La intervención militar de Arabia Saudita y sus aliados en la guerra civil de Yemen ya costó decenas de miles de víctimas, más las que provoquen la pandemia de coronavirus y una epidemia de cólera de proporciones históricas. Pese a las denuncias de organismos internacionales sobre los ataques sistemáticos de la coalición extranjera contra la población civil y los centros de salud en Yemen, las empresas armamentistas británicas siguen surtiendo a la fuerza de intervención con el tácito, pero decisivo, apoyo del gobierno británico.
LONDRES.- A poco más de cinco años de iniciada la sangrienta guerra civil que azota a Yemen –que ha cobrado la vida de al menos 20 mil personas y llevó al desplazamiento de cientos de miles de sus habitantes–, va en aumento la venta de armas y municiones británicas a la coalición militar liderada por Arabia Saudita en el devastado país ubicado en el sur de la Península Arábiga.
De acuerdo con un reciente informe elaborado por el organismo humanitario Oxfam, la venta de armamento a la coalición aumentó 45% en los últimos años, pese a los tratados de comercio de armas que imponen estrictas regulaciones en casos de guerra civil.
La investigación de Oxfam determinó que ese incremento, registrado desde enero de 2015, le redituó a Gran Bretaña ingresos de 6 mil 400 millones de libras esterlinas (7 mil 880 millones de dólares).
Desde aquel año, los sucesivos gobiernos británicos no tuvieron inconveniente en autorizar la venta de armas con tecnología avanzada a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y sus aliados que luchan en Yemen, incluidos Egipto, Jordania, Marruecos, Sudán y Senegal, pese a que es conocido que esa fuerza internacional atacó a civiles inocentes y cientos de centros de salud en Yemen, puntualiza el organismo humanitario.
Ello, no obstante que Londres fue uno de los principales impulsores del Tratado de Comercio de Armas que entró en vigor a finales de 2014.
El total de ingresos en las arcas británicas supera los 4 mil 400 millones de libras (5 mil 420 millones de dólares) que la potencia europea obtuvo por venta de armas a esos países en los cinco años previos a diciembre de 2014. “Este aumento en la venta de armas debería ser una mancha en nuestra conciencia”, comenta al respecto Ruth Tanner, jefa de campañas humanitarias de Oxfam, en entrevista con Proceso.
“Los miles de yemeníes que debieron abandonar sus hogares escapando de la violencia, y que huyeron sin comida ni acceso al agua potable, además de enfrentar brotes de enfermedades y epidemias, necesitan urgentemente que esta guerra termine para reconstruir sus vidas”, agrega la activista.
La coalición militar liderada por Arabia Saudita, que recibe apoyo directo de Reino Unido y de empresas armamentistas de ese país, como BAE Systems, participó directa o indirectamente de la guerra civil en Yemen pocos meses después de que iniciara el conflicto bélico, en 2015.
En enero de 2019 el gobierno británico, bajo el mando de la primera ministra Theresa May, se vio obligado a suspender la venta de armas a Arabia Saudita y a sus aliados luego que la Corte de Apelaciones del Reino Unido dictaminó que dicho comercio violaba las leyes internacionales y, por lo tanto, su autorización “es irracional e ilegal”.
El Ejecutivo británico apeló la decisión expedida en junio de 2019, lo cual le permite continuar con la venta de armas. La Corte Suprema de Londres tenía previsto tratar el tema este año, pero la pandemia del coronavirus demoró el cronograma por la suspensión de audiencias y el cierre de algunos tribunales en la capital inglesa.
Complicidad
Para Andrew Smith, vocero de la organización Campaña Contra el Comercio de Armas (CAAT) que llevó el caso a los tribunales británicos, los bombardeos de Arabia Saudita y sus aliados en Yemen “han provocado la muerte de decenas de miles de personas, creando la peor crisis humanitaria del mundo. A pesar de ello, no se hizo nada para detener la venta de armas que está causando tantos estragos… El gobierno británico ha jugado un papel central en esto y es totalmente cómplice al apoyar y permitir semejante destrucción”.
El 26 de septiembre de 2019 la secretaria británica de Comercio Internacional, Liz Truss, admitió en una ponencia en la Cámara de los Comunes que su dependencia violó el dictamen de la Corte que prohibió la venta de armas a los sauditas y su coalición.
Truss dijo que una revisión de prácticas en su dependencia reveló varios casos de “licencias de exportación de armas aprobadas de forma equivocada”.
“Es probable que haya más casos”, admitió la funcionaria conservadora, tras ser interpelada por la oposición.
De los 6 mil 400 millones de libras en armas que el Reino Unido le vendió a la coalición desde 2015, 3 mil millones (3 mil 690 millones de dólares) corresponden a aviones, helicópteros y drones; en tanto que 2 mil 600 millones (3 mil 200 millones de dólares) fueron por granadas, bombas y misiles, de acuerdo con el informe de Oxfam.
Además, el Reino Unido aprobó otras 385 licencias de exportación de armas para la coalición entre enero de 2015 y diciembre de 2019, lo que permitió la exportación de una cantidad ilimitada de otros bienes y productos.
