Gobiernos de varios países están recurriendo a la tecnología para monitorear la movilidad de los ciudadanos, a fin de aplicar las medidas de aislamiento social y mitigar así la propagación del coronavirus.
La encargada del análisis de datos de movilidad social en la Ciudad de México es la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), que nació como un órgano desconcentrado en diciembre de 2018, y que también está al frente de otros proyectos, como un sistema de diagnóstico vía mensaje de texto para casos sospechosos de coronavirus y un padrón para la entrega de kits médicos y apoyos alimentarios.
El titular de la ADIP, José Merino, cuenta en entrevista que cuando la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le pidió medir el cambio en la movilidad y la efectividad del llamado de Quédate en Casa, se decidió que la forma más precisa era mediante las más de 4 mil antenas de los operadores nacionales de telefonía móvil, como Telcel.
“Lo que hablamos con las empresas de celulares era tener el número de personas conectadas a cada antena, cada hora”, dice Merino. “No sabemos quiénes son, no sabemos qué dispositivos son, pero sabemos que en la antena que está en la esquina de Eje Central y Juárez, que es la antena más usada en toda la ciudad, hay 16 mil personas en una hora promedio.”
Los operadores móviles brindan de manera diaria a la Agencia Digital los datos agregados sobre la cantidad promedio de usuarios conectados en cada antena y estos datos son comparados con los de meses anteriores, que también fueron aportados por las empresas.
“Eso nos permite tener una métrica no sólo de usuarios por torre, sino en alguna zona donde no hubiera caído el movimiento en la calle, nosotros podemos decir: en tal colonia, de tal alcaldía, la gente no se está guardando”, explica.
Los datos todavía no son públicos por una saturación en las funciones de la agencia y falta de tiempo, dice Merino, pero muestran que la caída en la movilidad general en la Ciudad de México es de 55%. Las más dramáticas ocurren en zonas escolares, por ejemplo en la Ciudad Universitaria y en zonas de oficinas, como en Insurgentes, Reforma, Avenida Juárez, Madero, Polanco y Las Lomas.
“Es decir, zonas con mucho flujo de personas que se trasladaban para trabajar. No hay caídas similares en zonas residenciales”, añade el politólogo.
A escala federal, el gobierno recurrió a las empresas Google y Apple para obtener información de los lugares que visitan las personas. Gracias a que muchos usuarios dan permisos a las aplicaciones para que registren su ubicación, se puede monitorear la movilidad de los ciudadanos en el transporte, en el trabajo, en lugares de consumo, de entretenimiento, y si hay un aumento en los hogares.
De acuerdo con esos datos, en la Ciudad de México se redujeron 75% las visitas a lugares de compras y entretenimiento, 67% en estaciones de transporte, 52% la movilidad laboral, y ha aumentado 22% la estancia en los hogares, según el corte del pasado jueves 16 del reporte de Movilidad de Google.
El gobierno y las empresas aclaran que los datos de movilidad no están asociados con los datos privados de las personas, como el Apple ID de un usuario por ejemplo. Son datos agregados y están disponibles en internet para consulta pública.
Vladimir Cortés, oficial del programa de Derechos Digitales de Artículo 19, dice en entrevista que Google da la opción a los usuarios sobre si quieren o no compartir su ubicación y, una vez que se tiene activado el historial de localización, entonces se recopila esta información y se agrega sin identificar a las personas, en datos generalizados.
“Lo que despierta es una serie de dudas sobre cómo se está dando la relación entre los gobiernos y las empresas. Es decir, ¿están entregando la información procesada, agregada y anonimizada? o ¿si hay una entrega de los dataset (conjunto de datos) que podría implicar la detección individualizada?”, cuestiona Cortés.
Por ello, el especialista en derechos digitales dice que tendría que transparentarse exactamente qué datos son los que las empresas están proporcionando, sobre todo en un contexto mundial en el que se está justificando la hipervigilancia para el combate a la pandemia, como en China, donde los ciudadanos pueden transitar libremente sólo después de corroborar con sus teléfonos inteligentes que no tuvieron contacto con una persona contagiada de coronavirus con un sistema de QR; o en Corea del Sur, donde el gobierno puede acceder a la ubicación de los teléfonos móviles y a los datos en tiempo real sobre los pacientes, incluyendo su paradero y transacciones con tarjetas de crédito.
“Es importante en términos de transparencia no sólo presentar los datos, se entiende que en el contexto del covid-19, pero es fundamental que aparejado a esto se dé una mayor rendición de cuentas”, añade.
Sobre los datos que maneja la ADIP, luego que surgieran dudas a principios de este mes respecto a qué tipo de información estaba recopilando, Cortés dice que, pese a la aclaración de que se limitan a recopilar de forma agregada y anonimizada el aforo de los usuarios, el gobierno local, así como el federal, tienen que garantizar que sean medidas proporcionales, que no serán usadas como mecanismos de vigilancia o control, y que no violentan el derecho a la privacidad.
“El gobierno mexicano ha demostrado que no quiere caer en un extremo de violaciones a derechos humanos en el contexto de la pandemia, como ocurre en otros países, pero es necesario que las acciones que se emprenden tengan la mayor claridad y la mayor transparencia”, señala.
