Con 81 años de existencia, el balance del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dista mucho de ser sólo de gloriosos hallazgos, como lo fue alguna vez el de la Tumba Siete de Monte Albán, o la creación de grandes museos, como los nacionales de Historia y de Antropología.
Atrás quedó aquel momento cuando funcionarios de la institución, investigadores y trabajadores defendieron juntos el patrimonio del Centro Histórico ante la construcción de la Línea 8 del Metro Villa-Apatlaco (1983). Los directivos parecen sometidos hace tiempo al poder político y ahora los trabajadores han asumido no sólo la defensa de sus derechos laborales, sino del patrimonio cultural.
Por ejemplo, ante la pretensión de construir la plaza comercial Jaguares en la Zona Arqueológica de Teotihuacán en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que propició demandas penales contra la directora del INAH, Teresa Franco, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura), Rafael Tovar, y el director de la zona arqueológica arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma.
Como si el INAH no aprendiera de su historia, con Vicente Fox en el poder y Sari Bermúdez en el Conaculta, se autorizó a Walmart la construcción de una tienda Aurrerá en el perímetro C de la zona. Una vez más, con Enrique Peña Nieto, gobernador en el Estado de México, Felipe Calderón en la Presidencia y Alfonso de Maria al frente del INAH, se autorizó el espectáculo Resplandor Teotihuacano. Para su instalación, se perforaron las pirámides del Sol y de la Luna. Entonces se canceló, pero se inauguró años después, con Diego Prieto en el INAH, como Experiencia Nocturna, pero como una “proyección”.
La administración de De Maria fue una época difícil. Se dio luz verde a diferentes gobernadores y empresas: Rafael Moreno Valle, de Puebla, fue el más beneficiado en detrimento del patrimonio del Centro Histórico de la capital y la zona arqueológica de Cholula; la Minera San Javier en San Luis Potosí; y en Tzintzuntzán, Michoacán, el propio Calderón impulsó la edificación de un museo de sitio encima de la pirámide.
El gobierno de Salinas se ubica no sólo como el inicio en México del neoliberalismo, sino del golpeteo a la institución. Desde entonces, se buscó desvincularlo del proyecto educativo, creando una Secretaría de Cultura (SC). El frustrado proyecto de la conocida como Ley Bermúdez se encaminaba además a la explotación turística del patrimonio.
En el sexenio de Peña se permitió al gobierno priista de Ivonne Ortega instalar paradores turísticos en las zonas arqueológicas de Yucatán (que cobran su propia entrada), y a una empresa belga la creación de un malogrado museo del chocolate en Chichén-Itzá. En este periodo se creó, finalmente, la SC, a la cual se adscribió el INAH, con lo que el vínculo educación-cultura se rompió no sólo institucional, sino administrativamente, lo que derivó en el incremento de la crisis presupuestaria y laboral.
Los investigadores han luchado por años por que sus salarios se homologuen con los de la UNAM y el IPN; hoy, para conservar sus precarios trabajos, tanto los de base como los contratados. Hace unas semanas Andrés Manuel López Obrador anunció un recorte de 50% al presupuesto (Proceso, 2270), duro golpe para la institución, que arrastra un déficit presupuestario de 900 millones de pesos, afectando el pago de servidores eventuales, la creación de nuevas plazas y el mantenimiento e investigación del vasto patrimonio de México.
