El 9 de septiembre de 2019 Paolo Rocca –considerado el hombre más rico de Argentina– se entrevistó en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un mes después la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó que la mina Peña Colorada –que extrae el 33% del hierro del país y de la que Roca es accionista— pudiera ocupar 155 hectáreas de terreno para construir un depósito de desechos y nuevas instalaciones industriales. En medio de la tala de miles de árboles, las comunidades indígenas iniciaron las protestas debido a que no fueron consultadas.
Sierra de Manantlán.– Sin consulta con las comunidades indígenas de la franja limítrofe de Colima y Jalisco y en medio de un proceso de autorización ambiental cuestionado, la minera extranjera Peña Colorada –que extrae de sus yacimientos en la región 33% del hierro que produce el país– empezó la tala para construir un depósito de desechos y nuevas instalaciones industriales.
Mediante el proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, con una inversión estimada de 411.6 millones de pesos y una vida útil de 27 años, la empresa busca elevar casi 10% su producción de concentrado de hierro, de 4.1 a 4.5 millones de toneladas anuales, y pretende acondicionar una nueva área para el confinamiento del material estéril residual resultante de la explotación minera en los próximos ocho años.
Nacido en 1975 como paraestatal, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada SA de CV –su nombre oficial– fue privatizado en 1991 y desde 2005 es propiedad, a partes iguales, de las trasnacionales Ternium y Arcelor Mittal, pertenecientes a los magnates del acero Paolo Rocca, ítalo-argentino, y Lakshmi Narayan Mittal, indio, respectivamente.
Ternium forma parte del Grupo Techint, invitado por la administración de Andrés Manuel López Obrador a participar en la licitación de la refinería Dos Bocas, oferta que, según algunas versiones, declinó por estimar que para construirla no era suficiente el plazo señalado por el gobierno federal.
El 9 de septiembre de 2019, Rocca –considerado el hombre más rico de Argentina– visitó México y se entrevistó en privado con López Obrador. Al final el mandatario publicó una fotografía y el siguiente mensaje en Twitter: “La agenda de hoy incluyó un encuentro con Paolo Rocca, director general de Grupo Techint (Ternium-Tamsa). Me informó de sus proyectos de inversión en México, con el comentario de que somos un país atractivo para empresas mundiales por su estabilidad política, económica y social”.
El 18 de octubre siguiente, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le fue aprobado a Peña Colorada el proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, que quedó sujeto a algunas medidas de mitigación ambiental, compensación y condicionantes.
Votos “bajo presión”
La superficie considerada para la realización de las obras es de 155.20 hectáreas, de las que 133.35 se encuentran cubiertas de vegetación. Según el estudio presentado por la minera a la Semarnat, se estima que el volumen forestal maderable a remover de esa área será de 15 mil 436 metros cúbicos.
Entre las razones de la Semarnat para aprobar el proyecto hay un análisis de Peña Colorada en el sentido de que “la estimación económica de los servicios biológicos forestales del área del proyecto asciende a 43 millones 144 mil 308 pesos, que al compararlos con la inversión destinada al proyecto, al pago de salarios, impuestos, servicios e insumos” durante los años de vida útil del proyecto “evidencian un uso más productivo en el largo plazo”.
Antes de su aprobación por la Semarnat, el expediente fue revisado el 10 de septiembre en el Consejo Estatal Forestal, donde según el representante de la Secretaría de Bienestar, Alfredo Álvarez Ramírez, la mayoría votó a favor bajo presión del secretario de Desarrollo Rural de Colima, Agustín Morales Anguiano, quien “de manera inusual, porque casi nunca asiste” se presentó y “estuvo intimidando con la mirada” a parte de los integrantes.
Al final, Álvarez Ramírez emitió el único voto en contra, mientras que el representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Santiago Saldívar Mejía, se abstuvo, y el biólogo Pablo Zamorano del Haro, de la delegación de la Semarnat, que sólo tiene voz, argumentó en contra.
