Diversos testimonios y videos hablan de un grupo que asalta a los habitantes de la Ciudad de México, los golpea, los tortura, los extorsiona… Y pese a que los agresores no están uniformados ni viajan en vehículos oficiales no se trata de delincuentes comunes o de integrantes de algún cártel local. Se trata de policías de “élite” de un fantasmal grupo llamado Borüs.
José Alejandro “N” y Juan José “N” de 34 y 36 años, respectivamente, fueron detenidos cuando caminaban por calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, el pasado 28 de abril, por un grupo de “élite y de inteligencia” que opera para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local; los acusaron de narcomenudeo pero ellos negaron los hechos y ante el Ministerio Público denunciaron tortura y abuso de autoridad.
Ese grupo de élite los consignó con, supuestamente, varias dosis de mariguana y cocaína así como dos armas de fuego, escuadras calibre 9 milímetros con cartuchos útiles. Según la narrativa de hechos de los detenidos, asentada en la carpeta de investigación FCH/CUH-5/UI-1C/D/2451/04-2020, una vez dentro de una aparente patrulla los torturaron para que confesaran que pertenecen a la Unión de Tepito y que la droga era para su venta al menudeo.
Los imputados se negaron pero los golpes siguieron; Juan José gritó pidiendo auxilio y lo callaron “a patadas”, luego –se lee en la carpeta de investigación, a la que se tuvo acceso– uno de los policías capitalinos le introdujo un palo en el ano; sólo así lograron que confesaran y los consignaron, pero una vez frente al Ministerio Público, el detenido pidió ayuda médica para que atendieran el sangrado que tenía.
Cuando empleados de la fiscalía capitalina indagaron quiénes eran los policías que los consignaron, se descubrió que los responsables eran integrantes de Grupo Borüs. No encontraron en el Informe Policial Homologado nombres ni a un comandante o persona responsable al cual notificar de los abusos que se habían cometido contra los imputados, quienes luego de las revisiones médicas quedaron en libertad, al acreditarse el abuso de autoridad.
“Los torturaron, les hicieron de todo y ahora nos dicen que no hay un solo responsable a quien denunciar; a mi sobrino le desgraciaron la vida y no es justo, es un padre de familia que sólo fue a una fiesta”, comenta un familiar de Juan José.
Borüs es una suerte de grupo clandestino que presuntamente hace trabajo de “inteligencia”; sus integrantes se mueven sin uniforme, sin vehículos oficiales y sin permiso de nadie; sólo le informan al secretario de Seguridad en turno.
“Ya no existe”
Consultada respecto a la existencia del Grupo Borüs, Tania Aguilar Díaz, directora ejecutiva de Comunicación Social de la SSC capitalina, señaló que ahora esa agrupación “ya no existe” debido a que, por un acuerdo interno, en marzo pasado se fusionó con un área de inteligencia de la dependencia.
No obstante hay denuncias de que ha continuado operando en diversas zonas de la capital, donde lleva a cabo detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías individuales.
De hecho, personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, consultado sobre la presencia de este grupo policiaco, reconoce que hay una denuncia, pero no informaron más al respecto porque la investigación está abierta.
La fiscalía capitalina ha documentado en los primeros cinco meses de 2020 una docena de supuestos abusos cometidos por esa agrupación, que incluyen violaciones, golpes, detenciones arbitrarias y abuso de autoridad; no hay un solo detenido o cesado.
Otra característica del grupo es la de presentar detenidos a quienes le “siembran droga”, como se documenta en las carpetas de investigación FCH/CUH-2/UI-3S/D/02325/04-2020 y FMIL/MIL-1/UI-3/CD346/04-2020, donde cuatro detenidos fueron consignados al Reclusorio Norte y luego liberados, pues se comprobó que no se dedican a la venta de drogas ni pertenecían a ningún grupo delictivo, como los Borüs intentaron hacerle creer al Ministerio Público.
Ese grupo seguiría operando de la misma manera si no hubiera sido exhibido el pasado 22 de mayo por el reportero de Televisa Arturo Sierra, a quien esos agentes golpearon y arrebataron su teléfono celular cuando documentaba una detención de supuestos “coyotes” afuera del Instituto de Ciencias Forenses, quienes vendían certificados de defunción apócrifos.
Luego de una discusión con ellos, las cámaras de Televisa captaron un momento clave que reveló la forma en la que opera ese grupo de “élite”. En las imágenes captadas por el camarógrafo Gabriel Martínez se observa cómo los oficiales no portan uniforme, no se identifican como agentes de la corporación preventiva, tampoco muestran una orden de aprehensión o cateo al momento de hacer su trabajo.
Sin darse cuenta de que eran grabados, revelaron sus intenciones y cómo durante años han operado: “Yo llegué a quitarte el teléfono porque estabas grabando, pero si te pone así, te vamos a consignar, te vamos a sembrar droga y luego que el juez decida si la droga es tuya o no, güey”, se escucha en el video cuando uno de los Borüs amenaza al reportero y al camarógrafo para luego retirarse impunemente del lugar.
