En su conferencia del 30 de junio, Alejandro Gertz Manero reveló que hay orden de captura contra Tomás Zerón de Lucio, uno de los impulsores de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa. En entrevista con Proceso, el fiscal general reitera que habrá nuevas investigaciones y más capturas, aunque por cautela se niega a ir más allá… “Dejémoslo en que la desaparición forzada de los jóvenes fue producto del choque de grupos delictivos que tienen la necesidad de controlar un centro de distribución de amapola. Punto”.
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), negó que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 hayan sido “sacrificados” y “quemados” en el basurero de Cocula, como afirmó Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República en aquella época.
Murillo hizo esa declaración un mes después de los hechos, al dar a conocer su versión de la “verdad histórica” sobre ese caso. Ahora Gertz Manero aclara que la de los jóvenes fue una desaparición forzada, pues en ella participaron elementos de instituciones de seguridad del Estado.
Muy cerca de que se cumplan seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos por integrantes de grupo delictivo Guerreros Unidos, producto de una “confusión” con el grupo antagónico Los Rojos, la declaración del fiscal es contundente: “Se acabó la verdad histórica”.
El 7 de noviembre de 2014 Murillo Karam dio a conocer las declaraciones de Patricio Reyes Landa, El Pato, y de Jonathan Osorio Gómez, El Jona, gracias a las cuales fue detenido posteriormente Agustín García Reyes, El Chereje.
Según él, los detenidos dijeron que “en ese lugar (el basurero) privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del sitio, donde quemaron los cuerpos; hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durara horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según uno de los detenidos, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14:00 horas; otro dijo que hasta las 15:00 horas del 27 de septiembre”.
Esa versión coincidió con la de Sidronio Casarrubias Salgado, otro de los detenidos, quien incluso fue identificado como líder de Guerreros Unidos. Después del interrogatorio a Sidronio salió a relucir el nombre de un hermano suyo: José Ángel, apodado, El Mochomo, quien fue detenido por la FGR el 29 de junio pasado.
A cambio de un supuesto soborno por “varios millones de pesos” al personal de juzgado mexiquense en que se llevaba su caso, El Mochomo intentó recuperar su libertad, según se desprende de una llamada telefónica interceptada entre la madre del detenido y el defensor del imputado. Pero cuando éste pisó la calle fue recapturado y hoy se encuentra bajo arraigo.
Desde el principio la llamada “verdad histórica” fue rechazada por los padres de los jóvenes y por Amnistía Internacional. Meses después, en febrero de 2015, Murillo Karam renunció a su cargo. El titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quedó como encargado de la indagatoria de los 43 normalistas, tarea que terminó en septiembre de 2016, cuando la sucesora de Murillo Karam, Arely Gómez, presionada por los padres de los estudiantes, cesó a Zerón.
El pasado 30 de junio, en conferencia de prensa, Gertz Manero dijo que la Interpol emitió ficha roja para localizar al extitular de la AIC con fines de detención a petición del gobierno mexicano. La FGR obtuvo la orden de detención contra Zerón desde marzo pasado, cuando el exfuncionario ya había huido del país.
Asimismo Gertz Manero anunció que está en espera de que los jueces le concedan órdenes de detención contra otros 46 servidores públicos de los municipios de Iguala y Cocula,del estado de Guerrero, a quienes la FGR involucra en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
El gran rechazo
–Cuándo usted habló de esas 46 órdenes de captura, ¿no se alertó a los presuntos implicados? –se le pregunta al fiscal.
–Esto implica a un número indeterminado de personas; no estoy haciendo ninguna imputación directa –responde.
De acuerdo con el fiscal, en septiembre de 2014 la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) consignó a funcionarios que fueron liberados en distintas fechas debido a la “inconsistencia y parcialidad de las acusaciones”, así como por las violaciones cometidas contra ellos: detención arbitraria, tortura, dilación en las puestas a disposición, vulneración de los derechos de la defensa, violaciones al procedimiento así como ocultamiento de pruebas que permitieran conocer de manera fehaciente el destino de los normalistas.
–Al decir “se acabó la verdad histórica”, ¿a qué se refiere concretamente? –pregunta la reportera.
–La verdad histórica, hasta donde yo lo entiendo, es la que ellos (los funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto) sostuvieron en el sentido de que los jóvenes fueron sacrificados y quemados en un determinado lugar. Esa es la verdad histórica.
–¿Entonces no fueron incinerados en el basurero de Cocula?
–No. Ellos, Tomás Zerón y Murillo Karam, dijeron eso. Yo le digo a usted que esta institución, de acuerdo con las investigaciones, no está de acuerdo con esa verdad histórica.
–Afirmaron que integrantes de Guerreros Unidos, coludidos con policías municipales de Iguala y Cocula, desaparecen a los jóvenes ¿Esto también forma parte de la verdad histórica?
–Que estuvieron los policías nadie lo puede negar; que había grupos delictivos, tampoco; pero no, esto no es una verdad histórica. Esta es una verdad sabida y esto que es del dominio público no se puede convertir en la autoría de una autoridad.
“Para nosotros, lo que dijeron sobre la forma como los detuvieron y los desaparecieron es el fondo del asunto. Allí ha radicado la incógnita y el punto de controversia.