En julio de 2017 el Consejo Estatal Forestal había emitido una opinión técnica “no favorable” al proyecto, mientras la minera no cumpliera observaciones ambientales, se atendieran inconformidades del ayuntamiento colimense de Minatitlán y se realizara una consulta con las comunidades.
Tres meses después el Consejo cambió su opinión a “favorable”, sin explicar en el oficio enviado a la Semarnat las razones de su rectificación.
Ante esto, el entonces alcalde de Minatitlán, Horacio Mancilla González, denunció que algunos miembros de ese consejo fueron corrompidos por la minera, pues de 12 observaciones sólo se cumplieron tres, no las más importantes, como reubicar la zona para la tepetatera y la consulta pública.
En un comunicado, Peña Colorada negó “categóricamente cualquier práctica indebida de negocios y/o en su relación con algún funcionario de los tres órdenes de gobierno”, pues “la empresa tiene implementada una política de conducta empresarial apegada a estándares internacionales que regulan la transparencia en el manejo de recursos, fomenta las prácticas anticorrupción y regula la relación con funcionarios públicos”.
En caso de que se determine que es necesaria la consulta, añadió, la empresa deberá presentar el consentimiento de las comunidades indígenas, en el cual se establezca de manera precisa su acuerdo para el desarrollo del proyecto.
Permisos cuestionados
El comienzo de los trabajos de la minera, sin consulta de por medio, generó de inmediato manifestaciones de inconformidad. Habitantes de los poblados La Astilla, El Mameycito, El Platanar y otras localidades de la comunidad nahua de Ayotitlán, acudieron el 16 de enero al predio Piedras Negras, uno de los sitios donde dio inicio la tala, para exigir la suspensión de las obras.
Ante Jesús Hernández Mier, directivo de la empresa, el representante legal del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas Tenamaxtla de Ayotitlán (CAANTA), Fermín Flores Elías, cuestionó los permisos de la minera para intervenir en la zona y reclamó que haya arrancado el proyecto sin realizar antes una consulta libre e informada en las comunidades indígenas.
Hernández Mier se negó a ordenar el cese de los trabajos, con el argumento de que Peña Colorada tiene permisos de todas las instancias oficiales y sólo frenaría las labores si una autoridad competente lo resuelve.
Faustino Contreras de la Cruz, comunero de La Astilla, indicó que parte de las tierras que el ejido rentó a la mina en esa zona eran de su padre y su abuelo, quien fue uno de los fundadores del pueblo: “Somos los dueños de estas tierras porque nosotros las trabajamos, éramos los posesionarios, aquí era una guayabera y una arrayanera; de niño yo me llevaba baldes de guayaba y de arrayán para vender y mantenernos”.
Se quejó de que La Astilla, uno de los poblados más cercanos a la mina, no tiene agua potable ni médico y su camino de acceso está destrozado.
Sin alcanzar ningún acuerdo con Hernández Mier, Flores Elías anunció que su organización demandará ante las autoridades federales el respeto a los derechos de los pueblos originarios de la región y exigirá el pago por los daños ocasionados desde hace décadas por la minera en sus tierras.
En entrevista, Óscar González Garí, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, informó que respaldará a CAANTA con la presentación de dos juicios de amparo, uno para reactivar la controversia constitucional 03/98, del gobierno de Jalisco contra el de Colima por el conflicto limítrofe, y el otro para garantizar el derecho de la comunidad indígena de Ayotitlán a decidir sobre su territorio.
El pasado 31 de enero, grupos ambientalistas y de derechos humanos, entre ellos el Frente en Defensa del Maíz Nativo, Agua Para Todos, Verde Colima y el Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, protestaron frente a la delegación de la Semarnat en Colima, donde demandaron, en un oficio, la cancelación del proyecto y la consulta a la comunidad indígena.
