Señor director:
Con base en la solicitud de un diagnóstico sobre la situación actual de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) de todo el país, en conjunto con la Dirección General de Bachillerato (DGB), que pide el subsecretario de Educación Media Superior, maestro Juan Pablo Arroyo Ortiz (solicitud del 6 de marzo último), pero sin ya ser parte del equipo de voluntariado desde el 15 de febrero pasado, me veo en la obligación de informar sobre mi diagnóstico.
Debo decirle que hasta fechas recientes era colaboradora voluntaria, es decir, un trabajador sin ningún derecho laboral. Aprendí el código braille, sobre todo, aplicado específicamente a la conceptualización matemática.
Quien me capacitó fue la última persona del CAED que por lo menos en la Ciudad de México lo sabe y lo aplica en su labor de asesoría. Rescaté el código del CAED en un documento, con la idea de hacerlo extensivo a todo el personal a nivel nacional con un proyecto que no impactara a la institución económicamente, pero a la fecha dejó de ser prioritario como también fue abandonado el proyecto de imprimir ejercicios matemáticos en braille (al menos hay siete impresoras braille que la institución jamás ha usado).
De manera paralela, ideé un material didáctico que fuera una extensión del ábaco para álgebra, química y física en formato braille. Nunca se ha probado con estudiantes, y a nivel mundial es único.
Nada de esto fue considerado por la maestra Paola Chenillo Alazraki ni por la licenciada Betzabeth López Fuentes; ambas decidieron cancelar mi contrato, cada una expuso motivos diferentes y contradictorios. La primera, con “la observación de personal de gobierno que vigila el fideicomiso propio de DGB”; la segunda, con el argumento de una “reingeniería de la institución, en curso”.
Desde el primer día que tuve la oportunidad de hablar con Chenillo Alazraki (febrero 2019), titular de la Dirección de Sistemas Abiertos (DSA), le indiqué, junto con todo el grupo de voluntariado al que pertenecía (90% de ese grupo fue cancelado), la urgencia de pedir a especialistas de este gobierno un nuevo modelo educativo para preparatoria abierta, ya que el actual, diseñado bajo competencias, no es posible llevarlo a cabo en el entendido de que hay que desarrollar actividades 100% presenciales.
Nos preparamos todo ese grupo de voluntarios para acompañarle a presentar esa petición, pero nunca lo consideró prioritario. También se le informó sobre una adaptación básica para los reactivos de los CAED (hasta 2017 los estudiantes se enfrentaban a los mismos examen-tipo que el resto de la comunidad de preparatoria abierta).
A partir de 2018 se estaba haciendo una revisión de los libros de texto y la búsqueda de adecuar reactivos con el alcance taxonómico a lo que los libros limitan. Esta labor era vital, primero, porque los reactivos nunca antes estuvieron basados en la información de los libros de preparatoria abierta y, luego, por los constantes errores, omisiones y conceptualizaciones catastróficas en los libros de los módulos pertenecientes a la DSA.
No pudimos terminar el proceso que se elaboraba juntamente con diversas áreas, ya que cesó de repente todo el trabajo, sin aviso de ningún tipo entre julio y agosto de 2019, y la maestra Paola Chenillo lo encargó a una sola persona. Desde entonces ya no se nos permitió colaborar en nada. No obstante, seguimos insistiendo en solicitar que escuchara nuevas propuestas. Todo fue inútil.
No es un secreto el fracaso de la DSA ante la emisión de certificados de preparatoria, ya que al año son expedidos por esta institución unos cientos, cuando supuestamente hay 1 millón de estudiantes inscritos, considerando como activos aquellos que han presentado un examen durante el año anterior, lo que resulta sólo en 150 mil alumnos en esta condición; tentativamente, el resto (850 mil), sin ninguna actividad.
Se ha incorporado una plataforma en línea que oculta la baja atención a los estudiantes y no ayuda a la aprobación de módulos (pocos alumnos ingresan a la plataforma), además de ser un plan modular que no tiene restricciones para cursarlo en cualquier orden.
Es un recurrente gasto de los alumnos para presentar un mismo examen no adecuado una y otra vez, dinero que va a un fideicomiso que administra la DGB y que valdría la pena revisar la pertinencia de su uso.
A menos de cinco años de poder proponer un modelo educativo pertinente para la Preparatoria Abierta, y recuperar la esperanza y recursos propios de 1 millón de personas que necesitan tener en sus manos un certificado de preparatoria que les proporcione herramientas básicas para enfrentar sus desafíos, esta institución (la DSA) requiere un replanteamiento completo, incluido el personal.
Atentamente,
Jaquelyn Castro B.
