Sombrío panorama para millones: sin trabajo y sin dinero

Además de sus efectos sobre la salud, el coronavirus podría afectar de manera directa o indirecta a 40 millones de trabajadores formales e informales y la pobreza podría alcanzar a 48% de la población del país. Los esfuerzos institucionales por sacar de la postración a millones de mexicanos quedarían hechos polvo. Los expertos coinciden: en cuestión de semanas, México podría retroceder un par de décadas en materia social.

Para México, la recesión económica derivada de la crisis provocada por el coronavirus es una certeza: la caída será de entre -2.3% y -4.0%, dice a Proceso la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

Esto tendrá “un efecto muy fuerte” en el desempleo y en la pobreza, que aumentarán en forma importante, asegura. 

“México –plantea Bárcena– tiene un desempleo formal relativamente bajo (3.7%), pero hay que ver cómo opera esto (la crisis por la pandemia) en la economía informal. Eso es lo que estamos evaluando ahora.”

La Cepal estima que a escala regional, por cada dos puntos de caída del PIB, el desem­pleo formal aumentará en un punto porcentual y la pobreza en cerca de seis puntos. Si este cálculo se aplica a México, la tasa de desempleo formal al término de la pandemia se ubicaría en 4.9%, porcentaje similar al de 2015, y la pobreza rondaría 48%, cifra que no se veía desde hace dos décadas.

Según estudios de la Cepal, en 2018 –año en que el organismo regional hizo la medición más reciente– 41.5% de los mexicanos vivía en la pobreza y 10.6% en la indigencia. En 2000 esos indicadores fueron de 48.8% y 13.8%, respectivamente. 

El coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, considera que 75% de los trabajadores formales e informales del país –unos 40 millones– se verán afectados por el coletazo económico del coronavirus.

La emergencia sanitaria para enfrentar la pandemia entró en su fase 2 el miércoles 25, lo que implica el cierre por tiempo indefinido de miles de empresas en todo el país y perfila un panorama sombrío para los trabajadores de esos negocios, porque muchos de estos se irán a la quiebra. 

La situación para el sector laboral será peor cuando se declare la fase 3, que está prevista para mediados de abril, lo que significará la paralización de más centros de trabajo y la intensificación del aislamiento social.

De acuerdo con datos del Instituto de Estadística y Geografía, la población económicamente activa llegó en enero pasado a 57 millones 625 mil 521 personas, la mayoría de las cuales está en el sector informal. 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por esa institución, hay 52.8 millones de mexicanos desocupados, subocupados y desempleados. Se trata de un segmento poblacional que vive al día y que se verá directamente afectado por la parálisis de la economía y el cierre de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Población vulnerable

Bárcena señala que la crisis del coronavirus impactará principalmente a los grupos más vulnerables de la sociedad: desempleados, adultos mayores y a la población que vive de la economía informal y que carece de acceso a servicios de salud.

Pero afirma que México, en ese aspecto, tiene una ventaja porque su sistema de salud pública es más amplio que el de otros países de la región.

“México cuenta con una cobertura mayor de salud y tiene, además, por las medidas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, un listado de beneficiarios a los cuales se puede llegar con ayudas económicas y transferencias condicionadas”, dice la secretaria ejecutiva de la Cepal.

Afirma que la pandemia del coronavirus tendrá “efectos devastadores” sobre la economía mundial, “seguramente más intensos” que los de la crisis financiera global de 2008-2009.

Esa crisis provocó en México una caída del PIB de -4.7% en 2009 y un aumento de 3.2% en la pobreza. 

De acuerdo con Bárcena, la intensidad de la contracción que registrará la economía mexicana y del efecto social que traerá consigo dependerá del tiempo que se prolongue la parálisis de actividades y del impacto que tenga la pandemia en el PIB de Estados Unidos. 

La secretaria ejecutiva de la Cepal explica que si la reducción de actividades se extiende cuatro semanas, el PIB de México tendría una caída de -2,3%, pero señala que en un “escenario extremo”, como el que plantean algunos analistas, la contracción llegaría a -4.0%.

