El miércoles 1 la televisión alemana transmitió el documental Exportaciones mortales: gerentes de armamento ante el tribunal, en el que se revela que la poderosa fabricante de armas SIG Sauer, de Alemania, vendió sus productos a México sin el permiso del Ministerio de Economía, a fin de saltarse la prohibición de exportar armamento a Estados donde constantemente se violan los derechos humanos. En un caso paralelo al de la firma H&K (cuyos fusiles automáticos usó la policía de Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa), se confirmó que efectivos de la Marina utilizaron fusiles Sig516 en operativos que derivaron en denuncias de desaparición forzada.
Berlín.- El 16 de mayo de 2018, presuntos elementos de la Marina irrumpieron en el depósito de vehículos Yonke Pepe’s, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se desarrollaba una reunión de comerciantes. Como parte de un supuesto operativo para detectar a miembros del crimen organizado, los marinos se llevaron de ahí a José Luis Bautista Carrillo, de 33 años. Su mujer, Érika Castro, no lo volvió a ver.
La desaparición de Bautista es una de las 23 de las que se tiene registro entre enero y mayo de 2018 en esa ciudad fronteriza, presuntamente a manos de efectivos militares.
De los hechos de aquel día existen fotografías y videos en los que aparecen los marinos con sus uniformes y sus armas: fusiles Sig516, que produce la firma SIG Sauer, de Alemania. El dato lo descubrió el periodista Wolf-Dieter Vogel, quien desde 2011 sigue la pista de las armas alemanas en México. Especialistas en armamento de Amnistía Internacional le confirmaron el dato.
El caso de Bautista Carrillo y el de los 43 normalistas de Ayotzinapa –en el que se confirmó que la policía municipal de Iguala les disparó a los estudiantes con fusiles automáticos G36 de la fabricante Heckler & Koch– confirma que Alemania ha vendido indiscriminadamente armas al gobierno de México sin reparar en que se trata de un país cuyas fuerzas de seguridad tienen una reputación dudosa por las permanentes acusaciones de violación a los derechos humanos de sus ciudadanos.
Y aunque en teoría el gobierno alemán cuenta con una serie de controles para evitar la exportación de armamento a Estados en estas condiciones, en la práctica las empresas de ese rubro pasan por alto esos ordenamientos federales y realizan operaciones cuestionables mediante cuantiosos contratos.
Las exportaciones a México son claramente ilegales, como confirma la reciente investigación del periodista y cineasta alemán Daniel Harrich, quien descubrió indicios de que SIG Sauer, a través de su filial en New Hampshire, Estados Unidos, exportó de manera ilegal desde 2015 armas y licencias de producción de armamento a México.
En el documental Exportaciones mortales: gerentes de armamento ante el tribunal, transmitido por la cadena pública de televisión alemana ARD el pasado miércoles 1, Harrich y su equipo desmenuzan las acciones sospechosas a través de las cuales SIG Sauer Alemania puede estar realizando estos negocios indebidos; también presentan pasajes del que es considerado el mayor juicio de armas pequeñas en la historia de la República Federal Alemana, en el que H&K tuvo que rendir cuentas ante un tribunal por la exportación ilegal de fusiles G36 a regiones que la ley alemana prohíbe en México. De igual forma, se exhiben omisiones y situaciones irregulares que se dieron en el juicio.
Made in Germany
Desde marzo de 2017 este semanario informó sobre el contrato que el gobierno de Enrique Peña Nieto firmó en abril de 2015 con la subsidiaria estadunidense del fabricante alemán por 266 millones de dólares para la “manufactura de rifles y pistolas Sig Sauer y la renovación de inventarios actuales para el uso de la Armada, Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación, Policía Federal y fuerzas policiales estatales y municipales” (Proceso 2105).
Durante la filmación de su documental, en 2019, Harrich y su equipo viajaron a México y constataron que las pistolas que portan elementos del Ejército son, al menos parcialmente, producidas en Alemania. Las cubiertas son Made in Germany. Más aún, corroboraron que la filial estadunidense pertenece 100% al consorcio SIG Sauer Deutschland, lo que la hace en los hechos una empresa alemana.
Con esa base, el equipo de investigación se dio a la tarea de averiguar la forma en que el armamento llegó a México. Lo que encontró pone en duda la legalidad de las operaciones:
Si bien la mencionada filial de SIG Sauer tiene permitida la venta al extranjero de armamento fabricado en Estados Unidos, no lo tiene para distribuir las armas o piezas producidas en Alemania. Para ello tendría que contar con la autorización del Ministerio de Economía alemán y reportar la intención de vender sus productos en un país que no es el de la filial.
