en el sur del estado, fue colgada una manta con las siglas del Cártel de Sinaloa: “Estamos haciendo limpia. Gente Nueva Salazar. Atte. El Cholo”.
