La captura del exmandatario César Duarte Jáquez da aliento a las autoridades de Chihuahua, quienes están al pendiente de su extradición. El gobernador Javier Corral adelanta que el detenido deberá responder por los delitos que cometió contra la entidad, así como sobre la red de corrupción que aceitó. Una veta en la que se profundizará, según el actual mandatario, es la llamada “nómina secreta” de personeros implicados en el entramado duartista.
La captura de César Horacio Duarte Jáquez el miércoles 8 en Miami en una de sus 50 propiedades –que presuntamente adquirió con prestanombres o por familiares en Florida, Texas y Nuevo México– removió las piezas políticas locales y nacionales de la red de corrupción que tejió cuando fue gobernador de Chihuahua, del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre de 2016.
Durante su gestión, el priista Duarte saqueó las arcas públicas de la entidad. Lo hizo con el apoyo del Congreso local, cuyos legisladores aprobaron reformas legislativas en materia de seguridad y finanzas. En su sexenio adquirió ranchos y ganado exótico, incluso creó una institución fiduciaria llamada Unión Progreso, que se convirtió en banco desde el cual se hicieron escandalosos manejos de divisas.
Duarte colocó a familiares y conocidos en las secretarías de Hacienda, Salud, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Rural, Educación y la coordinación de Comunicación Social para cometer sus tropelías.
Su sucesor en el cargo, el panista Javier Corral Jurado, emprendió la operación Saneamiento Financiero (Safiro) mediante la cual detectó la red de corrupción en la cual, según las indagatorias, varios gobiernos estatales de filiación priista participaron en la desviación de fondos para el financiamiento de campañas políticas para el PRI, partido en el que militaba Duarte.
Tras la detención del exmandatario, el titular de la Fiscalía General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, adelantó que en las próximas semanas solicitará se activen las más de 40 órdenes de aprehensión contra otros presuntos responsables de la red de corrupción mediante la cual Duarte desvió miles de millones de las arcas estatales.
Corral Jurado comentó que ya hay carpetas de investigación contra quienes protegieron a Duarte, que incluyen a legisladores, políticos de varios partidos, empresarios e incluso representantes del clero, pues el duartismo en Chihuahua no fue privativo del PRI.
Las indagatorias irán hasta las últimas consecuencias contra quienes estaban en “la nómina secreta”, entre ellos el senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar, dirigente del partido Movimiento Ciudadano en la época duartista y antiguo militante del PAN en la entidad; otra presunta implicada es la alcalde de la ciudad de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván.
Pérez Cuéllar y Campos Galván son prospectos de sus partidos para ser candidatos a la gubernatura en 2022.
La “nómina secreta” fue localizada en el cateo a una de las residencias de Duarte, a quien hasta ahora le han asegurado 22 propiedades y siete ranchos.
Los procesados
El proceso penal por el desvío de 250 millones de pesos que se le sigue al exgobernador priista se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque el presidente Enrique Peña Nieto trató por todos los medios de proteger a Duarte, quien fue presunto operador de Manlio Fabio Beltrones Rivera cuando el sonorense estuvo al frente del PRI nacional.
Por el caso Duarte hasta ahora han sido procesados Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fungió como secretario general del PRI cuando se cometieron los desvíos para financiar campañas políticas. Se le acusa de gestionar los 250 millones de pesos para el gobierno estatal a través de la Secretaría de Educación y Cultura en el sexenio duartista y de buscar empresas que simularan contratos para desviar el dinero hacia campañas electorales en diferentes estados.
Los otros son Ricardo Yáñez Herrera, secretario de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua durante la gestión de Duarte; Enrique Antonio Tarín García –sobrino de Duarte, quien enfrenta 10 procesos penales–, director de Adquisiciones y Servicios de Hacienda durante la gestión del priista; Karina Areli Jurado Bafidis, directora de Administración de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y Gerardo Villegas Madriles –otro sobrino de Duarte–, quien fue director de Administración de Hacienda estatal.
De acuerdo con las declaraciones de los procesados, en la operación del desvío de recursos participaron Beltrones Rivera, quien era presidente del PRI nacional en ese tiempo, así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria.
En la audiencia contra Gutiérrez, Yáñez Herrera –quien fue sentenciado en juicio abreviado a cuatro años de prisión por la misma causa penal– declaró que esquemas de corrupción similares para el desvío de recursos hacia campañas del PRI se utilizaron en Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Durango y Sinaloa.
Según Corral, el caso de Gutiérrez se encuentra en la SCJN por vía de amparo de revisión, porque el gobierno de Chihuahua busca reponer el proceso de investigación que primero se atrajo “con maniobras a la federación por malas actuaciones de agentes del Ministerio Público federal y de la extinta Procuraduría General de la República”.
