Es sorprendente cómo algunos colegas especializados en temas ajenos a la medicina han flexibilizado sus áreas de reflexión y han entrado al debate sobre el coronavirus (covid-19). Debo confesar con toda humildad que el tema es tan serio que lo que diga o deje de decir de la parte sustantiva del covid-19 es irrelevante. Reconozco mis limitaciones. No tengo estudios de medicina ni de epidemiología; tampoco sé de las políticas públicas sanitarias. Opinar sobre el tema generaría, en mi caso, un discurso alógico –es decir de muy pobre contenido– porque en 30 días para mí hubiera sido imposible desarrollar una pericia sobre el tema en sus aspectos centrales. Que lo hagan quienes saben del tema. Con todo, tengo las credenciales académicas para fijar postura sobre temas relacionados con el covid-19 fuera del tema médico y de las políticas públicas en ese rubro, que transcurren dentro de mi área de conocimiento. Veamos.
Primero. Con independencia de quién tiene razón o no en esta discusión cada vez con distintas posturas, una cosa es cierta: el tema del covid-19 le ha ganado la agenda de la discusión pública a la 4T y al propio presidente López Obrador. Esta afirmación encuentra apoyo en la observación de las tendencias mediáticas que dejan de lado los posicionamientos presidenciales en sus conferencias de prensa matutinas, las “mañaneras”. Se observa que el discurso presidencial que busca fijar qué se dice en los medios (no tanto cómo se dice, donde los medios tienen la última palabra) ha pasado a una segunda línea tras la inauguración de esta inédita manera de marcar agenda que le había venido funcionando de manera efectiva al presidente López Obrador, llevándose las ocho columnas o primera plana y las notas principales de los medios. Hoy esa tendencia muestra un punto de quiebre y ha quedado subordinada a las noticias relacionadas con la evolución del covid-19.
Segundo. A nivel mediático se ha generado una singular polémica sobre si el gobierno debe brindar ayuda o estímulos o como quiera que se les denomine a las empresas. De entrada, es menester señalar que no veo un caso judicial donde las empresas pudieran ganar en una hipotética judicialización. Sean grandes, medianas o pequeñas carecen de elementos de derecho que permitieran pensar, en efecto, que triunfaran y pusieran al gobierno federal de rodillas en tribunales. El covid-19 no es un hecho imputable al gobierno federal, sino un caso fortuito o de fuerza mayor; es decir, imprevisible, que libera, por tal razón, al gobierno federal de cualquier responsabilidad, de acuerdo con el sistema jurídico mexicano. De ahí, por ende, que una acción legal para obligar a la 4T a brindar apoyos –cualesquiera que sean éstos– sería notoriamente improcedente.
Tercero. Existen, por otro lado, atribuciones de hacer o no hacer del gobierno federal (lo que le permite un amplio margen de discrecionalidad) que puede atender las exigencias/peticiones de las empresas y de sus voceros en los medios, especialmente columnistas tanto políticos como financieros quienes han invocado toda suerte de alegaciones sobre la pertinencia, a su decir, de brindar apoyo a los empresarios para salvar a los empleados, según esta narrativa. De cara a esa presión mediático-empresarial, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha fijado de manera clara su postura: “Ya no va a haber, como sucedió con el Fobaproa, que cuando llegue una crisis y no sólo se protege, sino que se les permite saquear a los de arriba y nos pasan la cuenta a todos los mexicanos, se convierten las deudas privadas en deuda pública… La excusa fue que si rescataban a las empresas de arriba eso iba a llevar a la reactivación económica y fue un gran saqueo, esas recetas ya no: reducción al pago de impuestos no; al contrario, lo que estamos buscando es que paguen los que no pagaban y siguen sin pagar y creen que la van a librar porque tienen y no pagan… No es cosa menor porque se trata de grandes empresas, corporaciones, bancos que no pagaban, que se les condonaban los impuestos y por eso están enojados, no sólo eran parte de la corrupción, sino que además no pagan impuestos”. La proclama presidencial es compatible con su plataforma de campaña y su programa de gobierno. Hay en esa postura congruencia entre lo que propuso como candidato y lo que empieza a practicar como presidente de la República.
Cuarto. La expresión presidencial no es, pues, una novedad, sino una continuidad de la narrativa que ha mantenido. Se puede, como en todo, estar o no de acuerdo, pero nadie se puede llamar a sorpresa porque precisamente esas líneas argumentales fueron algunas de las piezas discursivas que concitaron el apoyo a esa opción política para que fuera gobierno. Por lo demás, ¿cómo podría justificar el propio presidente que los pobres subsidien a los ricos? ¿Debe seguirse privilegiando a quienes han sido privilegiados durante sexenios, como si no importara la enorme cantidad de trabajadores mexicanos que, por necesidad, se deben dedicar a la economía informal y quienes, por cierto, también pagan impuestos, sobre todo los indirectos como el IVA?
Quinto. En esa misma tesitura, no advierto condiciones para que el sector privado –o una parte sustantiva de él– infiltre a las Fuerzas Armadas o genere su propia fuerza paramilitar que le permita arrebatarle el poder al presidente López Obrador.
Acaso en esa lógica de generación de espíritu de cuerpo se inscriban las decisiones del propio presidente de la República de generar espacios de participación a las Fuerzas Armadas en áreas antes reservadas a los civiles, de tal modo que articule un sentido de pertenencia de este estamento a la 4T. Por el contrario, los principales empresarios han ido cerrando filas con el presidente López Obrador, como las donaciones de Carlos Slim o de Germán Larrea, entre otros, lo que, por lo menos, muestra que el sector empresarial no es un grupo monolítico, sino disperso y los grandes capitales han hecho hasta ahora causa común con el gobierno del nuevo régimen.
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