Señor director:
Me permito referirme al cintillo de la portada Coldwell, Ochoa Reza y Messmacher, imputados con Lozoya, así como a la nota periodística titulada Imputados por la compra de Agronitrogenados, firmada por el reportero Mathieu Tourliere, ambas publicadas en el número 2265 del semanario que dirige, solicitándole se sirva publicar al respecto las siguientes aclaraciones:
1.- Tal y como lo dice la nota, la fuente de información del reportero es un “Dictamen Técnico en el que se basó la denuncia” y no la denuncia que dice haberse presentado (supuestamente hace ocho meses), de manera que, en ese aspecto, el contenido del artículo periodístico en cuestión resulta especulativo.
Además, la ley establece que en las denuncias solamente deben relatarse hechos, correspondiendo exclusivamente al Ministerio Público de la Federación la calificación de los mismos, así como el deslinde preliminar de responsabilidades y la atribución de las calidades de imputado, víctima y testigo. Por lo tanto, el dictamen técnico en el que se basa la información para hacer señalamientos contra mi persona no tiene valor jurídico.
2.- Me permito recordar que desde el año pasado he presentado múltiples escritos (más de 100) a la Fiscalía General de la República, solicitando que, en ejercicio de mis derechos, se me informe si existen denuncias en mi contra para que, en su caso, se recabe mi entrevista, se me dé acceso a la carpeta de investigación y pueda ejercer mis derechos de defensa.
Estoy en espera y con total disponibilidad a ser llamado para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, y tengo confianza en que la Fiscalía General de la República lo hará. La presentación de esos escritos fue ampliamente difundida, lamento que la investigación periodística lo omita.
3.- Por otra parte, la información señala que “Coldwell, Ochoa y Messmacher, junto con los demás integrantes del Consejo de Administración que sesionó el 17 de diciembre, aprobaron una resolución ‘planchada’ por el equipo de Lozoya, la cual establecía un precio de 275 millones de dólares por la compra de la empresa de fertilizantes”.
Dudo que la Auditoría Superior de la Federación haya utilizado un término como ‘planchar’, el mismo no se refiere al Consejo de Administración. Es más, el propio reportero reconoce líneas adelante que “La estructura offshore de Pemex opera en completa opacidad, sin rendir cuentas al Consejo de Administración, a los órganos de vigilancia petrolera… según documentó la misma ASF en un informe publicado el pasado 20 de febrero (Proceso 2260)” (lo subrayado es mío).
De hecho, como consta en el acta oficial de la sesión, el Consejo de Administración nunca votó ni aprobó dicha compra ni tampoco tuvo acceso a información que pudiera implicar daños patrimoniales a Pemex, sino que se le limitó a tomar nota de ella una vez que ya contaba con las autorizaciones necesarias para ello.
4. Finalmente, la información periodística menciona que “ésta es la segunda denuncia que involucra a Coldwell por supuestos fraudes realizados en Pemex y avalados por el Consejo de Administración de la petrolera mientras presidía el organismo”. Lo anterior es falso. No existe denuncia alguna en contra mía por ninguna conducta fraudulenta realizada por mí y que después hubiere sido avalada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.
Manifiesto estas aclaraciones en ejercicio de mis derechos al honor, buen nombre y a la presunción de inocencia de los que soy titular como todo ciudadano.
Atentamente,
Pedro Joaquín Coldwell