El subdelegado Carlos Manuel Alcaraz Mendoza dijo que, por la magnitud del proyecto, su resolución fue emitida desde las oficinas centrales, adonde remitió el documento, con copia a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) “a fin de que tenga a bien ordenar la inspección correspondiente”.
La minera emitió el viernes 14 un comunicado en el que reportó la visita de personal de la Profepa para revisar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la Semarnat para el cambio de uso de suelo de las áreas autorizadas para el proyecto “Fase 5”, con la conclusión de que “la empresa cumple con todos los términos y condicionantes definidas por la autoridad para seguir operando bajo los permisos ambientales correspondientes”.
Sin embargo, no se informó si fue abordado el caso del proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”.
Pueblos ignorados
Saldívar Mejía dice que en el área de este último proyecto hay poblados indígenas tanto de Colima como de Jalisco, por lo que estima que debe hacerse la consulta en ambos territorios.
Afirma que hasta donde tiene conocimiento no se solicitó información ni apoyo a esa dependencia para llevar a cabo alguna consulta indígena, dado que el INPI “es solamente facilitador en estos procesos; tiene la metodología para hacer la consulta y es quien vigila que se haga apegada a la ley”.
La jefa de Comunicación y Desarrollo Social de Peña Colorada, Rebeca Araya Morales, señala que los sitios donde ha realizado obras la minera son tierras del ejido Ayotitlán, con el que desde 1998 ha firmado convenios de arrendamiento que actualmente suman una superficie de mil 200 hectáreas, por las que durante 2020 pagará 74 millones de pesos por concepto de renta.
De esa cantidad, explica, se destinan 9 millones para obras de desarrollo social en las comunidades, un millón para gastos administrativos y los 64 millones restantes se distribuyen directamente entre los mil 434 ejidatarios registrados en el padrón, en ministraciones mensuales.
Óscar González afirma que en las 49 localidades de Ayotitlán hay 2 mil 400 comuneros, que son los dueños de la tierra, pero la minera no los consulta, menos negocia con ellos.
El representante de Relaciones con la Comunidad por parte de la minera, Gustavo Limón Salazar, dice que “la tierra es propiedad ejidal, ellos (los comuneros) están ahí como posesionarios, pero no tienen un documento que diga que son dueños; nosotros hacemos el convenio con quien tenga la posesión de la tierra, en este caso el ejido. A todas las personas se les apoya con el plan de desarrollo social, pero el tema de la posesión es el ejido y siempre informamos a los ejidatarios de cada una de las comunidades”.
Sobre la vía legal anunciada por la organización CAANTA para que se reconozcan los derechos de las comunidades indígenas, Rebeca Araya señala: “Esperaremos el dictamen de la autoridad, quien debe determinar si hay o no pueblos indígenas y si se debe realizar la consulta”.
El presidente del Comisariado Ejidal de Ayotitlán, Juan Aguilar Díaz, confirma la existencia del convenio de arrendamiento de los terrenos, pero aclara que él sólo da seguimiento a acuerdos tomados por sus antecesores.
El dirigente ejidal desestima la obligación de consultar a las comunidades indígenas para la realización de proyectos; considera que la inconformidad es de “unas 15 personas”, pero “haga de cuenta que son berrinches”.
A las asambleas, dice Aguilar, también asisten comuneros, pero “ellos no firman las hojas de asistencia, pueden decir que no fueron consultados, pero aquí a los que se debe consultar es a los ejidatarios que componen el ejido”.
Según Fermín Flores, la creación del ejido en 1963, a solicitud de cenecistas, dividió a la comunidad indígena, anteriormente sólo formada por comuneros, y facilitó el saqueo de los recursos forestales y minerales.
El dinero que paga Peña Colorada al ejido por usar los terrenos, dijo Flores, beneficia a los ejidatarios y afecta a los comuneros que eran posesionarios de tierras, quienes “sólo reciben migajas disfrazadas de apoyos sociales”.