Luego de la difusión de las imágenes captadas por la televisora, otras víctimas de los Borüs se acercaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a denunciar que las mismas personas los habían detenido, amenazado, que supuestamente les habían sembrado droga y habían abusado de su autoridad.
Así, en la carpeta de investigación, FVC/VC-2/UI-3D/DI/02436/04-2020 se anexó el video de una cámara de seguridad de una tienda de abarrotes que captó el método de los Borüs para una detención: en las imágenes se detalla cómo violan todos los protocolos de actuación de la policía capitalina y cometen una serie de violaciones a los derechos humanos de los imputados.
Se observa también cómo dos vehículos blancos hacen una suerte de rondín por calles de la alcaldía Venustiano Carranza, como si buscaran a alguien. En un momento, y luego de ubicar a quien van a detener, le cierran el paso; uno de los aparentes oficiales lo somete, lo tira al piso y en segundos llegan otros cuatro agentes –sin uniformes y todos con el rostro cubierto– y por la fuerza lo meten al vehículo.
El sospechoso se resiste y es golpeado. El video muestra que en la detención participan cuatro mujeres. Todo sucede frente a la mirada de varios testigos; algunos se sorprenden, otros se esconden y unos más huyen de la escena al creer que se trata de un “levantón” de la delincuencia organizada y no de un operativo o detención de elementos de la policía capitalina.
A esa carpeta de investigación se anexó el video de un incidente ocurrido en un domicilio de Tepito el 7 de julio de 2019. Se aprecia cómo cinco integrantes de los Borüs llegan a un supuesto punto de venta de drogas al menudeo; primero intentan eliminar las cámaras de vigilancia, luego rompen los vidrios de una puerta pero ésta no se abre; acto seguido violan la chapa e ingresan.
Consta en la averiguación FVC/VC-2/UI-3D/DI/02436/04-2020 que en esa ocasión la familia afectada denunció que le robaron 30 mil pesos, joyas y aparatos eléctricos; en el mismo evento detuvieron a un joven que los elementos de la policía capitalina aseguraron que era un traficante, pero el juez le otorgó la libertad luego de calificar de “no legal” la detención.
“Nos detuvieron en una fiesta en la Venustiano Carranza; ese día nos dijeron que iban por un dealer que conocen como Kirino y lo agarraron; la bronca fue que a nosotros nos mandaron a la cárcel y a él lo dejaron libre porque ahí mismo los sobornó. Estuve tres meses en el Reclusorio Sur; ahora queremos demandar, pero no me saben decir dónde está esa agrupación o con quién dirigirme”, comenta Adrián Peña, detenido en enero de este año –y luego liberado–, acusado de narcomenudeo.
En los ocho meses que Omar García Harfuch tiene al frente de la SSC ese modus operandi es una constante. Cifras de la fiscalía local consultadas en el portal Datos Abiertos, Ciudad de México, revelan que en ese periodo se consignó ante el Ministerio Público a 5 mil 876 detenidos por el delito de narcomenudeo; sin embargo apenas 1% –es decir 59– llega a prisión; el resto son liberados luego de comprobarse que “les sembraron drogas” o después de que se decretara como no legal la detención.
El origen
Fuentes consultadas en la SSC de la CDMX han detallado que esa agrupación se formó en 2010 cuando Marcelo Ebrard fue jefe de Gobierno. En un principio su tarea fue desmantelar a células delictivas que se dedicaban al robo de casas-habitación y de joyerías.
Luego tomaron relevancia pues algunos de ellos participaron en la detención de quienes presuntamente secuestraron al hijo de Isabel Miranda de Wallace, hechos en los que también quedaron al descubierto una serie de abusos de autoridad de parte de los agentes que intervinieron en ese operativo. Durante las administraciones siguientes se mantuvieron en las tinieblas, hasta el regreso de García Harfuch.
Con él tuvieron la consigna de hacer frente a las células delictivas que se dedican al tráfico de drogas; sin embargo los resultados no fueron los esperados, pues fueron ellos quienes realizaron la irrupción a uno de los búnkeres de Óscar Andrés Flores, El Lunares, en el número 33 de la calle Peralvillo, en octubre pasado y donde detuvieron a 33 personas, de las cuales 31 quedaron en libertad luego de que se comprobó que se violentaron sus derechos y garantías individuales.
Los Borüs actualmente operan bajo el nombre clave de Dragones y la célula del grupo está compuesta por al menos 30 agentes que habían sido expulsados de varias corporaciones por indisciplina, abuso de autoridad, corrupción y nexos con la delincuencia organizada, como lo revela el expediente de Rafael García Chávez, quien en 2018 fue suspendido de la entonces Procuraduría capitalina luego de que se comprobara que participó en actos de tortura contra seis detenidos en un operativo en Xochimilco.
Ese agente fue “rescatado” por los Borüs y siguió trabajando para la SSC. Es el mismo policía captado durante la agresión al reportero y camarógrafo de Televisa y el mismo que los amenazó con sembrarles droga. Luego de ese incidente, y aunque García Harfuch dijo que el caso no quedaría impune, los seis oficiales que fueron captados trabajando de manera ilegal no han sido castigados o cesados y sus identidades se mantienen en reserva.
