Atizada por la guerra que Felipe Calderón declaró desde el inicio de su gestión, la violencia se exacerbó y hundió a México en el caos y la militarización. Ante las dimensiones de la tragedia, su gobierno ordenó que un documento oficial –que Proceso obtuvo– con las cifras fatales se mantuviera en reserva hasta 2024, al final del sexenio de López Obrador.
Washington, D.C.- En 2011 el gobierno de Felipe Calderón registró cifras más altas sobre los homicidios en México que las dadas a conocer de manera oficial por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que determinó ocultar un documento que precisaba esos números y lo reservó hasta el año 2024.
“En el caso de homicidios, la clasificación se divide en culposos y dolosos. Las cifras que capta el Secretariado Ejecutivo son regularmente más altas que las del Inegi”, indica un documento de la Secretaría de Gobernación en poder de Proceso.
Con fecha de 20 de agosto de 2012, el documento de tres páginas incluye gráficas comparativas de los datos del Inegi y los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y se concentra en la exposición de los homicidios dolosos y culposos registrados oficialmente en México.
En la primera página del documento confidencial se observa la leyenda “DOC. SEGOB (2011)” con tinta azul. Como antecedente, hace referencia al comunicado emitido por el Inegi en torno a la información preliminar sobre los homicidios registrados en México durante 2011.
“De acuerdo a dichos datos, se registraron 27 mil 199 homicidios en México a una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes”, indica el documento reservado con la acotación de que el Inegi realizó un ejercicio interno consistente con los resultados del censo de 2010.
Y añade que las cifras se derivan de la información sobre las estadísticas vitales captadas en los registros administrativos, básicamente de defunciones violentas y accidentales; contiene también “registros de las Oficialías del Registro Civil y Agencias del Ministerio Público que mensualmente proporcionan información al Inegi”.
En un párrafo posterior del documento se explica por qué el secretariado tiene cifras superiores a las del instituto:
“EL SESNSP recopila información sobre incidencia delictiva del fuero común de todas las entidades federativas. La fuente primaria son las procuradurías generales de justicia de cada entidad con base en las denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público y los datos pueden ser rectificados en cualquier momento.”
La primera de las tres gráficas es un ejercicio comparativo de las tasas de homicidios totales por cada 100 mil habitantes contenidos en la base de datos del instituto respecto a los que manejó el secretariado para el periodo 1997-2011.
En el primer croquis se observa el aumento acelerado de homicidios en México durante el sexenio de Calderón respecto a los de sus predecesores Ernesto Zedillo y Vicente Fox, en ese orden.
“Estado fallido”
Para los mexicanos no es secreto que la explosión de la criminalidad y asesinatos en el país comenzó con la decisión de Calderón de militarizar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, tarea que apoyó su colaborador Genaro García Luna desde la Secretaría de Seguridad Pública.
Auspiciado por el gobierno de Estados Unidos gracias a la Iniciativa Mérida, Calderón sacó de los cuarteles a las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional para que combatieran de manera directa a los narcotraficantes y bandas delictivas a lo largo del país, en particular en las entidades del norte.
Esa guerra militarizada provocó inmediatamente la anarquía en vastos territorios, la corrupción en las agencias policiales de todos los niveles por parte de narco, así como la ejecución, desaparición y violación generalizada de los derechos humanos.
La gráfica de la primera página del documento reservado hasta 2024 muestra la explosión porcentual de los homicidios cometidos por cada 100 mil habitantes en el país en 2007, 2008 y 2009, considerados los años más sangrientos del sexenio calderonista.
La narcoviolencia, la desaparición de miles de personas y las incontables violaciones a las garantías individuales cometidas por las fuerzas de seguridad motivaron al gobierno estadunidense a calificar a México como “Estado fallido”.
En los testimonios que ofreció al Congreso federal de su país y en conferencias de prensa, Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior durante la administración de Barack Obama, puso énfasis en la anarquía que privaba en México debido a la narcoviolencia.
“En la gráfica 1 se puede apreciar que, de acuerdo al SESNSP, el total de homicidios en 2011 fue menor que en 1997. Por otro lado, ambas series coinciden en un alza a partir de 2007, registrando un crecimiento de 43% en el caso del Secretariado Ejecutivo y de 200% en el caso del Inegi”, indica el documento reservado.