La Secretaría de Hacienda de Chihuahua presentó registros legales para reclamar el carácter de agraviado de estado, porque se afectó su patrimonio y esa revisión fue atraída por la SCJN, pues a finales de su gestión como presidente Peña Nieto promovió una controversia constitucional para suspender las actuaciones del MP estatal y del Tribunal de Justicia de Chihuahua.
Antes de su renuncia como ministro de la SCJN Eduardo Medina Mora le otorgó la suspensión al gobierno federal, pero el gobierno de Chihuahua presentó un recurso que logró revertir esa suspensión.
Durante la gestión de Peña Nieto, la SHCP presionó al gobierno de Chihuahua mediante la suspensión de partidas presupuestales en 2018, para obligar a Corral a dar información sobre la investigación que realizaba por el desvío de recursos a campañas electorales.
El entonces titular de Hacienda José Antonio González Anaya le dijo a Corral que les interesaba si involucraban a Alfonso Isaac Gamboa Lozano, entonces titular de la Unidad Política y Control Presupuestal de la SHCP, quien fue asesinado el pasado 21 de mayo en el fraccionamiento Brisas de Temixco, Morelos, junto con tres hermanos y su mamá.
En otros procesos penales, como el de Sergio Medina Ibarra –director del Comité de Arrendamiento y Servicios de Chihuahua–, acusado por el desvío de 379 millones, los testigos detallaron la operación para desviar recursos a la campaña del priista Enrique Serrano Escobar, candidato a la gubernatura de Chihuahua en 2016, y para pagar a diputados que aprobaron 6 mil millones de pesos de bursatilización al final del sexenio.
Otros actores
Para el activista y abogado Jaime García Chávez, quien presentó la primera denuncia contra Duarte, su tesorero Jaime Herrera Corral y contra el exdiputado federal Carlos Hermosillo Arteaga, el gobierno de Corral encubre a uno de los principales operadores de la red de corrupción, a través del criterio de oportunidad.
“El raterazo” era César Duarte, dice, pero el cerebro de las operaciones financieras era su secretario de Hacienda: Jaime Herrera Corral; incluso hay dos acuerdos entre Herrera y el gobierno de Chihuahua, con la figura de “criterio de oportunidad”.
Otro excolaborador de Duarte cuyo nombre todavía no aparece en los procesos penales, aun cuando ha sido señalado en investigaciones periodísticas y de organizaciones civiles, es Pedro Hernández Flores, quien fue secretario de Salud y director del Instituto Chihuahuense de la Salud.
En esta última dependencia varios empleados también fueron señalados por utilizar a las empresas Ymmarsa, Servicios y Almacenes Médicos K, así como Fritag, Comercialización y Administración de Franquicias Internacionales, entre otras.
Los dueños de Ymmarsa Pharmaceutic eran Juan Hiram y Jesús Miguel Márquez Rodríguez. Ambos confirmaron que compartían domicilio fiscal con negocios del entonces gobernador Duarte (Proceso 2075).
Ellos eran proveedores de los gobiernos de Durango, Coahuila, Aguascalientes, Tabasco y Nuevo León. Durante la gestión de Duarte expandieron la cadena de farmacias Economik. No obstante, cuando se dio a conocer el conflicto de intereses con Duarte, Juan Hiram y Jesús Miguel vendieron la cadena y las empresas Ymmarsa y Servicios y Atenciones Médicas K al empresario Eduardo Almeida Navarro.
Otro primo de Duarte, Everardo Medina, quien fue subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, así como encargado del desarrollo del proyecto de Ciudad Judicial –de cuya construcción se desviaron recursos públicos y se utilizó dinero de la deuda de Chihuahua– también está señalado.
En una situación similar se encuentra Gabriel Sepúlveda Reyes, presidente del Tribunal Superior del Estado durante el gobierno de Duarte y diputado del PRI en la primera legislatura de la era duartista (Proceso 2079)
El hijo de Duarte, César Adrián Duarte Gómez, quien presuntamente tiene propiedades en Quintana Roo, también fue exhibido como dueño de una concesión minera por 50 años, obtenida durante el mandato de su papá, para explotar un predio en el municipio de Balleza, de acuerdo con la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Minería.
En 2015 Duarte promovió un programa de repoblamiento de vaquillas importadas para apoyar a pequeños productores, pero utilizó su asociación Unión Ganadera División del Norte, junto con su socio, el entonces diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, para desviar dinero.
El programa federal fue financiado con un crédito de 12 mil pesos por vaquilla por la Banca de Desarrollo a través de Financiera Nacional, con lo que se beneficiaron, entre otros, Hugo Ismael Sánchez Sandoval, coordinador de la campaña de Peña Nieto en Nayarit en 2012, y Raymundo Sandoval Castañeda, hermano del exgobernador de Nayarit.
