PUEBLA, Pue.- Ambrosio Guzmán Álvarez tuvo una salida inusual de su cargo como delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Puebla.
Ante trabajadores e invitados al auditorio “Efraín Castro Morales” el 16 de junio, el especialista en restauración arquitectónica acusó al director de la institución, Diego Prieto Hernández, de haberle pedido su renuncia tras denunciar en ella presuntas irregularidades y corrupción.
Prieto acudió a esta ciudad para presentar a Manuel Villarruel como nuevo titular del Centro INAH-Puebla, pero en el acto Guzmán Álvarez dejó asentado públicamente que no firmaría la renuncia.
En entrevista, el ahora exfuncionario aclara que, al no firmar, no pretende mantenerse en el cargo, sino evidenciar lo que ocurre en la institución. El 14 de mayo, envió una carta a Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo de la Coordinación Nacional Memoria Histórica y Cultural de México, para exponer las irregularidades que detectó, en especial en el Programa de restauración del patrimonio dañado por los sismos de 2017.
Desde junio de 2019 pidió a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), abrir una investigación sobre el manejo de los recursos y “los notorios autos de lujo” de algunos arquitectos del Centro-INAH. Al no obtener respuesta, decidió enviar la carta a Gutiérrez Müller, pero –asegura– fue filtrada a Prieto. Él lo acusó de “no ser leal” al instituto y dañar la imagen de sus compañeros, y le pidió renunciar, aunque su contrato concluía hasta el 31 de diciembre.
Ya fuera del INAH, el también académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) reitera la necesidad de auditar el Programa Sismo. En su opinión, el avance de obra que reporta ese programa en Puebla no corresponde a los mil 218 millones de pesos que se asegura fueron aplicados. Y sostiene que, en el resto de las 11 entidades afectadas, igual se presentan irregularidades.
Lo expuesto por el académico coincide con las denuncias que desde hace dos años han hecho peritos del Centro INAH-Puebla (Proceso 2185 y 2253).
Las irregularidades
Guzmán indica que, desde el 15 de enero de 2019, cuando llegó al cargo, se percató de que era común en los directivos nacionales dar órdenes verbales, sin protocolos claros de trabajo. Asimismo, se recurría al encubrimiento de fallas elaborando documentos con fechas atrasadas. Todo ello ha puesto en riesgo de responsabilidad legal a funcionarios y trabajadores participantes en el Programa Sismo.
A dos años y medio, no hay licencias, proyectos, contratos, fianzas, bitácoras y demás documentación que sustente las obras ejecutadas. Según peritos del INAH consultados, los expedientes están en elaboración, pero no se han podido entregar por las instrucciones cambiantes de los directivos.
Este desorden, sostiene Guzmán, ha derivado en retraso o suspensión de las obras con el consecuente “deterioro de los inmuebles históricos, el descontento de las poblaciones y constantes requerimientos de pagos por parte de constructores afectados”. Además, encontró indicios de corrupción como sobrecostos y favoritismo a empresas a las que se les entregaron decenas de obras sin licitación.
Alude a la participación de Salvador Camarena Rosales en las decisiones que generaron la problemática actual, pues fue enlace entre el Centro INAH-Puebla y la dirección general del Instituto durante los primeros meses después del temblor. Luego, Prieto lo nombró coordinador nacional de la Oficina de Sismos del INAH, cargo que ostenta hasta la fecha.
Del Seguro a Fonden
Como resultado de los sismos de 2017, hubo en Puebla 621 inmuebles históricos dañados, de los cuales 361 serían atendidos por un seguro contratado con Banorte por mil 218 millones 275 mil 508 pesos. Guzmán afirma contar con información por parte de los peritos en el sentido de que, al poco tiempo de ocurridos los sismos, Camarena ordenó a los supervisores iniciar “toda obra” posible:
“Les dijo que no se preocuparan por trámites y expedientes porque era un asunto entre particulares: la aseguradora y el contratista”, refiere.
Sin embargo, el exdelegado agrega que, a casi un año de avances bajo este esquema, quedó claro que la prima del seguro de Banorte se pagó con recursos públicos y, por lo mismo, las obras debían transparentarse. Revela que el INAH aún no tiene integrados los expedientes, ni documentos o fianzas, que garanticen los trabajos por los llamados “vicios ocultos”.
