Señor director:
Llama enormemente mi atención un conjunto de situaciones que han alterado la “normalidad” de la vida académica-administrativa de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA), en paro de actividades la noche del 17 de febrero de 2020.
Conozco el proyecto desde 2015. Formé parte de la plantilla docente. En todo proyecto hay atinos y desatinos, carencias y expectativas. En su origen, la plantilla docente en cuanto a derecho era bastante sobresaliente: jueces, magistrados y exservidores públicos, así como académicos de renombre de la UNAM.
Varios de ellos migraron al servicio público; Morena alcanzó la Presidencia y eso hace que me pregunte si la educación era de su interés. La EDPA AC cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 20160761.
El esquema de contratación docente era por curso trimestral. Lo dejé pasar entendiendo que no había ingresos fijos y que lo trascendente era el proyecto educativo al que me adherí por convicción. Pese a ser una forma de contratación bastante agresiva, creí en un proyecto de educación popular crítico que no fue tal.
En 2018 eliminaron sociología, historia e introducción a las ciencias sociales, así como el taller de literatura y textos jurídicos, sin explicación alguna. Tampoco detallaron el motivo de la no recontratación. De mí prescindieron a finales de 2017 sin darme motivos.
Revisar la malla curricular 2016-2019 es caer en cuenta que las materias sólo eran parte de (dis)cursos propedéuticos, sin gran relevancia, al punto de pensar que se busca formar técnicos en derecho que reciten y repitan códigos y leyes, sin pensar en el origen social de las significaciones de la violencia física y discursiva.
Durante mi estancia los servicios que la EDPA dijo ofrecer no han sido tales; la falta de personal en la biblioteca hacía que el servicio fuera bastante ineficiente, así como una esporádica atención médica, entre otras carencias.
Lo mismo pasa con el esquema Universidades para el Bienestar Benito Juárez, a cargo de Raquel Sosa Elízaga, quien parece que no ha sabido exponer la transición de un modelo a otro a los estudiantes de la EDPA, de la que ya ha egresado la primera generación y está por salir la segunda.
Sosa Elízaga tampoco se ha dado a la tarea de revisar los perfiles idóneos para ocupar cátedras de este nuevo proyecto “100 Universidades para El Bienestar”.
En lo que me concierne, envié documentación para la licenciatura en estudios sociales y fui rechazado. Textualmente me dijeron: “Su perfil académico no coincide con los requerimientos de la carrera para la que solicitó ingreso, no nos ha sido posible integrarlo a la planta académica del programa”. Dicha explicación se da pese a que soy licenciado en sociología por la UAM, con un trabajo de investigación sobre la organización popular a partir del fraude electoral de 2006, entre otros temas.
También soy maestro en desarrollo y planeación de la educación, por la UAM, y doctor en pedagogía, por la UNAM.
No busco descalificar tan noble propuesta educativa ni pertenezco a la oposición “fifí”. Tampoco hablo desde la víscera ni pretendo darle sustento a adversarios o detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Quiero evidenciar las lagunas y yerros. Lo que pasa en la EDPA puede solucionarse si se les explica a los estudiantes cuál es la situación legal como plantel, con paciencia, sin amenazas ni descalificaciones, tampoco exponiendo los nombres de los alumnos que buscan mejorar sus condiciones y de quienes están por venir.
Se puede mejorar si se respetan los esquemas de titulación para las primeras tres generaciones con RVOE, si se les incorpora a un esquema de seguridad social y se toma con seriedad la contratación de personal docente y administrativo intelectualmente capaz y sensible, comprometido con una población estudiantil que deberá retribuir ética y moralmente causas sociales e individuales. (Carta resumida por razones de espacio)
Atentamente,
Marco Antonio Almaraz Cerda
