La CNDH se creó hace 30 años, un 6 de junio, para defender derechos humanos y denunciar los abusos de las autoridades de los tres niveles, pero desde la gestión de Luis Raúl González se observa un abandono institucional que se ha acentuado en los siete últimos meses de gestión de Rosario Piedra Ibarra, comentan activistas a Proceso. Llevan dos años pidiendo a la institución que emita una recomendación sobre 39 desaparecidos y no obtienen respuesta de la ombudsperson, quien se preocupa más por la austeridad republicana.
A finales de marzo y principios de abril pasados, una treintena de familiares de personas detenidas por efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) entre febrero y mayo de 2018 y que permanecen en calidad de desaparecidas, enviaron sendas misivas a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
Una de ellas está firmada por Jessica Molina, ciudadana estadunidense, sobreviviente del allanamiento de marinos a su domicilio en Nuevo Laredo el 27 de marzo de aquel año. Ella fue testigo de la detención y desaparición de su esposo, José Daniel Trejo, y de Gabriel Gaspar Vázquez, que estaba de visita en su domicilio.
En la carta, Molina le pide a Piedra “emitir de manera inmediata” la recomendación correspondiente a la queja CNDH72/2018/2994 en la que se encuentran el caso de su esposo y de 38 personas más.
“Han pasado ya dos años de ocurridos los hechos y hasta el momento nuestro caso y otros más registrados en fechas anteriores siguen impunes”, puntualiza Molina en su escrito. Menciona también “el compromiso para el esclarecimiento de los hechos” que hizo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de diciembre de 2018.
Tras recordar que el 17 de enero de 2019 Encinas encabezó una reunión en Nuevo Laredo, en la que estuvo personal de la CNDH y de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Molina resalta que “no existen avances importantes en las investigaciones, búsquedas y reuniones de seguimiento con representantes del gobierno de México”.
Reitera a Piedra su petición de emitir una recomendación por la desaparición forzada de su esposo, atribuible a “elementos de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina”, y enviársela a la Semar, a la Fiscalía General de la República (FGR), así como a los gobiernos estatal y municipal de Tamaulipas y Nuevo Laredo, por “acción y omisión en el respeto y protección de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política”.
A tres meses de enviada la carta, Molina no ha recibido ni siquiera una notificación de la recepción del documento.
La última vez que hubo contacto oficial con personal de la CNDH fue el martes 16, en una audiencia virtual convocada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED). En esa ocasión participó personal de la FGR, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Cuando se le dio la palabra al licenciado (Rodolfo) Rueda, de la CNDH, no mencionó qué avances tenía la recomendación o si ya iba a ser emitida”, cuenta Jessica Molina en entrevista.
Intimidación, la respuesta
En mayo de 2018 el CED envió una comunicación oficial al gobierno de Enrique Peña Nieto en la que le pedía informar sobre 17 personas, incluido el esposo de Jessica, en cuya desaparición participaron elementos de la Semar. En esa petición también se pidió dar cumplimiento a las medidas cautelares a favor de las víctimas, sus familiares y defensores, emitidas por la CNDH y que ya habían sido aceptadas por la Marina (Proceso 2170).
En otra comunicación del 13 de mayo pasado, Ibrahim Salama, jefe de subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del CED, alertó sobre la falta de respuesta de las autoridades para esclarecer las desapariciones, lo que se ha traducido en “la falta de judicialización” de los casos “a pesar de contar con evidencias que justificarían solicitar órdenes de aprehensión en contra de personal operativo de la Semar”, así como la falta de atención a los llamados de los familiares de las víctimas a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para realizar búsquedas en Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas; Piedras Negras, Coahuila, así como en Monterrey y Colombia, Nuevo León.
El abandono institucional habría derivado en campañas de desprestigio y estigmatización en redes sociales, así como amenazas y persecución a familiares de desaparecidos y sus defensores, advierte la oficina de la ONU desde Ginebra.
“El comité también continúa preocupado por la información recibida, según la cual el personal el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), en particular el señor Raymundo Ramos Vázquez, habría sido objeto de amenazas, campañas de difamación y desprestigio tras su intervención en apoyo de los familiares y allegados de las personas desaparecidas a las que se refieren las presentes acciones urgentes”, puntualiza el CED al fijar el 13 de agosto próximo como la fecha límite para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dé respuesta sobre el paradero de las personas desaparecidas, se esclarezcan los hechos y se sancione al personal naval responsable.
Ramos Vázquez, presidente del CDHNL, quien no fue invitado a la reunión “a solicitud de la FGR”, resalta que después de presentar las cartas de exigencia de recomendación a Piedra Ibarra, el nivel de riesgo se intensificó.
“Ahorita la CNDH está trabajando como una oficialía de partes; no se ve la presencia fuerte de la comisión. Eso nos molesta porque se supone que la institución ya se transformó o está en proceso de transformación y está jugando con los tiempos de las víctimas, como en el anterior régimen”, señala el defensor, quien una vez que Piedra Ibarra tomó posesión, en noviembre del año pasado, se reunió con ella para pedirle que emitiera la recomendación por las desapariciones y atendiera otros casos pendientes sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo.
Si bien la presencia de la Marina fue suprimida en la ciudad fronteriza precisamente por las desapariciones ocurridas entre febrero y mayo de 2018, los patrullajes de Ejército y Guardia Nacional continúan.
