En España hay lugares tan pobres como los campamentos de migrantes en los que son inexistentes los servicios básicos, revela un reporte que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, entregará en junio. De acuerdo con el informe –que Proceso pudo consultar–, en Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña hay sitios que ni los mismos habitantes reconocerían como parte de su país. La situación “supone un fracaso moral y una herida económica autoinfligida”, lamenta.
GINEBRA.- El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, denunció la situación acuciante que padecen diversas provincias de España. Se trata de lugares que “ni los mismos españoles reconocerían como parte de su nación”, con miles de personas sumidas en el abandono y la miseria.
“España les está fallando por completo a quienes viven en la pobreza, cuya situación se encuentra entre las peores de la Unión Europea”, lanzó Alston en sus primeras observaciones luego de un recorrido que realizó del 27 de enero al 7 de febrero últimos.
En su informe preliminar –que Proceso pudo consultar–, cuya versión completa presentará en junio próximo al Consejo de Derechos Humanos, el experto australiano deplora haberse encontrado “con barrios pobres en condiciones mucho peores que las de un campamento de refugiados: sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación”.
El responsable del informe registró la existencia de vecindarios donde las familias crían niños con una grave escasez de servicios estatales, sin clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o, incluso, sin suministro eléctrico legal. “España debería mirarse de cerca en el espejo”, urge.
El relator explica que lo observado está lejos de lo que muchos responsables de formular políticas públicas tenían planeado: “La pobreza está generalizada y existe un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes y un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza”.
Cuestiona la existencia de un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno, que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas.
Alston destaca que la palabra que más escuchó en su recorrido es “abandonados”; conoció a personas que perdieron todos sus ahorros durante la crisis y que tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar una casa.
De la misma manera critica que ciertos grupos están particularmente olvidados por los formuladores de las políticas públicas; “sufren el impacto de la discriminación estructural y experimentan tasas de pobreza desproporcionadamente altas”.
El observador de la ONU habla sobre los sectores de la población española que más padecen: “España tiene una de las comunidades de gitanos más grandes de la Unión Europea, casi la mitad vive en extrema pobreza. Las mujeres, los habitantes en zonas rurales, los inmigrantes, las trabajadoras domésticas y las personas con discapacidad están extremadamente desatendidas por las políticas actuales y se ven injustamente afectadas”.
De acuerdo con Alston, su recorrido incluyó Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña; se reunió con damnificados de la pobreza, funcionarios municipales, autonómicos y centrales, así como con activistas, académicos y representantes de las organizaciones sociales.
En entrevista, el enviado de las Naciones Unidas reconoce que en muchos sentidos el escenario que encontró en varias partes de España es mucho peor de lo que él pensaba. “Lo más preocupante es la situación del pueblo gitano y de los inmigrantes”.
Los más vulnerables
España tiene una de las comunidades gitanas más grandes de la UE, unas 750 mil personas, 1.6% de la población. Pero los indicadores oficiales de empleo sociales no desglosan las estadísticas, lo que invisibiliza la situación de esta comunidad.
Más de 80% de la población gitana se enfrenta a la pobreza o a la exclusión social y 46% es extremadamente pobre con un ingreso mensual inferior a 310 euros. La tasa de pobreza infantil se sitúa en 89% y el desempleo en 52%. Las mujeres gitanas están en clara desventaja en todas las áreas, con una tasa de empleo que sólo alcanza 16%.
Las tasas de alumnado gitano que asisten a escuelas segregadas también son elevadas: sólo 17% de la población gitana mayor de 16 años completa la secundaria, registra en su informe.
Pese a que los funcionarios del gobierno reconocen la gravedad del problema, “me llamó la atención la falta de urgencia y la resignación con la que aceptan que partes enteras de la población se hayan visto relegadas a un estado de tercera clase sin acceso a los derechos de los cuales son titulares”.
En cuanto a los migrantes, la situación no es mejor. En España viven 6 millones de inmigrantes. Los que provienen de fuera de la UE tienen el mayor riesgo de pobreza y exclusión social (56%), seguidos por los ciudadanos de la UE (47.7%), ambos significativamente más altos que la población española (23.1%).
Para los menores con al menos un progenitor inmigrante el riesgo de la pobreza o la exclusión social asciende a 49.6%, el más alto de la UE.
Alston explica las terribles condiciones de vivienda debido a un sistema de reasentamiento que impide que los migrantes puedan trabajar o pagar una vivienda.
También expuso su extrema preocupación por los niños migrantes no acompañados. Son “una población vulnerable que ha sido demonizada en el actual debate político. España sigue utilizando técnicas de evaluación de la edad desacreditadas y poco confiables para determinar la edad de los menores no acompañados, entre ellos, los exámenes genitales invasivos y humillantes pese a las críticas del Comité de los Derechos del Niño de la ONU”.
Como ejemplo de la precaria situación de los migrantes, Alston recuerda su reunión en Huelva con recolectores de fresas que vivían en un asentamiento en condiciones que rivalizan con las peores que ha visto en cualquier parte del mundo.
“Una persona me dijo: ‘Cuando hay trabajo España necesita inmigrantes, pero a nadie le interesan nuestras condiciones de vida’”, deplora el experto.
