La empresaria María Esther “R” lleva 10 meses en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, acusada de un delito fabricado, dice su defensa, quien pese a exhibir pruebas fehacientes de su inocencia, no pudo liberarla. El esposo de la imputada, Lenin Martínez, sostiene que detrás de la trama de la presunta extorsión que se le atribuye a su cónyuge se encuentra la firma Conjunto de Servicios Industriales, cuyo propietario es Érick Walter Legorreta López, amigo de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex a quien se le exime de pisar la cárcel pese a los delitos que cometió.
El exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, a quien se le imputan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, no pisará la cárcel. Su caso contrasta con el de la empresaria María Esther “R”, quien lleva 10 meses de prisión preventiva oficiosa aun cuando aportó las pruebas de que el delito que se le imputa fue fabricado.
La trama en la que ella presuntamente está implicada se relaciona con una empresa fantasma a la que un funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto entregó una obra por más de 608 millones 750 mil pesos por adjudicación directa.
El 18 de octubre de 2019 un grupo de hombres sin identificar detuvo a María Esther, de 44 años, afuera de su domicilio en Tampico, Tamaulipas, y la trasladó en una camioneta a Villahermosa, Tabasco; el viaje duró más de 11 horas. Al llegar a su destino la detenida fue llevada a la fiscalía local y de ahí al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco.
Al día siguiente de su detención María Esther tuvo su primera audiencia en la que declaró: “Ninguno señaló que era una orden de aprehensión ni se identificó. Sólo me dijeron que ya ‘me agarró la fregada’. Me puse muy mal, pensando que era un secuestro. Me llevan al campanario y ahí me dicen que tengo ciertos derechos y que me van a llevar a Villahermosa por una supuesta extorsión”.
El fiscal del Ministerio Público Julio César Torres Torres la acusó de extorsión agravada con base en la carpeta de investigación CPJ-VHSA-5674/2019, según la cual el 26 de julio de 2019 ella presuntamente extorsionó al empresario Luis Fernando en Villahermosa, quien ese día se dirigía a una obra que ejecutaba para Pemex.
Según la acusación, María Esther portaba un arma tipo revolver e iba acompañada de 10 personas, y bajo amenazas y violencia verbal presuntamente le exigió a Luis Fernando 50 mil pesos para dejarlo trabajar. Lo obligó a bajar de su auto y lo registró. De su pantalón presuntamente sacó 3 mil 200 pesos en efectivo. Días después volvió a amenazarlo.
En la audiencia inicial la defensa de María Esther expuso las irregularidades del caso. Señaló que el día de la presunta extorsión –el 26 de julio–, la empresaria se encontraba en Tampico, donde reside, incluso entregó capturas de pantalla de fotos en redes sociales. Aclaró también que el informe policiaco alude a María Esther “G”, cuando el apellido de su cliente es “R”.
Además, arguyó la defensa, el empresario Luis Fernando presentó una credencial de elector cuya vigencia expiró en 2009, así como un contrato falso con Pemex para acreditar que realizaba obras desde el 15 de julio, cuando presuntamente fue amenazado, y para acusar que le rescindieron el contrato por 1 millón 100 mil pesos, ya que no pudo continuar los trabajos por temor a represalias.
Una trama sucia
La reportera buscó el supuesto documento sin número de contrato y sin sellos, pero éste no aparece en la página de contrataciones de Pemex. El Registro Federal de Causantes (RFC) con el que la petrolera presuntamente firmó el contrato tampoco existe.
El RFC del contratista Luis Fernando –cuyos apellidos son reservados por tratarse de una presunta víctima– no aparece en el padrón de proveedores de la empresa productiva del Estado, en tanto el supuesto representante legal de Pemex Exploración y Producción (PEP), Jesús Enrique Suárez Hernández, quien firma el contrato que la fiscalía presentó como prueba, tampoco figura en el directorio de empleados de Pemex.
Frente a la juez María Daniela Quevedo Murillo la detenida expuso: “Quiero manifestar que yo no conozco a esta persona (Luis Fernando); jamás lo he visto. Yo jamás he estado en ese lugar que indican (Villahermosa). Mis actividades son mis hijos y mi escuela de canotaje (en Tampico). Me declaro inocente.
“Que se me dé la oportunidad de llevar este caso fuera de la cárcel, bajo protesta de decir verdad. Voy a demostrar que… vivo en Tampico y que no he venido para nada a Villahermosa y que no conozco a esta persona. Pido la oportunidad de demostrar que soy inocente”.
Sin embargo María Esther fue vinculada a proceso y puesta en prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al artículo 19 constitucional y al 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Apenas siete meses antes, el 12 de abril de 2019, se reformó el artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pese a que la ONU ha reprobado su uso generalizado, porque debilita las capacidades de investigación del delito y en el derecho internacional sólo se permite cuando se determina su pertinencia por la autoridad judicial de manera individualizada.
Después, la defensa de la empresaria de Tampico arguyó que el presunto acusador, Luis Fernando, ni siquiera existe. Quien acudió a las audiencias fue su representante legal, Raúl Jiménez Moscoso, de quien no hay rastro en Tabasco; tampoco se le ubica en el domicilio que presentó en su identificación ni se encuentra su acta de nacimiento en el Registro Civil de Villahermosa.
