En los corrillos del Palacio de Gobierno de Morelos se habla del poderoso Ulises –en alusión al medio hermano del mandatario Cuauhtémoc Blanco, el gran ausente–, quien presuntamente se beneficia de contratos de obra pública, al amparo de personeros del gobernador. Y aunque hay documentos sobre irregularidades en ese rubro, hasta ahora no hay una sola denuncia en su contra.
CUERNAVACA, MOR.– El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo está inmerso en el descontrol administrativo y la corrupción en la que presuntamente están implicados su medio hermano, Ulises Molina Bravo, y otros funcionarios morelenses que intentan aprovechar el vacío de poder.
Hace seis meses –el 15 de enero pasado–, el comisario público de la Comisión Estatal del Agua, Abraham Carreto Hernández, envió un oficio a la directora general jurídica de esa dependencia, Cecilia Gabriela Gutiérrez Neri, en el cual le solicita “información (de) si existen algunas (sic) empresa registrada en sus archivos jurídicos el nombre, razón social o representación legal del Señor Ulises Molina Bravo”.
Carreto pide también que se informe si existe alguna “recomendación” para la asignación de contratos de obras públicas a empresas como Reca Construcciones y Grupo Arquitec RS de Morelos o personas como René Roberto Castañeda Gómez.
El oficio enviado por Carreto a partir de la solicitud pública de un ciudadano que señala a las empresas “desapareció” de los archivos.
Según el portal empresarial quienesquien.wiki, Castañeda Gómez, quien está registrado como representante legal de RECA Construcciones desde hace varios lustros, fue nombrado director general de Obras de Morelos el 16 de mayo pasado.
En la proposición de licitación pública número LO-009J0U002-N152-2015 para la “estabilización del talud en el corte que se ubica en el KM148+450 cuerpo A de la autopista Cuernavaca-Acapulco” –consultada por Proceso– Castañeda aparece como representante de la constructora.
Asimismo, en el directorio de Compranet está inscrito como contratista con el giro de “Edificación, conservación de carreteras, construcción en general y renta de maquinaria pesada”. Y, como tal, obtuvo cuatro contratos en 2009 y 2010 por un total de 30 millones de pesos.
Periódicos locales han recogido testimonios de empresarios y sus representantes legales sobre el enorme poder de Ulises en la administración que encabeza su medio hermano Cuauhtémoc Blanco.
A principios de enero el representante de una trasnacional interesada en invertir en Morelos comentó al corresponsal que las negociaciones comenzaron a “transitar” cuando obtuvo la mediación del poderoso Ulises, quien forma parte del grupo político que encabeza el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas.
En ese grupo también está Hugo Éric Flores Cervantes, superdelegado de los programas sociales del gobierno de la República y exlíder del Partido Encuentro Social. Él fue quien impuso a varios funcionarios en la primera y segundas líneas del gabinete de Blanco. De esa manera, controla la Secretaría de Trabajo y Economía y la de Obras Públicas, donde fue nombrado Castañeda Gómez en mayo pasado.
Los oficios de Castañeda
En junio pasado, René Roberto Castañeda envió un correo electrónico a la titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Obras Públicas, Cecilia Gabriela Gutiérrez Neri –la misma funcionaria que en enero recibió la solicitud de Carreto–, en el que señala que el día 17 de ese mes Damaris Saray Ocampo Anzures, exfuncionaria de la Secretaría de Obras Públicas, y una persona que se identificó como Ulises Bravo Nava firmaban documentación oficial en una oficina sin estar autorizados.
“El día de hoy siendo aproximadamente las trece horas con treinta minutos, como le hice saber vía telefónica a su teléfono personal –dice Castañeda a Gutiérrez Neri en su correo–, me percaté que en las instalaciones de la Dirección General de Obras Públicas se encontraba una persona del sexo masculino, quien se identificó como Ulises Bravo Nava, en compañía de la C. Damaris Saray Ocampo Anzures, persona de quien se tiene conocimiento que presentó su renuncia el día quince de los presentes.”
Los dos personajes presuntamente fueron interrumpidos y puestos a disposición de la Unidad de Enlace Jurídico, aunque no se especifica qué tipo de documentos firmaban.
