Consultados por este semanario, juristas y constitucionalistas señalan que las miles de impugnaciones legales a las reformas y proyectos del presidente López Obrador se deben a que se echaron a andar con “mala planeación” y graves fallas en las formas jurídicas.
Las leyes emblemáticas y proyectos estratégicos que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentan una avalancha de impugnaciones que denotan la “perversidad” del Ejecutivo al momento de tomar decisiones, errores de planeación al emitir nuevas normas y una actuación poco diligente de su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, coinciden juristas consultados por Proceso.
Reformas insignia de la administración, como las leyes Nacional de Extinción de Dominio, Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y Federal de Austeridad Republicana, son combatidas por más de 7 mil juicios de amparo, demandas que han saturado juzgados y tribunales federales en materia administrativa de la Ciudad de México.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, 27 mil 324 empleados públicos presentaron juicios de amparo para evitar el recorte a sus sueldos y prestaciones.
A su vez cinco organismos autónomos presentaron controversias constitucionales contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para evitar la aplicación del tabulador que impuso el tope salarial de 108 mil pesos mensuales para todos los altos funcionarios, argumentando que deben mantener la autonomía en el manejo de sus recursos.
Debido a las suspensiones otorgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consejeros y directivos del Instituto Nacional Electoral, el gobernador del Banco de México (Banxico) y los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia pudieron evitar la reducción salarial.
En 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también presentó una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional para tratar de contrarrestar esa misma norma: el primer recurso legal busca revertir la ley que reduce los salarios de los empleados públicos; y el segundo, evitar que el nuevo tabulador se aplique a sus propios empleados.
Los acuerdos emitidos por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional para el Control de Energía (Cenace) para suspender las pruebas preoperativas y nuevas autorizaciones de centrales eólicas y fotovoltaicas –con el argumento de que la epidemia de covid-19 provocó una caída en la demanda de fluido eléctrico– no han corrido mejor suerte.
Impugnados por empresarios del sector energético y el grupo ambientalista Greenpeace, los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril y el 15 de mayo fueron suspendidos de forma indefinida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.
A dichos litigios se agregaron, en la última semana, las controversias constitucionales presentadas por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández; el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; y el alcalde de Colima, Leoncio Morán, contra el acuerdo presidencial que faculta a las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública hasta marzo de 2024.
Scherer Ibarra, “consejero político”
Juan Jesús Garza, constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que la creciente litigiosidad que enfrenta el gobierno de López Obrador es una demostración de que su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, privilegia la operación política en lugar de los fundamentos legales que corresponden a su cargo.
Garza afirma en entrevista que las impugnaciones contra las normas que promueve la actual administración también ponen en evidencia que existe “una muy mala planeación jurídica” y que Scherer Ibarra no le ha puesto límites al mandatario ni le ha advertido que sus excesos legales pueden ser revertidos o revocados por el Poder Judicial.
Incluso considera que Scherer Ibarra se limita “a hacer lo que el presidente quiere”.
“Ha sabido moverse en la sombra, no sabes muy bien cuál es su papel, de pronto habla de dos o tres claves, pero nada más. Hay un trabajo político a la sombra, con varios operadores políticos que han pasado inadvertidos. Me encantaría saber qué hace el equipo de Scherer Ibarra, sus opiniones legales, pero parece que sólo se limitan a hacer lo que el presidente quiere, que no es consejero jurídico y que actúa por coyuntura, no siguiendo las reglas constitucionales.”
Considera que “hay tres niveles de desacierto en el gobierno de López Obrador: el primero es el desprecio de la 4T a las formas, por un supuesto simbolismo, pero el problema es que en el derecho las formas importan y las formas son fondo cuando hablamos de debido proceso o de formalidad del debido proceso”.
En ese “primer nivel” de desacierto incluye los acuerdos publicados y luego borrados –por supuestos errores– en el Diario Oficial de la Federación, así como la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora sin que se explicitaran las causas graves de su renuncia.
