Los recortes sobre recortes al gasto operativo de las oficinas públicas que decretó el presidente López Obrador como parte de las políticas de austeridad, contradicen su discurso de que la prioridad son los pobres. Por ejemplo, tras el decreto del 23 de abril, las dependencias federales recortaron los contratos de servicios de limpieza, lo que dejó sin empleo ni Seguro Social a un aproximado de 60 mil trabajadores, todos en la pobreza, la mayoría mujeres…
El 30 de abril Juan de la Rosa terminó su turno en la sede de la SEP, el histórico inmueble de cantera y mármol donde hacía dos años limpiaba y pulía pisos. Ese día el supervisor le informó que se quedaba sin trabajo.
“De la noche a la mañana –relata De la Rosa– me dicen que se acabó el trabajo, que había salido el decreto de reducir las compras y servicios, por eso ya no iban a requerir de mí y, por lo que sé, de muchísima gente.”
Con un sueldo de 3 mil 500 pesos mensuales, Juan de la Rosa viajaba diario dos horas desde El Coyote, Nezahualcóyotl, para estar puntual a las 7:00 horas en la SEP, con la misión de recibir a la burocracia con instalaciones impecables, lo mismo que todos los empleados de la empresa Gott und Glück, una de las 22 contratistas que prestan servicios de limpieza en oficinas públicas y fueron afectadas por el recorte en sus contratos para este año.
De la Rosa, de 54 años y padre de una estudiante de la UNAM, es uno de los 60 mil trabajadores que el 30 de abril se quedaron desempleados por las medidas de austeridad sólo en la Ciudad de México y el área metropolitana, de acuerdo con los registros de la Unión Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UITEL).
El pasado 5 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se realizaría un ajuste del gasto operativo gubernamental, una profundización de la llamada “política de austeridad republicana”, como una de las medidas para enfrentar la crisis económica resultante de la pandemia de coronavirus. El “ahorro” anunciado por el mandatario serviría para canalizar recursos al sector salud, así como a los programas de ayudas sociales en efectivo, en las que el plan presidencial centra la reactivación económica bajo la idea de “primero los pobres”, su viejo eslogan de campaña.
Días después, las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda emitieron sendos oficios instruyendo la suspensión de contrataciones con el objetivo de reducir 50% del gasto operativo, aunque mantenían la previsión de exceptuar el “gasto comprometido”, es decir, aquel que, sin haberse ejecutado, está ya asignado en contratos (Proceso 2269).
Sin embargo, el decreto presidencial del 23 de abril resultó más radical: con la idea de “ahorrar” 622 mil 556 millones de pesos se dispuso una reducción de 75% en el gasto operativo, es decir, en los recursos para adquirir bienes y contratar servicios. El gobierno añadió que la medida se aplicaría también respecto al gasto “supuestamente comprometido”. Así, los contratos signados quedaron en un “supuesto” y las cancelaciones se empezaron a ejecutar. El objetivo: cerrar la mitad de las operaciones gubernamentales para el resto del año, excepto aquellas implementadas en la actual administración.
La circular emitida por la SFP desde el 8 de abril advertía que si no se aplicaban las medidas mencionadas, los servidores públicos quedarían sujetos a procesos administrativos sancionatorios. Tras la emisión del decreto presidencial del 23 de abril, su cumplimiento se inició a
rajatabla.
Proceso tiene copia de oficios girados por las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) de varias dependencias y entidades federales que ya desde el 27 de abril emitieron dictámenes técnicos para justificar normativamente la modificación de los contratos que empezó a notificarse el día 28.
Por ejemplo, mediante el oficio 5.3-327, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó a Rapax, SA de CV, la disminución en 75% de su contrato para dar servicio de limpieza a la dependencia.
El 30 de abril, con el oficio SA/DS/DL /082/2020 emitido por la UAF de la SEP, se notificó la reducción de su contrato en el mismo porcentaje a Gott und Glück, la empresa para la que trabaja Juan de la Rosa.
El desempleo
El jueves 7 López Obrador informó, con base en los datos del Registro de Asegurados Permanentes del IMSS, que los efectos económicos de la pandemia dejaron sin empleo a 500 mil trabajadores.
Inmerso en su disputa con las cúpulas empresariales a las que les atribuye la pretensión de obtener un rescate financiero y beneficios fiscales, el mandatario señaló –como casi a diario desde finales de marzo– que su plan de apoyo empresarial será únicamente con el reparto de 1 millón de créditos por 25 mil pesos que, afirma, es para micro, pequeñas y medianas empresas.
En su declaración de ese día, López Obrador insistió en que fueron las empresas más grandes las primeras en ejecutar despidos, con base en un indicador presentado por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el 8 de abril.
En diferentes oportunidades el mandatario ha dicho que no habrá despidos en el sector público y que el decreto de austeridad del 23 de abril sólo prohíbe nuevas contrataciones. Además, ha evitado en todo momento referirse a la reducción en el gasto que impacta directamente a contratistas de micro, pequeñas y medianas empresas que prestan servicios al gobierno.
De por sí, las políticas de austeridad de este gobierno habían afectado a los contratistas por la imposición de contratos macro, diseñados bajo la gestión de Raquel Buenrostro en la Oficialía Mayor de Hacienda.
Según Marco Antonio Reyes Saldívar, secretario general de la UITEL, ese tipo de contratación fijó un mismo precio para todo el país, sin considerar los servicios especializados, pues hay áreas que tienen diferentes requerimientos. El ejemplo más claro es el del sector salud, tan importante en la actualidad, cuya limpieza es diferente a la de una oficina administrativa.