De las provincias que recorrió las de mayor pobreza extrema son Extremadura y Andalucía, detalla el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Violencia de género
Las mujeres también son otro de los grupos vulnerables. España tiene la segunda tasa más alta de desempleo femenino en la UE por un margen significativo.
El trabajo de cuidado no remunerado afecta los ingresos de las mujeres: 47% de las que trabajan medio tiempo lo hacen por razones de cuidado infantil, en comparación con 7% de los hombres.
“La violencia de género también es una causa de pobreza. Conocí a mujeres que explicaron las dificultades económicas que afrontaron después de abandonar relaciones abusivas”, dice Alston.
Según un informe de 2019, 61.2% de las encuestadas que fueron víctimas de violencia de género estaban desempleadas y 6.9% trabajó en empleos sin contrato.
Al referirse a la niñez, Alston observa que 29.5% de los menores estaban en riesgo de pobreza o exclusión social y 6.5% experimentó “carencia material severa” en 2018.
Las tasas de pobreza infantil son más alarmantes en las zonas rurales, entre las poblaciones de inmigrantes, de refugiados, gitanos y en las familias con personas con discapacidad.
“España es prácticamente un caso único entre los países de la Unión Europea por carecer de un sistema universal y no contributivo de prestaciones familiares y de menores”, cuestiona el relator especial.
Futuro incierto
El panorama para los jóvenes en España también es desafiante, con bajas tasas de empleo y alto abandono escolar.
En el cuarto trimestre de 2019 España registró una tasa de paro de 30.51% entre los menores de 25 años, y más de 70% de los trabajadores jóvenes tenían contratos temporales, un porcentaje significativamente más alto que el promedio de la UE.
“El hecho de que España no disponga de un conjunto de políticas más concertado y generoso, para eliminar la pobreza infantil, supone un fracaso moral y una herida económica autoinfligida”, asegura Alston.
De acuerdo con el experto de la ONU, las redes de seguridad locales y familiares que habían sido históricamente importantes continúan beneficiando a las personas más acomodadas, pero se han visto seriamente socavadas para una gran parte de la población. España se sitúa cerca de las últimas posiciones de la UE en un gran número de indicadores sociales.
“Detrás de estas cifras hay personas reales que experimentan graves dificultades.”
Los olvidados
Philip Alston reporta que “muchas personas en España tienen motivos para sentirse abandonadas”.
El hilo conductor era siempre –explica– la ausencia de apoyo gubernamental para garantizar que las personas no experimenten los peores efectos de la pobreza, una situación que muchas enfrentan debido a fenómenos que escapan a su control.
Denuncia que los beneficios de la recuperación económica han ido a parar, en gran medida, a las empresas y las personas más ricas, mientras que los servicios públicos y las garantías sociales se vieron severamente restringidas después de la crisis de 2008.
“Desde 2010 la desigualdad se ha disparado. Con la desregulación y los fuertes recortes de impuestos sobre sociedades no es sorprendente que a los ricos y a las empresas les haya ido tan bien.”
De acuerdo con la organización católica Cáritas, la mayoría de los 1.8 millones de personas que vivían en la pobreza extrema en España en 2018 no utilizaron mecanismos de protección social.
Entre los adultos pobres que viven en hogares donde todos están desempleados, la proporción de quienes recibieron prestaciones sociales se encontraba entre los más bajos de la Unión Europea en 2016, más de 15 puntos por debajo de la media de la región.
Cuando el apoyo llega a las personas la cantidad puede ser “extremadamente escasa”, como es el caso de la prestación nacional por cada hijo o hija, que es de 341 euros por año para familias de bajos ingresos y de 588 euros para las que viven en la extrema pobreza.
La calidad de la protección social está a nivel de los recursos que se le asignan. Comparativamente, se gasta muy poco y los resultados lo demuestran. En 2017 se destinó 16.6% del PIB en protección social, muy por debajo de la media de 18.8% de la UE.
Para Alston, la burocratización del sistema de asistencia social es una de las principales causas de exclusión y los requisitos excesivos de presentación de documentos actúan como obstáculos a las ayudas.
En su opinión, por ejemplo, Madrid podría verse como un laboratorio para los problemas que presentan los programas de renta mínima y pone en evidencia por qué pueden ser tan ineficaces como red de seguridad.
La tasa de pobreza severa en la capital madrileña se duplicó en 10 años, de 3% en 2008 a 7.8% en 2017; su sistema de renta mínima “proporciona apenas unos miserables 400 euros al mes, el más escaso de todos estos programas en el país”.
Respecto de la asistencia de salud, Alston celebra que con razón España está orgullosa de su excelente sistema de atención sanitaria, con una cobertura casi universal. Sin embargo, dice, aún existen brechas importantes para quienes más necesitan la cobertura.
Sobre el futuro español, el relator especial de la ONU considera que el nuevo gobierno de La Moncloa, más allá de la retórica, debe mostrar un liderazgo innovador a escala nacional, respaldado con recursos para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance, dando prioridad a los derechos sociales, la justicia fiscal y a los más vulnerables.
“La pobreza es, en última instancia, una decisión política y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla”, agregó.