La principal intención del Tratado de Comercio de Armas, apoyado por los sucesivos gobiernos de Tony Blair, Gordon Brown y David Cameron, tenía como intención garantizar que no se permitiera ninguna venta de armas en caso de que éstas pudieran utilizarse en acciones que violaran leyes internacionales.
“Hace unos años el gobierno británico buscó, con entusiasmo, introducir una ley para controlar mejor las licencias para la exportación de armas, evitándose de esa manera una violencia indiscriminada como la que hemos visto contra civiles inocentes en Yemen –explica Tanner a Proceso–. Sin embargo, Reino Unido está haciendo todo lo posible para evitar la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudita y a sus aliados”.
Oxfam informó también que en los últimos meses tuvo que suspender la entrega de ayuda y suministros básicos a más de 15 mil personas vulnerables en la región yemení de Al Dhale’e porque sus oficinas fueron atacadas con misiles. Se desconoce si este armamento era británico.
Por su parte, Smith exhortó a la administración de Boris Johnson a frenar el proceso de apelación en la Corte Suprema y suspender toda venta de armas a la coalición militar que opera en Yemen, aunque cree que su pedido no tendrá efecto alguno. “Como canciller británico, Boris Johnson estaba muy contento de apoyar la venta de armas a esos países, y es muy probable que esto se perpetúe ahora que está al frente de Downing Street”, agrega el vocero de CAAT.
Consultada por Proceso, una fuente del gobierno indica que el Ejecutivo británico “toma todas sus responsabilidades por la venta de armas muy seriamente”.
Y puntualiza: “Nosotros estamos aprobando licencias de exportación de armas de acuerdo con los estrictos criterios existentes. Estamos totalmente comprometidos a cumplir con el dictamen de la Corte de Apelaciones del pasado 20 de junio. Aunque apelamos esa sentencia, no autorizaremos nuevas licencias de exportación a Arabia Saudita y a sus aliados para armamentos que puedan ser utilizados en el conflicto en Yemen”, señala el funcionario que prefiere mantener su identidad anónima.
Sin embargo, Anna Stavrianakis, profesora de relaciones internacionales de la Universidad de Sussex, considera que el gobierno inglés “no sólo ignora la violencia que está generando, sino que está íntimamente involucrado en la guerra civil de Yemen”.
En una carta abierta publicada en el matutino The Guardian el pasado 31 de marzo, la experta expuso que el gobierno británico “se niega a rastrear el uso de sus armas en un conflicto bélico que ha atacado a civiles y centros de salud, y que parece empeorar con la pandemia del coronavirus… Cinco años de ataques a hospitales y centros de salud, escuelas, mercados y otros edificios públicos: ataques en los que la coalición liderada por los sauditas es responsable por el mayor número de civiles muertos”.
Stavrianakis explicó que sendos informes de los grupos humanitarios Mwatana y Médicos por los Derechos Humanos revelaron en marzo pasado que la coalición extranjera atacó el sistema de salud yemení al menos 120 veces en los últimos tres años y medio, para lo cual utilizó el armamento vendido por empresas británicas.
“Cinco años de guerra y bloqueo económico han creado hambrunas y una crisis de salud pública en Yemen. La gran mayoría de los yemeníes no tiene acceso seguro a alimentos debido a que los combates y el bloqueo económico impiden que lleguen los contenedores de ayuda. La población no puede pagar productos cuyos precios suben hasta las nubes. Yemen está enfrentando además el peor brote de cólera del que se tenga registro en el mundo”, destacó Stavrianakis.
A decir de la experta, mientras la atención mundial está puesta en la lucha contra la pandemia de covid-19, “la guerra en Yemen sigue vigente, con una reciente escalada de ataques tras varios meses de relativa calma… Reino Unido está íntimamente involucrado en esa guerra: a partir de provisiones de armas, entrenamiento y apoyo militar, y protección diplomática para la coalición militar liderada por los sauditas. Sin el apoyo de Reino Unido, y del principal aliado occidental de Arabia Saudita, Estados Unidos, la guerra civil en Yemen ya hubiera terminado”.
Para ella, la forma en que el gobierno británico maneja la polémica por la exportación de armas “tiene mucho en común con su respuesta a la pandemia del coronavirus: no quiere saber”.
Y explica: “Respecto del covid-19, Reino Unido quedó detrás de otros países para implementar sistemas de pruebas. Esto permitió bajar el número de casos confirmados de forma artificial. En materia de políticas de exportación de armas, el Ministerio de Defensa ha fallado al rastrear si los ataques de la coalición liderada por los sauditas constituyeron una violación flagrante a las leyes internacionales.
“Como resultado de esto, al decir que no sabe si esos ataques fueron ilegales o no, el gobierno de Boris Johnson puede alegar que no hay un riesgo evidente que las armas que venden sean utilizadas con fines ilegales, para así continuar con las exportaciones”.
En su carta, la académica denunció que la negativa de las autoridades británicas para rastrear el uso de las armas que vende “es central para seguir apoyando a la coalición encabezada por Arabia Saudita” en la guerra de Yemen. “De todas maneras, y como hemos visto con el coronavirus, no saber sobre el problema no significa que no exista. Y tampoco exime al gobierno de sus responsabilidades”, finalizó Stavrianakis.