Quejas sin atención
En este año, el CDHNL ha documentado dos presuntas ejecuciones arbitrarias cometidas por personal militar, de las cuales sólo una ha sido motivo de la integración de una queja por parte de la CNDH, sin que haya mayores avances.
En un oficio clasificado como “extra urgente”, Ramos informó a Piedra Ibarra del asesinato de Francisco Javier Fuente de la Rosa, de 27 años, ocurrido la noche del 26 de marzo pasado. De acuerdo con los testimonios, Fuente de la Rosa salió a comprar alimentos a un negocio cercano en el vehículo de un amigo suyo y tras salir del establecimiento “comenzó a ser perseguido por al menos cuatro unidades de elementos del Ejército. Fue herido en la espalda con disparos de fusil, falleció antes de ingresar al Hospital General de Nuevo Laredo”.
En otro escrito dirigido a Piedra y a López Obrador, el presidente del CDHNL notificó el caso de Eleazar Ramírez Vázquez, quien, de acuerdo a testigos, fue herido y detenido el 6 de abril por personal militar luego de salir de su domicilio. Horas más tarde sus familiares localizaron su cuerpo sin pertenencias en una funeraria. Supieron que Ramírez Vázquez fue llevado por militares al Hospital General, donde llegó sin signos vitales y en calidad de desconocido.
“No sólo se trata de recomendaciones, se requiere un trabajo fuerte de la CNDH. En el caso de las Fuerzas Armadas, se ha limitado a hacer exhortos, cuando debió pronunciarse de manera fuerte, presentar una controversia constitucional contra el Acuerdo Presidencial que le da facultades a las Fuerzas Armadas para realizar actividades de seguridad pública”, apunta Ramos Vázquez.
La preocupación se deriva de que “no han parado las violaciones a derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas, mientras la CNDH se ha convertido en oficialía de partes”, dice Vázquez Ramos quien, ante el abandono institucional por las amenazas sufridas, ha tenido que recurrir a la CIDH.
Después de siete meses al frente del organismo, Rosario Piedra Ibarra ha centralizado su labor en el acatamiento de la Ley de Austeridad Republicana del gobierno de López Obrador.
El 23 de abril en un comunicado anunció la devolución de 100 millones de pesos del presupuesto de la CNDH “para ayudar en la atención de la emergencia sanitaria por el covid-19”, recursos que “son el resultado de los ahorros del plan de austeridad y reorganización” iniciados en enero.
Sólo quejas
Emergida de las filas de Morena, Piedra ha sido reiteradamente criticada por su cercanía con el gobierno de López Obrador y recientemente han surgido denuncias contra su gestión por la prevalencia del acoso laboral, despidos injustificados sin pago de las indemnizaciones reglamentarias.
Sin embargo, con 14 recomendaciones en lo que va del año, muy lejos de las 99 recomendaciones particulares y 15 por violaciones graves a derechos humanos emitidas durante los últimos 11 meses de su antecesor, Luis Raúl González Pérez, la gestión de Piedra no ha dejado de recibir quejas contra la administración federal.
De acuerdo con el último informe que Piedra entregó al Consejo Consultivo el 10 de marzo, al cierre de febrero su administración recibió 5 mil 416 expedientes de queja en trámite, a los que se sumaron 5 mil 802 el primer bimestre.
De las quejas recibidas y heredadas, en dos meses su administración presuntamente concluyó 5 mil 87; es decir, un promedio de 84.78 por día, 59.55% de esas quejas fueron resueltas durante el trámite, 29.19% con la orientación al promovente y el resto por motivos diversos.
Entre las primeras 39 autoridades señaladas se mantuvieron quejas contra las Fuerzas Armadas: 286 contra la Sedena, 196 contra la Semar y 74 contra la Guardia Nacional.
En la lista de las 38 causales resaltan denuncias por violaciones graves a derechos humanos: 362 casos de detención arbitraria, 277 de trato cruel, inhumano o degradante, 166 denuncias de tortura, 56 quejas por desaparición forzada o involuntaria de personas y 37 por privar de la vida, entre otros abusos.
Ante sólo dos de 10 consejeros –seis renunciaron al cargo honorario cuando sólo se habían emitido dos recomendaciones–, Piedra sostuvo, sin mostrar elementos, que la “aparente desventaja” de su gestión con respecto a su antecesor es que éste “creó un sistema de medición basado en la simulación, en mostrar cifras triunfalistas que nunca reflejaron la atención real que demandaban (los quejosos) y que no se dio a las víctimas”.
En el contexto del 30 aniversario de la CNDH, el lunes 8 de junio en un videomensaje Piedra Ibarra propuso transformar la institución en una “Procuraduría de Pobres”, al anunciar el “agotamiento de su modelo de operación”, que ha significado un “fracaso evidente” por el “enorme costo que ha representado para el pueblo y los escasos resultados”.
De acuerdo con Piedra, el cambio de figura, que implicaría la obligatoriedad para las autoridades de cumplir las recomendaciones –concepto que va en contra del modelo internacional de la ombudsperson–, significaría reformas constitucionales, específicamente al artículo 102 apartado B, que describe las facultades de la CNDH.
Esta reportera solicitó a la oficina de prensa del organismo la iniciativa de reforma de ley que el organismo presentaría al Senado de la República. Hasta el cierre de edición no llegó la respuesta.
