¿Por qué no decretar, acorde a la Constitución y con la intervención del Congreso, la suspensión de garantías en México si, como nunca antes en su historia, existe en el país una amenaza contra toda su población? Si el único (ya no el último) recurso es el militar, ¿se debe imponer un estado de sitio “a la mexicana”, bajo poderes discrecionales incontestables del presidente como en el pasado priista y panista, con la diferencia de que se define por lo que resta del sexenio y en todo el país, aunque la emergencia (covid-19) o pretexto (Guardia Nacional e inseguridad) ya no operen como coartada? ¿Cuál es el alcance del nuevo autoritarismo populista y hacia dónde se dirige el régimen de control social y político en México?
La violencia que persiste, acompañada de la impunidad imperante en el contexto de la pandemia que obliga al auxilio urgente, evidencia una realidad que niega el gobierno: no existe capacidad real de nuestros recursos militares ante una emergencia que involucra a todo el país y a todo el pueblo (en tanto componente esencial del Estado). Ante la necia incidencia criminal, que no disminuye pese al encierro social pandémico, una cosa es la voluntad política de abusar (incluso con débiles argumentos constitucionales) del recurso militar por partida doble: una Guardia Nacional en construcción y sacar soldados y marinos a las calles; y la posibilidad real de cumplir con la protección integral de la población, tanto en el ámbito de la seguridad como en el sanitario.
El gobierno no reconoce una característica estructural y paradójica: las Fuerzas Armadas, con una presencia física a lo largo y ancho del territorio nacional, con zonas y regiones militares, aéreas y navales, es incapaz de operar en forma eficaz e integral, abarcando a todo el país, ya sea para proteger a la población o mantener el orden público en una situación crítica de seguridad (si acaso, sólo para recabar información de calidad disímbola). Así se ha negado a actuar con los instrumentales estratégicos (de seguridad nacional) que le permitirían salvar más vidas que las que está sacrificando con sus actos y omisiones, en aras de una visión político-ideológica… y de una agenda oculta o poco clara en términos de poder faccioso.
Situación perniciosa:
causa y/o efecto
La trayectoria de los números de incidencia delictiva, particularmente en la tasa de homicidios dolosos, tiende a ser aún mayor que la del año pasado. La pandemia y la parálisis de actividades económicas y productivas con el encierro semiobligado de la población (dejando al garete la conducción del país en el marco de un Estado federal que terminó provocando dispersión y desorganización en los tres niveles de gobierno), ofrece un resultado preocupante en términos de violencia: 1) se mantienen los índices criminógenos en lo que se refiere a homicidios, lesiones y secuestros en general; 2) tanto en el orden federal (Guardia Nacional y Fuerzas Armadas) como local (policías estatales y municipales) ha habido poca o nula efectividad en términos de prevención y contención de actividades delincuenciales, y 3) el crimen organizado y el narcotráfico se manifiestan, por un lado, con la disputa de territorios y, por otro, se consolida un patrón de “acción social” que debilita la hegemonía y legitimidad del Estado. Esto le hace perder “las mentes y los corazones” (como se decía en la jerga contrainsurgente) de la población pobre y vulnerable para la que ahora se dice gobernar.
De nada ha servido que el gobierno federal, siguiendo una tradición de gobiernos priistas y panistas (que data de más de dos décadas), tenga un mecanismo de coordinación interinstitucional bajo el aparente liderazgo de la cancillería pero con el peso operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (antes el papel “coordinador” estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, a través de los funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, mecanismo éste sobre el que giraban las instancias de seguridad, militares y civiles), para el seguimiento de incidencias a nivel nacional (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, 4 de mayo de 2020).
Si su utilidad es coordinar acciones para contener la violencia en el país en medio de la pandemia, su eficacia es pobre. Este escenario, junto con otros indicadores de información, como el incremento de saqueos en diversos puntos del territorio nacional, que el gobierno no hace transparente, explicarían la “sincronía” de la decisión del Acuerdo de reforzar, con dudosa legalidad, la militarización de la seguridad pública (Diario Oficial de la Federación, 11 de mayo) con el punto más alto de infección contagiosa de la pandemia (sábado 9).
