Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía; Enrique Ochoa Reza, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad, y Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de Hacienda –y brazo derecho de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda–, están imputados desde julio pasado en una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República por la compra fraudulenta de la planta chatarra Agronitrogenados.
Al igual que Emilio Lozoya Austin y sus excolaboradores en Pemex, integrantes del primer círculo del expresidente Enrique Peña Nieto aparecen “imputados” en una denuncia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso en julio último ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre los señalados figuran Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía; Enrique Ochoa Reza, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad y expresidente nacional del PRI, y Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de Hacienda y brazo derecho de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y excanciller.
Según el Dictamen Técnico en el que se basó la denuncia –cuya copia tiene Proceso–, éstos forman parte de un grupo de 37 personajes que “participaron mediante conductas activas o pasivas” en la compra de la planta “chatarra” de Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira Elizondo, con un sobreprecio inicial de 93 millones 183 mil dólares, la cual desencadenó pérdidas multimillonarias en Pemex y sigue sin producir fertilizante por falta de gas natural.
La ASF sostiene que Coldwell, Ochoa Reza y Messmacher, junto con los demás integrantes del Consejo de Administración de Pemex que sesionó el 17 de diciembre de 2013, aprobaron una resolución “planchada” por el equipo de Lozoya, la cual establecía un precio de 275 millones de dólares por la compra de la empresa de fertilizantes –basado en avalúos inflados– y un valor inverosímil de 200 millones de dólares para su rehabilitación.
El delito, según la ASF, residió en las cifras y en que el plan de Lozoya y su equipo encargaba la adquisición y operación de Agronitrogenados a una estructura offshore de Pemex –Grupo PMI–, pese a que ninguna de las empresas “tiene relación con el objeto para el cual se haría la adquisición”, y que por ley le correspondía a Pemex Petroquímica asumir el proyecto.
La ASF sostiene que los consejeros “tenían el deber de informar de la realización de hechos fuera de la norma que lo regula”; es decir, tenían que rechazar la propuesta de Lozoya, pasar el proyecto al Comité de Estrategia e Inversiones para que lo revisara y, en caso de conseguir luz verde, dejarlo a Pemex Petroquímica. Pero no ocurrió así.
La estructura offshore de Pemex opera en completa opacidad, sin rendir cuentas al consejo de administración, a los órganos de vigilancia de la petrolera –mucho menos a la sociedad mexicana–, y usa a discreción sus recursos multimillonarios, según documentó la misma ASF en un informe publicado el pasado 20 de febrero (Proceso 2260).
En la sesión del consejo de administración participaron los funcionarios citados más los subsecretarios Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez y José Rogelio Garza Garza, cinco consejeros profesionales, cuatro representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) –entonces dirigido por Carlos Romero Deschamps– y cinco directivos de Pemex.
Lozoya les explicó que la operación se canalizaría vía PMI porque “había premura del gobierno federal para realizar la producción de fertilizantes lo más pronto posible”. Aprovechó su ponencia para destacar que “se trataba de un proyecto prioritario para el gobierno de la República” y que “sería muy buen negocio para Pemex”. Además, expresó su agradecimiento a la Secretaría de Energía por “todo el apoyo en su conceptualización”.
Ésta es la segunda denuncia que involucra a Coldwell por supuestos fraudes realizados en Pemex y avalados por el Consejo de Administración de la petrolera mientras él presidía ese organismo.
En marzo de 2019 Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de Pemex, señaló en una denuncia de hechos ante la FGR que el exsecretario de Energía presidió la sesión en la que se aprobó la adquisición a sobreprecio de Grupo Fertinal –un caso que involucró al empresario Fabio Massimo Covarrubias Piffer y al multimillonario Ricardo Salinas Pliego (Proceso 2229)–.
Cadena de mando
Después de varios meses prófugos de la justicia mexicana, Ancira y Lozoya fueron detenidos en España en mayo de 2019 y febrero de 2020, respectivamente. Ambos enfrentan sus juicios de extradición a México, donde la FGR les acusa, entre otros delitos, de haber “confabulado” en la adquisición a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.
En el expediente que la FGR tiene contra el exdirector de Pemex figura el presunto pago de 3.4 millones de dólares de sobornos que AHMSA habría enviado a Lozoya mediante la sociedad de papel Tochos Holding; presuntamente, usó parte de ese dinero para comprar una lujosa casa en el fraccionamiento Lomas de Bezares. La FGR sostiene que la adquisición de Agronitrogenados fue un “favor” que Lozoya devolvió a Ancira.
