El juez federal Néstor Pedraza determinó el miércoles 18 que Juan Carlos Moreno Ochoa sí asesinó en 2017 a la periodista Miroslava Breach. Debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, la sentencia contra el único detenido por el caso se daría a conocer el 20 de abril próximo. Sin embargo, durante el juicio se dejó de lado la presunta liga política en la trama para asesinar a la corresponsal del periódico La Jornada, pese a que diversas pruebas apuntan hacía dos personajes del panismo de Chihuahua.
Tras un largo y turbulento juicio oral en Chihuahua, un juez federal encontró culpable a Juan Carlos Moreno Ochoa, único detenido por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo de 2017.
La resolución determinó que Moreno Ochoa la asesinó, presuntamente, por instrucción de su jefe, José Crispín Salazar Zamorano, líder del grupo criminal Los Salazar que opera en Sonora y Chihuahua para el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, no se investigaron los presuntos nexos entre personajes de la política local y el homicidio. Quedó sin confirmarse la responsabilidad que supuestamente tuvieron dos miembros del Partido Acción Nacional (PAN) de Chihuahua en la trama para asesinar a la corresponsal de La Jornada, pese a que sus nombres fueron mencionados desde la primera audiencia y en repetidas ocasiones fueron señalados como “mensajeros del narco”.
No fueron llamados a declarar Alfredo Piñera, quien desde la sede estatal del PAN grabó a escondidas una llamada con Miroslava, y Hugo Schultz, entonces presidente municipal de Chínipas, quien entregó a Moreno Ochoa el audio en el cual se le escucha decir a la reportera que ella misma era la fuente de la información que afectaba a Los Salazar en uno de sus objetivos: conseguir una candidatura del PRI a la alcaldía.
En el juicio fueron expuestos detalles sobre cómo era la relación de Los Salazar con Schultz, quien pese a ser denunciado por Miroslava –en la columna Don Mirone del diario Norte de Ciudad Juárez– de ser “emisario del narco”, en la gubernatura de Javier Corral fue designado para un cargo directivo en la Secretaría de Educación estatal.
“Esto es un pequeño avance (la sentencia), pero queremos que también caigan aquellos políticos involucrados en su muerte”, declaró Rosa María Breach, hermana de Miroslava, al salir del Palacio de Justicia Federal de Chihuahua, tras escuchar el veredicto del juez Néstor Pedraza. La sentencia contra el acusado será dictada el 20 de abril próximo, debido a que las audiencias fueron suspendidas por la crisis sanitaria del coronavirus.
En el inicio del juicio el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, anunció que demostraría que a la periodista chihuahuense decidieron silenciarla. “Primero, a través de presiones políticas; luego, a través de amenazas (y) al final, a través de su asesinato”.
El planteamiento del fiscal coincide con las declaraciones que hizo a Proceso el gobernador panista Javier Corral, cuando aseguró a los tres días del asesinato que la narcopolítica estaba detrás del crimen. Tiempo después no insistió en esa hipótesis.
Al ser cuestionado sobre por qué ambos panistas no fueron llamados a declarar, el titular de la Feadle respondió que no podría dar detalles sobre su estrategia, pero reiteró que la investigación terminará “hasta dar con todos los responsables”. Tras el veredicto del juez, Sánchez Pérez del Pozo informó que se liberarán nuevas órdenes de aprehensión contra otros autores materiales e intelectuales.
La defensa
El abogado sonorense Jesús Valencia, defensor de Moreno Ochoa, adelantó que apelará el veredicto. Insistió en que las pruebas presentadas por la Feadle, las cuales fueron recabadas en primera instancia por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fueron obtenidas mediante violaciones a derechos humanos y faltando al debido proceso.
Acusó a la Feadle de no haber demostrado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la participación de su cliente.
