Señor director:
Solicitamos de la manera más atenta que publique la siguiente carta, dirigida tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Los que firmamos esta carta estamos convencidos de que un número reducido de ciudadanos mexicanos estaría de acuerdo en fomentar o mantener la corrupción en los niveles en que los poderes públicos orillaron a la sociedad mexicana a vivir y a desenvolverse. No hay una “cultura” corrupta, sino un ejercicio del poder público que corrompe a la sociedad. A las pruebas nos remitimos.
Existe una Ley Federal de Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos, Históricos y Paleontológicos, cuyo objetivo es protegerlos de su destrucción y saqueo, ya que dentro de otras tantas potencialidades que podemos obtener de ellos es que son fuentes de conocimiento de las sociedades que nos antecedieron, motivo suficiente por el cual, desde el siglo antepasado, se les adscribió como bienes nacionales imprescriptibles, inalienables e intransferibles, por su indiscutido interés público para las investigaciones históricas y antropológicas que requiere toda sociedad para acercarse a sus pasados.
En virtud de lo antes expresado, hemos actuado, aun antes de que los neoliberales se apoderaran de las instituciones que tienen por encargo hacer cumplir dicha ley, justamente para reclamar el cumplimiento y observancia del espíritu y letra de la misma ley.
La obsecuencia de los funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia ante las exigencias de los Ejecutivos en turno nos llevó a presentar ante la Procuraduría General de la República (PGR), jueces administrativos, de distrito, de la propia Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, diversas denuncias de hechos que se iniciaron en 1996 con la defensa de Teotihuacán hasta llegar a Chichen Itzá en 2018, pasando varias veces por esas mismas zonas arqueológicas, más las del Tajín, Tzintzuntzan, Monte Albán, el Castillo de Chapultepec, San Juan de Ulúa, casas del Centro Histórico de la Ciudad de México, Puebla, León, los Fuertes de Loreto y Guadalupe, el Paseo de la Reforma, etcétera (Proceso ha dado cuenta de buena parte de ellos).
En todas esas acciones jurídicas ante la PGR y el Poder Judicial se simuló iniciar investigaciones; luego todo concluía en un fiasco. Sólo en un caso obtuvimos que se reconociera nuestro interés profesional para reclamar actos que atentaran contra la integridad de los monumentos como bienes nacionales: “Acuerdo del Décimo Primer Tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, dictada en el juicio de nulidad atrayente número 8558/01-17-03-7/571/02 PL- 03-04”.
El 15 y 29 de mayo últimos presentamos, respectivamente, una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública por la presunción de destrucción de un indeterminado número de bienes nacionales denominados monumentos arqueológicos, localizados en Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Veracruz; hasta la fecha no ha merecido la atención de esas dependencias, pues no nos han llamado para ratificarla y asignarle el número de carpeta de investigación, lo cual nos deja ver que la obsecuencia con que trata al Ejecutivo Federal continúa incólume como desde que se estableció el presidencialismo mexicano.
Atentamente,
Historiador Felipe I. Echenique March
(responsable de la publicación).
Siguen 81 firmas de historiadores, antropólogos y arqueólogos de Argentina, Brasil,
Canadá, Colombia, Estados Unidos y México.