En el segundo nivel, indica, están los errores por ignorancia y falta de técnica jurídica, provocando que les tiren una ley a la primera impugnación: “El mejor ejemplo es la Ley de Remuneraciones, un proyecto de Pablo Gómez pensado desde la administración panista. Le echan una ojeada, cambian fechas y la presentan, pero claramente no está estructurada para el sistema de organismos autónomos. Un error se comete porque eres ignorante, por mala fe o por pereza, y la consecuencia es que sus efectos han sido suspendidos”, advierte Garza.
Agrega que en el tercer nivel se encuentra “la perversidad” en la actuación de López Obrador: “Aquí hay errores que se hacen con dolo o saña, aprovechando la cobertura por covid-19. El ejemplo más claro es el decreto de austeridad. Transcribir una conferencia mañanera en un decreto del Ejecutivo me parece vergonzoso, no tiene justificación. Causa escándalo, miedo, es perverso, una combinación del desprecio por las formas y por el mínimo acatamiento de las reglas. Casualmente han sucedido durante la emergencia por la epidemia, mientras el Congreso está dormido y la Suprema Corte trabaja a medias aguas”.
Lentitud de la Corte
Saúl López Noriega, coordinador del proyecto Monitor Judicial e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, asegura que el gobierno de López Obrador ha actuado con cinismo para impulsar sus reformas y ha ninguneado las formas jurídicas al emitir decretos y acuerdos que invaden competencias legales de otros poderes, a pesar de que cuenta con una mayoría clara en el Poder Legislativo para discutir y aprobar cambios a cualquier ley que quisiera modificar.
Añade que el consejero jurídico de la Presidencia debería encargarse de que las reformas legales promovidas desde Palacio Nacional fueran más pulcras y mejor argumentadas, para evitar que las iniciativas y normas del gobierno federal sean derrotadas en los juzgados con resoluciones que ordenan suspenderlas o dejarlas sin efecto.
Destaca que la creciente judicialización de las reformas legales y proyectos impulsados por López Obrador no implica en automático un problema de legalidad o una transgresión al estado de derecho por parte del actual gobierno.
Sin embargo advierte que una lectura a fondo de las impugnaciones contra leyes y acuerdos emitidos con apoyo de este gobierno revela errores tan básicos como la invasión de competencias de otros poderes y organismos autónomos, lo que ha provocado la suspensión de sus efectos cuando son controvertidas ante el Poder Judicial de la Federación.
López Noriega también cuestiona la lentitud con la que han actuado los ministros de la SCJN frente al creciente número de impugnaciones que enfrenta el gobierno federal.
Destaca que a un año de las impugnaciones contra las leyes de austeridad y las normas de 2019 que limitan el salario de los servidores públicos, el pleno del máximo tribunal todavía no tiene programada una sesión para discutir el asunto y tampoco se conoce un proyecto de resolución.
Incluso denuncia que hay falta de transparencia sobre el número de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que actualmente están en manos de la SCJN, por lo que ni siquiera es posible conocer a los ministros encargados de elaborar los proyectos de sentencia en las discusiones y casos más emblemáticos.
“Si la Suprema Corte no entra a resolver casos como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impugnada por primera vez hace dos años, o los acuerdos de la Secretaría de Energía y Cenace sobre energías renovables, hay un enorme costo de inseguridad política e incertidumbre jurídica que afectan las inversiones en el país”, advierte.
Proceso realizó una consulta en el portal web de la SCJN para identificar todas las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se han presentado contra leyes federales entre diciembre de 2018 y mayo de 2020. Se comprobó que esta información dejó de actualizarse en julio de 2019.
Amparos contra austeridad
Las leyes federales de Austeridad Republicana y de Remuneraciones de los Servidores Públicos son las normas que más rechazo han generado. Miles de empleados gubernamentales presentaron demandas de amparo y obtuvieron suspensiones definitivas para evitar un recorte en sus salarios y prestaciones, explica el abogado Rodolfo Martínez.
