Cada día que pasa existen nuevos casos en donde en combinación, o por separado, fake news, posverdades y manipulación de la información lastiman el derecho a saber, degradan el sentido de la ética y, con ello, desinforman a la sociedad sobre los más distintos temas. Las víctimas son el rigor periodístico y la veracidad, en virtud de la puesta en escena de la defensa o de la crítica de agendas que rebasan los ideales que justificaron la razón de ser del periodismo. El país asiste a un reto multifactorial que debe atender para salir de este gran obstáculo para la democracia informativa y la salud de la sociedad en su conjunto. Veamos.
Primero. De entrada, el primer problema es el déficit de alfabetización mediática de la audiencia promedio y, con mayor razón, de la alfabetización digital. El que no puede lo menos no puede lo más. La ausencia de filtros culturales de control de calidad genera que los mensajes que llegan a las personas –a través de páginas en internet, de las redes sociales y de otras plataformas digitales– encuentren terreno fértil para que prenda una fake new (noticia falsa) o posverdad (mezcla de mentira con verdad), dando vida así a la manipulación informativa. Los medios tradicionales ya dejaron de ser las únicas fuentes de información y ahora las nuevas tecnologías han generado una descentralización con las ventajas de que cada quien puede ser un medio, pero también un difusor de fake news por interés, por ignorancia o por las dos cosas. Lo grave es que la información manipulada no llega de un desconocido a la gente, sino de un amigo, de un pariente, de un hijo, quienes hacen las veces de poleas involuntarias de transmisión de estos mensajes. El quid reside en cómo transitar con programas medibles para generar un cambio cultural y educativo en este sector que ha estado (lo sigue estando) a la zaga.
Segundo. Si bien las plataformas no son enteramente responsables de la manipulación informativa como si se tratara de una política pública interna de ellas, los mecanismos de control con que cuentan pueden fortalecerse. En efecto, las plataformas que se utilizan en México tienen códigos de conducta voluntarios y, por ello mismo, pueden o no ser eficaces. En países como Alemania han adoptado sistemas mixtos de lo que se denomina autorregulación-regulada, que es un punto intermedio entre la libertad absoluta de las plataformas y la injerencia de la ley que tiene siempre el riesgo de la censura y del eventual abuso. En ese país europeo cada actor de la industria digital tiene la obligación de generar y obligarse a respetar su propio código de ética, cuyo contenido lo crea en entera libertad, y designa a alguien como responsable de hacer cumplir esa normativa. Si omite en cumplir esta obligación de modo subsidiario, entra el Estado y hace válido el código usualmente aceptado en la industria digital y nombra a un responsable cuyo salario corre a cargo de la empresa obligada. En México no existe regulación ni un sistema de autorregulación-regulada, lo que se traduce en que los usuarios se encuentren a expensas de la buena voluntad de las plataformas, con el grado de incertidumbre que ello implica. No es ajena la ausencia de una cultura de la exigencia ciudadana en México, donde todavía se premia socialmente recibir un agravio que ejercer derechos para no ser etiquetado como “conflictivo”. Este cambio conductual va dándose a contracorriente por antivalores sociales, culturales mal entendidos, que deben ser reaprendidos gradualmente.
Tercero. De la misma forma resulta que las campañas negativas en las redes sociales y ahora en WhatsApp, Instagram y Messenger se han unificado en el marco de la pandemia del covid-19 para generar una suerte de interconexión entre apps para facilitar la comunicación, incluyendo comunicaciones grupales. Esta amigabilidad, que es encomiable, trae consigo, empero, una víctima: la seguridad de las comunicaciones. Así, por ejemplo, una página de Facebook que ofrece servicios que no cumple y defrauda clientes no es necesariamente dada de baja por esta plataforma, a pesar de que haya muchas quejas que el administrador de la cuenta puede invisibilizar. Y la denuncia ante la fiscalía tiene, en la mayor parte de las ocasiones, para el ciudadano de a pie, una sensación temporal de seguridad psicológica, habida cuenta que aun con el acta levantada no hay garantía de que la página denunciada va a ser dada de baja por Facebook. Menos todavía las fiscalías van a llegar a las últimas consecuencias para identificar quiénes están detrás de las cuentas, en el mejor de los casos que fueran bancarias, menos si corresponden a otros sistemas emergentes de pagos.
Cuarto. En Twitter, en México se han mejorado los niveles de control de quien supuestamente está detrás de cada cuenta que se abre, pues requiere un chip de un teléfono (aunque sea de prepago); pero resulta que, salvo las principales empresas telefónicas, muchas otras no solicitan identificación para comprar el referido chip, haciendo inviable en la práctica de que ese control de calidad se aplique en el día a día. De esa falencia de la normatividad se valen quienes se dedican a las granjas de cuentas de bots (y similares mecanismos de manipulación de la información de interés público), en las más distintas plataformas. También existen distintas empresas ubicadas en África o en varios países de Europa del Este que ofrecen servicios de dispersión de mensajes en México por precios muy competitivos por la amplia oferta para posicionar esos mensajes con supuestas garantías de verificación en cuentas mexicanas. Esta circunstancia hace más complejo el problema porque, además, las empresas de referencia tienen mecanismos de pago más difíciles de rastrear que los comúnmente utilizados. El reto, como se advierte, no es menor. La reconocida jurista Gisela Pérez Fuentes, profesora-investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, experta internacional en derechos de la personalidad, ha tenido a bien hacer causa común conmigo para llevar a cabo una iniciativa, que sería la primera en su tipo en México, de investigación aplicada a este fenómeno, que no admite demora y que debe abordar todas las aristas de este reto creciente.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