Consultado al respecto, el gobierno alemán aseguró que desde el 1 de enero de 2000 la empresa no cuenta con permisos para exportar pistolas u otras armas cuyo destino final sea México. En cuanto a la transferencia de licencias y tecnología, el Ministerio de Economía alemán explicó que en el año 2000 la matriz alemana SIG Sauer obtuvo 26 permisos para transferir tecnología a su filial estadunidense, pero no para un tercer país. Si pretendía vender ese know how a México legalmente, necesitaba otro permiso. Dicha autorización, según la investigación, no existe.
“Si alguna de estas armas llegó hasta ahí (México) debió haber sido mediante otro camino y sin autorización”, señala ante la cámara de Harrich el que fuera jefe de la Oficina Federal de Control de Exportaciones (BAFA, por sus siglas en alemán) del Ministerio de Economía, Arnold Wallraff.
Como la segunda fabricante de armas más importante de Alemania, SIG Sauer acaparó a partir de 2012 el mercado mexicano, mismo que H&K tuvo que abandonar por las investigaciones que inició la justicia alemana en su contra por la presunta exportación ilegal de sus fusiles G36.
Una gráfica basada en información de la Secretaría de la Defensa Nacional muestra el repunte en ventas que SIG Sauer tuvo en México a partir de ese año, cuando H&K tuvo que suspender su relación comercial con el país. El contrato entre el gobierno mexicano y la empresa de New Hampshire sigue vigente hasta 2024, según el permiso de exportación correspondiente que emitieron las autoridades de Estados Unidos y al que el equipo de Harrich tuvo acceso.
Omisiones y desapariciones
El 21 de enero de 2019 el Tribunal Regional de Stuttgart condenó a H&K a pagar una multa de 3.7 millones de euros y declaró culpables a dos extrabajadores de la empresa por el envío irregular de alrededor de 5 mil fusiles de asalto a México, que terminaron en los estados de Chihuahua, Chiapas, Guerrero y Jalisco, vetados por la ley alemana al considerar que en ellos se violan los derechos humanos.
Aunque la fiscalía señaló como culpables a quien fue secretaria del Departamento de Exportaciones y a un agente de ventas de H&K, fueron absueltos el representante de la empresa en México y el responsable de tramitar los permisos de exportación ante el gobierno alemán.
Sin embargo, el documental de Harrich pone al descubierto numerosas omisiones e irregularidades en el proceso que siguieron el fabricante de armas y el gobierno alemán para respectivamente conseguir y otorgar el permiso de exportación. Anomalías que estuvieron presentes asimismo en el propio juicio.
Por ejemplo, la investigación evidencia el indebido y reiterado intercambio de información del funcionario ministerial superior del Ministerio Federal de Economía y Tecnología con Peter Beyerle, gerente de H&K y responsable de tramitar los permisos de exportación, para adaptar a conveniencia de la firma la Declaración del Uso Final, que es el corazón de la Ley de Control de Armas Alemana y que es uno de los requisitos indispensables para otorgar un permiso de venta de armas al extranjero.
Ese diálogo queda acreditado con correos electrónicos y oficios en poder del equipo de investigación y que, sin embargo, no formaron parte del expediente judicial. Además, alrededor de 15 mil correos electrónicos que formaban parte de la querella desaparecieron de un día para otro de los expedientes sin que ello tuviera repercusiones en el juicio.
Entre las irregularidades, se acreditó que participó en el sumario una empresa auditora privada, que a petición de la acusada H&K apoyó a la fiscalía en el análisis de información. Asimismo, que la fiscalía desconocía documentos oficiales en los que BAFA –la autoridad que evalúa los permisos de exportación– advierte a la fabricante de armas que puede dejar de ser una empresa confiable por sus reticencias a cumplir los requisitos para obtener el permiso.
El documental exhibe, por otra parte, la actuación tanto de funcionarios del Ministerio de Economía, pero también del Poder Judicial, que omitió considerar una serie de datos fundamentales para entender cómo operó la cadena de corrupción que sigue permitiendo esos negocios indebidos de los fabricantes de armamento.
El pasado miércoles 1, cuando el documental de Harrich se hizo público, la Fiscalía Regional de Kiel (capital del estado de Schleswig-Holstein, donde se ubica la sede de SIG Sauer) anunció su intención de revisar las nuevas acusaciones en contra de H&K.
A su vez, diputados que integran las comisiones de derechos humanos y ayuda humanitaria; de asuntos exteriores y de defensa del Bundestag, se pronunciaron por abrir una nueva investigación judicial profunda en contra de SIG Sauer, además de que H&K cuando menos repare el daño a las víctimas de la violencia en México mediante un fondo económico.
Finalmente, el Tribunal Federal Supremo alemán estudia si dará entrada a la solicitud de revisión del fallo en contra de H&K, que fue apelado.