Ocampo Anzures era becaria en el gobierno de Graco Ramírez en la Secretaría de Obras Públicas y fue incorporada en el gobierno actual como directora de Infraestructura, cargo al que renunció a principios de junio.
Un oficio de la encargada de despacho de la Secretaría de Obras Públicas a la titular de la Unidad de Enlace Jurídico, del cual Proceso obtuvo una copia, indica que se le requirió un informe con “el nombre y cargo de las personas involucradas, según sea el caso, el nombre de la empresa y la descripción de los documentos públicos de fechas atrasadas que ahí se mencionan”.
Se desconoce si se presentó una denuncia sobre esos hechos. Lo que sí se sabe es que hay dos documentos sobre la presunta identidad de Ulises Bravo Nava, quien firmaba documentos oficiales sin ser funcionario estatal. Al parecer es un homónimo de Ulises Bravo Molina o Molina Bravo, medio hermano del gobernador.
Se trata de dos oficios firmados por Castañeda Gómez en los que identifica a Ulises como “administrador único” de la empresa “Grupo Coblamex, S.A. de C.V.”. Uno de los documentos está fechado el 26 de junio; el otro, el 3 de julio. En ambos se denomina a Ulises titular del contrato 2020-SOP-DGOP-EST-LP-012-OP, consistente en “Obras menores en diversas vialidades y espacios públicos de la zona metropolitana de Cuernavaca 2020, en el estado de Morelos, a ejecutarse en todo el estado de Morelos”.
En el primer oficio se le informa que se cambia al supervisor de obra; en el segundo, se hace referencia a un oficio de mayo anterior, en el que “se ordenó suspender temporalmente la totalidad de los trabajos” desde el 4 de mayo hasta el 4 de julio. En ese segundo documento se establece que “una vez que se han resuelto las causas de la suspensión de los trabajos”, se le cita a una reunión para el 5 de julio pasado, para reiniciar las actividades, debiendo presentar “la programación de los trabajos para su visto bueno y autorización”. Se entiende que la suspensión obedeció a la cuarentena.
El gran ausente
Según la investigación de la organización civil Centro Morelos Rinde Cuentas, durante el primer año de gobierno, del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, el gobernador sólo tuvo actividad privada o pública 150 días.
El mes pasado, en medio de la pandemia, las cifras se actualizaron. Blanco sólo tuvo siete eventos en 13 días.
Pese a la notoria ausencia del gobernador, sus principales “operadores políticos” no trabajan en equipo; por el contrario, dos grupos se disputan el poder. Sus representantes: José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, y Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, aparecen en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en sendas denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por delitos diversos en los últimos 21 meses.
Sanz Rivera es un empresario español con pasaporte estadunidense. Según se exhibió en 2015, él se dedicó la mayor parte de su vida a la representación de jugadores de futbol, donde conoció a Blanco.
Desde que tomó la representación se convirtió en el hombre más cercano al exjugador del América. Los hermanos Roberto y Julio Yáñez, artífices de la candidatura del exfutbolista, con quienes luego rompió, aseguran que Blanco fue contratado para “prestarse” a ser candidato. El contrato presuntamente lo firmó Sanz Rivera.
Ojeda Cárdenas es abogado e hijo de Pedro Ojeda Paullada, quien fue titular de la Procuraduría General de la República en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. A él se le vincula con las empresas fantasmas del veracruzano Javier Duarte.
En 2015 Ojeda Cárdenas se hizo cargo de la defensa del entonces alcalde Blanco Bravo en los distintos procesos abiertos por Graco Ramírez en Morelos y la Ciudad de México.
A Sanz Rivera la UIF lo investigó por transferencias inexplicables de recursos por más de 650 millones de pesos en cuentas de Suiza, así como por la compra, atribuida a su esposa, de un departamento en Cuernavaca. A Ojeda Cárdenas se le investiga por sus relaciones en las operaciones de Javier Duarte por medio de empresas fantasmas.
En las indagatorias han aparecido los nombres de Ulises Molina Bravo y de la esposa de Blanco, Natalia Rezende Moreira, una exmodelo brasileña, que se hace cargo del DIF Morelos.
En abril pasado Rezende decidió distribuir su primer informe de labores usando cajas con pantalla electrónica con valor comercial de entre 25 y 50 dólares cada una.
