El superdelegado de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, es el único que se animó a transmitir en vivo, en su cuenta de Facebook, el reparto de dinero en efectivo a gente de avanzada edad congregada en una escuela de Saltillo. Lo hizo el 31 de marzo y siguió difundiendo “el operativo de pago de adultos mayores”.
Aun sin transmisión, en plena emergencia sanitaria, cientos de adultos mayores se concentraban en la sucursal de Banco Azteca en Xalapa. A cientos de kilómetros de ahí, bajo el sol primaveral, otros cientos esperan sentados –eso sí, con sana distancia– la entrega de recursos en la región guerrerense de La Montaña. Lo mismo en Jalisco que en Chihuahua o Yucatán.
Declarada la emergencia el pasado 30 de marzo, el reparto de dinero a los adultos mayores fue apenas el más visible de los episodios en los que mover al gobierno –que el presidente López Obrador suele describir como “un elefante reumático y mañoso”– ha sido un proceso lento, con errores e inoperatividades que ponen al mismo gobierno en contradicción.
El único plan de ayudas sociales previsto en la estrategia de López Obrador consiste en los Programas de Bienestar, con ligeras variaciones, y una de éstas para las personas de la tercera edad.
El 18 de marzo el mandatario anunció que se pagarían dos ministraciones de la Pensión para Adultos Mayores, uno de sus programas insignia, consistente en la entrega de 2 mil 670 pesos bimestrales. Así, en los últimos días de marzo, los beneficiarios, que por lo demás se ubican como la población más vulnerable, recibirían lo correspondiente a cuatro meses, es decir, 5 mil 340 pesos. El presidente, en su conferencia de prensa, dijo aquel 18 de marzo que lo haría así para que hicieran frente a la medida de quedarse en casa, confiado en que la gente “es muy organizada en sus gastos”.
No obstante, al cierre de esta edición los recursos no se han podido entregar por completo debido al rezago en la bancarización. El programa tiene 8 millones y medio de beneficiarios, pero sólo cerca de 4 millones cuentan con tarjeta para depósito. La vulnerabilidad se agrava pues, aun con “sana distancia”, la población de mayor edad sigue siendo objeto de concentraciones masivas en las que pasan horas y horas en espera del pago.
El 23 de marzo el presidente anunció que la Guardia Nacional se encargaría de la dispersión de recursos y que tardaría entre siete y 10 días. No lo consiguió. De acuerdo con miembros del gabinete social consultados, el informe de la corporación policiaco-militar fue que no podía garantizar las entregas en Sinaloa, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz.
Entonces se encargó el operativo de reparto, echando mano de los llamados Servidores de la Nación, que al cierre de edición se mantenían en campo.
Desacuerdos
La imposibilidad de que las ayudas sociales fueran entregadas como esperaba el presidente es uno de los procesos que en las últimas semanas han complicado la implementación de las dos fases de atención por la pandemia, así como los preparativos para la fase 3.
El 14 de marzo, por ejemplo, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, adelantó la suspensión de clases a partir del 20 de marzo y hasta el 20 de abril. La medida no estaba consensuada, fijaba una fecha que no se tenía prevista en la calendarización y contravenía la posición que hasta entonces –y todavía hasta el 26 de marzo, ya en la fase 2– mantuvo López Obrador, llamando a la calma y a no adelantar medidas de aislamiento.
Moctezuma no previó que dispararía la alarma y tuvo que ajustar al 18 de marzo la fecha de suspensión por el ausentismo escolar que desde el día 16 se registró en los diferentes niveles educativos. Finalmente, con la declaratoria de emergencia emitida el 30 de marzo, el ajuste se dio al 30 de abril, sin previsiones suficientes sobre la forma en que se recuperará el calendario escolar.
Otro de los casos fue por la decisión de comprar los equipos auxiliares de respiración, o ventiladores, necesarios para atender la sobredemanda que se prevé ocurra en la fase 3.
El 26 de marzo López Obrador firmó un decreto con la finalidad de que la Secretaría de Salud pudiera adquirir los equipos necesarios para garantizar la atención de pacientes con problemas respiratorios. Entonces se dijo que serían 5 mil.
Hasta entonces había conducido la negociación la Secretaría de Hacienda pues, como se recordará, una de las medidas implementadas por la actual administración fue que todas las compras debían pasar por la Oficialía Mayor de esta dependencia, que sin embargo no lograba sortear la normatividad. Abundaron las críticas pero el mandatario se mantuvo inamovible.
El 30 de marzo, durante la reunión de gabinete en la que se discutió la declaratoria de emergencia, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, le informó al presidente que no se había logrado la adquisición y que, una vez firmado el decreto para evitar el procedimiento contractual, los equipos ya no estaban disponibles.
Hasta el cierre de esta edición, la búsqueda de esos equipos en el mercado internacional se mantiene. Al día siguiente de la reunión, el 31 de marzo, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell convocó a ingenieros mexicanos de los sectores público y privado que pudieran desarrollar prototipos de respiradores de bajo costo.
Una reunión “intensa”
La tarde del 30 de marzo, en Palacio Nacional, el encuentro del gabinete y el Consejo de Salubridad General fue intenso, no sólo por la llamada de atención que se llevó Arturo Herrera, sino por las posiciones encontradas que aquel día se debieron resolver.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, designado por el presidente como líder de las acciones colaterales a la estrategia sanitaria que sigue en manos de López-Gatell y los equipos del gabinete de salud, fue encargado de coordinar la discusión.
López-Gatell planteaba la necesidad de declarar la emergencia pero, con la preocupación manifestada ahí por el propio López Obrador sobre los impactos económicos, la discusión fue subiendo de tono, especialmente cuando la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, expuso que la emergencia sanitaria mandaría a los asalariados a casa con salario mínimo durante un mes y sin garantía de continuidad.
Ese fue uno de los puntos candentes del encuentro, que finalmente se destrabó declarando emergencia por causa de fuerza mayor, lo que impide legalmente la aplicación del salario mínimo excepto por decisión de un tribunal.
Ebrard no identificó a quienes protagonizaron la discusión esa misma tarde, cuando salió a leer la declaratoria de emergencia.
El asunto resultó tan sensible que Alcalde debió montar una serie de operativos de inspección por seguridad e higiene en grandes empresas, con el propósito de verificar si efectivamente pararon y si están respetando el salario de sus trabajadores.
Como lo ocurrido con los programas de Bienestar, la Secretaría del Trabajo debió revertir el “quédate en casa” de su personal.
Y es que lo laboral ha tenido implicaciones sensibles en diferentes ámbitos. Por ejemplo, entre los sectores que debían parar, Salud había identificado el ramo de la construcción desde el 31 de marzo. También las industrias acerera y cementera, que aún se discute si deberán continuar.
En contradicción, el jueves 2, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunciaba a la agencia Reuters que se mantendría la construcción de la refinería de Dos Bocas y la producción de crudo, del mismo modo que el presidente López Obrador anunció desde el 30 de marzo que no suspendería las obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía ni el Tren Maya, ajeno al tema sanitario y justificando sus acciones respecto a la oposición:
“Fíjense cómo estarán de molestos, enojados, los que se sentían dueños de México que sus escribanos están planteando que cancelemos estas obras (…) ¿De qué quieren su nieve? No. Ni un paso atrás, al contrario, tenemos que reactivar la economía lo más pronto posible.”