Por su parte, el encierro poblacional (semiobligado o estricto) en otras latitudes en las que se adoptó esta modalidad para evitar la propagación viral, trajo consigo una disminución de la violencia e incidencia delictivas. No así en México. Si bien se puede apuntar aquí que el gobierno es presa de sus propios datos y contradicciones en tanto que se reconoce o matiza la importancia del problema, lo relevante es que no hay siquiera un esfuerzo oficial serio y responsable para explicar lo que está pasando. Llaman la atención, primero, la manera opaca de un esquema que, por definición y por tratarse de una emergencia nacional, debiera ser público para generar confianza y certeza entre la ciudadanía respecto de las providencias gubernamentales en materia de seguridad. Y, en segundo lugar, aquí sí, una diferencia evidente con el pasado, la naturaleza del eje organizativo de la recopilación de información y análisis que ahora es militar.
Este cambio, sin embargo, no se tradujo en medidas que hicieran disminuir los delitos y, menos aún, la presencia pública de los grupos criminales que, de hecho, escalaron su desafío al Estado. Este esquema discrecional no se explica más que en términos “táctico-operativos” (de ahí el argot militar con el que se bautiza: “comando de incidencias”) y duplica, inutilizándola, la reunión diaria del “gabinete de seguridad” que encabeza el presidente justo antes de dar su conferencia matutina.
Militarización
y mitigación sanitaria
Es un falso dilema que un mecanismo constitucional de preservación del propio Estado (no del gobierno en turno) sea, per se, “dictatorial”. La suspensión de garantías se ha simplificado a un “toque de queda” autoritario a efecto de diferenciar que “no somos una dictadura” (19 de marzo). Visión presidencial deformada de una lectura de Estado de que nuestro orden constitucional nos permite adquirir esa condición de gobierno, con toda la carga negativa con que expresa.
El argumento maniqueo no resiste el análisis ponderado que lleva a la conclusión que, de tener cierta claridad de los instrumentos legales e institucionales que se da el Estado para garantizar su supervivencia, no se tendría la confusión y actuación accidentada del gobierno federal y de los estatales (junto con los municipios) en la crisis de emergencia que padecemos. El único antecedente que se tiene es el de 1942 durante la Segunda Guerra Mundial (en contexto es interesante e ilustrativo pero trasciende el objeto de esta reflexión). Implica, en sí, el uso de lo que se conoce en términos estratégicos como “poder nacional” y que no se reduce a las Fuerzas Armadas como se asume en México cual auto de fe. Difícilmente se puede afirmar que entonces nuestro país se convirtió en una dictadura, así sea temporal. Pero sí se puede decir que, como Estado, México en el siglo XXI cuenta con recursos de autoprotección estructural en una situación extrema de amenaza para su viabilidad y futuro.
En el caso de la covid-19 se tendría la actuación de un gabinete de seguridad nacional propiamente dicho, con la interacción de una Comisión bicameral en el Congreso y/o la Comisión de Salubridad General que ya había mostrado su efectividad en 2009. En realidad, la actuación del gabinete y el Consejo de Seguridad Nacional hubiese sido el paraguas democrático pertinente, integral y dinámico para enfrentar la emergencia sanitaria y los aspectos propios de la seguridad, dada la magnitud del riesgo y el interés de proteger a toda la población del país.
La actuación racional de estos instrumentos debió acompañarse de mejoras institucionales, así como de mecanismos transparentes y ciertos en el manejo verdaderamente eficaz del riesgo, y no sólo “administrar”, como lo simplificó el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud (24 de marzo). Desde el inicio de la crisis, de haber sido auditables la metodología de seguimiento y sus números de afectación, no se tendría, entre otras cosas, el señalamiento vergonzoso sobre los fallecidos y la carga de un manejo irresponsable del gobierno en contra de la población (El País; Los Angeles Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, 8 de mayo; The New York Times, 9 de mayo).