Pero la denuncia de la ASF va más allá de Lozoya y Ancira. A lo largo de las 152 cuartillas del dictamen técnico el ente fiscalizador realizó un análisis minucioso y cronológico de la adquisición de las plantas chatarra, desnudó la cadena de mando y responsabilidades al interior de Pemex y estableció una lista de 37 personajes a los que “considera como imputados” por su participación en el fraude.
Lozoya y su círculo de confianza fueron los principales actores de la compra: Édgar Torres Garrido, quien fue su asesor ejecutivo y posteriormente director de Pemex Fertilizantes; Carlos Roa Rodríguez, su entonces jefe de asesores; José Manuel Carrera Panizzo, director de la estructura offshore, y Mario Beauregard Álvarez, su director corporativo de Finanzas.
La ASF también considera imputados a los integrantes de los consejos de administración de tres empresas offshore de Pemex (PMI Holdings BV, PMI Norteamérica SA de CV y PMI Infraestructura de Desarrollo SA de CV), entre quienes aparecen dos ciudadanos holandeses y dos corredores públicos de la Ciudad de México (Gerardo Francisco Saavedra Silva y Alfredo Trujillo Betanzos), titulares de las Corredurías 50 y 65, respectivamente, por entregar avalúos inflados.
Por mandato, el ente fiscalizador sólo pudo investigar en los asuntos internos de Pemex y no fincó responsabilidades a actores externos a la petrolera. Sin embargo, recordó que la adquisición de Agronitrogenados –y la de Grupo Fertinal– se realizó en seguimiento del Compromiso 59 que Peña Nieto formuló durante su campaña y que quedó plasmado en el Pacto por México, el cual consistía en reforzar el papel de Pemex en la producción nacional de fertilizantes.
La ASF tampoco indagó sobre el crédito de 390 millones de dólares que Nacional Financiera (Nafin) –entonces dirigida por Jacques Rogoziski Schtulman y adscrita jerárquicamente a la SHCP de Luis Videgaray Caso– otorgó a Pemex para la compra de la planta, y sin los cuales la operación no se hubiera concretado.
La “ganga”
La ASF documentó el proceso que llevó a Pemex a pagar 273 millones de dólares por las plantas de Agronitrogenados, cuando todos los documentos, estudios y avalúos anteriores establecían un precio de entre 200 y 250 millones de dólares.
El 19 de julio de 2013, por ejemplo, Arend Van Nieuwland, consejero holandés de la filial PMI Holdings –con sede en Holanda–, expresó sus dudas respecto de los 250 millones de dólares que el equipo de Lozoya pedía para comprar la planta, un costo que el consultor consideró “alto”.
Carlos Roa Rodríguez, jefe de asesores de Lozoya, le aseguró que el precio era producto de un cálculo “conservador” y que “ciertamente estaría sujeto a nuevas negociaciones que posiblemente podrían traer una reducción (significativa)”.
Esta reducción “significativa” pareció concretarse, pues el 1 de noviembre de 2013 el mismo Roa informó al Consejo de Administración de PMI Holding BV que el “propietario” de las plantas –es decir, AHMSA– calculó el precio de adquisición en 220 millones de dólares; 30 millones de dólares menos que el monto presentado en julio.
Inexplicablemente, el 9 de diciembre de 2013 los consejos de administración de PMI Norteamérica y PMI Infraestructura y Desarrollo, en los que Carrera Panizzo y Carlos Caraveo Sánchez tenían asiento, respectivamente, autorizaron crear una sociedad ad hoc para comprar los activos de Agronitrogenados, cuyo precio anunciaron en 275 millones de dólares.
En otras palabras: en poco más de un mes funcionarios de Pemex avalaron gastar 55 millones de dólares más que el monto previamente planeado, “sin que se advierta la razón del incremento”, según la ASF. Después de un ligero reajuste posterior a la firma del contrato, el precio se estableció en 273 millones de dólares por la planta, más 41 millones de dólares de IVA.
Este costo fue avalado y confirmado por Gerardo Francisco Saavedra Silva y Alfredo Trujillo Betanzos, dos corredores públicos de la Ciudad de México cuyos estudios correspondían “exactamente” con el monto pactado y representaban una “condición ventajosa” para el vendedor, según la ASF.
Llama la atención que, tanto en el caso de Agronitrogenados como en el de Grupo Fertinal, en los meses previos a que Pemex adquiera las empresas el valor de éstas subió inexplicablemente en montos que rondan los 50 millones de dólares. Ambas compañías fueron absorbidas por Pemex Fertilizantes, una filial de Pemex que desde su creación –en septiembre de 2015– a la fecha perdió 99.2% de su patrimonio, el cual pasó de 28 mil millones de pesos a apenas 227 millones en 2018, año en el que todavía perdió 2 mil 839 millones de pesos en su operación.