“Es muy evidente que hay una justicia selectiva porque los testigos fueron muy claros en establecer que, quienes amenazaron de muerte a Miroslava fueron ‘los mensajeros del narco’, en este caso lo eran Luévano, Schultz y Piñera. De hecho, los testigos fueron directos y contundentes en el juicio en establecer que ellos la amenazaron tanto a ella como a sus hijos”, dijo el abogado en entrevista con este semanario.
El juicio que empezó el 17 de febrero y terminó el 18 de marzo últimos incluyó a más de 50 testigos. Se les reservó la identidad a aquellos que no eran funcionarios públicos; tres de ellos revelaron en los pasillos del tribunal que fueron amenazados y uno más está supuestamente desaparecido –se trata de la persona que transportó a Moreno Ochoa el día del crimen y de quien se dijo fue amenazado por hombres encapuchados–; dos policías se negaron a declarar y algunos testigos fueron declarados “hostiles”.
Un día antes del veredicto se filtró en diversos medios de comunicación que se había denunciado formalmente a un comandante del grupo de inteligencia de la Policía Estatal por trabajar para Los Salazar, haber participado en el asesinato y encubrir a los agresores. La filtración no tuvo impacto mediático.
Denuncias contra políticos
Durante el juicio, la Feadle validó el trabajo que la fiscalía del gobierno de Corral hizo antes de que el gobierno federal atrajera el caso.
La fiscalía incorporó el testimonio de un personaje, denominado como Apolo –medios locales lo identificaron como el hijo de Crispín Salazar–, quien relató que estuvo presente cuando su padre ordenó el asesinato de Miroslava “porque le echaba tierra” y porque reveló que Los Salazar controlaban la política local. Moreno Ochoa, expuso, se ofreció a hacerlo y el 26 de marzo de 2017 regresó para informarle que ya la había matado.
Contra esos señalamientos la defensa del detenido presentó a dos testigos: uno de ellos fue Joel Salazar Zamorano, hermano de José Crispín y de Don Adán, fundador del grupo criminal y quien desde 2012 está en una cárcel de alta seguridad. Joel dijo que el joven (Apolo) no vivía en Chínipas y que el acusado no es narcotraficante, sino ganadero.
Por parte de la defensa también testificó el expresidente municipal priista que sustituyó a Juan Salazar cuando su candidatura se vio frustrada por la nota de La Jornada y de la revista Proceso sobre la infiltración de los grupos del narcotráfico en la política.
Apolo, al igual que otros testigos, incriminó al panista Schultz y explicó que él iba todos los días a casa de su padre, quien realmente decidía quién ocuparía los cargos públicos, desde la presidencia municipal hasta la policía, y reveló que el presidente municipal actual es cuñado de Alfredo Salazar, hijo de Adán.
Apolo fue capturado en enero último por secuestro. No obstante, la Fiscalía General del estado negó en su momento a los medios locales que hubiera sido apresado. En el juicio se supo que el joven sí estuvo encarcelado en Chihuahua y que luego fue trasladado a Sonora desde donde declaró que Moreno Ochoa era el jefe de plaza de Chínipas y su padre es el líder del grupo criminal que trafica droga a Estados Unidos vía Sonora.
La testigo Mila, primera en declarar en la audiencia, dijo que el edil panista le mandó decir a Miroslava que no pisara la sierra.
El testigo Uno informó que en sus pláticas Miroslava decía que Schultz era el que entregaba las maletas cargadas de dinero para las campañas y, en coincidencia con el testigo Silver, recordaron que Miroslava mencionaba que los “mensajeros del narco” eran Schultz, Piñera y Luévano (en referencia a José Luis Luévano), quien dirigía el PAN estatal cuando fue grabada a escondidas. En el juicio este último –quien en el momento del asesinato era secretario particular de Corral– declaró que desconocía el contenido de la llamada.
Ubicados vía celular
Tras conocerse el fallo, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, representante de los hermanos Breach y coadyuvante de la Feadle, celebró la primera sentencia condenatoria por el homicidio de una periodista.