Los dos testigos de la presunta extorsión –un estudiante de medicina y un mecánico que trabajaban en la obra–, niegan haber declarado en contra de María Esther o conocerla; dicen incluso que sus credenciales de elector fueron falsificadas, pues sus firmas no coinciden con las que fueron estampadas en el acta de entrevista realizada por la policía del estado, según un dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía en cotejo de firmas.
Para Lenin Martínez, esposo de la empresaria detenida, “el caso de Esther es un secuestro autorizado por el sistema”.
Comenta que cuando su cónyuge fue detenida, él y su familia desconocían quiénes estaban detrás de la trama. Ahora, dice tener las pruebas suficientes para demostrar que se trata de Conjunto de Servicios Industriales (CSI), una compañía que escaló en la administración de Lozoya Austin, a la que María Esther realizó trabajos en el pasado.
Subcontrato incumplido
María Esther tiene tres hijos: uno de 22, uno de 12 y una niña de 11. Es administradora única de la empresa Bombas y Sistemas Dinámicos, que se dedica a la fabricación de equipo de bombeo para Pemex.
Hasta su detención vivía con sus hijos y esposo en Tampico, donde tiene una escuela de canotaje –Nutrias– para niños de escasos recursos y estudiaba psicología en el deporte. El año pasado su hijo mayor, Lenin, fue campeón nacional en canotaje.
En 2011 Grupo Tradeco, compañía favorita del calderonismo, la subcontrató para diseñar, dar mantenimiento e instalar cuatro bombas de inyección para separar el agua congénita para pozos en la planta de Pemex llamada Batería de Cárdenas Norte, en Tabasco.
Luego de una decena de convenios modificatorios y plazos sin cumplir, en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, PEP le rescindió el contrato a Tradeco.
Tras finiquitar el contrato, la petrolera, ya bajo el mando de Lozoya Austin, decidió adjudicar directamente el proyecto a la empresa CSI de Érick Walter Legorreta López, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo y cercano a Lozoya y a Froylán Gracia Galicia, quien fue coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex durante la gestión del hoy vinculado a proceso.
El 23 de junio de 2019 este semanario publicó el reportaje Otro desfalco a Pemex en tiempos de Lozoya, en el que documentó que CSI –una empresa de papel que carece de instalaciones y personal, así como de capacidad técnica y financiera para hacerse cargo de la obra– fue contratada en 2015 para terminar de desarrollar el “proyecto Cárdenas” (Proceso 2225).
Entre el contrato de Tradeco y CSI la obra ha costado al erario más de mil 678 millones de pesos y la planta ha estado inoperante desde el inicio.
Al parecer Grupo Tradeco no le pagó las bombas a María Esther y CSI, al absorber el contrato, se comprometió a liquidar los adeudos, pero tampoco lo hizo. María Esther recogió las dos bombas para darles mantenimiento y las retuvo hasta que liquidaran los adeudos, que ascendían a 33 millones de pesos. No obstante, en 2017 CSI denunció penalmente a María Esther por retención indebida de las dos bombas de agua, argumentando que son propiedad de Pemex.
Según Lenin Martínez, Pemex pagó dos veces las bombas: primero a Tradeco y luego a CSI, pero a Bombas y Sistemas Dinámicos nunca les llegó su pago. Resulta, dice a Proceso, que “CSI se gasta los 600 millones de pesos y no paga a sus proveedores”.
Además, la empresa de Legorreta López establece en su denuncia que no tiene ningún adeudo con la empresa de María Esther y exige la devolución de dos bombas de agua, además de las pérdidas acumuladas porque no se han puesto en operación.
“Como ellos no podían hacer nada porque no han pagado esos equipos, hicieron uso del sistema de corrupción que hay en Tabasco. Todo para tener a Esther presa por un delito grave (extorsión agravada) y vincularla al delito no grave de Cárdenas (retención indebida).
“Hoy sabemos que son ellos porque el abogado de la presunta víctima de la extorsión, Raúl Jiménez Moscoso, lleva también el caso en su contra de las bombas en Cárdenas”, explica Martínez.
Lo anterior, debido a que en la carpeta de investigación 1493/2017 de Cárdenas, cuya copia tiene la reportera, el abogado Jiménez Moscoso es señalado como parte del equipo de abogados asesores de CSI que mantienen la denuncia por la presunta retención indebida de las bombas en Cárdenas.
Presas sin sentencia
Mientras tanto María Esther lleva 10 meses presa en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está superpoblado, con 2 mil 494 internos, de los cuales 109 son mujeres, y sus condiciones de vida son pésimas.
“El área femenil presentaba filtraciones de agua en techos –algunos son de lámina– y paredes, con encharcamientos en diversas áreas, generadas por el desperdicio de agua proveniente de los tinacos en mal estado. Se observó obstrucción de la visibilidad al interior de las estancias, ya que se encuentran bloqueadas con cobijas y cortinas; asimismo, las celdas estaban cerradas con candados que fueron puestos por internas; había instalaciones eléctricas hechizas, resistencias, parrillas, acumulación de pertenencias, falta de iluminación en los pasillos y fauna nociva”, indica la CNDH en su recomendación 10/20, emitida el pasado 12 de junio.
Según los Cuadernos Mensuales de Información Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta junio pasado había 210 mil 287 personas privadas de su libertad, tanto del fuero común como del fuero federal, y 41% seguían en espera de una sentencia.
Del total de mujeres privadas de la libertad, 50% no han sido sentenciadas. María Esther es una de ellas.