La suma porcentual de 1997 a 2011 que hizo el 20 de agosto de 2012 la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Alejandro Poiré Romero, se traduce en las decenas de miles de muertos a causa de la guerra contra el narco hasta el penúltimo año del sexenio de Calderón.
El eco de la descomposición social de México provocada por la decisión de Calderón de combatir al narcotráfico con la fuerza militar, se arraigó en el país y se hizo transexenal con saldos similares de ejecuciones, desapariciones y secuestros.
Las decenas de miles de muertos por la guerra contra el narcotráfico trascendieron a Calderón y García Luna, fueron una constante en la presidencia de Enrique Peña Nieto y lo son en lo que va de la de Andrés Manuel López Obrador, lo que en campaña prometieron erradicar.
La diversificación de actividades delictivas del narco y el surgimiento de nuevas agrupaciones criminales durante el sexenio de Calderón –Los Zetas, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel de los Beltrán Leyva, entre otros–, aún resuenan en el país por lo ocurrido en 2006.
Esa disrupción criminal por el combate militarizado que emularon de Calderón las administraciones de Peña Nieto y López Obrador, se palpó con actos de barbarie, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el reciente atentado contra Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por mencionar dos ejemplos.
Barbarie potenciada
En la gráfica número 2 del documento reservado se concentran los porcentajes de las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes registradas por el Inegi y de homicidios dolosos y culposos por parte del SESNSP, también durante el periodo de 1997 a 2011.
“En esa gráfica”, según se desprende del folio secreto, “se aprecia un cambio de tendencia en cuando (sic) a la composición del tipo de homicidios, mientras que en 1997 la mayoría eran culposos, a partir de 2009 son dolosos”.
Sin dar explicaciones del porqué el comparativo se hace a partir de 1997, la Secretaría de Gobernación que dirigía Poiré parecía buscar métodos para ensombrecer la realidad de lo que, en costos humanos, provocaba la lucha militarizada que ordenó su jefe.
Como se registró en su momento, en términos comparativos el nivel de violencia y asesinatos fue menor a partir de 2010 y 2011 respecto a la primera fase del sexenio calderonista.
No obstante, las cifras de homicidios, ejecuciones, desapariciones forzadas, secuestros y violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el país en el ocaso del sexenio de Calderón seguían colocando a México entre los países más peligrosos del mundo.
“De hecho esta última serie es la que jala la tendencia hacia arriba”, establece el SESNSP en referencia a la segunda gráfica.
“Los homicidios culposos presentan una disminución de 35% comparando 2011 contra 1997, mientras que los homicidios dolosos presentan un aumento de 11% para el mismo periodo”, según el documento secreto consultado.
En 1997 México no vivía una situación similar a la de 2011, la lucha contra el narcotráfico no estaba militarizada y en el lenguaje de los mexicanos no eran comunes las palabras para describir la barbarie como decapitados, encajuelados, encobijados, colgados, etcétera.
La tercera gráfica, “homicidios dolosos y culposos a nivel nacional”, está constituida por datos que van de “(diciembre 2006-junio de 2012, agregado mensual)”, como se puede leer en el folio que Poiré Romero decretó secreto y que sólo podrá conocerse a finales del sexenio de López Obrador.
Con el título Homicidios en México, el documento consultado por este semanario admite que la gráfica tres expone “un aumento en los homicidios dolosos para el periodo que va de agosto 2008 a junio de 2011, a partir de ahí se percibe una ligera estabilización”.
Agrega que la serie de homicidios culposos es “casi idéntica” desde el inicio del proceso de cotejo, por lo menos hasta el final del quinto año del gobierno de
Calderón.
“Por otro lado, si se compara el número promedio de homicidios en cada primer semestre de año, el más violento fue 2011, con 3145 eventos. La cifra para 2012 es de 3 mil 42, lo que representa una disminución de 3.37%. Si se compara el último mes disponible (junio) de 2012 contra el mismo de 2011, la disminución es de 8.14%, pasando de 3 mil 321 eventos a 3071”, remata el documento.