No obstante, destacó que está pendiente que la Fiscalía General de la República ejecute órdenes de aprehensión contra los cómplices de Moreno Ochoa, acredite la participación de Crispín Salazar Zamorano como autor intelectual del homicidio y proteja a la familia Breach y a las personas que comparecieron en el juicio.
Jaciel, hermano de crianza de Moreno Ochoa, a quien se señala como conductor del auto que transportó al sicario, continúa prófugo. El pistolero sonorense Ramón Zabala, a quien se le señala como el hombre que disparó a la periodista, fue asesinado a finales de 2017.
Algunas audiencias fueron dedicadas a escuchar los relatos de peritos de la fiscalía que aseguraron que gracias a las antenas que dan servicio a los celulares, cercanas a la casa de Miroslava donde fue asesinada, pudieron establecer que los celulares de Zabala y de Moreno Ochoa estuvieron cerca de la escena del crimen antes de las siete de la mañana del 23 de marzo de 2017. El perfil de Facebook de Zabala ayudó a ligar su número telefónico.
Según el abogado Valencia, la Feadle no acreditó en el juicio la identidad de Zabala ni su relación con Moreno Ochoa.
La testigo Alejandra E mencionó que Moreno Ochoa se hacía acompañar por pistoleros en Chínipas y que se dedicaba al narcotráfico. Mencionó que Jaciel y su medio hermano trabajaban para el presidente municipal de Chínipas, en referencia a Schultz.
El abogado de Moreno Ochoa en la entrevista se dijo extrañado porque no se vinculó a los políticos. “En este caso, Apolo y otros testigos mencionaron que el acusado, en este caso Juan Carlos, trabajaba para Hugo Schultz”.
En una columna de noviembre de 2016 en El Norte, Miroslava describió a Schultz como “emisario del narco” y como quien amenazaba a periodistas. En el juicio, el testigo Uno dijo que Miroslava se sentía decepcionada de Corral porque, pese a haberle advertido de las amenazas en su contra, Schultz tuvo un cargo público dentro del gobierno.
Testigos declararon que Miroslava avisó de las amenazas de Schultz a Javier Corral cuando éste era gobernador electo. “Me dijo que iba a tomar cartas en el asunto de Chínipas”, escribió en un mensaje de celular en 2016.
Aunque el día del homicidio Corral dijo que la periodista le había dicho en 2016 sobre las amenazas en su contra, el ahora mandatario estatal calificó de mentirosas a las hermanas de Miroslava cuando en el juicio recordaron que el gobernador sabía del peligro que corría la víctima.
De acuerdo con los testigos de la fiscalía, entre quienes se encuentran policías, integrantes de Seguridad Pública o de la Fiscalía de Chihuahua, se pudo establecer la identidad del acusado y sus cómplices mediante cámaras de seguridad, registro y ubicación de llamadas de teléfonos celulares cercanas a la escena del crimen, hallazgo de pruebas en los sitios donde los asesinos estuvieron escondidos, levantamiento de indicios, estudios de laboratorio, declaraciones de testigos oculares, análisis de notas informativas y de redes sociales.
En algunos momentos los testigos presentados por la Feadle manifestaron contradicciones sobre el procedimiento o las evidencias, como el hecho de que hubo una confusión respecto de la hora en que se obtuvo la orden de cateo para ingresar al domicilio donde se encontraron las evidencias que ayudaron a identificar a los supuestos asesinos.
Aparentemente, el Ministerio Público no coordinó los cateos, aunque así lo marca la ley; además, un informe presentado no era original, la cartulina encontrada en la escena del crimen estaba mutilada, un cuaderno presentado como evidencia no correspondía a la evidencia correcta y al menos un testigo dijo que fue retenido por la fiscalía y obligado a declarar.
A su vez, la fiscalía acusó a tres testigos presentados por el defensor de Moreno Ochoa por haber sido aleccionados.
Para el juez federal Néstor Pedraza no hubo duda de que el detenido es responsable del homicidio calificado en calidad de coautor material. El fallo se dio el miércoles 18, cinco días antes de que se cumplan tres años del asesinato de la periodista.