Aun así, explica Reyes, 42 empresas lograron el aval de la oficina de Buenrostro para obtener contratos de limpieza en todo el país. Ahora, a 22 de ellas se les notificó de la reducción de entre 50 y 75% de los recursos comprometidos, con fecha de corte al 8 de mayo.
“Con este decreto (del 23 de abril) se solicita a las dependencias que ajusten el presupuesto sin importar que esté ya comprometido –prosigue el líder gremial–. Las dependencias siguen al pie de la letra la instrucción y reducen los contratos. De entrada, representa que las plantillas hayan recortado en esa proporción de 75% los contratos, mandándonos a muchos trabajadores a la calle.”
–¿De cuántos trabajadores está hablando usted?
–Es también cierto que en algunas dependencias el recorte de plantilla es de 40 a 50%, no todos de 75%… Estimamos 60 mil trabajadores desempleados.
Juan de la Rosa no ha conseguido cobrar su última quincena ni su liquidación, pero hay miles de trabajadores como él que ni siquiera se habían enterado de que ya no tienen empleo.
Según Reyes, en abril, cuando se iniciaron las medidas sanitarias, miles de trabajadores vulnerables por su edad o por padecer diabetes, obesidad y otras afecciones crónicas, fueron enviados a sus casas. La mayoría de los despidos se han hecho de manera verbal, por lo que el viernes 15 se enteraron de que ya no llegó su quincena.
Pobres y en la indefensión
A veces le tocaban los baños, si no, barrer el exterior o la limpieza de oficinas, pero desde agosto de 2019 Juan Carlos Ortega Cruz fue uno de los trabajadores que mantuvo impecables las instalaciones de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en Avenida 602, en la zona aeroportuaria de la Ciudad de México.
La austeridad republicana lo alcanzó el pasado 30 de abril, cuando le informaron que ya no requerirían sus servicios. Él, junto con otros 20 afanadores, sigue esperando el pago de la última quincena, de mil 800 pesos, que la empresa le escamotea junto con la liquidación, argumentando que en el gobierno todos los pagos están suspendidos.
Ortega, de 45 años, es el único proveedor de la familia que forma con su esposa y sus dos hijos, estudiantes de bachillerato. No se anima a demandar por la vía laboral porque, dice, luego complica la contratación en otro lado y, aunque quisiera hacerlo, teme por la salud de su familia, porque después de andar en oficinas públicas debe regresar a casa y no quiere ser factor de contagio.
Los gremios afectados están revisando si pueden obtener amparos contra el decreto y explorar colectivamente las vías para reinstalar personal con ayuda de la justicia laboral. Sin embargo, los plazos están suspendidos y las oficinas de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cerradas. Tendrán que esperar.
No sólo se trata de los trabajadores de limpieza. Según Reyes Saldívar la situación abarca numerosos gremios, pero por su gran número de afiliados, el de limpieza y el de seguridad privada son de los más afectados.
Los sindicatos de la seguridad privada aún no tienen un estimado de despidos en su rubro. De por sí, desde el arranque de la actual administración el sector ha registrado una disminución de contratos por presunta corrupción, lo que jamás se ha esclarecido a pesar de que López Obrador ha señalado que muchas empresas son propiedad de políticos de los regímenes pasados.
Mujeres, la fuerza de trabajo
En los últimos dos años María de la Luz Birrueta Ayala convivió a diario con puros abogados, pero nunca supo que, por sus altas y bajas intermitentes en el IMSS, la empresa para la que trabajó violaba sus derechos laborales. Y es que ella apenas cruzaba palabra con los abogados del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) mientras barría, trapeaba, pulía y dejaba relucientes sus despachos y baños.
Los mil 850 pesos quincenales de sueldo, las propinas que recibía por lavar trastes y hacer mandados, le permitían cubrir sus gastos de transporte (cuatro microbuses y dos pasajes de Metro al día) y el resto se iba íntegro a la manutención de sus dos hijos, de 13 y 10 años, así como de su madre, ya anciana.
En diciembre pasado, cuando llevó a su madre a la Unidad Médica Familiar 18 del IMSS, en Magdalena Contreras, se enteró de que la habían dado de baja un mes antes.
La empresa Limpieza Val la tenía acostumbrada a esas altas y bajas pero su nómina llegaba, hasta que el pasado 30 de abril se quedó esperando. Su acceso al IMP fue revocado y un supervisor tuvo a bien decirle que se había quedado desempleada por un recorte presupuestal, antes de que dejaran de contestarle el teléfono y sin tener dónde reclamar.
Se calcula que más de 35 mil mujeres quedaron desempleadas como María de la Luz Birrueta, ya que en el sector público trabajan en limpieza alrededor de 120 mil personas, de las cuales 78 mil (65%) son mujeres. Y de éstas, 45% son madres
solteras.
Limpieza Val, como la mayoría de los contratistas de limpieza, inició sus actividades en agosto de 2019 –de acuerdo con las fechas de adjudicación consultadas por Proceso– y las realizará hasta el último de diciembre de este año, fecha fijada por el presidente en su decreto para mantener al mínimo el gasto operativo en las oficinas públicas. Por ende, las empresas disminuyeron ya sus nóminas y no recontratarán personal.
“El decreto presidencial sólo afecta a los más pobres. La fuerza laboral del gremio son mayoritariamente mujeres que no pueden quedarse en su casa y necesitan el ingreso y, especialmente en estos tiempos, estar registradas en el IMSS. Pero en general, ninguno de nosotros puede estar sin empleo, necesitamos trabajar y esos, se supone, eran empleos seguros”, concluye Reyes Saldívar.
