Sharon Romero Garrido comenzó a trabajar en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en agosto de 2019. La invitó Yamilé Jaso López, otra persona que, al igual que ella, fue contratada como proveedora de servicios a través de la partida llamada Capítulo 3000.
A Romero se le asignó la responsabilidad de atender algunas de las 53 recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a la gestión de Alfredo Castillo, quien ocupó la dirección de la Conade del 16 de abril de 2015 al 30 de noviembre de 2018. Le pareció sospechoso enterarse de que Yamilé Jaso es amiga y recomendada de Filiberto Otero, titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Además del conflicto de interés, en poco tiempo Romero entendió que desde su puesto como empleada en la dirección de Alto Rendimiento, que encabeza Arturo Contreras, Jaso estaba ahí para ayudar a los servidores públicos señalados en una auditoría por haber desviado recursos del fideicomiso Fodepar, mismos que fueron comprobados con documentos alterados y falsos, según confirmó la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, el 19 de febrero último.
Las sospechas de Romero Garrido se confirmaron el día que su jefe, el ahora excoordinador ejecutivo de la subdirección de Calidad para el Deporte, Alejandro Arenas Contreras, le comentó a ella y a otros de sus empleados que Filiberto Otero pidió que lo despidieran y descubrió que el titular del OIC está coludido con los servidores públicos de Conade con quienes intentó ocultar los resultados de la auditoría que este semanario publicó el 16 de febrero (Proceso 2020).
“Estaban viendo de qué manera podían solventar. Filiberto tuvo reuniones con Ana Guevara (directora de Conade) y su gente, incluido Israel Benítez, para ver cómo iban a atender la auditoría. Ahí es cuando Otero pidió la cabeza de Arenas. Cuando se publican los resultados en Proceso y luego la secretaria Irma Sandoval dio la conferencia de prensa, los acuerdos que ya tenían se les cayeron porque evidentemente sí tenían un acuerdo para poder solventar, pero ya no tuvo efecto porque salió a la luz pública la información. A Arenas no lo corrieron, pero le quitaron el seguimiento de la auditoría y Filiberto pidió que Yamilé la atendiera. La Conade y el OIC están coludidos. Hay un juego perverso ahí”, explica Romero en entrevista.
Refiere que días después de que Sandoval anunció las acciones administrativas que la SFP llevaría a cabo para dar seguimiento a la auditoría, personal de la ASF se presentó en la Conade para iniciar una auditoría forense, la primera que se llevará a cabo en la dependencia que encabeza Guevara.
“Gracias a que se hicieron públicos los resultados, se inició una auditoría forense al Programa E017, que se llama atención al deporte, donde está todo lo que tiene que ver con los contratos que se asignan, incluso del Capítulo 3000. Se está aplicando a todo lo que va de la gestión de Ana Guevara. Por una auditoría forense (que encabezó Muna Dora Buchahin) se descubrió el caso del desvío de recursos vía las universidades públicas (al menos 7 mil millones de pesos).
“La persona que dirige la auditoría forense fue clara al decirnos que si encuentran corrupción en el E017 se van a extender al S269, que es el programa que abarca Alto Rendimiento, Cultura Física y Deporte. En la subdirección de Calidad para el Deporte es donde están los actos de corrupción más graves porque es donde hay más dinero. Es la médula de la Conade. Tienen que auditar peso por peso. Con la primera auditoría se abrió la cloaca porque es la primera vez que auditan los apoyos directos del Fodepar. Si se van a años anteriores se van a abrir otras coladeras”, advierte Romero, quien fue despedida hace unos días.
Una testigo incómoda
A pesar de que Sharon Romero trabajó durante todo marzo, no le pagaron ese mes ni la volverán a contratar como prestadora de servicios, a pesar de que tenía la promesa de renovación.
Dice que la eliminaron, así como a otras personas, porque fue testigo de actos de corrupción, “porque vi suficiente y como entiendo bien los procesos de auditoría no les convengo”.
Narra que llegó un momento en que la oficina de Benítez se convirtió en un búnker: puertas cerradas con un montón de cerraduras nuevas a donde sólo podían acceder Yamilé Jaso, Alejandro Gutiérrez, Karla Estefanía Meneses y Filiberto Otero.
A los empleados de la coordinación ejecutiva, como Reyna Monroy y Andrea Rojas, los empezaron a marginar, les quitaron los lugares donde se sientan y cuando vencieron sus contratos las sacaron sin siquiera permitirles tomar sus objetos personales.
“Me sacaron por ser persona non grata. No querían más fugas de información y a muchos los responsabilizaron de haber filtrado información. Vi personal del OIC adentro echándoles la mano para decirles cómo atender las observaciones. Una persona gordita de cabello negro y corto que no sé cómo se llama, además de Yamilé y Filiberto Otero. Hagan lo que hagan no van a poder solventar las observaciones cuatro y cinco (de un total de seis), tampoco lo que hicieron con el Capítulo 3000. Tiene que haber procedimientos administrativos porque se cometieron actos de corrupción, como tercerizar los apoyos directos del Fodepar. Eso está mal de origen y ya no lo pueden arreglar”, sentencia Romero.