La ASF señaló que el mismo Carrera Panizzo pidió de manera explícita al Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales que inflara el valor de Agronitrogenados antes de que Pemex la comprara.
El 27 de noviembre de 2013 solicitó al arquitecto valuador que en sus cálculos considere a la empresa como un “negocio en marcha”, a sabiendas de que llevaba una década y media sin operar. Esta petición no era inocente, pues al considerar la empresa como “negocio en marcha” se disparó el precio calculado en 61%; de un plumazo pasó de 181 millones 816 mil dólares a 293 millones 794 mil dólares.
Lo más absurdo del caso es que ninguna de las evaluaciones sobre el valor real de Agronitrogenados tenía sustento sólido. Nadie inspeccionó de cerca el estado deplorable en el que se encontraba la maquinaria, dado que AHMSA nunca otorgó permiso para abrir los equipos. No fue sino hasta un año después de la compra de Agronitrogenados, entre enero y noviembre de 2015, que Pemex realizó las evaluaciones de las condiciones de los bienes y se determinó que 60% de los activos era basura y debía reemplazarse.
Huella del Real Madrid
La denuncia de la ASF y el dictamen técnico abren pistas para que la FGR extienda las investigaciones hacia otras latitudes. Entre los interrogantes figura, por ejemplo, la participación de las empresas Cobra y Avanzia Instalaciones en la rehabilitación de la planta, pues obtuvo el contrato para rehabilitar la plantea con base en una propuesta económica inverosímil.
Cobra y Avanzia son filiales del grupo español ACS, propiedad del multimillonario Florentino Pérez, magnate de la construcción y dueño del club de futbol Real Madrid, cuyas empresas obtuvieron al menos 27 contratos públicos federales por un monto de 84 mil 709 millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (Proceso 2225).
En septiembre de 2013 Edgar Torres Garrido envió correos electrónicos a las empresas ICA, Technip y Randall Nelson solicitándoles cotizaciones para las obras de rehabilitación de Agronitrogenados.
La primera mandó una propuesta con varios escenarios –cuyos montos iban entre 197 millones de dólares y 234 millones–, pero advirtió que “nos resulta complicado determinar un precio alzado para la rehabilitación de la planta sin contar con un cierto grado de avance en la ingeniería a partir de los análisis y diagnósticos que consideramos necesarios”. Además, indicó, “derivado de una serie de compromisos adquiridos previamente no podrían comprometerse con este proyecto”.
Technip de plano contestó que sería imposible cumplir con los plazos y los costos de Pemex, pues calculó que las obras tardarían al menos tres años y difícilmente costarían menos de 525 millones de dólares. Por lo anterior se negó a entregar una cotización técnica-comercial. Randall Nelson tampoco envió su proyección.
Pese a que Torres Garrido no le invitó a participar en el proyecto –o al menos la ASF no lo documentó–, la empresa ACS envió una cotización el 11 de octubre de 2013 en la cual aseguró que podría rehabilitar la planta en un año por 2 mil 535 millones de pesos, equivalentes a 195 millones de dólares, poquito más de los 182 millones de dólares que Pemex había imaginado.
Había antecedentes que ponían en ridículo esta propuesta: en octubre de 2013 la Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex calculó el valor de la rehabilitación en al menos 406 millones de dólares; la consultora Booz & Company evaluó el costo en más de 345 millones de dólares y advirtió que era alta la probabilidad de destruir el valor económico de concretarse la compra de la planta.
El 29 de agosto de 2014 Pemex otorgó el contrato a Cobra y, lógicamente, el monto fue insuficiente. El 26 de agosto de 2015 Torres Garrido informó al Consejo de Administración de PMI Holdings que la empresa española había revisado sus cálculos y planteaba ahora una inversión de 469 millones de dólares para rehabilitar la planta, por lo que pidió –y obtuvo– que Pemex inyectara 285 millones de dólares adicionales al proyecto.
Mediante tres convenios modificatorios, el monto de la rehabilitación se disparó en al menos 453 millones 199 mil dólares, el plazo de entrega se pospuso más de tres años, se excluyeron varias obras y finalmente sólo se rehabilitaron dos de las cinco plantas.
A la fecha, la empresa –ahora llamada Pro-Agroindustria– sigue con una deuda de 250 millones con Nafin y no produce fertilizante porque Pemex no tiene gas natural, bióxido de carbono ni amoniaco en cantidades suficientes para abastecerla.
