Señor director:
Le ruego publicar esta carta dirigida a la doctora María Elena Álvarez Buylla, directora general del Conacyt.
Muy respetada directora:
Algunos investigadores vemos con recelo la militarización de puertos y aduanas pues no hay indicios de que esa sea la mejor solución. Se ataca un síntoma mas no las causas. La inseguridad es resultado de la galopante contenerización que según datos de las Naciones Unidas suma hoy 10 mil 200 millones de toneladas de carga marítima. Ningún país tiene capacidad de revisar más de 5% de esas cajas. Ante esta debilidad de los Estados, el contrabando de drogas se ha fortalecido. Hoy la Secretaría de Marina tiene ya facultades de sobra en materia de seguridad: está presente desde 2007. Puede tomar medidas concretas, ¿para qué quieren atribuciones administrativas?: un puerto opera en tres etapas fundamentales: la primera en el frente de agua, la segunda en los patios de almacenaje y la tercera en la interconexión con el transporte terrestre, lo cual se da en conjunto con la aduana. En las tres hay diversos actores. ¿Dónde está la corrupción?
En apariencia los armadores también son responsables del involucramiento de sus tripulaciones en actos ilícitos, pero no es así. También son víctimas. Hoy en Altamira hay tres buques detenidos por este motivo. Enarbolan bandera de conveniencia, una modalidad donde un país alquila por algunos miles de dólares su bandera, bajo el supuesto de que queda bajo supervisión la seguridad. Algo que de alguna manera viola las convenciones internacionales, que señalan que debe haber un vínculo genuino entre el buque y el país: pero éste se reduce al pago puntual de unos miles de dólares La lista la encabeza Panamá, con 8 mil 500 buques; Bahamas es el segundo seguido de Liberia y otros, que mueven 70% de la carga mundial.
Tampoco esos países pueden supervisar sus buques, pues algunos nunca han estado en sus puertos. Mucho menos tienen control de las tripulaciones que dejan al arbitrio de poderosas empresas de outsourcing mientras la Organización Marítima Internacional, que vive de las donaciones de esos países, cierra los ojos.
Ante la falta de datos, hoy que el Conacyt está en plena reestructuración, le sugiero la fundación de un gran centro de investigación marítimo portuario que provea de información confiable al Poder Ejecutivo y pugnar en el seno de la ONU por un gran acuerdo que involucre responsabilidad para estos países en el grave problema del contrabando de drogas. Hoy en día existen algunos centros de investigación, tanto en la Secretaría de Marina como en la SCT; estudian problemáticas diversas menos este tema, que es propio de los marinos mercantes. Es preciso tomar decisiones con datos concretos: disolver las instituciones sólo provee una imagen de solución pasajera que tal vez agrave aún más el problema.
Atentamente,
Doctor Hugo Sergio Gómez Smith