Socio del despacho Trusan y Roma, Martínez explica que la oleada de impugnaciones se dio en tres momentos: en noviembre de 2018, cuando se aprobó una primera versión de la Ley Federal de Remuneraciones con López Obrador ya como presidente electo; en abril de 2019, cuando se corrigieron algunos errores de esa misma norma; y unos meses más tarde cuando se aprobó la Ley Federal de Austeridad, debido a que ésta “resultó ser más agresiva”, provocando un recorte en prestaciones.
“Con la presentación de los amparos, alrededor de 6 mil 500 personas conservan sus prestaciones hasta el día de hoy. Tenemos tres sentencias favorables en amparos colectivos, dos de ellas en Cenace, por lo que ya no se les pueden aplicar descuentos a esos trabajadores”, señala.
Martínez añade que en organismos descentralizados, como el Banco Nacional de Comercio Exterior, Banxico, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Comisión Nacional Bancaria y de Valores e incluso en las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, se han otorgado suspensiones definitivas a funcionarios de nivel intermedio, por lo que tampoco se les bajaron sueldos ni prestaciones.
Adelanta que el decreto de austeridad emitido por el presidente con motivo de la pandemia, el cual prevé una disminución “voluntaria” de 25% en sueldos de directivos y empleados de confianza, así como su renuncia al aguinaldo, provocará una cuarta ola de amparos.
“Es una medida voluntaria entre comillas; alrededor de 500 a 600 funcionarios van a presentar amparos porque se trata de una medida inconstitucional e ilegal. El aguinaldo es un derecho irrenunciable; además, el decreto es subjetivo porque no dice a voluntad de quién se van a reducir los salarios, si de la dependencia o de los empleados”, advierte.
Militarización por decreto
Bajo el mando de Luis Raúl González Pérez, la CNDH presentó 11 acciones de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por López Obrador, siete de ellas relacionadas con la seguridad pública y el uso regulado de la fuerza, la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, la extinción de dominio, las facultades de la Guardia Nacional y la implementación del Registro Nacional de Detenciones.
Dos más impugnaron la legalidad de la Ley General de Educación y la del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros por considerar la asignación de plazas directas a egresados normalistas.
La CNDH impugnó la Ley de la Guardia Nacional por omisiones legislativas en materia de desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Sin embargo, para Garza es más preocupante el acuerdo que López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo.
“Es otro de los ejemplos de perversidad del gobierno federal –enfatiza–. El acuerdo de militarización se emitió cuando todos estábamos dormidos y despistados; el tema no era tema y de repente hay un acuerdo que se utiliza para meter un gol a las facultades del Poder Legislativo. Me parece mala leche, es un engaño a los legisladores, es un decreto que permite al presidente usar al Ejército enumerando cinco condiciones, sin decir cómo se van a cumplir.”
El investigador reconoce la disposición del presidente para regular el trabajo de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana, “algo que ni Calderón ni Peña hicieron”. Sin embargo, advierte, eso no se puede lograr marginando a otros actores.
“Las actuaciones de la Guardia Nacional van a estar regidas por la misma Guardia Nacional –objeta–, para fiscalizar tienen que crearse órganos de control o contralorías que velen por esto. Decir que algo se va a fiscalizar y ponerlo en un acuerdo no significa que esto se vaya a cumplir, y para hacerlo de buena manera se necesita del Poder Legislativo. Si esto sólo se hace bajo la óptica del presidente o del secretario de Marina, este acuerdo va en camino a la SCJN y eventualmente hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”
Sólo el arranque de las obras en Santa Lucía tuvo que hacer frente a los 150 amparos presentados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el Colectivo No Más Derroches, que en un primer momento lograron suspender el inicio de las obras.
El vocero de MCCI, Gerardo Carrasco, señala que jueces y magistrados que les concedieron las suspensiones fueron presionados para revocarlas, pero advierte que las demandas de amparo no se han resuelto de fondo, por lo que no descarta alguna resolución a su favor.
El acuerdo para reducir los tiempos fiscales en radio y televisión también enfrenta una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral, además de que podrían presentarse amparos de organizaciones civiles, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
La cancelación del programa de Estancias Infantiles subrogadas del IMSS y la reducción del dinero destinado a refugios para mujeres víctimas de violencia también han generado la presentación de amparos contra el gobierno federal.