Una primera conclusión es que, de haber seguido un lineamiento estratégico, claro y firme con las herramientas previstas por la Constitución y sus leyes especiales, no se habría observado la desorganización que hay en el manejo sanitario y en materia de seguridad: se deformó el esquema emergente sanitario con un proceso burocrático de centralización y militarización que terminó con parches viciados de ilegalidad en sus vertientes interinstitucional y operativa.
“Verdad sospechosa”
Desde los años ochenta, en un evento de la Universidad de San Diego, estudiosos de las Fuerzas Armadas mexicanas, siguiendo una línea histórica de análisis, establecieron la hipótesis de que los militares mexicanos no serían capaces de contener y someter un movimiento generalizado de guerrillas en el país. El análisis consideró factores orgánicos de emplazamiento y movilización de las fuerzas a la luz de las concepciones de Defensa Nacional (DN) y sus supuestos (I, II y III; ataque extranjero, movimiento armado interno y atención a la población en casos de desastres, respectivamente). El libro surgido de esa discusión es un referente obligado para el estudio de las relaciones civiles militares en México.
Se podrá argumentar, desde la academia mexicana castrense y sus aliados civiles, que las dimensiones y el estado de fuerza militares han cambiado desde entonces. El caso notable fue el proceso de modernización que ocurrió, bajo la influencia de la primera post-Guerra del Golfo y después del levantamiento zapatista, tanto en lo estructural como en lo operativo, con la creación de unidades aerotransportadas y multipropósito que cambiaron la respuesta tradicional de movilización masiva de tropas o el mero desplazamiento de unidades especializadas según la amenaza a enfrentar.
Sin embargo, el hecho es que dicha “modernización” militar no subsanó la visión de control político territorial de su distribución y presencia en el país y que, junto con el estilo presidencial de las alternancias que se ha negado a una reforma democrática de la defensa, se han generado vicios y nuevos problemas que afectan sus capacidades. Esto nos lleva a otra conclusión no menos significativa que la primera: la negativa de declarar, constitucionalmente, un estado de emergencia en todo el país (con controles institucionales que darían certeza jurídica real incluso a la actuación militar y no en términos de la impunidad político-legal que se argumenta) y la acción limitada en términos operativos en la mitigación pandémica, confirma la antigua hipótesis de que la limitación castrense subsiste y es real.
En nuestro esquema federalista delineado originalmente en 1917, la actuación conjunta de Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (civil, voluntaria y a cargo de los estados) no presentaba esta deficiencia (el recelo centralista redujo a letra muerta la previsión constitucional). Lo que se tiene, en cambio, es una falsa idea de control territorial cuando, según lo hemos visto desde 1994, las Fuerzas Armadas sólo pueden mantener una presencia física, cuando mucho, en poco más de una tercera parte del país (del ámbito aéreo y marítimo, mejor ni hablar). Dado el sometimiento presidencial y su renuncia al principio de supremacía civil, es claro que los mandos militares fueron consultados sobre el alcance efectivo de sus acciones…, como también lo es la conciencia que de esto tienen los criminales que ya disputan el país. La respuesta se tiene a la vista con la paradoja que se apuntó al inicio de esta reflexión.
Los desafíos del crimen organizado, del narcotráfico y, aun, de la delincuencia común son crecientes y preocupantes. Es grave la respuesta gubernamental, cuyo escalamiento militarizado fue accidentado e ilegal: desde el semiclandestino “comando de incidencias”, pasando por los propagandísticos DNIII y Marina (que están sacrificando a soldados y marinos en forma negligente y que encubren prácticas de corrupción) y el “reforzamiento” (¿temporal y subsidiario?) de la seguridad pública por todo el sexenio. Las fórmulas son conocidas en cuanto a su eficacia. Su insistencia y magnitud sólo se explican en función de un esquema de control social del gobierno con la inevitable vertiente de represión (así sea selectiva, como en el pasado), de conservación del poder.