El conglomerado financiero JP Morgan estimó la semana pasada que la caída del PIB mexicano sería de -7.0%. 

Bárcena considera que para que una contracción de ese nivel ocurra, la economía de Estados Unidos tendría que disminuir 1.5%, con lo cual se desplomarían las exportaciones mexicanas a ese país; el precio del petróleo tendría que bajar a 15 dólares por barril, y la desaceleración mundial tendría que ser “mucho más profunda” del medio punto que anticipaba a principios de marzo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El “escenario extremo”, señala Bárcena, depende mucho de lo que ocurra con la economía de Estados Unidos, por la alta dependencia de México de ese mercado, al que destina 77% de sus exportaciones. 

Estados Unidos, que ya se convirtió en el país con más casos de coronavirus en el mundo, con más de 100 mil y más de mil 500 muertos por la enfermedad, está semiparalizado. Más de la tercera parte de la población permanece en cuarentena y los analistas estiman que el PIB caerá en al menos 0.8% este año. 

Protección al trabajador

La Secretaría del Trabajo y la de Salud elaboraron la Guía de acción para los centros de trabajo, que busca garantizar la continuidad de las actividades básicas en los centros de trabajo durante la emergencia sanitaria, sin afectar los derechos y la salud de los trabajadores.

Gómez Hermosillo establece que se deben respetar los derechos laborales y evitar despidos y recortes salariales. Plantea que la población más vulnerable debe dejar de acudir a los centros de trabajo con goce de sueldo completo. “Enviar a la planta de trabajo a sus casas sin goce de sueldo es algo ilegal y debe sancionarse”, asegura. 

Considera que se va a requerir un plan de transferencias fiscales para todas las personas que se vean perjudicadas por la crisis económica derivada del coronavirus.

Dice que las medidas no deben ser para ayudar a los empresarios, sino a las empresas, “y no a todas, sino a las que realmente lo requieran”. 

“Sin empresas no hay economía”, asegura. 

La CTM pide acuerdo tripartita

El senador Carlos Aceves del Olmo, presidente del Congreso del Trabajo y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), señala que el momento que se vive es “extraordinario y grave” y que el gobierno debe hacer el mejor de los esfuerzos para atender la contingencia.

“Cada empleo perdido –dice– es un derechohabiente menos, una vivienda menos, una familia desesperada, una mexicana o un mexicano sin esperanza. Esa preocupación es la que debe convocarnos hoy, más allá de nuestras diferencias. Es lo menos que podemos hacer de cara a los trabajadores y al país.”

La CTM, asevera el senador, propone un gran acuerdo nacional, a través de una mesa tripartita –trabajadores, gobierno y empresarios–, para preservar las fuentes de trabajo en una circunstancia de crisis económica como la que se ve venir.

Dice que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo se perderán 25 millones de empleos por la pandemia. En estas circunstancias, asegura, los empresarios tienen que velar por las fuentes de empleo y el gobierno debe garantizar la seguridad social.

Para Alfonso Bouzas, investigador de la UNAM y abogado laboralista, en esta coyuntura los trabajadores deben recurrir a la acción colectiva y presionar a sus sindicatos “reales o simulados” para que hagan valer sus derechos. Y considera que los empleadores deben cumplir la ley, lo que significa que si hacen despidos tendrán que liquidar a sus trabajadores de acuerdo con la ley.

Dice que en este momento “es oportuno hacer una aclaración: un trabajador no puede ser despedido sin que medie una justificación, y el trabajador tiene derecho a ser reinstalado o a ser indemnizado con el importe de tres meses de salario más 20 días de salario por cada año trabajado”.

Respecto a si estaría de acuerdo en que el gobierno debió implementar medidas para ayudar a los empresarios a sortear la crisis sanitaria, responde categórico: “No. Creo que el gobierno debe implementar medidas para apuntalar la economía del país”.