“Tomás Zerón ya fue consignado, ya fue judicializado, ya se obtuvo la orden de aprehensión, pero el señor ya se había fugado del país. Iniciamos todos los procedimientos de extradición, sólo que el país –Canadá– al que le estamos requiriendo es muy puntilloso. Nosotros no lo vamos a echar a perder.”
–¿Fue realmente Tomás Zerón quien ideó la verdad histórica?
–Hay una premisa lógica: este señor asumió la responsabilidad de toda la investigación. ¿Por qué no se quedó en México a demostrar que tenía la razón? ¿Por qué huyó?
–¿El exprocurador Murillo Karam será llamado a declarar?
–Si hay elementos, sí.
Nuevas investigaciones
Gertz Manero asegura que en la nueva reconstrucción de hechos –la repetición de la secuencia cronológica de lo que sucedió los días 26 y 27 de septiembre de 2014– está hecha minuto a minuto.
–¿Qué encontró de nuevo?
–Hay partes que le puedo decir y otras que no, obviamente, porque aún las requiero para la segunda parte de la consignación. Fotográficamente conocí sus movimientos, su trayectoria. Al mismo tiempo conocí que los policías y los integrantes del grupo delictivo se comunicaban a través de radios, de todo un sistema de comunicación que tienen las policías, y por medio de walkie-talkies, Al hacer la reconstrucción, todo se va volviendo claro.
–¿Qué es muy claro?
–Esa es la parte en la que tengo todavía que guardar reserva.
–¿Todo apunta a que Guerreros Unidos desapareció a los estudiantes en colusión con las policías municipales?
Aquí creo que hay un defecto histórico en cómo hacen las investigaciones. Yo no acepto darles nominativos porque ese grupo no es una corporación. Dejémoslo en que la desaparición forzada de los jóvenes fue producto del choque de grupos delictivos que tienen la necesidad de controlar un centro de distribución de amapola. Punto.
Sin embargo, por un lado se agrega un tercer elemento, que son los jóvenes, y por el otro, que los grupos delictivos empiezan a operar a través de las policías municipales. Así de fácil.
Sin embargo, el 1 de septiembre de 2019 Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, uno de los líderes que presuntamente ordenó la desaparición de los 43 normalistas, recuperó su libertad luego de que el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas desestimó un tercio de las pruebas presentadas por la entonces PGR, según el expediente 66/2015, gracias a lo cual quedaron en libertad tres sujetos más ligados al caso.
–¿Deberían ser detenidos todos los que fueron liberados en Tamaulipas? –se le pregunta a Gertz Manero.
–La ley no permite acusar dos veces por el mismo delito, pero sí puedo acusarlos de delincuencia organizada o desaparición forzada. Esos son los delitos que estamos atribuyendo a los que estamos metiendo a la cárcel, porque nunca se los imputaron en las ochenta y tantas consignaciones que hicieron en la pasada administración.
–Al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, ¿también se les van a fincar estos delitos?
–No lo diré en estos momentos.
“Puedo decirle que en 2019 la FGR, a través de la titular de la Fiscalía Especial en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, así como del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados y que no tienen obstáculo procesal para poderlos judicializar, como la desaparición forzada, delincuencia organizada y el verdadero paradero de los desaparecidos.”
Añade que las nuevas diligencias han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos. Incluso restos óseos que fueron encontrados en esta administración, hace poco más de un mes, fueron enviados a la Universidad de Innsbruck. Esto, afirma, termina con la verdad histórica.
Los peritos removidos
Sin embargo, para la construcción de la verdad histórica, Zerón se apoyó en peritajes que confirmaron que los 43 jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes de Guerreros Unidos, quienes posteriormente recibieron la orden de depositar los restos en bolsas negras que tiraron en el río San Juan.
Proceso incluso tiene los nombres de cuatro peritos removidos, entre ellos la entonces coordinadora general de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Alegría, por negarse a realizar peritajes a “modo”. Ella fue la responsable de elaborar los “cuestionados” peritajes contenidos en el expediente del caso Iguala y que sirvieron para elaborar y sostener a verdad histórica (Proceso 2033 y 2041).
Estos peritajes, como el de incendios y explosivos, finalmente fueron realizados por los peritos Marcos Soto Villalobos, ingeniero en comunicación y electrónica, y Moisés Moreno Gallegos, quien en esa época aún no concluía sus estudios de ingeniería civil y arquitectura (Proceso 2029).
Ambos concluyeron que el “punto de inflamación de los neumáticos encontrados” les permitió determinar que la temperatura en el momento del incendio en el basurero de Cocula alcanzó los 700 grados centígrados. Conforme lo menciona el dictamen de química, señalaron, los acelerantes del fuego correspondían a una mezcla de hidrocarburos del tipo gasolina o diésel. Lo extraño es que el peritaje de química que obra en el mismo expediente, fechado el 23 de diciembre de 2014, indica que “carecía de la infraestructura necesaria para realizar dicha prueba”.
–La verdad histórica de Tomás Zerón se sostuvo con dictámenes periciales. ¿Se le va a fincar alguna responsabilidad a Sara Mónica Alegría?
–No me adelante a los tiempos, si no, me pasa lo que al señor Zerón.
