Ya se reeligió una vez, pero parece que no le es suficiente: Juan Orlando Hernández, presidente hondureño, ya empezó a maniobrar para posponer las elecciones presidenciales de este año, acusan políticos opositores e incluso militantes del partido en el poder. Y el cuestionado mandatario –se le señalan vínculos con las mafias del narcotráfico–, mientras tanto, estrecha sus relaciones con las fuerzas armadas, a las que les brinda todo lo que piden.
Tegucigalpa.- El coronavirus “le vino a JOH (Juan Orlando Hernández, mandatario de Honduras) como anillo al dedo. Si bien debe lidiar con una pandemia que está generando inquietud social y tiene en la acera de enfrente a muchos de los principales empresarios, que le complican el panorama, el presidente ve ante sí una posibilidad inesperada”, dice al reportero un exasesor del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, quien pidió la reserva de su nombre.
Agrega: “Juan Orlando, que no es precisamente lento cuando de avizorar opciones se trata, vislumbra una alternativa: posponer las elecciones primarias y, por ende, los comicios generales. De esa forma no habrá reelección, hecho cuestionado incluso por sus correligionarios cachurecos (así se conoce a los militantes del Partido Nacional, en el poder), sino una prórroga del actual periodo”.
Desde que se instalara en la opinión pública hondureña la idea de una posible suspensión de los procesos electorales, las reacciones de rechazo han sido muchas.
En tanto, el presidente Juan Orlando Hernández insiste en que no se suspenderán las elecciones ni será candidato. Pero pocos le creen, pues en 2016 aseguraba que no iría por la reelección, pero finalmente lo hizo y fue reelecto en un proceso que dejó enormes dudas sobre su limpieza.
Mientras tanto, Hernández prepara el terreno, rodeándose cada vez más estrechamente de la cúpula militar, a la que otorgó la semana pasada el manejo y administración de los hospitales provisorios que se instalarán en julio próximo, haciendo a un lado a los profesionales de la medicina. Y nadie habla ya de los 4 mil millones de lempiras que les otorgó a las fuerzas armadas para desarrollar la agricultura.
CC4
Hay otro factor que inquieta al grupo gobernante, en especial al presidente: las denuncias que vienen desde la fiscalía de Nueva York, que hace pocos días se lanzó contra el exdirector de la Policía Nacional, el comisionado general en retiro Juan Carlos Bonilla Valladares, El Tigre, quizás el policía más duro que haya llegado a ese puesto en la policía hondureña.
El Tigre está acusado en Nueva York de facilitar el envío de drogas y armas a Estados Unidos, en colusión con Antonio Hernández, Tony, hermano del presidente. Asimismo, sin nombrarlo explícitamente, Juan Orlando Hernández habría sido señalado en varias oportunidades en los documentos de dicha fiscalía con el nombre clave de CC4 (coconspirador 4).
Bonilla nunca ha sido acusado de corrupto, pero sí ha sido señalado varias veces en Honduras como presunto asesino de criminales, lo que en la opinión pública recoge más adhesiones que rechazos.
Por eso su presunta vinculación con el narcotráfico sorprendió a los hondureños. Pero El Tigre no se calló. Como lo ha hecho antes, se limitó a decir que a lo largo de su carrera sólo ha cumplido órdenes.
Antes de “desaparecer” –la rumorología dice que viajó a Estados Unidos tras llegar a un acuerdo con agentes de la DEA– deslizó en una entrevista, con el periodista Milton Benítez, que nunca tuvo relación con “Tony Hernández, con Juan Orlando Hernández, ni con otros narcotraficantes”. Con esa declaración, El Tigre incluyó al actual presidente en una trama
delictiva.
El silencio gubernamental fue la tónica ante esa y otras frases; pero Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, y otros voceros recurrieron por enésima vez al argumento principal del gobierno: “Las acusaciones provienen de exnarcos que fueron perseguidos por Juan Orlando, por lo cual no son creíbles”.