En septiembre de 2018, la aseguradora informó al INAH que la póliza no podría cubrir todos los trabajos iniciados, entonces el instituto resolvió que las restauraciones fueran financiadas por el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), lo cual incluyó obras que estaban iniciadas y hasta terminadas:
“Debido a que no hubo licitación, esas obras no cumplían con la normatividad del Fonden que se rige por la Ley de Obra Pública, por lo que, durante meses, nadie quería hacerse responsable de buscar una solución de cómo se pagaría a los constructores que ejecutaron esos trabajos”, abunda.
Hasta noviembre de 2019, los directivos le informaron que la única manera de ingresar esos expedientes al Fonden sería por Adjudicación Directa por Excepción, pero debería hacerse “con fechas atrasadas”. Para ello, se pidió a los peritos hacer una nueva revisión de los expedientes, que aún sigue en proceso.
En el Fonden, agrega, hay mil 778 millones de pesos para 227 restauraciones en Puebla; sin embargo, por más de un año se ha buscado bajar esos recursos y los avances son escasos. Apenas se han pagado anticipos de siete inmuebles, debido principalmente a la estrategia “errática” que ha planteado el instituto para la integración y revisión de los expedientes.
Con solicitudes de información, la organización Puebla Unida contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo una lista de 247 inmuebles terminados al 100%, aunque la dirección general afirma que son 325.
Del Seguro a Sedatu
Guzmán revela que, en diciembre de 2019, la aseguradora suspendió pagos cuando faltaban 123 millones, de los mil 218 millones que se tenían acordados. En enero, la dirección del INAH informó que Banorte se negó a cubrir esos adeudos porque en lugar de dos siniestros, del 7 y 19 de septiembre, sólo pagaría uno por 3 mil 500 millones de pesos. Prieto informó que se interpuso una demanda legal por esta situación. Y anunció que la institución gestiona 481 millones de pesos ante la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para resolver los pagos a empresas que niega Banorte.
Pero Guzmán duda que el INAH cuente con los recursos materiales y humanos (sólo hay 10 peritos en Puebla) para avanzar con los expedientes de obra financiada por el Fonden y Sedatu, pues las normatividades de ambas son rígidas.
Los trabajadores revelan que los directivos han propuesto que las propias empresas integren los expedientes, pero alertan que, con esto, se podrían avalar sobrecostos y volúmenes de obras dudosas que algunos supervisores, de manera irregular, autorizaron. Lo procedente, dicen, sería revisar cada trabajo efectuado.
Acuerdos políticos
Para la antropóloga Anamaría Ashwell es evidente que la preocupación del director se relaciona con la reducción presupuestal que amenaza actualmente al INAH.
“Pero la institución está en riesgo precisamente por lo que Ambrosio denunció, había que auditar y exponer cómo procedieron los responsables hasta llegar a esta situación. No callar al que no aceptó el proceder por ser honesto… Esto es de sentido común, pero Prieto pareciera aceptar que la institución no se puede reformar y optó por sostenerla como si todo estuviera bien.”
La investigadora señala que el INAH carga con un historial de corrupción sistémica: Los gobiernos del PRI y PAN la convirtieron en oficina de la Secretaría de Turismo, en donde se expiden permisos para justificar la destrucción patrimonial, se orienta la restauración y salvamento a las zonas que generen interés turístico, y se carece de autonomía ante decisiones del gobernante en turno.
No sólo en Puebla, sino en el país entero, agrega, hay múltiples ejemplos, como el aval del instituto al puente vial que ordenó el fallecido gobernador Rafael Moreno Valle a 500 metros de la pirámide de Cholula, el tren turístico que pasa justo encima, y más recientemente la instalación de la Capilla Sixtina “de cartón” en la Catedral de Puebla.
Advierte que los propios investigadores del instituto han señalado caminos correctivos para la dependencia. Hay 16 exigencias expuestas públicamente durante el II Congreso Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH en 2018 que aguardan aterrizarse:
“El INAH está ante su última oportunidad para reformarse a fondo…porque un Estado que combate la corrupción y que se propone invertir en los más desposeídos de este país no se puede dar el lujo de seguir sosteniéndola en la manera como viene funcionando.”