Sin embargo, la Fiscalía General abrió de inmediato una causa contra el exjefe policiaco por supuesto lavado de activos en perjuicio del Estado de Honduras. Durante años el Ministerio Público no se ocupó del Tigre Bonilla, pero ahora su vocero declara que ha sido objeto de una investigación que está por finalizar.
Y ahora todo parece indicar que Hernández necesita prorrogar su mandato para no perder la inmunidad presidencial y quedar expuesto a un llamado de la fiscalía neoyorquina.
Empero no hay argumento que pueda convencer a los dirigentes cachurecos de postergar las elecciones, mucho menos de permitir otra reelección de Hernández. Son pocos los nacionalistas que todavía lo apoyan; las principales figuras del Partido Nacional ven en el presidente un escollo para sus ambiciones personales.
El origen del escándalo
El problema tuvo origen el pasado 2 de abril, cuando la diputada cachureca Welsy Vásquez –célebre por sus declaraciones controversiales y escasamente fundamentadas– pidió suspender las elecciones primarias e internas y trasladar el presupuesto para las mismas a la lucha contra la pandemia. Y no fue la única en expresar ese deseo, pues fue secundada por otros políticos.
La reacción no tardó. El domingo 3 Luiz Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, fue uno de los primeros en denunciar, desde el espectro opositor, que el “juanorlandismo” “intenta alterar el calendario electoral, suspendiendo las elecciones internas y después las generales para quedarse en el poder”.
El martes 5, por su parte, el secretario general del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), Mario Pineda, en su cuenta de Twitter exigió a las autoridades de su instituto político reafirmar su posición respecto a las elecciones primarias y generales para disipar los rumores de postergación o suspensión de las mismas y la supuesta instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, otro de los rumores que corren en estos días.
Según el calendario establecido, las elecciones primarias e internas deberán celebrarse en marzo de 2021. Pineda opina que hay suficiente tiempo para desarrollar todo el proceso.
El mismo día el presidente del Congreso Nacional y precandidato presidencial por el nacionalismo, Mauricio Oliva, tuiteó: “El respeto al estado de derecho y a la democracia es fundamental para la paz y la tranquilidad del país”.
Un día después Pineda afirmó ante la prensa: “Ya lo estipulamos en la ley orgánica de nuestro partido, que no podemos permitir que haya más de una reelección; ya se reeligió el presidente Juan Orlando Hernández y él ha sido claro (…) ya tenemos tres candidatos: Mauricio Oliva, Ricardo Álvarez y se supone que Nasry Asfura”.
Pero ni Álvarez ni Asfura se han manifestado al respecto. Ambos están virtualmente “desaparecidos”, guardando un bajo perfil.
El jueves 7 el presidente del CCPN, Reinaldo Sánchez, garantizó que habrá elecciones primarias e internas; en cuanto a cómo se concretarán, indicó que dependerá de la situación del país.
Casi simultáneamente, Rixi Moncada, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en representación del Partido Libertad y Refundación, se expresó en su cuenta de Twitter: “Ante denuncia irresponsable sobre plan para suprimir elecciones, por tragedia COVID-19, #RATIFICO que usaremos todos los medios físicos y tecnológicos necesarios, para hacer q se respete: la fecha de las elecciones, la voluntad popular, la alternabilidad y la transmisión de mando”.
El viernes 8 Hernández desmintió con sarcasmo los rumores y las reacciones ante la posibilidad de posponer las elecciones: “Es entendible que algunos estén sin oficio, encerrados y no hallan qué hacer y empiezan a elucubrar. Yo a esa gente la quiero llamar a la conciencia, que busque algo qué hacer, pero positivo, que no esté ahí de balde como dicen en mi pueblo, porque el que está de balde dice cualquier otra locura”.
“Todo muy lindo, pero ¿qué pasa si el coronavirus sigue con fuerza a finales de este año, inicios del siguiente? ¿Cómo se convocará a elecciones con la población restringida en sus movimientos, como ocurre en estos días? Algo inventará el señor Hernández para salirse otra vez con la suya”, comenta el exasesor de Porfirio Lobo.
